El radicalismo nacional no quiere alejarse de algún rol protagónico en este debate, sobre el cual no hay postura unificada y esto se demostró con la sesión en el Senado de la Nación donde sólo dos legisladores rechazaron la normativa y el resto, por consejo de los gobernadores radicales, la apoyaron.

Si bien hubo alguna pausa para hablar del tema, lo cierto es que en las últimas horas se reavivó el fuego por este instrumento normativo. Desde la representación legislativa se puso el foco en analizar la propuesta de reforma laboral del gobierno e incorporar sus propias modificaciones.

Esto trajo aparejado un revuelo dado que responder a la iniciativa que produjo tanta reacción -con cacerolazos incluidos allá por diciembre último- instala a la UCR en una situación al menos “amigable” con la Casa Rosada.

Coincidencias con Casa Rosada

En tanto, y yendo al fondo de la cuestión, los diputados y senadores radicales coinciden con el gobierno en los problemas y en el diagnóstico que impediría un mejor desarrollo del empleo en la Argentina. Por lo pronto se inscriben para el debate con un proyecto propio de “reforma” o “modernización laboral” que ya es vista como una “derechización” del discurso tradicional y ortodoxo del radicalismo que en la visión social y economicista encarnan dirigentes muy ligados a esta perspectiva

En esta vereda se ubican, por caso, dos guardianes de la doctrina histórica como los son el ex titular de la convención nacional, Jorge Sappia, y el economista y dirigente de la corriente radicalismo auténtico, Miguel Ponce.

Ellos -junto a Juan Manuel Casella y Federico Storani– vienen alertando sobre las inconveniencias de pelearse con el aporte histórico que, desde el centenario partido, hicieron con el texto del artículo 14 bis de la constitución nacional que da cuenta de los derechos sociales de los trabajadores que hoy siguen vigentes. Por ejemplo: igual salario por igual trabajo, jornada limitada, vacaciones pagas, indemnización por despido, entre otras cuestiones.

Da la impresión que algunas de estas premisas han sido muy tenidas en cuenta en el debate de los legisladores. En ese sentido se puso un fuerte acento en agravar la indemnización por despido basado en razones de discriminación y en reducir los aporte patronales, tema este último muy sensible porque tiende a desfinanciar algunos sistemas como la seguridad e higiene en el trabajo para prevenir accidente, algo muy importante en el mundo productivo.

También hay una clara influencia del radicalismo de los últimos tiempos cuando se sugiere que los conflictos sindicales y medidas de fuerza no atenten contra la educación en sus ciclos obligatorios. En buen romance hay una tendencia a declarar y constituir a la educación en “servicio esencial” como ocurre con la salud.

Esto apuntaría, en este aspecto, hacia un testeo de una reglamentación del derecho de huelga en cuestiones muy específicas. Esta preocupación no es nueva, dado que estuvo mucho tiempo en agenda una iniciativa similar durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, alguien por demás castigado por catorce paros generales.

Tembladeral

Al volver sobre el proyecto de los legisladores, cabe señalar que se produjo algún tembladeral de fuerte escala cuando se apuntó por alguna alternativa fuerte a la clásica indemnización en general por despido, regulado en leyes de contrato de trabajo y estatutos por cada rama laboral.

En ese sentido, los legisladores radicales apuntan hacia “mecanismos sustitutivos de indemnización” a través de fondos de cese laboral con aportes del empleado y no exclusivamente bajo responsabilidad del empleador.  Algo que toma como patrón al sistema existente en el rubro de la construcción y su correspondiente seguro de desempleo.

En la más marcada ortodoxia critican y mucho que los legisladores hayan tratado un proyecto de “reforma laboral” que vino de la mano de un DNU que, según señalaron desde este sector, es “abiertamente inconstitucional” y no merecería siquiera avanzar en alguno de sus artículos y esperar a que se presente un proyecto específico por separado. En cierto sentido, alientan que es un gesto de “acompañamiento” al oficialismo que no debería darse desde el partido centenario.

En esto, obviamente, es el jefe de bloque de Diputados, Rodrigo De Loredo, y los senadores que votaron a favor del DNU, quienes suman muchos rivales en la interna. No obstante, las críticas internas no hacen mella y parece que no figuran ni en lo más básico de una lista de preocupaciones para los autores de este proyecto de reforma laboral con sello partidario. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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