El equilibrio de las finanzas públicas es la piedra basal del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración aplicó un recorte significativo del gasto público con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el propio equipo económico reconoce que el margen para continuar con el ajuste se achicó en los últimos meses. Por este motivo, el Ministerio de Economía enfoca ahora sus esfuerzos en dos variables clave para sostener el balance presupuestario: el crecimiento económico y la formalización del empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la gestión busca avanzar con la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de la economía. No obstante, advirtió que el ajuste del gasto público parece haber alcanzado su límite. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Una proporción significativa del gasto del Estado nacional está indexada por ley, lo que impide su reducción discrecional. En estos casos, partidas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera automática en función de la inflación de dos meses antes, sin necesidad de una decisión puntual del Gobierno para cada ajuste.

En este contexto, el plan del Gobierno combina nuevos recortes en áreas donde aún es posible -como la reciente reducción de $2,5 billones en partidas de Economía, Salud, Capital Humano e Interior- con la apuesta a una mejora en la recaudación. Para lograrlo, deben darse dos condiciones fundamentales: aumento de la actividad económica e integración de trabajadores al empleo formal.

En relación con el primer objetivo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en marzo un incremento de 3,5% respecto del mes anterior y de 5,5% en la comparación interanual. Sin embargo, esa mejora no se tradujo en una mayor recaudación. De hecho, los números oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acumulan nueve meses consecutivos de caídas en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En abril, la captación de recursos se vio afectada por la desaceleración de las importaciones, resultado de una alta base de comparación tras el fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año pasado. Además, la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz incidió en los ingresos por ese concepto.

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos y otros conceptos. En el IVA aduanero, el menor ritmo de importaciones tampoco se compensó con el incremento del tipo de cambio ni con la presencia de un día hábil adicional respecto del año anterior.

En cuanto al proceso de regularización laboral, que busca revertir un nivel de informalidad superior al 40% a nivel nacional, el Gobierno apuesta a la Ley de Modernización Laboral. Parte de la normativa aún está pendiente de reglamentación, en especial artículos centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las rebajas en las cargas para nuevas contrataciones.

Una excepción es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Sobre este punto, la idea oficial es recaudar más a mida que crezca la base de empleados formales.

Un informe de la consultora Equilibra destacó que en abril “los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual (i.a.), producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1% real i.a.) y una expansión del 20% i.a. del resto de los ingresos”.

La firma alertó que el gasto primario real aumentó, impulsado por mayores subsidios económicos, erogaciones de capital y otros gastos corrientes, mientras que las transferencias a universidades y provincias mostraron fuertes retracciones. Además, la reducción de la deuda flotante, que había registrado un fuerte salto en marzo, durante el mes estuvo vinculada a la cancelación de obligaciones pendientes.

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, evaluó que “sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído 26,7% real y el financiero hubiese bajado 62% real”.

Las privatizaciones tienen un impacto puntual en las cuentas públicas, ya que representan una extraordinaria de carácter no recurrente. Este tipo de operaciones aporta recursos solo en el momento en que se concretan, por lo que su efecto sobre la recaudación y el resultado fiscal se limita a ese período, dado que no genera un flujo permanente para las arcas estatales.

El reporte de Argañaraz remarcó que los ingresos tributarios presentaron un descenso real de 7,1% en el primer cuatrimestre, compensado en parte por un crecimiento del 33% en los ingresos no tributarios, influido por la concesión de la gestión de las cuatro represas del Comahue.

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, “la clave del mes estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria”. Morales agregó que, a pesar de estos ingresos extraordinarios, el superávit financiero acumulado tuvo una caída real del 64,6% frente a abril del año anterior.

La estabilidad en el dólar genera, de cierta manera, que los CEDEARs vuelvan a ocupar un lugar central dentro de las carteras de inversión. Estos instrumentos permiten posicionarse en activos que siguen la evolución de empresas y ETFs de Estados Unidos, pero operando desde el mercado local y en pesos, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan exposición internacional sin salir del sistema financiero argentino.

Y es que bajo esa premisa, aparece la Cartera Dinámica de PPI, una estrategia diseñada para perfiles agresivos y con horizonte de largo plazo, que combina CEDEARs de ETFs con acciones puntuales de compañías internacionales. La propuesta se apoya en la idea de que, para capturar oportunidades en Wall Street desde el mercado local, el inversor argentino puede utilizar instrumentos que cotizan en pesos, pero que siguen la evolución de activos internacionales y, además, incorporan la dinámica del tipo de cambio contado con liquidación.

En una cartera de $1 millón, el armado sugerido concentra el 90% en CEDEARs de ETFs y deja el 10% restante en CEDEARs de acciones individuales. Traducido a montos concretos, implica colocar $900.000 en fondos cotizantes y $100.000 en dos empresas tecnológicas de alto crecimiento, con Microsoft y Nvidia como protagonistas.

La estructura muestra una estrategia claramente orientada a activos internacionales, pero con una diversificación interna relevante. No todo queda concentrado en tecnología, aun cuando ese sector aparece como uno de los motores de retorno, ya que también hay presencia de bancos, servicios públicos, salud, oro, petróleo y el índice amplio de Estados Unidos, lo que permite repartir el riesgo entre distintos factores de mercado.

Cómo queda distribuida la estrategia del millón

El mayor peso de la cartera está en XLU, el ETF que sigue al sector de servicios públicos de Estados Unidos. La posición representa el 25% del total, por lo que en una estrategia de $1 millón equivale a $250.000. A primera vista puede llamar la atención que una cartera agresiva tenga como principal exposición a un sector que tradicionalmente se considera defensivo, pero el contexto cambió.

Las utilities dejaron de ser miradas solamente como empresas estables, reguladas y de baja volatilidad: en los últimos años, una parte del mercado empezó a asociarlas con la expansión de la demanda eléctrica vinculada a la inteligencia artificial, centros de datos, electrificación de procesos productivos y un mayor consumo energético. Esa combinación puede darle al sector un atractivo adicional en un portafolio de largo plazo.

La segunda posición relevante es XLF, el ETF financiero, con una ponderación del 20%, equivalente a $200.000. Este fondo ofrece exposición a bancos, aseguradoras, compañías de servicios financieros y firmas vinculadas al crédito. El sector suele tener buen desempeño cuando mejora la expectativa sobre la economía estadounidense, se estabiliza la curva de tasas o el mercado descuenta una mayor actividad. Sin embargo, también es sensible a episodios de estrés bancario, deterioro del crédito o cambios bruscos en la política monetaria.

Con el mismo peso aparece SPY, el ETF que replica al S&P 500. También representa el 20% de la cartera, por lo que implica una inversión de $200.000. Esta posición funciona como el núcleo más diversificado del armado, ya que permite capturar el desempeño de las principales compañías estadounidenses sin tener que elegir una acción específica. En una estrategia agresiva, SPY aporta exposición al mercado accionario más importante del mundo y reduce parcialmente el riesgo de depender de pocos nombres.

Luego figura QQQ, el ETF asociado al Nasdaq 100, con una asignación del 10%, equivalente a $100.000. Este tramo es más agresivo que SPY porque concentra mayor peso en tecnología, comunicaciones y compañías de crecimiento. QQQ puede potenciar el retorno cuando el apetito por el riesgo internacional mejora y las grandes tecnológicas lideran las subas, aunque también suele sufrir más en escenarios de tasas altas, compresión de múltiplos o toma de ganancias en acciones de crecimiento.

La cartera se completa, dentro del bloque de ETFs, con tres posiciones del 5% cada una. XLV, vinculado al sector salud, representa $50.000; GLD, que sigue al oro, suma otros $50.000; y USO, relacionado con el petróleo, también ocupa $50.000. Estas tres posiciones cumplen funciones distintas dentro del portafolio. Salud aporta exposición a un sector con demanda relativamente estable; el oro funciona como cobertura parcial ante episodios de tensión financiera o pérdida de confianza en monedas, y el petróleo introduce una apuesta sobre energía y commodities.

El 10% final está en acciones puntuales. Microsoft pesa un 5%, lo que implica $50.000, y Nvidia también representa un 5%, otros $50.000. En ambos casos, la apuesta apunta al crecimiento de la inteligencia artificial, la computación en la nube, el software corporativo, los chips avanzados y la infraestructura tecnológica. Son empresas de enorme calidad, pero con valuaciones exigentes y alta sensibilidad a las expectativas de resultados. La distribución completa queda de esta manera:

• XLU, 25%: $250.000
• XLF, 20%: $200.000
• SPY, 20%: $200.000
• QQQ, 10%: $100.000
• XLV, 5%: $50.000
• GLD, 5%: $50.000
• USO, 5%: $50.000
• Microsoft, 5%: $50.000
• Nvidia, 5%: $50.000

Para qué perfil tiene sentido esta cartera

La estrategia agresiva del millón con CEDEARs no está pensada para cualquier inversor y tiene sentido solo para quienes buscan retorno en dólares, aceptan fluctuaciones relevantes y no necesitan disponer del dinero en el corto plazo. El horizonte de largo plazo es central porque una cartera con este nivel de exposición a renta variable puede tener caídas temporales significativas.

El armado tampoco luce adecuado para cubrir gastos corrientes, fondos de emergencia o capital que deba usarse en pocos meses. Una corrección fuerte en Wall Street, una baja del contado con liquidación o una rotación internacional fuera de tecnología pueden afectar el valor de la cartera justo cuando el inversor necesita vender. En ese caso, el riesgo no pasa solamente por la calidad de los activos, sino por el momento de entrada y salida.

Para perfiles más agresivos, en cambio, la combinación puede resultar atractiva porque permite acceder a sectores líderes de Estados Unidos desde Argentina, con una estructura simple y diversificada. En lugar de elegir diez o quince acciones individuales, el inversor se apoya en ETFs que ordenan la exposición y dejan una porción menor para apuestas puntuales de alto crecimiento.

El componente más defensivo relativo aparece en XLU, XLV y GLD, aunque eso no convierte a la cartera en conservadora. Los servicios públicos, la salud y el oro ayudan a moderar parte de la volatilidad, pero el peso de la renta variable sigue siendo dominante. Además, algunos ETFs sectoriales pueden tener movimientos fuertes si cambia el humor del mercado o si se modifican las expectativas sobre tasas, inflación y crecimiento.

En el caso de XLF, el riesgo principal está asociado al ciclo financiero. Una economía más fuerte y una curva de tasas más favorable pueden beneficiar al sector, pero un deterioro de la calidad crediticia o una desaceleración más profunda pueden afectar balances y valuaciones. En USO, la volatilidad puede ser incluso mayor, porque el petróleo reacciona a variables geopolíticas, decisiones de producción, inventarios y expectativas de demanda internacional.

La parte tecnológica, a través de QQQ, Microsoft y Nvidia, aporta el potencial más visible de crecimiento, pero también concentra una parte importante del riesgo de valuación. Después de varios años de fuerte entusiasmo por la inteligencia artificial, el mercado suele exigir que las ganancias acompañen las expectativas.

Por eso, la clave de esta cartera no está solamente en comprar los instrumentos, sino en sostener una disciplina de seguimiento. Una estrategia dinámica requiere revisar ponderaciones, analizar si algún sector quedó demasiado caro, evaluar si conviene rebalancear y evitar que una suba muy fuerte de una posición cambie por completo el perfil de riesgo original.

También conviene mirar los costos operativos, la liquidez de cada CEDEAR en el mercado y el horizonte de la inversión. En carteras chicas o medianas, operar demasiados instrumentos puede encarecer los movimientos si no se planifica bien. En una cartera de $1 millón, la distribución propuesta es alcanzable, pero exige tener en cuenta precios mínimos, múltiplos de negociación y la disponibilidad de cada activo en el mercado local.

El precio del boleto de colectivo sigue mostrando grandes diferencias entre ciudades, en un contexto marcado por nuevas actualizaciones tarifarias y cambios en los esquemas de subsidios. Mientras algunos distritos aplicaron aumentos en las últimas semanas para recomponer costos operativos, otros mantienen tarifas considerablemente más bajas, lo que profundiza la brecha entre los extremos del mapa urbano argentino.

El relevamiento de tarifas correspondiente a mayo de 2026 muestra que viajar en colectivo puede costar más del doble según la ciudad. Las diferencias no sólo responden a decisiones locales sobre subsidios o estructura de costos, sino también al nivel de financiamiento provincial y municipal, la cantidad de pasajeros transportados y la situación económica de cada sistema de transporte.

Entre las tarifas más elevadas del país aparecen varias ciudades del interior que durante los últimos meses aplicaron ajustes para sostener el funcionamiento de los servicios urbanos. En el tope del ranking se ubica Pinamar, con un boleto mínimo de $2.625 (la ciudad cobra tarifas diferentes para residentes y no residentes). Le sigue San Martín de los Andes, con $2.500, y Centenario —localidad neuquina— con $2.478. Completan el grupo de las más caras Pergamino ($2.332), Bariloche ($2.046) y Eldorado ($2.000), según relevamientos realizados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Se trata, en su mayoría, de ciudades medianas o de perfil turístico, donde el sistema de transporte público suele tener menor escala y, por lo tanto, menos posibilidades de distribuir costos entre una gran cantidad de pasajeros. Eso se traduce, en general, en tarifas más altas.

En la franja intermedia del ranking aparecen algunas de las ciudades más pobladas del interior del país. Santa Fe encabeza ese grupo con $1.900. Más abajo se ubican las capitales de Córdoba, Rosario y Paraná, que comparten el mismo valor: $1.720. En el puesto 22 aparece Mendoza, con un boleto mínimo de $1.400.

En el extremo opuesto del cuadro, las tarifas más bajas del país corresponden a la región más poblada: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El boleto de las líneas nacionales del AMBA cuesta actualmente $714, el de las líneas porteñas (CABA) asciende a $754, y el de las líneas de la provincia de Buenos Aires llega a $969. Partido de la Costa, con $698, es la única jurisdicción que se ubica por debajo de las líneas nacionales del AMBA.

También están en la franja baja General Pico ($800) y Viedma ($980). Un grupo de ciudades se posiciona exactamente en los $1.000: Villa Mercedes, Villa María, San Luis, Trelew y La Rioja.

Que el AMBA concentre las tarifas más bajas no es casual. Las líneas de jurisdicción nacional reciben subsidios del Estado nacional que permiten mantener los valores deprimidos respecto del resto del país. Sin embargo, esa diferencia tiene un costo: según informó Infobae días atrás, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones en concepto de “atributo social”, lo que derivó en una reducción de frecuencias que afectó a miles de pasajeros.

En las últimas semanas, varias ciudades ajustaron sus tarifas. Uno de los incrementos más significativos se registró en Villa Mercedes, donde el boleto subió un 17,65%. En la provincia de Buenos Aires, el aumento fue del 16,33%, mientras que en Santa Fe el boleto trepó un 10,47% y en CABA un 10,56%.

En el caso del AMBA nacional, el aumento fue más moderado: el boleto pasó de $700 a $714, lo que representa una suba del 2%. El Gobierno prevé dos incrementos adicionales para los meses siguientes —en junio y julio— de igual magnitud, lo que llevaría el valor a $742 hacia mediados del tercer trimestre del año.

Ese esquema escalonado fue cuestionado por las empresas del sector, que sostienen que los ajustes están por debajo de la inflación y no alcanzan para cubrir el aumento de los costos operativos, en particular el del combustible.

Una brecha que se agranda

La combinación de aumentos en el interior y subas más moderadas en el AMBA profundiza una diferencia tarifaria que ya era marcada. Mientras ciudades como Córdoba, Rosario o Santa Fe superan ampliamente los $1.700, las líneas nacionales del AMBA se mantienen por debajo de los $750.

Esa distancia no solo refleja distintas políticas de subsidios, sino también realidades operativas diferentes: sistemas de mayor escala, distintos niveles de cobertura estatal y estructuras de costos que varían según la región. El resultado es un mapa tarifario fragmentado, donde el precio de un viaje en colectivo depende, en gran medida, de en qué ciudad se vive.