POLITICA
Se recibió la primera médica de la comunidad wichi de Formosa: “Volveré a mi pueblo para colaborar con la salud de mi gente”
El viernes pasado todo fue celebración para Sandra Toribio y sus familiares y amigos. Ese día, después de rendir la última materia de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), terminó lo que considera una de las etapas más importantes de su vida.
“El título mucho para mí. Representa mis sueños, mi esfuerzo y el anhelo de mis ancestros. Yo sé que ellos soñaron con ver a todos los jóvenes acceder a la educación y a transitar por un mundo más justo, no igual, porque creo que la diversidad es importante. Pero si más equitativo”, señala la joven, la primera integrante de la comunidad wichi de Formosa en recibirse de médica.
Los estudiantes indígenas suelen transitar un camino dificultoso para acceder a la educación, tanto de nivel primario como secundario, y más aún universitario. La falta de recursos económicos, las distancias, los prejuicios y la discriminación son algunos de los factores que los ponen en desventaja.
En ese sentido, Sandra reconoce que si bien tuvo una buena experiencia durante esta etapa como estudiante universitaria, no siempre resulta así para los integrantes de su comunidad. “Sé de muchos jóvenes que por venir de una comunidad indígena, con menos posibilidades de formarse y que solo aprendieron a escribir o a interpretar un texto, tienen problemas para acceder a una educación superior. Son muchos más barreras que las que suele enfrentar alguien que viene de una familia de buena posición, que fue a un buen colegio, que seguramente tenga más chances de completar sus estudios”, explica.
Sin embargo, cuenta que, en su caso, la carrera de medicina le hizo ver algo diferente: “Crecí con mi familia advirtiéndome sobre las injusticias hacia nuestras comunidades, pero cuando llegué acá me di cuenta de que a la universidad pública no le interesa de donde venís. Puede ingresar desde el hijo de un indígena, como en mi caso, o el de un médico o un político. Esta carrera me mostró otra mirada del mundo”, asegura.
“Colaborar con la salud de mi gente”
Sandra tiene 28 años y es oriunda de Ingeniero Juárez, un pueblo de unos 12 mil habitantes ubicado en el oeste formoseño y con mayoría de población indígena. Durante el jardín de infantes y la primera etapa de la escuela primaria concurrió a una escuela bilingüe, donde aprendía sobre la base de la lengua indígena. Más tarde, por cuestiones laborales de su padre, que tiene un emprendimiento de artesanías indígenas, se mudó al centro del pueblo y terminó la primaria en un colegio que no era intercultural al igual que el colegio en el que cursó la secundaria.
La joven reconoce que su padre realizó un gran esfuerzo para que ella y sus hermanos estudiasen. Al finalizar su educación media, pensó en formarse como docente: “Quería ser maestra jardinera, pero casualmente ese año, por alguna razón que desconozco, habían cerrado las instituciones terciarias en la zona y, entonces, pensé en probar la universidad, lo que representaba un gran desafío para mí”. Admite, además, que se inclinó por medicina como una forma de colaborar con el bienestar de las personas, y particularmente de sus pares wichis: “Verme convertida en médica era un sueño”.
Sandra cuenta que le pidió la bendición a su padre y se mudó a Corrientes, donde la familia le alquiló un departamento para estar cerca de la universidad. Recuerda que el momento en que ingresó a la casa de estudios fue especial. “Sentí que era un lugar conocido”, dice. “Empecé primer año en 2015, pero fallé. Entonces me anoté en una academia para prepararme y, finalmente, al año siguiente, en 2016 ingresé”, aclara.
Por temas de salud, tuvo que dejar de estudiar en 2017 y pudo retomar sus estudios en 2019. La adaptación a la vida universitaria no le resultó sencilla, principalmente por el hecho de tener que desenvolverse sola. “Mi familia siempre me cuidó, me protegió mucho, un poco me advirtió sobre las injusticias que habían vivido mis ancestros y ellos mismos”, dice.
Al comienzo del segundo año, la sorprendió la pandemia y se quedó en Corrientes, para realizar sus estudios de forma online. Reconoce que fue una etapa dura donde estudiaba muchas horas por día y, además, había sido convocada para ayudar en un hospital de campaña establecido en la ciudad correntina.
Recién el año pasado retomó la universidad y se reencontró con sus compañeros, con quienes había formado un buen grupo de amigos. “Me metí de lleno en la vida académica y pude hacer docencia e investigación, algo que siempre soñé. La verdad es que la universidad me acompañó para cumplir ese sueño porque soy fan de las mujeres que hacen ciencia”, reconoce.
Si bien ya rindió su última materia, tiene por delante el internado rotatorio que tiene proyectado hacer en Corrientes. “Tengo pensado crecer en investigación y docencia y culminar volviendo a mi provincia. Mi idea es colaborar en lo que pueda con la salud de mi gente”, admite. Su comunidad, también celebra sus logros. “Para ellos es una alegría el hecho de que podamos mostrarle a la sociedad que podemos progresar; nosotros también queremos mejorar nuestra cultura y nuestra educación”, sostiene.
Salud intercultural
Adriana Luján, profesora en Ciencias de la Educación y coordinadora del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE, considera que el logro de Sandra es una respuesta a muchos años de lucha por parte de las comunidades indígenas en el acceso a la educación en todos sus niveles.
“Tanto el nivel secundario como el superior y el universitario siempre tuvieron relegadas a las comunidades. Pocos jóvenes llegan a terminar el colegio secundario y ni pensar en estudiar una carrera. Hay que tener en cuenta que, por el problema del territorio, las comunidades fueron relegadas a sectores regionales con poco acceso a los servicios o los bienes sociales que tiene una ciudad”, explica Luján. Son muchos los jóvenes indígenas que hacen kilómetros para acceder a la escuela secundaria y son pocos los que la terminan.
Cabe aclarar que, desde 2011, la UNNE lleva adelante un programa para garantizar el acceso al derecho a estudios superiores de jóvenes indígenas de distintas comunidades que habitan la región chaqueña. Se trata de una beca de ayuda económica que colabora con sus gastos, además de un sistema de tutorías en los que al ingresar y durante toda la cursada, los jóvenes son acompañados por sus pares.
“El título de esta alumna es muy valioso porque medicina es una de las áreas que mayores problemas presenta para las comunidades por las condiciones de vida. Su formación seguramente va a traerles muchos beneficios y es fuente de inspiración para otros jóvenes. Ella va a tener una doble fortaleza: la capacidad y la formación que le dio la universidad y la traducción de sus conocimientos de salud ancestrales, eso es pura riqueza. Creo que va a ser un puente porque esos saberes no son necesariamente excluyentes”, advierte la profesora.
Mientras que la licenciada en Ciencias Antropológicas y técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Leda Kantor, admite la importancia que tiene este título. “Ojalá que Sandra pueda conseguir trabajo en zonas cercanas a la comunidad wichi o a otras comunidades originarias”, dice. Y explica que la salud es una problemática que está teñida de situaciones de desencuentros, malos entendidos, prejuicios y conflictos, justamente por la escasa formación que hay en interculturalidad. “Es una demanda muy fuerte de los pueblos originarios que el trabajo en salud tenga una perspectiva intercultural, como, por ejemplo, tener traductores bilingües en salas, de hospitales. Por eso es una gran noticia que haya una médica wichi”, señala.
Consciente del sinuoso camino que transitó para llegar a su título y de lo que significa para su comunidad, Sandra celebra que haya una nueva ingresante originaria qom en la universidad. “Sé que hubo otros jóvenes de otras comunidades que no lo lograron y me voy a de facultad con la alegría de saber que hay otro médico en camino”, concluye.
POLITICA
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POLITICA
Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos
Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.
Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.
El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.
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POLITICA
El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE
En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.
Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California
El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.
De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:
- US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
- US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
- US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
- US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.
El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.
Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda
El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.
Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.
Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.
El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.
El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.
Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.
Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.
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