Al igual que pasó con la ley de recomposición a los jubilados, el presidente Javier Milei se apresta a vetar la Ley de Financiamiento Universitario, también votada en ambas Cámaras del Congreso por amplia mayoría. En el caso de los cambios en la movilidad jubilatoria hubieran significado un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año; los fondos para las Universidades implicaría un porcentaje bastante menor, 0,14% del PBI, siempre en cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los números contrastan en el proyecto de Presupuesto que presentó Javier Milei -con un acto en el recinto de Diputados en la noche del 15 de setiembre-, con lo que el Estado dejará de percibir por beneficios impositivos, alícuotas reducidas o regímenes de promoción industrial. Esta ausencia de recaudación, se denomina técnicamente “gasto tributario”, y existe aquí -y en otros países del mundo- con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.

Para 2025, el Estado dejará de percibir según señala el propio proyecto de Presupuesto, $27,02 billones, lo que equivale a 3,54% del PBI, 25 veces lo que costaría mantener vigente la Ley de fondos a las universidades. Por afectar el 0,14% los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consideraron en un mensaje a la sociedad argentina que “se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado”. El Gobierno no dice lo mismo.

En el proyecto de Presupuesto, como sucede desde siempre, hay una cantidad considerable de rubros alcanzados por el “gasto tributario” en función de las leyes vigentes. Lo que se deja de recaudar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la mayor parte del total resignado: ascenderá a $9,99 billones, 37% del total, equivalente a 1,31% del PBI. El 91,8% corresponde a exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la ley del tributo.

En IVA se incluyen exenciones a prestaciones médicas de obras sociales (0,23% del PBI), y alícuotas reducidas para carnes, frutas, miel, legumbres y hortalizas frescas (0,35%).

Si bien dentro del 3,54% hay exenciones que pueden ser vistas favorablemente (como pagar menos impuestos en productos alimenticios básicos), en otros casos los beneficios instalados generan polémicas.

De los Tribunales a Tierra del Fuego

En 2023, la gestión de Sergio Massa había enviado al Congreso una “separata” del Presupuesto donde proponía discutir algunos de estos rubros polémicos y empezar a dejar atrás las exenciones, o parte de estas, para recaudar más y llegar al 1% de superávit.

Se contaban la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias de los jueces y personal de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11% del PBI), y el régimen de promoción económica que desde 1972 rige para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%, en se momento).

Cuando se discutió la ley Bases, meses atrás, una mayoría de dos tercios en el Senado rechazó el artículo 111 del paquete fiscal: este instaba al Ejecutivo a enviar un proyecto en 60 días para “incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un dos por ciento (2%) del PBI, mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier gasto tributario”. Esto apuntaba al corazón del régimen fueguino, donde la política provincial cierra filas para sostenerlo sin distinción de banderas.

En 2022 la Coalición Cívica en Diputados presentó un proyecto para eliminar en forma progresiva en cuatro años este régimen. El diputado Juan Manuel López sostenía que es “uno de los gastos tributarios más grandes” y solo el 13% se traduce en salarios pagados a los 11 mil trabajadores comprendidos en el régimen, además de encarecerse los celulares y computadoras que se venden en el país, tras ensamblarse en la isla.

Pero Milei ya dijo desde su campaña en 2023 que no iba a tocar este régimen de promoción, porque va en contra de su filosofía contraria a los impuestos (aunque para recaudar, en mayo pasado subió 10 puntos el Impuesto País, al que luego, sí, volvió a reducir para los productos importados). También dijo que el Poder Judicial no debe tributar Ganancias y que era de “envidiosos” cuestionar esta situación.

La exención de Ganancias del Poder Judicial -están entre los sueldos más altos que paga el Estado-, también está hace años en la mira de la política, que trató de cambiar la situación. Para no afectar la “intangibilidad” de los ingresos de los magistrados y que pueda ser declarado inconstitucional, hubo acuerdo en 2016 para una ley que estableció que pagan Ganancias los magistrados, funcionarios y empleados judiciales ingresantes a partir del 1 de enero de 2017.

Dentro del «gasto tributario», de esta manera, solo las exenciones al régimen fueguino y a la tributación del Poder Judicial triplican el costo de mantener la ley que asigna los fondos al sistema de universidades nacionales.