El discurso oficial apuesta al fomento del turismo interno y a los parques nacionales como motor de la actividad. Sin embargo, a través de la Resolución 132/2026, el Gobierno aumentó 60% el valor de las entradas a los parques para los argentinos. Además, aplicó un incremento del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque las tarifas de base en este últimos caso son más bajas.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, lo dijo con énfasis ante empresarios del sector: “Es el tiempo de los parques y atracciones”. Lo hizo el 21 de mayo en el Summit 2026 de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), donde convocó a invertir en los 39 parques nacionales del país y prometió desregulaciones para atraer negocios y empleo. Nueve días antes, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales (APN) había publicado en el Boletín Oficial la Resolución 132/2026, que aumentó el precio de las entradas a 12 parques nacionales con subas que, para los argentinos, llegaron a superar el 100 por ciento.

La tensión entre el discurso y la medida configura un escenario que el propio Gobierno no logra resolver: apuesta al turismo como industria estratégica, pero encarece acceder a los íconos naturales más visitados del país.

Esa política coincide con un pedido del sector turismo, que alertó sobre una situación crítica en hoteles y restaurantes y pidió una tregua fiscal. Concretamente, la Federación Empresria Hotelera Gastronómica (Fehgra) solicitó la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que considera “indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”. También solicitó adecuar los planes de facilidades de pago vigentes y refinanciar planes caducos “sin pérdida de los beneficios fiscales originalmente otorgados”.

Los valores que fijó la resolución rigen para 20 áreas protegidas e incluyen cuatro categorías: visitantes extranjeros (denominados “general”), argentinos, residentes provinciales y estudiantes. En todos los casos, la suba fue significativa.

En el Parque Nacional Iguazú, donde se ubican las cataratas homónimas, uno de los destinos más visitados de América del Sur, la entrada para argentinos pasó de $15.000 a $25.000. Los residentes de Misiones, en tanto, ahora pagan $8.000, frente a los $5.000 anteriores. Para los visitantes extranjeros, el ticket subió de $45.000 a $60.000.

En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto la zona sur como el portal de El Chaltén quedaron con una tarifa de $50.000 para visitantes del exterior y de $25.000 para el resto de los argentinos. Los residentes provinciales abonan $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, pero los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.

Para los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general quedó en $35.000 para visitantes del exterior y en $15.000 para argentinos. La tarifa para estudiantes en esos parques subió de $5.000 a $12.000, un incremento del 140 por ciento.

En una franja de parques que incluye El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, la entrada para extranjeros quedó en $25.000 y en $12.000 para argentinos. La tarifa estudiantil en esos destinos pasó de $5.000 a $10.000.

Una de las características del nuevo esquema tarifario es que los argentinos absorbieron incrementos proporcionalmente mayores que los turistas internacionales. Mientras la suba para visitantes extranjeros promedió el 42%, la de los argentinos rozó el 86% en términos generales, y la categoría estudiantes fue la más castigada, con un aumento promedio del 117%.

El esquema mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso, en cambio, quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.

La resolución también incorporó bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Además, se habilitaron pases de 3 y 7 días —denominados Flexipass— y un pase anual de $300.000 para Iguazú, que equivale al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.

En el texto de la Resolución 132/2026, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.

Lo que la resolución no menciona es que, días después de su publicación, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.

Mientras el Gobierno sube las tarifas de acceso a los parques y promueve inversiones privadas en el sector, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para pedir medidas de alivio fiscal de urgencia. La federación planteó la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas ante la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

Entre las medidas que solicitó Fehgra figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados. La federación argumentó que ese plazo “resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”.

La señal que envía el pedido es relevante: la hotelería y la gastronomía son, según la propia Fehgra, actividades intensivas en empleo y fundamentales para el desarrollo turístico en todo el país. Que la federación que las agrupa deba salir a pedir una tregua fiscal al mismo tiempo que el Gobierno anuncia inversiones y desregulaciones en el sector turístico agrega una capa de complejidad al diagnóstico oficial.

En el Summit de la AAPA, Scioli apeló a un diagnóstico compartido por el sector: la necesidad de romper la estacionalidad y adaptar la oferta a un turista más exigente. “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”, afirmó el secretario ante empresarios del rubro.

El contexto en el que esas palabras se pronunciaron incluye no solo la suba de tarifas sino también otros cambios que el Gobierno introdujo en la administración de los parques en los últimos meses. A fines de 2025, habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas. El Ministerio de Desregulación, por su parte, eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental. Esas medidas generaron rechazo en el sector turístico: organizaciones de guías y trabajadores del área impulsaron protestas y solicitaron reuniones con funcionarios del interior del país.

Para Scioli, el rumbo es claro: “Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”. La pregunta que deja abierta la política de precios es si un turismo más accesible para el exterior y más caro para los propios argentinos es la forma de lograrlo.

El equilibrio de las finanzas públicas es la piedra basal del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración aplicó un recorte significativo del gasto público con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el propio equipo económico reconoce que el margen para continuar con el ajuste se achicó en los últimos meses. Por este motivo, el Ministerio de Economía enfoca ahora sus esfuerzos en dos variables clave para sostener el balance presupuestario: el crecimiento económico y la formalización del empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la gestión busca avanzar con la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de la economía. No obstante, advirtió que el ajuste del gasto público parece haber alcanzado su límite. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Una proporción significativa del gasto del Estado nacional está indexada por ley, lo que impide su reducción discrecional. En estos casos, partidas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera automática en función de la inflación de dos meses antes, sin necesidad de una decisión puntual del Gobierno para cada ajuste.

En este contexto, el plan del Gobierno combina nuevos recortes en áreas donde aún es posible -como la reciente reducción de $2,5 billones en partidas de Economía, Salud, Capital Humano e Interior- con la apuesta a una mejora en la recaudación. Para lograrlo, deben darse dos condiciones fundamentales: aumento de la actividad económica e integración de trabajadores al empleo formal.

En relación con el primer objetivo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en marzo un incremento de 3,5% respecto del mes anterior y de 5,5% en la comparación interanual. Sin embargo, esa mejora no se tradujo en una mayor recaudación. De hecho, los números oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acumulan nueve meses consecutivos de caídas en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En abril, la captación de recursos se vio afectada por la desaceleración de las importaciones, resultado de una alta base de comparación tras el fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año pasado. Además, la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz incidió en los ingresos por ese concepto.

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos y otros conceptos. En el IVA aduanero, el menor ritmo de importaciones tampoco se compensó con el incremento del tipo de cambio ni con la presencia de un día hábil adicional respecto del año anterior.

En cuanto al proceso de regularización laboral, que busca revertir un nivel de informalidad superior al 40% a nivel nacional, el Gobierno apuesta a la Ley de Modernización Laboral. Parte de la normativa aún está pendiente de reglamentación, en especial artículos centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las rebajas en las cargas para nuevas contrataciones.

Una excepción es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Sobre este punto, la idea oficial es recaudar más a mida que crezca la base de empleados formales.

Un informe de la consultora Equilibra destacó que en abril “los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual (i.a.), producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1% real i.a.) y una expansión del 20% i.a. del resto de los ingresos”.

La firma alertó que el gasto primario real aumentó, impulsado por mayores subsidios económicos, erogaciones de capital y otros gastos corrientes, mientras que las transferencias a universidades y provincias mostraron fuertes retracciones. Además, la reducción de la deuda flotante, que había registrado un fuerte salto en marzo, durante el mes estuvo vinculada a la cancelación de obligaciones pendientes.

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, evaluó que “sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído 26,7% real y el financiero hubiese bajado 62% real”.

Las privatizaciones tienen un impacto puntual en las cuentas públicas, ya que representan una extraordinaria de carácter no recurrente. Este tipo de operaciones aporta recursos solo en el momento en que se concretan, por lo que su efecto sobre la recaudación y el resultado fiscal se limita a ese período, dado que no genera un flujo permanente para las arcas estatales.

El reporte de Argañaraz remarcó que los ingresos tributarios presentaron un descenso real de 7,1% en el primer cuatrimestre, compensado en parte por un crecimiento del 33% en los ingresos no tributarios, influido por la concesión de la gestión de las cuatro represas del Comahue.

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, “la clave del mes estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria”. Morales agregó que, a pesar de estos ingresos extraordinarios, el superávit financiero acumulado tuvo una caída real del 64,6% frente a abril del año anterior.

La estabilidad en el dólar genera, de cierta manera, que los CEDEARs vuelvan a ocupar un lugar central dentro de las carteras de inversión. Estos instrumentos permiten posicionarse en activos que siguen la evolución de empresas y ETFs de Estados Unidos, pero operando desde el mercado local y en pesos, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan exposición internacional sin salir del sistema financiero argentino.

Y es que bajo esa premisa, aparece la Cartera Dinámica de PPI, una estrategia diseñada para perfiles agresivos y con horizonte de largo plazo, que combina CEDEARs de ETFs con acciones puntuales de compañías internacionales. La propuesta se apoya en la idea de que, para capturar oportunidades en Wall Street desde el mercado local, el inversor argentino puede utilizar instrumentos que cotizan en pesos, pero que siguen la evolución de activos internacionales y, además, incorporan la dinámica del tipo de cambio contado con liquidación.

En una cartera de $1 millón, el armado sugerido concentra el 90% en CEDEARs de ETFs y deja el 10% restante en CEDEARs de acciones individuales. Traducido a montos concretos, implica colocar $900.000 en fondos cotizantes y $100.000 en dos empresas tecnológicas de alto crecimiento, con Microsoft y Nvidia como protagonistas.

La estructura muestra una estrategia claramente orientada a activos internacionales, pero con una diversificación interna relevante. No todo queda concentrado en tecnología, aun cuando ese sector aparece como uno de los motores de retorno, ya que también hay presencia de bancos, servicios públicos, salud, oro, petróleo y el índice amplio de Estados Unidos, lo que permite repartir el riesgo entre distintos factores de mercado.

Cómo queda distribuida la estrategia del millón

El mayor peso de la cartera está en XLU, el ETF que sigue al sector de servicios públicos de Estados Unidos. La posición representa el 25% del total, por lo que en una estrategia de $1 millón equivale a $250.000. A primera vista puede llamar la atención que una cartera agresiva tenga como principal exposición a un sector que tradicionalmente se considera defensivo, pero el contexto cambió.

Las utilities dejaron de ser miradas solamente como empresas estables, reguladas y de baja volatilidad: en los últimos años, una parte del mercado empezó a asociarlas con la expansión de la demanda eléctrica vinculada a la inteligencia artificial, centros de datos, electrificación de procesos productivos y un mayor consumo energético. Esa combinación puede darle al sector un atractivo adicional en un portafolio de largo plazo.

La segunda posición relevante es XLF, el ETF financiero, con una ponderación del 20%, equivalente a $200.000. Este fondo ofrece exposición a bancos, aseguradoras, compañías de servicios financieros y firmas vinculadas al crédito. El sector suele tener buen desempeño cuando mejora la expectativa sobre la economía estadounidense, se estabiliza la curva de tasas o el mercado descuenta una mayor actividad. Sin embargo, también es sensible a episodios de estrés bancario, deterioro del crédito o cambios bruscos en la política monetaria.

Con el mismo peso aparece SPY, el ETF que replica al S&P 500. También representa el 20% de la cartera, por lo que implica una inversión de $200.000. Esta posición funciona como el núcleo más diversificado del armado, ya que permite capturar el desempeño de las principales compañías estadounidenses sin tener que elegir una acción específica. En una estrategia agresiva, SPY aporta exposición al mercado accionario más importante del mundo y reduce parcialmente el riesgo de depender de pocos nombres.

Luego figura QQQ, el ETF asociado al Nasdaq 100, con una asignación del 10%, equivalente a $100.000. Este tramo es más agresivo que SPY porque concentra mayor peso en tecnología, comunicaciones y compañías de crecimiento. QQQ puede potenciar el retorno cuando el apetito por el riesgo internacional mejora y las grandes tecnológicas lideran las subas, aunque también suele sufrir más en escenarios de tasas altas, compresión de múltiplos o toma de ganancias en acciones de crecimiento.

La cartera se completa, dentro del bloque de ETFs, con tres posiciones del 5% cada una. XLV, vinculado al sector salud, representa $50.000; GLD, que sigue al oro, suma otros $50.000; y USO, relacionado con el petróleo, también ocupa $50.000. Estas tres posiciones cumplen funciones distintas dentro del portafolio. Salud aporta exposición a un sector con demanda relativamente estable; el oro funciona como cobertura parcial ante episodios de tensión financiera o pérdida de confianza en monedas, y el petróleo introduce una apuesta sobre energía y commodities.

El 10% final está en acciones puntuales. Microsoft pesa un 5%, lo que implica $50.000, y Nvidia también representa un 5%, otros $50.000. En ambos casos, la apuesta apunta al crecimiento de la inteligencia artificial, la computación en la nube, el software corporativo, los chips avanzados y la infraestructura tecnológica. Son empresas de enorme calidad, pero con valuaciones exigentes y alta sensibilidad a las expectativas de resultados. La distribución completa queda de esta manera:

• XLU, 25%: $250.000
• XLF, 20%: $200.000
• SPY, 20%: $200.000
• QQQ, 10%: $100.000
• XLV, 5%: $50.000
• GLD, 5%: $50.000
• USO, 5%: $50.000
• Microsoft, 5%: $50.000
• Nvidia, 5%: $50.000

Para qué perfil tiene sentido esta cartera

La estrategia agresiva del millón con CEDEARs no está pensada para cualquier inversor y tiene sentido solo para quienes buscan retorno en dólares, aceptan fluctuaciones relevantes y no necesitan disponer del dinero en el corto plazo. El horizonte de largo plazo es central porque una cartera con este nivel de exposición a renta variable puede tener caídas temporales significativas.

El armado tampoco luce adecuado para cubrir gastos corrientes, fondos de emergencia o capital que deba usarse en pocos meses. Una corrección fuerte en Wall Street, una baja del contado con liquidación o una rotación internacional fuera de tecnología pueden afectar el valor de la cartera justo cuando el inversor necesita vender. En ese caso, el riesgo no pasa solamente por la calidad de los activos, sino por el momento de entrada y salida.

Para perfiles más agresivos, en cambio, la combinación puede resultar atractiva porque permite acceder a sectores líderes de Estados Unidos desde Argentina, con una estructura simple y diversificada. En lugar de elegir diez o quince acciones individuales, el inversor se apoya en ETFs que ordenan la exposición y dejan una porción menor para apuestas puntuales de alto crecimiento.

El componente más defensivo relativo aparece en XLU, XLV y GLD, aunque eso no convierte a la cartera en conservadora. Los servicios públicos, la salud y el oro ayudan a moderar parte de la volatilidad, pero el peso de la renta variable sigue siendo dominante. Además, algunos ETFs sectoriales pueden tener movimientos fuertes si cambia el humor del mercado o si se modifican las expectativas sobre tasas, inflación y crecimiento.

En el caso de XLF, el riesgo principal está asociado al ciclo financiero. Una economía más fuerte y una curva de tasas más favorable pueden beneficiar al sector, pero un deterioro de la calidad crediticia o una desaceleración más profunda pueden afectar balances y valuaciones. En USO, la volatilidad puede ser incluso mayor, porque el petróleo reacciona a variables geopolíticas, decisiones de producción, inventarios y expectativas de demanda internacional.

La parte tecnológica, a través de QQQ, Microsoft y Nvidia, aporta el potencial más visible de crecimiento, pero también concentra una parte importante del riesgo de valuación. Después de varios años de fuerte entusiasmo por la inteligencia artificial, el mercado suele exigir que las ganancias acompañen las expectativas.

Por eso, la clave de esta cartera no está solamente en comprar los instrumentos, sino en sostener una disciplina de seguimiento. Una estrategia dinámica requiere revisar ponderaciones, analizar si algún sector quedó demasiado caro, evaluar si conviene rebalancear y evitar que una suba muy fuerte de una posición cambie por completo el perfil de riesgo original.

También conviene mirar los costos operativos, la liquidez de cada CEDEAR en el mercado y el horizonte de la inversión. En carteras chicas o medianas, operar demasiados instrumentos puede encarecer los movimientos si no se planifica bien. En una cartera de $1 millón, la distribución propuesta es alcanzable, pero exige tener en cuenta precios mínimos, múltiplos de negociación y la disponibilidad de cada activo en el mercado local.