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POLITICA

Tras cerrarse el acuerdo entre Israel y Hamas, confirman que cinco argentinos están en la lista final de rehenes que podrían ser liberados

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El acuerdo de alto el fuego que sellaron anoche Israel y Hamas contempla una lista de 33 rehenes que serían liberados en un plazo de 42 días, tras permanecer en manos de la organización terrorista desde el 7 de octubre de 2023. Entre este grupo de secuestrados que ingresó a la lista de intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos figuran cinco argentinos: los cuatro integrantes de la familia Silberman Bibas (Shiri, Yarden y sus hijos Ariel, de 5 años y Kfir, de 2) y Iair Horn, de 38.

Este viernes, el diario The Times of Israel publicó una lista de los 33 rehenes que serían liberados en la primera fase del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista y en el que mediaron Estados Unidos, Qatar y Egipto.

Esta política internacional trae a la memoria un escenario similar en el acuerdo de Israel y Hamas al de 1981 por la vuelta entonces de los rehenes secuestrados por 444 días en la embajada estadounidense en Teherán porque se da en pleno recambio de gobierno en EE.UU. y de un cambio de época en el mundo. Entonces de Jimmy Carter a Ronald Reagan y ahora de Joe Biden a Donald Trump. Pero las familias de los cautivos están lejos de ellos y esperan en estas horas con enorme incertidumbre y el corazón aún estrujado.

Los cinco rehenes argentinos que podrían ser liberados.

La liberación de los rehenes es una de las cuestiones más sensibles y de mayor debilidad para el gobierno de Benjamin Netanyahu, nunca aceptado por los familiares que además se unieron a las marchas de protesta contra el Gobierno con el famoso lema «Bring them Home» (tráiganlos a casa).

No se dijo quiénes están vivos y quiénes están muertos entre estos 33. Pero aparecen los cuatro miembros de la familia argentina-israelí Bibas. También aparece Yahir Horn, de padres argentinos y ciudadano también él.

El gobierno de Javier Milei dijo que está en constante comunicación con las familias de los secuestrados argentinos, «a la espera de que el anunciado acuerdo de liberación finalmente se concrete y que absolutamente todos los rehenes vuelvan sanos y salvos a sus casas».

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«Desde el Gobierno argentino estamos siguiendo minuto a minuto las novedades, en un tema que es muy sensible, y en el que hay que ser muy cautos. La Argentina, impulsada por el Presidente Javier Milei está comprometida a estar siempre del lado de la democracia y la Libertad, y en contra del terrorismo», escribió el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, en un mensaje que compartió Milei.

En realidad de los 250 rehenes que el grupo fundamentalista se llevó a Gaza aquel 7 de octubre de 2023 cuando invadió territorio israelí y asesinó a 1.200 personas, se desconoce el destino de los 98 que no fueron ni devueltos en un primer acuerdo que luego se vio frustrado.

Entre los argentinos está la familia Bibas, la que más conmocionó no solo a los argentinos sino al mundo occidental entero porque entre ellos está el Kfir Bibas, el rehén más joven de los 250 iniciales. Kfir cumple dos años justo este sábado 18 de enero. Tenía nueve meses cuando fue secuestrado con su mamá argentina Shiri Silberman y su pequeño hermano Ariel en aquella mañana fatídica del 7 de octubre. Vivían con su papá Yarden en el kibutz Nir Oz, fronterizo con Gaza, que quedó devastado por los terroristas que asesinaron a 120 de sus habitantes.

En una de las imágenes de ese día difundidas por los terroristas se vio a Shiri y a sus niños con caras aterradas tomados ya como rehenes. El último rastro de la familia Bibas fue un video grabado y difundido por la milicia de Hamas -en plena incursión a sangre y fuego de Israel sobre Gaza- en la que suplica que cese la guerra. Fue forzado a hacerlo.

Los otros secuestrados con nacionalidad israelí y argentina son Iair y Eitan Horn, ambos secuestrados el 7 de octubre de 2023. Iair Horn tiene 46 años fue tomado como rehén también Nir Oz. Lo secuestraron junto a su hermano Eitan Horn, que no aparece en el listado a liberar.

Un músico callejero actúa en una calle de Jerusalén delante de fotos de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre del año pasado. Foto: EFE/Alejandro Ernesto.Un músico callejero actúa en una calle de Jerusalén delante de fotos de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre del año pasado. Foto: EFE/Alejandro Ernesto.

Itzik, el papá de ambos, le dijo a Clarín el jueves que no tenía confirmación oficial ni sobre la lista, ni qué pasa con Yahir, que aparentemente saldría, ni con Eitan, que aparentemente quedaría atrás. «Así que hasta que a mí nadie me diga nada oficialmente, no tengo declaraciones por hacer, espero que lo puedan comprender», agregó.

También se encuentran sujetos a liberación los hermanos Ariel y David Cúneo, nacidos en Israel, pero de padres argentinos. Ellos no están en esta primera lista de 33 secuestrados.

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La familia de los Bibas en Israel difundió este miércoles un comunicado que publicó la cadena judía de noticias Vis a Vis. “Estamos al tanto de las publicaciones que aseguran que todos los miembros de nuestra familia están incluidos en la Fase A del acuerdo y que Shiri y los niños serán liberados en el primer grupo. Sin embargo, nuestra experiencia y las decepciones previas nos enseñan que, hasta que nuestros seres queridos crucen la frontera, esta historia no tendrá un final”, expresaron.

Además, afirmaron: “Estamos a la espera de confirmación sobre su liberación y estado de salud. Les pedimos que no se comuniquen con nosotros durante este período tan delicado y que eviten difundir rumores. Gracias por su comprensión”.

«Seguimos apelando al primer ministro y exigimos el regreso de todos, hasta que el último cautivo regrese a casa», concluyó la familia Bibas.

Vis a Vis publicó el relato de una fuente de inteligencia en Tel Aviv que aseguró que las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel «sabían» donde estaba la mayoría de estos rehenes.

Sandra Miasnik, tía del niño argentino-israelí Kfir Bibas, rehén de Hamas en Gaza, pide por su liberación. Foto AP. Sandra Miasnik, tía del niño argentino-israelí Kfir Bibas, rehén de Hamas en Gaza, pide por su liberación. Foto AP.

«La zona estaba bajo vigilancia constante. Los secuestrados estaban lo suficientemente protegidos como para que un intento de rescate fracasara. Nuestros héroes hicieron constantes intentos para que esos guardias cometieran un error: miraran hacia otro lado y se lanzaran a rescatarlos», agregó. Se sabe que desde que Israel lanzó su cruzada sobre Gaza, hubo muertes accidentales de rehenes a mano de «fuego amigo» y que los rescates son sumamente peligrosos precisamente por este riesgo incluyendo a los soldados. Unos 900 han muerto en Gaza.

Por su parte, el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos escribió desde Israel: “Compartimos esta noticia con cautela, con una mezcla de expectación, emoción y un compromiso inquebrantable con nuestra causa: se anunció que todas las partes aprobaron un acuerdo en Doha, y se revelarán los detalles en los próximos días”.

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POLITICA

Corrupción: Axel Kicillof y una sospechosa licitación de 4.000 millones de pesos

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Un proveedor de la dirección provincial de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni, denunció que una licitación pública fue «direccionada» para favorecer a una empresa específica. Esta práctica no sería un hecho aislado, sino una costumbre arraigada en la estructura administrativa de la provincia bajo la gestión de Axel Kicillof.

Para poder comprender la maniobra llevada adelante  en este tipo de actos de corrupción administrativa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires se requiere un análisis detallado.

Modus operandi

El procedimiento comienza en la etapa de confección de los pliegos licitatorios, específicamente en las «cláusulas técnicas». Estas se redactan con un nivel de detalle tal que solo un proveedor puede cumplir con las especificaciones, garantizando así que este obtenga el contrato. Este proveedor, previamente, ha llegado a un acuerdo de algún tipo con las autoridades responsables.

Para blindar esta maniobra, los pliegos incluyen una cláusula que obliga a cualquier oferente que desee impugnar la licitación a pagar una garantía que puede oscilar entre el 1 y el 5 por ciento del presupuesto oficial de la licitación. En el caso denunciado, la licitación superaba los 4.000 millones de pesos, lo que implicaría un desembolso previo de entre 43 y 131 millones de pesos para cuestionar el proceso. Un verdadero escándalo.

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Este monto es reembolsable solo si la impugnación prospera, una posibilidad casi nula dado que la evaluación de las mismas queda en manos de las mismas autoridades que establecieron los pliegos, es decir, en manos de la gestión de Kicillof. “Es como si el ladrón tuviera que juzgarse a sí mismo”, explicó el denunciante.

La licitación que dejó en evidencia la maniobra ilegal

El escándalo estalló tras la publicación del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios, identificado como la licitación pública 9/24, de la dirección provincial de Equipamiento Escolar, dependiente de la subsecretaría de Infraestructura Escolar, actualmente bajo el control de Ariel Alejandro Lambezat. La misma, destinó un estruendoso presupuesto de más de 4.000 millones de pesos que serán destinados a la compra de pupitres, escritorios, sillas y pizarrones.

En el mismo, en el anexo de especificaciones récnicas, llamaron la atención los notables -y para nada casuales- detalles con los que las autoridades bonaerenses describían el producto a entregar. Usualmente, se hace una descripción de las medidas del pupitre, del color y los materiales. En este caso, sin embargo, el nivel de detalle asombró incluso al más desprevenido: estructuras tubulares de acero al carbono de un diámetro de 31,7 y 1,22 mm. de espesor, patas inclinadas acopladas a un tubo metálico soldado de forma continua a cada lateral del soporte superior de la tapa, etcétera.

“Se describe el producto en un detalle exhaustivo. Lo cierto es que el único producto que coincide con lo descripto es, casualmente, el de una de las empresas de la competencia”, explicó el denunciante. “Es un delito muy común que se comete en la provincia de Buenos Aires. A cambio de ello, se le comparte el dinero de la adjudicación a las autoridades bonaerenses. El cual será más que jugoso, teniendo en cuenta que, además del presupuesto de 4.383.140.500, está la posibilidad de ampliarlo en un 100 por ciento”.

Contexto Legal

La ley 2.095, consolidada por la 6.588, y el reglamento decreto 129/23, establecen los porcentajes de garantía necesarios para impugnar los pliegos o los dictámenes de evaluación. En particular, el artículo 93 estipula:

  • Impugnación al pliego de bases y condiciones: 1 al 3 por ciento del presupuesto oficial.
  • Impugnación a la preselección/precalificación: 1 al 5 por ciento.
  • Impugnación a la preadjudicación: 1 al 5 por ciento del monto de la oferta.

Estas disposiciones afectan derechos constitucionales, ya que contradicen principios esenciales del procedimiento administrativo y la garantía de acceso gratuito al mismo. Además, convierten al ciudadano en un actor limitado en su capacidad de cuestionar actos ilegales o arbitrarios de la administración.

Impacto en la transparencia

Las regulaciones mencionadas dificultan la fiscalización de los procesos licitatorios, limitando la capacidad de los oferentes para cuestionar irregularidades. En la práctica, estas normas blindan la actividad licitatoria contra impugnaciones, permitiendo que se perpetúen negocios cuestionables con fondos públicos.

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La justificación oficial para estas restricciones es que las impugnaciones retrasan las compras estatales. Sin embargo, este argumento busca encubrir la falta de transparencia y proteger prácticas de dudosa legalidad. La verdadera responsabilidad por los retrasos recae en la administración, que debería optimizar sus procesos y garantizar la legalidad de sus actos.

Implicancias constitucionales

El artículo 14 de la constitución nacional garantiza el derecho de peticionar a las autoridades sin restricciones ni sanciones. Asimismo, el artículo 10 de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los derechos y garantías no pueden ser limitados por regulaciones insuficientes o arbitrarias.

La garantía exigida para impugnar actos administrativos viola estos derechos fundamentales, coartando el derecho de defensa y el debido proceso. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el estado debe funcionar de manera eficaz y justa, lo que implica permitir el control ciudadano sobre sus actos.

La exigencia de garantías impugnatorias y la redacción dirigida de los pliegos licitatorios constituyen prácticas que fomentan la corrupción administrativa. Estas normas, lejos de garantizar transparencia, crean un marco que desalienta la fiscalización y la defensa de derechos por parte de los ciudadanos y las empresas afectadas.

Es fundamental que la sociedad bonaerense comience a exigir cambios en estas regulaciones para garantizar procesos licitatorios transparentes y justos. La derogación o modificación de estas figuras jurídicas es un paso necesario para combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos y oferentes, promoviendo una administración pública que actúe dentro del marco de la legalidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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