POLITICA
Por decreto, el Gobierno flexibiliza los requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema
El presidente Javier Milei firmó un decreto, que se publicará en las próximas horas, que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes.
Ante la consulta de , fuentes del Gobierno negaron que se procure una mayor opacidad en el proceso de selección de ministros de la Corte.
En cambio, dijeron que se busca simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.
El decreto podría publicarse este lunes o martes, dijeron fuentes de la Casa Rosada, que informaron que Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya lo firmaron.
La herramienta modifica el decreto 222 de 2003, de Néstor Kirchner, llamado de “autolimitación presidencial”, que prevé que el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante al menos tres días, el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. También, que los candidatos deben presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio.
Además, el decreto 222/03 prevé la participación de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los colegios profesionales en la presentación ante el Ministerio de Justicia, en un plazo de 15 días, de observaciones o impugnaciones fundadas sobre los candidatos.
Tras ese período de evaluación dentro del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo envía el pliego al Senado, donde el candidato atraviesa otra serie de impugnaciones o apoyos, además de enfrentar una audiencia pública. Luego, su pliego debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes.
Ahora, el decreto que ya firmó Milei elimina el mecanismo de las impugnaciones y la participación ciudadana en el Ministerio de Justicia, con su plazo de 15 días, así como la publicación en los diarios de la postulación del candidato a la Corte. La presentación de objeciones en el Ministerio se elimina ya que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, dijeron en el Gobierno.
Agregaron que hay una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En los hechos, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducen drásticamente.
El decreto de Milei también modifica la manera en la que los candidatos a juez de la Corte brindan información sobre sus bienes y deudas. Se establece “un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos”, indicaron desde la Casa Rosada.
El Gobierno insiste en que con este cambio “no se suprimen mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados”, que se encuentran garantizados mediante el procedimiento del Senado.
En alerta
Las ONG relacionadas con la transparencia y la lucha anticorrupción están en alerta ante estos cambios, pero esperan conocer la letra chica del decreto para opinar.
Desde el Gobierno dijeron que con el decreto “se moderniza el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles”, pues ahora es más corto el plazo para la comunicación de la postulación y se incorpora la publicación en la página oficial del Ministerio de Justicia.
Se establece asimismo un plazo para que la ARCA informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. Y se da un plazo de cinco días para que los concursantes presenten las declaraciones juradas de bienes contempladas en la Ley de Ética Pública.
Se reducen los plazos de publicación de los antecedentes y se busca ahorrar tiempo para que el trámite de designación de jueces sea más rápido, destacaron en el oficialismo. Además, se eliminan las recomendaciones del decreto de Kirchner para que los jueces de la Corte sean propuestos teniendo en cuenta la diversidad de género, especialidad y procedencia regional.
Son recomendaciones que, de todos modos, el Gobierno no tuvo en cuenta cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, el trámite extendido que establece el decreto 222/03 multiplicó los días de desgaste político para el oficialismo, a medida que se apilaban las impugnaciones contra Lijo. Objeciones que luego se repitieron en el Senado.
El cambio que preparan Milei y Mahiques puso en alerta a varios actores judiciales. Sucede que estos cambios se dan en momentos en que el Gobierno aceleró para cubrir las vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal. Ya envió al Senado más de cien pliegos de candidatos que pasaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.
Ahora, Milei debe firmar el decreto que designa a cada uno de los jueces y fiscales que lograron acuerdo. Pero, en paralelo, el Gobierno puede volver a hacer un intento para completar la Corte Suprema, que cuenta tres de los cinco jueces previstos en la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El Presidente hizo saber que prefiere cubrir las dos vacantes luego de 2027, convencido de que logrará un triunfo electoral que le dará suficiente fuerza en el Senado para obtener los votos de los dos tercios sin negociar con la oposición.
Pero el ministro Mahiques cree que podrían empezar a pensar ahora en esas coberturas de vacantes, ya que el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, para renovar su acuerdo en el Senado como juez de la Cámara de Casación obtuvo 58 votos, más de los que necesita un juez de la Corte.
Otro que piensa que se podría activar ahora la cobertura de las vacantes es Lorezetti, que se reunió con Milei y le propuso como candidatos al camarista de la Casación Mariano Borinsky y la jueza de tribunal oral en lo penal económico Karina Perilli.
Otros magistrados proponen a la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti. Los cambios que impulsarán Milei y Mahiques alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que se acelere el proceso de renovación de jueces de la Corte.
Hernán Cappiello,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Emilio Rosatti. El Gobierno oficializó la designación del hijo del presidente de la Corte como juez en Santa Fe,,Jubilaciones y Ganancias,,»Operación Dakovo». Confirmaron las extradiciones a Brasil del “mayor contrabandista de armas” y de su esposa, una exmodelo
POLITICA
Diputados opositores piden citar al embajador del Reino Unido tras el paso de un buque de guerra británico por aguas argentinas
El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados pidió una reunión con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del patrullero oceánico HMS Medway de la Royal Navy por aguas bajo jurisdicción argentina.
El episodio ocurrió entre el 4 y el 5 de julio, cuando el buque británico zarpó desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y llegó al puerto de Punta Arenas, en Chile.
Los diputados Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz expresaron su preocupación por la navegación del HMS Medway durante su trayecto hacia Chile.
Además, Michel y el resto de los legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara baja dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, para que el Gobierno explique qué información tenía sobre el desplazamiento del patrullero británico. También solicitaron que se informe si el Reino Unido notificó previamente la navegación, tal como establecen los acuerdos suscriptos entre ambos países en 1990, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra de 1982, y si el Ejecutivo prevé presentar un reclamo diplomático.
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Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la Argentina y el Reino Unido; qué actuaciones realizaron la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento; y qué medidas están previstas para fortalecer el control y monitoreo de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Como fundamento de la iniciativa, los legisladores señalaron que distintas versiones periodísticas indicaron que “la Armada Argentina habría detectado el desplazamiento del buque sin que existiera una notificación previa, circunstancia que motivó la intervención de la Cancillería y el análisis de un eventual reclamo diplomático”.
Al mismo tiempo, advirtieron que “el Reino Unido sostiene que la navegación fue comunicada oportunamente mediante los canales correspondientes”, lo que, según afirmaron, genera “versiones contradictorias sobre un hecho de significativa relevancia institucional por el ejercicio soberano de nuestra patria”.
Michel y el resto de los diputados sostuvieron que el Congreso debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y conocer con precisión cuáles fueron las actuaciones de las autoridades nacionales frente a un episodio que, señalaron, involucra la defensa de la soberanía argentina y la protección de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.
El pedido de informes deberá ser tratado por la Comisión de Defensa y, si obtiene dictamen, será sometido a votación en el recinto de la Cámara de Diputados.
Citación al ministro de Defensa
En paralelo, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, junto con el diputado Agustín Rossi, presentó un pedido para que el ministro de Defensa, Carlos Presti, brinde explicaciones e informes verbales sobre la desafectación de inmuebles bajo la órbita de esa cartera, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
En la iniciativa, los diputados señalaron que los bienes inmuebles de Defensa poseen características particulares por su ubicación, dimensiones, infraestructura instalada y valor estratégico, lo que los diferencia de otros activos del Estado.
Como ejemplos mencionaron la desafectación, durante el primer semestre de 2026, de inmuebles pertenecientes al Ejército Argentino en las ciudades de Neuquén, La Plata y Corrientes, además de un inmueble de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego.
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Los firmantes recordaron que en marzo pasado presentaron otro proyecto para preservar los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
Martínez y Rossi sostuvieron que existe una contradicción en la política de defensa del Gobierno de Javier Milei. “Mientras se afirma públicamente que se busca fortalecer a las Fuerzas Armadas, incluso anunciando que un porcentaje de los ingresos por privatizaciones será destinado a la compra de equipamiento militar, simultáneamente se avanza en la venta de los inmuebles que hacen posible su funcionamiento”, señalaron. Y agregaron que esa situación “resulta manifiestamente contradictoria con las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que promueven la venta de bienes inmuebles bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, sus organismos descentralizados y las Fuerzas Armadas”.
Los legisladores también vincularon la iniciativa con el contexto internacional. Sostuvieron que, en un escenario atravesado por conflictos armados y crecientes tensiones geopolíticas, como las que se registran en Medio Oriente, “los Estados se orientan a fortalecer sus capacidades militares, preservar sus activos estratégicos y ampliar su infraestructura de defensa”. En ese sentido, afirmaron que “nuestro país, en cambio, avanza en sentido contrario, debilitando infraestructura estratégica de defensa y comprometiendo el patrimonio nacional”.
El proyecto también deberá ser analizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Carlos Zapata.
Diputados, Reino Unido, Islas Malvinas, Unión por la Patria
POLITICA
Cuadernos de las coimas: una testigo reconoció retiros bancarios por más de US$11 millones de uno de los empresarios investigados
Una contadora de la exAFIP, que declaró este martes en el juicio oral de los cuadernos de las coimas, reconoció que uno de los empresarios que admitió el pago de coimas hizo retiros bancarios por más de 11 millones de dólares, entre 2009 y 2011.
Se trata de Miguel Marcelino Aznar, presidente y director de Decavial, una de las empresas investigadas en el juicio que, según la acusación, fue clave en el reparto de la obra pública.
“Por lo visto, este señor Aznar es el que retiró los dólares, según los comprobantes que aportó el banco”, dijo hoy Ana Cecilia Palacio, la contadora que declaró como testigo y trabajó revisando los números de la firma.
Aznar es señalado por la fiscalía y un imputado colaborador como el actor central en la recaudación de las coimas dentro del ámbito de los corredores viales, que son los paquetes de rutas nacionales que el Estado entregaba a concesión a empresas privadas.
En su propia declaración como arrepentido, Aznar reconoció haber pagado coimas por 25.000 dólares mensuales, entre 2003 y 2007, para mantener el negocio o evitar sanciones.
El Tribunal Oral Federal N.º 7 le exhibió a la contadora Palacio distintos documentos sobre los que había trabajado en 2018 como inspectora de la AFIP, cuando revisó, a pedido de la Justicia, operaciones de las empresas investigadas en la causa cuadernos, entre ellas Decavial.
Uno de los fragmentos del informe que ratificó durante su declaración decía: “A partir de esa documental, pudo observarse que el Sr. Miguel Marcelino Aznar (CUIT N° […]) efectuó durante ese lapso (años 2009 a 2011) los retiros en efectivo relativos a las compras de dólares estadounidenses que totalizaron la cifra de USD 11.685.000 antedicha”.
“Llegamos hasta el punto en la persona que retiraba. Después qué se hizo con esos fondos…”, sostuvo la mujer, dando a entender, como hicieron colegas suyos en audiencias pasadas, que la trazabilidad del dinero se pierde cuando este sale del banco en efectivo.
Este tramo del juicio oral está protagonizado por empleados de la AFIP —hoy ARCA— que, a pedido del juez que instruyó la causa, Claudio Bonadio, revisaron las operaciones de numerosas empresas investigadas entre 2003 y 2015.
En ese período, la empresa que lideró Aznar resultó adjudicataria de 42 obras públicas por un total de casi 4000 millones de pesos. La mayoría fue entregada de manera directa; un puñado, en cambio, fue concedido a Decavial por intermedio de distintas sociedades que integró junto a otras empresas, de manera circunstancial y para determinados proyectos.
Uno de los principales arrepentidos en el expediente, Claudio Uberti, el hombre que manejó los contratos de concesión vial durante el kirchnerismo, marcó al empresario Aznar como el encargado de organizar y recolectar los pagos de los demás empresarios vinculados a los corredores viales para luego entregárselos a los funcionarios.
Aznar —que ofreció 162.000 dólares como reparación integral para evitar el juicio oral— alegó que Uberti ejercía sobre él una “coacción y asfixia financiera” y que los pagos eran resultado de esa presión.
Luego de la declaración de Palacio, el abogado del empresario Carlos Wagner le preguntó a la contadora si la compra de dólares era habitual. “No es algo raro. Casi todas las empresas compran dólares”, contestó.
Después intervino la fiscalía, representada por Nicolás Codromaz, quien le preguntó si también era habitual que los empresarios retiraran tantos millones de dólares en efectivo. “No”, respondió la testigo.
El defensor del empresario Aznar, en tanto, intervino para preguntarle a la testigo si los estados contables posteriores a aquellos retiros en dólares fueron incluidos en el análisis. La mujer, de nuevo, dijo que no, que eso no estaba incluido en el informe.
los cuadernos de las coimas,Federico González del Solar,Conforme a
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Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”
El presidente de la Auditoría General de la Nación y referente del Partido Justicialista, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el peronismo debe resolver sus diferencias a través de mecanismos de participación interna para llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2027.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también cuestionó la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), defendió la necesidad de un programa económico consistente y advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales en función de las conveniencias del oficialismo.
Durante la conversación con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Olmos analizó el escenario político del peronismo, la disputa por su conducción y los desafíos que, a su entender, deberá afrontar el espacio para volver a ser una alternativa de gobierno.
Uno de los ejes de la entrevista fue el futuro de las PASO. Para Olmos, las primarias siguen siendo una herramienta válida para ordenar la competencia política y otorgar legitimidad a las candidaturas. “Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son una herramienta válida, y cuando se manipulan las reglas electorales para beneficiar a un partido, muchas veces eso termina jugando en contra”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la legitimidad de un sistema electoral no depende únicamente de su aprobación legislativa, sino también de la estabilidad de las reglas. “La legalidad la da la mayoría del Congreso, pero la legitimidad de un sistema se adquiere cuando las reglas perduran en el tiempo y no buscan la ventaja de uno u otro”, señaló.
Ante la posibilidad de que las PASO no se realicen en 2027, el dirigente planteó que el peronismo deberá encontrar un mecanismo alternativo para definir a sus candidatos sin resignar la participación de sus votantes. “El peronismo necesita legitimar su programa y su candidato con participación popular. Eso tiene que ser en las PASO, que ojalá sigan, pero si se suspenden habrá que buscar un mecanismo para la competencia interna”, sostuvo.
Para Olmos, esa discusión excede la definición de nombres y debe servir para construir una propuesta de gobierno. “Es sano en este momento abrir una discusión de ideas, de programa y de propuestas para el próximo gobierno, y que esa propuesta tenga la legitimación de los votos”, afirmó.
El dirigente también insistió en que las diferencias dentro del PJ deben resolverse mediante la competencia política y no a través de una fractura del espacio. “El peronismo tiene una máxima: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eso se va a dar mucho más en una situación de competencia”, sostuvo.
En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de una eventual división del espacio opositor. “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”, afirmó.
Consultado sobre las tensiones internas que atraviesa el peronismo, Olmos relativizó las comparaciones con otras etapas de la historia del movimiento y sostuvo que las diferencias actuales pueden resolverse institucionalmente. “No se pueden comparar hechos históricos con diferencias actuales sobre quién lleva la propuesta y la candidatura. Si hay diferencias, se pueden dirimir en una elección interna o apelar al consenso en una única propuesta”, expresó.
La entrevista se produjo mientras distintos dirigentes del peronismo federal exploran la construcción de una alternativa nacional para los próximos comicios. En ese contexto, Olmos reconoció que existe una discusión sobre la conducción del espacio, aunque insistió en la necesidad de preservar la unidad. “Hay una discusión por la conducción del peronismo, por quién representa al espacio en la próxima elección”, indicó, y agregó: “La responsabilidad histórica nos lleva a no dividir el espacio político, pero sí a dirimir las diferencias”.
A su criterio, quien aspire a representar al justicialismo deberá llegar fortalecido por un proceso de debate interno. “El candidato tiene que tener la fortaleza de haber sometido sus ideas a un debate interno y conseguir los votos para ser quien represente al peronismo”, sostuvo.
Olmos también vinculó esa discusión con el rumbo que, a su entender, enfrentará el país después de 2027. “La Argentina bifurca dos caminos posibles: uno similar al modelo Lima, con informalidad y economía de subsistencia, y otro más cercano al modelo San Pablo, con un esquema productivo, nacional y alineamiento de políticas de Estado”, planteó.
En materia económica, el titular de la Auditoría General de la Nación consideró que cualquier propuesta de gobierno deberá partir de un esquema de equilibrio macroeconómico. “Debemos tener orden económico, porque no hay ningún esquema sostenible con desorden, inflación o gasto que no podés financiar”, afirmó.
Como ejemplo, recordó el período comprendido entre 2003 y 2008, al que definió como una etapa de superávit fiscal y comercial con crecimiento del empleo, y lo contrastó con la situación actual, que, según dijo, muestra un deterioro del entramado productivo.
En ese marco, sostuvo que el principal desafío del peronismo será ofrecer certezas sobre su programa económico. “El peronismo tiene que dar certezas y decir cómo va a ordenar la economía y la sociedad. No podemos volver a causar miedo o incertidumbre. Hay que trabajar para la gente y generar confianza”, afirmó.
Sobre la deuda externa y la relación con el Fondo Monetario Internacional, consideró que el endeudamiento representa una limitación para el desarrollo, aunque descartó la posibilidad de desconocer los compromisos asumidos por el Estado. “No se pueden romper los compromisos asumidos por la Argentina. Sí se pueden discutir plazos y herramientas”, señaló.
Al cierre de la entrevista, Olmos cuestionó el programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que el ajuste, por sí solo, no constituye una estrategia de desarrollo. “El gobierno actual tiene un programa financiero que puede sostenerse por el ajuste, pero así a cualquiera le alcanza la plata. Hay que revisar el contexto y poner en marcha un programa fuerte, legitimado, donde el desarrollo del empleo y el mercado interno sean centrales. Ese programa y el candidato tienen que estar legitimados”, concluyó.
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