POLITICA
Por decreto, el Gobierno flexibiliza los requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema
El presidente Javier Milei firmó un decreto, que se publicará en las próximas horas, que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes.
Ante la consulta de , fuentes del Gobierno negaron que se procure una mayor opacidad en el proceso de selección de ministros de la Corte.
En cambio, dijeron que se busca simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.
El decreto podría publicarse este lunes o martes, dijeron fuentes de la Casa Rosada, que informaron que Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya lo firmaron.
La herramienta modifica el decreto 222 de 2003, de Néstor Kirchner, llamado de “autolimitación presidencial”, que prevé que el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante al menos tres días, el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. También, que los candidatos deben presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio.
Además, el decreto 222/03 prevé la participación de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los colegios profesionales en la presentación ante el Ministerio de Justicia, en un plazo de 15 días, de observaciones o impugnaciones fundadas sobre los candidatos.
Tras ese período de evaluación dentro del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo envía el pliego al Senado, donde el candidato atraviesa otra serie de impugnaciones o apoyos, además de enfrentar una audiencia pública. Luego, su pliego debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes.
Ahora, el decreto que ya firmó Milei elimina el mecanismo de las impugnaciones y la participación ciudadana en el Ministerio de Justicia, con su plazo de 15 días, así como la publicación en los diarios de la postulación del candidato a la Corte. La presentación de objeciones en el Ministerio se elimina ya que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, dijeron en el Gobierno.
Agregaron que hay una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En los hechos, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducen drásticamente.
El decreto de Milei también modifica la manera en la que los candidatos a juez de la Corte brindan información sobre sus bienes y deudas. Se establece “un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos”, indicaron desde la Casa Rosada.
El Gobierno insiste en que con este cambio “no se suprimen mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados”, que se encuentran garantizados mediante el procedimiento del Senado.
En alerta
Las ONG relacionadas con la transparencia y la lucha anticorrupción están en alerta ante estos cambios, pero esperan conocer la letra chica del decreto para opinar.
Desde el Gobierno dijeron que con el decreto “se moderniza el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles”, pues ahora es más corto el plazo para la comunicación de la postulación y se incorpora la publicación en la página oficial del Ministerio de Justicia.
Se establece asimismo un plazo para que la ARCA informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. Y se da un plazo de cinco días para que los concursantes presenten las declaraciones juradas de bienes contempladas en la Ley de Ética Pública.
Se reducen los plazos de publicación de los antecedentes y se busca ahorrar tiempo para que el trámite de designación de jueces sea más rápido, destacaron en el oficialismo. Además, se eliminan las recomendaciones del decreto de Kirchner para que los jueces de la Corte sean propuestos teniendo en cuenta la diversidad de género, especialidad y procedencia regional.
Son recomendaciones que, de todos modos, el Gobierno no tuvo en cuenta cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, el trámite extendido que establece el decreto 222/03 multiplicó los días de desgaste político para el oficialismo, a medida que se apilaban las impugnaciones contra Lijo. Objeciones que luego se repitieron en el Senado.
El cambio que preparan Milei y Mahiques puso en alerta a varios actores judiciales. Sucede que estos cambios se dan en momentos en que el Gobierno aceleró para cubrir las vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal. Ya envió al Senado más de cien pliegos de candidatos que pasaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.
Ahora, Milei debe firmar el decreto que designa a cada uno de los jueces y fiscales que lograron acuerdo. Pero, en paralelo, el Gobierno puede volver a hacer un intento para completar la Corte Suprema, que cuenta tres de los cinco jueces previstos en la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El Presidente hizo saber que prefiere cubrir las dos vacantes luego de 2027, convencido de que logrará un triunfo electoral que le dará suficiente fuerza en el Senado para obtener los votos de los dos tercios sin negociar con la oposición.
Pero el ministro Mahiques cree que podrían empezar a pensar ahora en esas coberturas de vacantes, ya que el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, para renovar su acuerdo en el Senado como juez de la Cámara de Casación obtuvo 58 votos, más de los que necesita un juez de la Corte.
Otro que piensa que se podría activar ahora la cobertura de las vacantes es Lorezetti, que se reunió con Milei y le propuso como candidatos al camarista de la Casación Mariano Borinsky y la jueza de tribunal oral en lo penal económico Karina Perilli.
Otros magistrados proponen a la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti. Los cambios que impulsarán Milei y Mahiques alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que se acelere el proceso de renovación de jueces de la Corte.
Hernán Cappiello,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Emilio Rosatti. El Gobierno oficializó la designación del hijo del presidente de la Corte como juez en Santa Fe,,Jubilaciones y Ganancias,,»Operación Dakovo». Confirmaron las extradiciones a Brasil del “mayor contrabandista de armas” y de su esposa, una exmodelo
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno sancionará a los prácticos marítimos que llevan adelante un paro en los principales puertos del país. El funcionario dijo que se trata de un servicio esencial y que influye directamente en el “costo argentino”.
“Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de sostenerlo. Seguramente va a haber sanciones; no tengo ahora los detalles, pero sin dudas es algo que va a ocurrir; se está decidiendo en este mismo momento”, declaró el vocero con respecto a la medida de fuerza que mantienen los trabajadores del sector.
Ravier también indicó que la intención de la medida es abaratar los costos del transporte. “El Gobierno busca bajar el costo argentino, muy elevado en comparación con el de otros países. Buscamos que entren nuevos jugadores con precios más competitivos, una mejora tanto para empresas como para consumidores. Lograríamos menor costo logístico, y por ende precios más bajos”, afirmó el funcionario.
Esta protesta se inició tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. La medida busca desregular el régimen vigente desde 1991, modificado en 2019 bajo el Decreto 188/19.
La parálisis de actividades dejó sin operar a más de 140 buques mercantes en las terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, sumadas a las maniobras suspendidas en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó la interrupción de las actividades portuarias en sus empresas asociadas ante la falta de personal especializado. Esto afecta el ingreso de petróleo crudo a las plantas refinadoras y la salida de combustibles refinados hacia los puntos de distribución.
Por ejemplo, las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca despachan carga hacia Comodoro Rivadavia para abastecer a la Patagonia sur, la zona de mayor riesgo ante posibles complicaciones de suministro. En algunas plantas el margen operativo se redujo a 24 horas antes de recortar la producción.
La falta de maniobras bloquea además la carga de crudo destinado a la exportación en Bahía Blanca. Al no tener personería gremial, las agrupaciones de prácticos no quedan sujetas a las convocatorias de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, lo que hace más difícil tratar el conflicto con las vías tradicionales de negociación.
Noticia en desarrollo.
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POLITICA
Facundo Moyano, un rebelde con perfil propio dentro del clan familiar que encabeza el líder del Sindicato de Camioneros
A los 82 años, Hugo Moyano lidera no sólo uno de los principales sindicatos de la Argentina. También es la cabeza de un clan familiar que fue extendiendo su influencia en las filas gremiales y políticas.
En su primer matrimonio, el líder del Sindicato de Camioneros tuvo cuatro hijos; Pablo, Karina, Emiliano (fallecido en 2011) y Paola (única que no se dedicó al gremialismo y ex esposa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia). De su segundo matrimonio nacieron Facundo y Hugo Antonio. Y del tercero, con su esposa actual, Liliana Zulet, Jerónimo, el menor.
Hugo Moyano mantiene a 4 de sus 6 hijos en puestos centrales de Camioneros, pero la disputa familiar y las diferencias políticas y gremiales abrieron la incógnita sobre su sucesión dentro de una estructura donde cada miembro del clan ocupan espacios con perfiles distintos.
La discusión sobre el eventual heredero en Camioneros se cruzó con un dato que involucra al único hijo del líder sindical que no integra su organización y que siempre tuvo una carrera autónoma: luego de haber incursionado en la función legislativa en el PJ, Facundo Moyano volvió a la jefatura del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) en octubre de 2025.
Dentro del universo camionero, Pablo Moyano sigue siendo secretario adjunto del sindicato de Capital y provincia de Buenos Aires y además conduce el Club Social y Deportivo Camioneros. Su permanencia en esos cargos convive con una pelea abierta con su padre desde hace cuatro años, originada por diferencias en el manejo de la obra social y ampliada luego por posturas distintas sobre la estrategia sindical, la CGT y el kirchnerismo.
Ese enfrentamiento amaga con debilitar su proyección como sucesor natural de su padre, pero en desde febrero pasado se produjo el regreso de Pablo a la actividad cotidiana de Camioneros, en una suerte de reconciliación que se atribuye al agravamiento de la interna del sindicato y las dificultades de Hugo Moyano para calmar las tensiones en sus propias filas.
Hugo Antonio, Karina y Jerónimo conservan posiciones de conducción en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Hugo Antonio Moyano, conocido como “Huguito”, es secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros y presidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el CET, creado por Hugo Moyano en 2013. En las últimas elecciones ganó una banca de diputado nacional en la lista de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Karina Moyano ocupa la secretaría de la Mujer de la Federación y también es secretaria adjunta de una fracción de las 62 Organizaciones que es promovida por Pablo, con quien mantiene una excelente relación.
Jerónimo Moyano, de 26 años, es el menor del clan familiar y en noviembre de 2025 pasó de la Secretaría de la Juventud de la Federación Nacional de Camioneros a ser encabezar la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 de la organización que lidera Hugo.
Hijo de Liliana Zulet, que encabeza un holding de empresas que provee de servicios a Camioneros, Jerónimo estudió Derecho, aunque abandonó la carrera y fue escalando posiciones en la estructura sindical promovido por su padre, algo que a acentuó una relación distante con Pablo, crítico de ese vínculo privilegiado.
Facundo Moyano, que tiene una pésima relación con Pablo por diferencias políticas, es, en los hechos, el rebelde de la familia porque nunca integró la estructura de Camioneros. Su base de construcción estuvo en el gremio de peajes, donde encabezó el SUTPA entre 2009 y 2017 y luego volvió a quedar al frente tras los comicios realizados en 2025, donde fue elegido secretario general al frente de una lista única, con el apoyo del 80% de los afiliados: obtuvo 4.482 votos sobre un total de 5.659.
Su recorrido también quedó marcado por una agenda propia sobre la vida interna de los sindicatos. En 2014, cuando era diputado nacional, impulsó un proyecto de democratización sindical que proponía elecciones más transparentes y democráticas y que incluía la limitación de mandatos, iniciativa que apoyó su padre, pero le generó enemigos entre sus colegas de la vieja guardia.
En línea con ese planteo de democracia sindical Facundo desistió de buscar su reelección en el SUTPA y en 2021 fue elegido secretario adjunto de Florencia Cañabate.
Su vínculo con el moyanismo como sector sindical no desapareció pese a esa autonomía. Con el aval de Hugo Moyano, fue armador de listas opositoras con las que esa fracción amplió su presencia en distintos gremios.
Facundo también tuvo una carrera parlamentaria. Fue diputado por el Frente Renovador entre 2011 y 2021 y renunció a su banca por diferencias con La Cámpora.
El dirigente volvió a diferenciarse de sus pares desde la pandemia al pronunciarse a favor de una modernización de la legislación laboral para generar más empleo.
POLITICA
Cuadernos de las Coimas: un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción expuso coincidencias entre los desembolsos y las reuniones con funcionarios
El juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, que tiene entre los acusados a Cristina Kirchner, varios exfuncionarios y medio centenar de empresarios por su presunta participación en un esquema de sobornos, continúa con las declaraciones de profesionales que intervinieron en la causa para cruzar información.
Un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción (OA) que se desempeñó allí durante el macrismo, Ignacio Martín Irigaray, señaló hoy ante el Tribunal Oral coincidencias temporales entre los desembolsos por obra pública que recibía la empresa BTU, de Carlos Mundín, y reuniones de sus directivos con funcionarios, en las que, según la acusación, se habrían pagado las coimas.
El 11 de agosto de 2010, por ejemplo, la empresa recibió $37 millones en una cuenta del Banco Galicia. Dos días después, Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido; Santiago De Vido, hijo del entonces ministro, y Mundín mantuvieron un encuentro en el restaurante Croque Madame, sobre la avenida del Libertador.
“Nadie paga un soborno de su propio bolsillo. Por lo tanto, normalmente, cuando hay un soborno, corresponde a dinero que la empresa obtiene del propio contrato”, dijo Irigaray.
Otra de las coincidencias señaladas -que fueron plasmadas en un informe que elaboró Irigaray y que hoy le fue exhibido durante su declaración— corresponde a octubre de ese mismo año. El 14, la empresa percibió casi 4 millones de pesos, y el 15, de acuerdo con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Baratta se habría reunido nuevamente con Mundín, en el mismo lugar.
Los informes se limitan a señalar la cercanía temporal entre ambos hechos, sin conclusiones o inferencias. El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, le pidió al testigo una opinión sobre esa coincidencia. “Es raro […] puede no significar nada. Pero es para mirarlo y pensarlo”, sostuvo.
Irigaray, un abogado que inició su recorrido en la función pública en la época de Néstor Kirchner, al momento de su intervención en la causa dirigía equipos de investigación dentro de la OA, que era querellante en el caso.
Relató que debía hacer cumplir contratos ya en marcha con empresas que estaban siendo investigadas. “Estábamos en el medio. Pertenecíamos al Estado que debía pagar y éramos querella que estábamos interesados en satisfacer los embargos”, explicó.
Durante 2003-2015, el periodo investigado en la causa, la empresa BTU S.A. llevó adelante la ejecución de 23 proyectos de infraestructura energética y ferroviaria.
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