POLITICA
Presupuesto 2027: Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía
La senadora Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios que se realizaron en el proyecto del Presupuesto 2027 en el capítulo que trataba el área de discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía.
En diálogo con A24, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta remarcó: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. En esa línea, explicó que cuando ingresó el texto a la Cámara de Diputados en la madrugada, expuso el desentendimiento dentro del oficialismo.
“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la ex funcionaria.
Y continuó: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.
En tanto, remarcó que los proyectos “salen con una mayoría” y explicó que dentro del Congreso se logra ese consenso que después permite que las leyes se aprueben. Sin embargo, apuntó: “Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.
El malestar de Bullrich no fue aislado. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso. Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. “Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, indicaron a ese medio.
La falta de aviso previo expuso a los legisladores aliados ante sus propios bloques y ante la oposición. En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa aún al respecto: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.
En ese mismo sentido, Bullrich reclamó que la mesa política funcione “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”. En tanto, advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como “totalmente insensible”.
Ante la consulta sobre si entonces era el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.
El capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral. El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones, y quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez, un esquema que hasta ahora les permitía trabajar sin perder su cobertura.
POLITICA
Pichetto convocó a construir un “frente nacional” contra el Gobierno que incluya al PJ, a radicales y a Pro
El diputado nacional Miguel Pichetto abogó por la conformación de un frente opositor al Gobierno que nuclee al peronismo, al radicalismo y a sectores de Pro que no se aliaron con la administración del presidente Javier Milei. Y vaticinó un escenario catastrófico en caso de que el jefe del Estado logre la reelección,
Al participar de un encuentro en la sede sindical de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pichetto lanzó un mensaje de unidad que exceda al peronismo, al que regresó en los últimos meses, en un movimiento que incluyó un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.
“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de Pro que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, subrayó Pichetto, en un encuentro titulado “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”.
“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”, advirtió el legislador, exsenador y excandidato a vicepresidente en 2019, en fórmula con Mauricio Macri.
Pichetto consideró que la administración Milei es “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.
El diputado nacional compartió la jornada sindical con Hugo Quintana, secretario general de APOC, y la especialista en derecho ambiental Marisol Díaz.
Pichetto retornó en los últimos meses al peronismo, luego de años de una lejanía política que llegó a su punto máximo cuando aceptó la candidatura a vicepresidente de Macri, en la elección que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Además de reunirse con la expresidenta en el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, anudó encuentros con dirigentes como Guillermo Moreno. También, se mostró cercano al espacio del “peronismo federal” que articulan el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos y el diputado nacional Guillermo Michel, entre otros dirigentes del justicialismo que intentan saltar la grieta entre el cristinismo y el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
la administración del presidente,Miguel Pichetto,Pro (Propuesta Republicana),UCR,Conforme a
El Senado avanzó este jueves con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil.
El proyecto, impulsado principalmente por las provincias del norte del país, fue incluido en el temario tras una negociación con La Libertad Avanza, que obtuvo a cambio apoyo político para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II.
El texto en general fue aprobado con 41 votos positivos, y 25 en contra. Los rechazos fueron del peronismo, del radical bonaerense Maximiliano Abad y los dos senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia.
La senadora de Salta Flavia Royón fue la encargada de presentar el proyecto al inicio del debate y también encabezó las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir las modificaciones necesarias para destrabar la aprobación.
“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas. Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
En el caso del Bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.
En el caso del Biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima).
Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.
“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”) presionaron para mantener su participación del 7,5% del mercado, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.
“Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).
En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó a posponer la votación para continuar con la negociación sobre Biodiésel. “El pez más grande se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”, dijo José Mayans y pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para seguir negociando y llegar a un texto consensuado que sea aprobado por unanimidad. No obstante, la moción de Mayans para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos salió rechazada por amplia mayoría.
El cierre de los libertarios quedó a cargo de Patricia Bullrich, que destacó la necesidad de una transición hacia un mercado más abierto y competitivo, sin producir “un salto al vacío”. “No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, señaló.
Entre las últimas modificaciones se destaca una cláusula antimonopolio que impide que una empresa o grupo se quede con más del 10% del biodiesel comercializado, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en la votación en general por 41 votos positivos y 25 negativos. Ahora el texto será girado a la Cámara de Diputados donde no hay un cronograma previsto para su tratamiendo.
Senado,sesión ordinaria,legisladores,recinto
POLITICA
La fiscalía amplió la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC y a dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Esta última es la misma empresa que días atrás fue apuntada por una jueza federal de Río Grande, que le ordenó frenar los trabajos en el proyecto Sea Lion.
Además, el fiscal pidió enviar un exhorto al Reino Unido para que, por vía diplomática, informe la composición del grupo Rockhopper; y otro a Israel, para relevar la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.
La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.
Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.
Ahora, el fiscal amplió la imputación a partir de documentación remitida por la Cancillería. Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas (PL003a, PL003b, PL004a, PL004b, PL004c y PL005, todas en la plataforma continental próxima a Malvinas) pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.
Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.
El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en el propio área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.
Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.
Se trata de la misma empresa que la semana pasada fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en el marco de una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.
La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.
Para profundizar la investigación, Stornelli pidió al juzgado que la Secretaría de Energía remita los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.
Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas; que preste declaración testimonial la embajadora Paula Iris Di Chiario, autora de ese informe; que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.
Además, solicitó que se libren exhortos de cooperación penal internacional al Reino Unido para obtener la información societaria de las tres empresas del grupo Rockhopper y a Israel, para relevar la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.
la acusación,Hernán Cappiello,Conforme a
Pichetto convocó a construir un “frente nacional” contra el Gobierno que incluya al PJ, a radicales y a Pro
Viajantes de comercio cerraron aumento de sueldo y esto cobrarán hasta 2027
Con cambios de último minuto, el Senado aprobó un nuevo régimen de biocombustibles
Palia avanza su evento Fall’s Faire: Frights & Delights – Nintenderos
La fiscalía amplió la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de Malvinas
Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”
Comienza una de las semanas más complicadas del año: debate entre empresarios de IA con Trump y casi segura suba de tasas en Estados Unidos
El jugado ping pong entre Diego Leuco y Sofi Martínez: “Muchas veces la extraño”
Federal judge rules Trump admin plan to cut FEMA workforce in half is unlawful
El PRO avanza con el pedido de juicio político a la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil
ECONOMIA2 días agoAutos eléctricos e híbridos: cuánto cuesta cargarlos en casa, cuánto demora y qué se necesita para instalar el equipo
- ECONOMIA3 días ago
A la espera del dato oficial, estiman que en el primer semestre al menos 1,5 millón de argentinos cayeron en la pobreza
- ECONOMIA3 días ago
ANSES: quiénes cobran hoy, martes 15 de septiembre de 2026
