Finalmente y tras varias idas y vueltas, el ex director del Instituto de Menores Aráoz Alfaro, Oscar Tacchi, se encuentra contra las cuerdas judiciales. La misma suerte corren, por el momento, integrantes de su círculo más cercano, quienes también fueron citados a declarar.

La denuncia en cuestión se remonta a la noche del domingo 11 de junio pasado, cuando un grupo de menores provocó un pequeño incendio en las inmediaciones del organismo en forma de protesta por las condiciones de internación. La violenta respuesta organizada por Tacchi se transformó en el motivo principal de la denuncia que sacude al organismo que conduce el ministro Andrés Larroque.

De acuerdo a lo que indica el expediente, Tacchi, quien por entonces cumplía la función de subdirector del Aráoz Alfaro, habría paseado a los chicos por todos los pabellones como botín de guerra. Luego, golpeó salvajemente a los ocho internos involucrados en el hecho y, finalmente, organizó a una patota con la misión de robarles sus pertenencias y continuar con la lluvia de golpes.

Las víctimas de la violencia de Tacchi fueron Geremías GGL, Enzo LG, Rodrigo AF, Brian AC, Hugo AG, Alexis DR, Guillermo CC y Gerónimo BM.

Según las declaraciones, Tacchi “les pegó golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo”. Luego, cuando habían pasado las 23.00 y el subdirector estaba pronto a irse a su casa, “ordenó que en presencia del asistente de Minoridad, Mariano ‘Fatiga’ Ferrari, y de los jefes de guardia Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado, las víctimas sean rodeadas en un pasillo por otros internos, quienes volvieron a golpearlos y a robarles lo poco que les quedaba.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, en primera instancia corrió sobre los hechos un manto de complicidad por parte de las autoridades que dependen de Larroque. En efecto, la Justicia determinó que Laura Sporetti, directora provincial de Institutos, Marta Casali, directora de Dispositivos de Supervisión y Dante Martínez, director de Institutos, “habiendo tomado conocimiento previamente en el ejercicio de sus funciones, omitieron denunciar el hecho pese a tener la obligación legal de hacerlo”.

Sporetti y Casali.

Familiares de las víctimas aseguraron que aún están lejos de obtener Justicia. “Tacchi fue obligado a renunciar, pero sus secuaces, Dante Martínez y Marta Casali, aún se encuentran cumpliendo sus cargos”, explicaron. Incluso, detallaron que una trabajadora, que casualmente denunció el hecho, fue trasladada en forma compulsiva a otro instituto. “Además, hay profesionales que actualmente son amenazados con traslados si hablan de lo que ocurrió”, aseveraron.

Tacchi.

Del mismo modo, los familiares señalaron un sospechoso silencio por parte del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, usualmente muy activo en este tipo de causas. “Están envueltos en sus querellas contra el Instituto Almafuerte y miran para otro lado respecto a lo que pasa en el Aráoz. Esto lo hacen porque no quieren verse en la obligación de pedir la renuncia de funcionarios que les pasan información sobre lo que ocurre en los institutos”, explicaron.

La Justicia determinó que la calificación legal por lo ocurrido en el Aráoz Alfaro incluye, entre otros supuestos delitos, los de vejaciones y apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal. En las próximas semanas, se espera que la lupa de la ley se aplique también sobre otras personas, sobre las que pesarían cruentos hechos, incluyendo el abuso de menores. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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