POLITICA
Seis de cada diez argentinos están en desacuerdo con los paros en Aerolíneas Argentinas
El relevamiento, realizado entre el 10 y 14 de septiembre, incluyó 1.000 residentes en el ámbito nacional de18 años o más mediante cuestionarios online. En primer lugar, respondieron sobre la significancia que Aerolíneas Argentinas sea estatal, donde la mayoría le restó importancia: el 32,1 por ciento dijo “poco importante” y el 21,4 “nada importante”; caso contrario, el 21,4 contestó “muy importante” y el 17,1 “bastante importante”, además el 8,0 indicó que “no sabe”. Consultados por la relevancia de la eficiencia, el 54,6 lo considera vital entre los que optaron por “muy importante” (28,3) o “bastante importante” (26,3); mientras que el 38,1 no lo cree esencial, distribuidos entre aquellos que optaron por “poco importante” (20,5) y “nada importante” (17,6).
Asimismo, casi el 64 por ciento está “muy” o “bastante” de acuerdo con que el gobierno permita que otras compañías compitan con Aerolíneas Argentinas; y solo el 31,5 se mostró “poco” o “nada” de acuerdo. También la mayoría (61,4) está a favor con que el ejecutivo declare esencial el servicio de Aerolíneas Argentinas y no permita los paros totales; a su vez, el 32,5 está “poco” o “nada” de acuerdo. En esta línea, el 57,8 está en desacuerdo con los paros totales del personal de Aerolíneas Argentinas como forma de reclamo sindical.
En cuanto a qué debería hacer el estado nacional con Aerolíneas Argentinas, el 27,1 aseveró que es necesario “mantenerla en manos del estado, pero eficiente y sin paros”; luego aparecen “privatizarla parcialmente” (21,7), “privatizarla totalmente” (18,5), “mantenerla en manos del estado como está ahora” (15,7) y “cerrarla” (13,4). Por último, entre los motivos principales por el que los gremios aeronáuticos hacen paro total de actividades se destacan “defender privilegios sectoriales” (23,2), “combatir políticamente al gobierno nacional” (21,4), “resistir medidas de ajuste y eficiencia de la empresa” (19,6), “resistir medidas de apertura y competencia comercial” (17,5) y “defender salarios de los trabajadores” (13,4). (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Axel Kicillof ordenó auditar los juzgados de faltas luego del escándalo de las fotomultas
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ordenó auditar los juzgados de faltas municipales en 89 distritos tras detectarse irregularidades en el acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), vinculado al escándalo de las fotomultas. La medida fue impulsada por el nuevo ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien envió notificaciones a los municipios para que actualicen la lista de usuarios autorizados en un plazo de 72 horas. Según Marinucci, se identificaron más usuarios registrados que jueces habilitados, lo que podría comprometer la transparencia del sistema.
El caso de las fotomultas, que también incluye irregularidades en la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), derivó en la renuncia del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 30 de diciembre, argumentando motivos de salud. D’Onofrio está siendo investigado por la Justicia federal de Campana por su posible participación en un esquema de recaudación irregular. La causa fue impulsada por una denuncia de Leandro Camani, presidente de Secutrans, empresa encargada de la explotación de fotomultas en varios municipios bonaerenses.
Renunció Jorge D’Onofrio, el ministro de Kicillof investigado por corrupción
La auditoría dispuesta por Marinucci no solo abarcará los juzgados municipales, sino también los provinciales. Según el nuevo ministro, la medida busca garantizar que el SACIT sea utilizado exclusivamente por personal autorizado y bajo estándares de transparencia. “Cada usuario tiene asignados roles específicos, y el exceso de registros podría generar vulnerabilidades en el sistema”, explicó Marinucci, quien advirtió que los usuarios no actualizados serán dados de baja.
En paralelo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, habilitó la feria judicial para avanzar en la investigación, incluyendo la solicitud de pruebas clave en España relacionadas con posibles maniobras de lavado de activos. Este trámite busca confirmar la hipótesis de irregularidades financieras en el manejo del sistema de fotomultas y su conexión con el entorno de D’Onofrio.
Con la llegada de Marinucci, también se implementaron cambios en la estructura del Ministerio de Transporte. Los funcionarios imputados dejaron sus cargos, y el nuevo ministro designó a colaboradores de confianza en áreas clave, como Patricio D’Angelo en la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, y ben Política y Seguridad Vial.
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