POLITICA
Un militante peronista pidió declarar en la causa “Chocolate” y adelantó que tiene pruebas contra legisladores
Las tarjetas de la corrupción salpican a toda la Legislatura bonaerense. (Foto: Diputados Bonaerenses)»Alak es Chocolate», se leía en un container de basura que está ubicado frente al Concejo Deliberante de La Plata. (Foto: Twitter)Así sacaba plata Chocolate Rigau de los cajeros. (Fotos: captura Telenoche)Uno de los empleados empezó en el Frente Renovador, siguió en Cambiemos y ahora está bajo la nómina de «bloque político».
“Esto pasó siempre”, dicen en los pasillos de la Legislatura bonaerense sobre las tarjetas de la corrupción y los empleados fantasmas. Pocos se quieren hacer cargo de una causa que quema como papa caliente, incluido los jueces de la Cámara de Apelaciones que cerraron el expediente y le dieron la libertad a Julio Rigau, alias “Chocolate”. Sin embargo, la fiscalía cree que debe seguir investigándose y encontró una veta para que el caso no se estanque.
Todavía no hay nombres propios y a quién culpar más que al puntero del PJ al que pescaron con 48 tarjetas de débito que no estaban a su nombre, con una bolsa llena de dinero y una libreta con anotaciones. Pero una persona asegura tener “información relevante” para aportar.
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En las últimas horas, Betina Lacki, la fiscal a cargo de la investigación, llamó a declarar a este testigo que podría ser clave. También citó a dar su testimonio a 33 personas que figuran como supuestos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Pero este integrante del peronismo más conservador se presentó voluntariamente en la UFI N°2 de La Plata y se espera que aporte datos importantes para identificar a los legisladores que están detrás de la trama de corrupción. Este hombre, de quien se resguardará su identidad, deberá presentarse el 10 de octubre.
Según pudo saber TN, el testigo cobraba una beca en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa “Organizar Comunidad”, pero este jueves renunció a ese subsidio. “Cuando uno hace un bien, van a ir a romperlo directo. Por eso la baja de mi beca y también de distintas cosas. Yo me adelanté y les voy a demostrar que siendo joven lucho por una política justa y noble”, aseguró.
Además, señaló que las personas vinculadas a “Chocolate” no solo están dentro de la Cámara de Diputados bonaerense, sino también responden al Concejo Deliberante de La Plata. Dentro del ala dura del kirchnerismo estarían los nombres relevantes que busca la Justicia, quienes responden y militan la candidatura de Julio Alak en La Plata, y a Federico Otermin (presidente de la Cámara) en Lomas de Zamora. Aunque no se descarta que también participen otros partidos de la oposición, muchos de ellos permanecen en silencio.
Una por una, las medidas que solicitó la fiscalía en la causa “Chocolate”
La fiscal Betina Lacki, en un intento por reflotar la investigación, ordenó una batería de medidas para avanzar con la causa. Esto se dio después que el fiscal general Héctor Vogliolo apelara el sorpresivo cierre de la investigación a través de un fallo de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, sobre quienes ya existen varias denuncias en su contra.
Si bien falta que el Tribunal de Casación resuelva el pedido de impugnación de la nulidad de la causa, la funcionaria entendió que debe seguir adelante y se anticipó en ordenar pericias y testimonios para que el caso no se estanque.
En total, resolvió realizar 21 medidas. Por un lado, solicitó que se analicen las cámaras de seguridad del Banco Provincia de Avenida 7 y 54, donde “Chocolate” vació las cuentas de los supuestos empleados de la Cámara de Diputados por última vez.
También requirió las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de La Plata, para establecer si el puntero del PJ actuó solo, o si alguna otra persona lo acompañó en el camino hacia el cajero.
En esa misma línea audiovisual, pidió a Artear las imágenes de la entrevista que TN (Somos Buenos) y Telenoche (eltrece) le hicieron al hombre que duerme adentro del Banco, quien radicó la denuncia ante la policía y dijo que vio a Rigau en más de una oportunidad.
Lacki además llamó a declarar como testigo a 33 personas que figuraban en las tarjetas de débito que Rigau tenía en su poder. Todos ellos están obligados a decir la verdad y lo que declaren va a ser tomado como prueba, lo que podría complicar a más de un legislador y político de la esfera bonaerense.
Por otro lado, la fiscal libró de oficio a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que entregue los legajos de todos esos supuestos empleados, con le objetivo de determinar si efectivamente iban a trabajar, o si eran empleados fantasmas. Muchos de ellos pasaron por distintos partidos políticos y la mayoría coincide en que están anotados en un genérico “bloque político”. En ese sentido, Lacki pidió al organismo que explique “a qué refiere” esa categoría.
Las audiencias serán entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre. Todos deberán comparecer en la sede de Fiscalías, en Avenida 7 entre 56 y 57.
Entre las medidas más importantes también se destaca el análisis del celular de Julio Rigau. El teléfono fue secuestrado por la policía de la Bonaerense el mismo día en el que “Chocolate” fue detenido y sigue resguardado por la Justicia.
La fiscal aseguró a TN que el dispositivo será peritado el 11 de octubre, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N°15, por parte del Perito Alejandro Leyes. Se trata de un celular Samsung SM-g532. Siempre y cuando la causa no quede anulada. En ese caso, el celular deberá ser entregado a su dueño.
Para Lacki, es importante hacer (cuanto antes) “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes, así como cualquier otro dato de interés”.
El contraataque de “Chocolate”
La defensa de Julio “Chocolate” Rigau presentó un escrito para solicitar que no periten su celular y para que le devuelvan las tarjetas de débito que le fueron secuestradas.
En el texto dirigido al Juzgado de Garantías Nº1 de La Plata, los defensores del acusado solicitaron la suspensión de las medidas de prueba requeridas por la fiscalía. “Promovemos por la vía incidental, excepción de falta de acción para proseguir con la presente investigación penal”, expresaron.
Para los abogados, estas medidas constituyen “un flagrante alzamiento a la resolución de la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías que afrenda garantías constitucionales”.
“La decisión adoptada y su convalidación, pese a carecer de jurisdicción, atento la ilegalidad y gravedad, es susceptible de enjuiciamiento ante los órganos de la Constitución”, manifestaron, además de hacer reserva de la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia.
Como el fiscal general de Cámara apeló el fallo de Benavides y Villordo, Lacki entendió que la apelación suspende el efecto de la nulidad del caso que velozmente habían dispuesto los camaristas, consideró que no hay que esperar a la decisión de Casación para seguir investigando. Todo esto se resolverá en los próximos días.
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Por decreto: Javier Milei amplió el presupuesto de la SIDE en $7.366 millones para fondos reservados
Mientras aún se debate el envío de fondos públicos para reconstruir la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, tras la inundación que desbastó la zona y dejó un saldo de 16 muertos, más de 100 desaparecidos y miles de evacuados, el presidente Javier Milei, realizó la primera modificación presupuestaria del 2025, para agrandar los fondos reservados destinados al área de inteligencia.
A través de la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 186/2025, el mandatario amplió los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda desde las sombras, Santiago Caputo, en otros 7.366 millones de pesos. El dinero, puede ser destinado de forma discrecional, sin necesidad de rendir cuentas ante el Congreso o el Poder Ejecutivo.
Represión a jubilados: el Ejecutivo denunciará ante el Consejo de la Magistratura a la jueza que liberó a los detenidos
El incremento presupuestario de los recursos para el órgano estatal se da bajo el programa “Información e Inteligencia” por un total de $7.366.286.591 con el fin de mejorar los servicios de defensa y seguridad que están bajo su órbita, según indica el texto rubricado por Milei y publicado este jueves 13 de marzo en el Boletín Oficial.
La modificación del Presupuesto 2023, que aún rige porque el oficialismo no quiso debatir en el Congreso una nueva ley de leyes para este año, se da horas después de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, que dirige la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol y organizaciones sociales, que reclamaban frente al edificio del Parlamento por una suba salarial.
El Gobierno dejó sin efecto programas sociales y culturales destinados a niños y adolescentes
Según indica el documento emitido por el Gobierno libertario, los nuevos fondos asignados son tanto para gastos corrientes como para los denominados de capital, los primeros demandan la mayor parte con una erogación de $6.344 millones mientras que a los segundos requieren de $1.022 millones. Los gastos reservados son fondos destinados a actividades de inteligencia cuyo uso específico no se hace público por razones de “seguridad nacional”, según la gestión de Milei, y están sujetos al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Entre los “gastos corrientes” se encuentran los pagos al personal, para lo que se aumentó $885 millones el presupuesto; los bienes de consumo, como la comida, vestimenta y distintos tipos de productos de uso diario, para lo que se dispusieron $1.145 millones más; y los servicios no personales, entre los que se incluyen la energía eléctrica, gas, agua, comunicaciones, alquileres, mantenimiento, limpieza, capacitaciones, pasajes, viáticos y los mencionados gastos reservados, que en conjunto contarán con nuevos fondos por $4.323 millones.
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El limbo migratorio que enfrentarán los venezolanos con TPS pronto a vencer en Estados Unidos
Miles de venezolanos en Estados Unidos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) este 2025 tras la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump, que canceló la extensión del programa aprobada por Joe Biden que extendía las protecciones hasta octubre de 2026. En específico, a más de 300 mil se les vencerá en abril, mientras que otros 200 mil enfrentarán la misma situación en septiembre.
¿Hasta cuándo estará vigente el TPS en Estados Unidos para venezolanos?
De acuerdo con el Registro Federal, el TPS de los venezolanos beneficiados en 2021 seguirá en vigor hasta el 10 de septiembre de 2025. Para quienes aplicaron entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2024, el beneficio expirará el 2 de abril de este año.
Algunos de estos inmigrantes abandonaron sus procesos de asilo al considerar que el TPS les facilitaría la obtención de la residencia permanente. No obstante, las cortes desestimaron los casos de asilo de quienes contaban con TPS, lo que deja a miles de personas en una situación incierta.
Consecuencias de la cancelación del TPS
El abogado Gustavo Marín explicó a LA NACION que los afectados “volverán a su estatus migratorio previo al otorgamiento del TPS”. Es decir:
- Quienes llevan menos de dos años en el país podrían ser deportados de inmediato.
- Aquellos con mayor tiempo de permanencia podrían ingresar en un “procedimiento de remoción”.
Cuatro escenarios posibles para los venezolanos que perderán el TPS
Por su parte, Jesús Romero, experto en servicios migratorios y director de JLROMERO & Associates LLC, identificó cuatro escenarios posibles para los venezolanos afectados:
- Solicitantes de asilo con TPS: mantendrán su permanencia legal hasta que finalice su proceso de asilo.
- Venezolanos con TPS y permanencia ilegal previa: enfrentarán mayores riesgos de deportación. Solo podrían regularizarse mediante un familiar ciudadano estadounidense o una visa de estudiante.
- Venezolanos con Parole Humanitario y TPS: podrán solicitar asilo si cumplen los requisitos, aunque otras opciones migratorias podrían tomar años en procesarse.
- Venezolanos que entraron por la frontera y obtuvieron TPS: deberán presentar su caso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para mantener protecciones. Si no lo hicieron, quedarán expuestos a una posible deportación.
Razones de la cancelación del TPS para venezolanos
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la extensión del TPS “no se realizó de la forma correcta”. Kristi Noem, secretaria de ese organismo gubernamental, afirmó que la prórroga no debió otorgarse con tanta anticipación ni consolidar los TPS de 2021 y 2023 en una sola medida. Además, según la legislación, las extensiones deben realizarse al menos 60 días antes del vencimiento del plazo.
Según un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA), “revocar el estatus legal de cientos de miles de venezolanos sería perjudicial para la economía estadounidense, ya que estas personas contribuyen activamente a la fuerza laboral”.
Las opciones de los venezolanos para evitar la deportación
Los venezolanos con TPS podrían evitar la deportación si demuestran que su vida estaría en peligro al regresar a Venezuela. Entre las razones válidas para solicitar protección, el Uscis menciona:
- Persecución política.
- Discriminación por razón de nacionalidad, religión o raza.
- Riesgo por una condición especial.
Por otro lado, los inmigrantes que ya iniciaron otro proceso de regularización no se verán afectados por la eliminación del TPS, según explicó Marín. Sin embargo, quienes no cuenten con otro mecanismo legal podrían enfrentar un escenario incierto ante la posibilidad de deportación inminente.
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