El equilibrio de las finanzas públicas es la piedra basal del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración aplicó un recorte significativo del gasto público con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el propio equipo económico reconoce que el margen para continuar con el ajuste se achicó en los últimos meses. Por este motivo, el Ministerio de Economía enfoca ahora sus esfuerzos en dos variables clave para sostener el balance presupuestario: el crecimiento económico y la formalización del empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la gestión busca avanzar con la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de la economía. No obstante, advirtió que el ajuste del gasto público parece haber alcanzado su límite. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Una proporción significativa del gasto del Estado nacional está indexada por ley, lo que impide su reducción discrecional. En estos casos, partidas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera automática en función de la inflación de dos meses antes, sin necesidad de una decisión puntual del Gobierno para cada ajuste.

En este contexto, el plan del Gobierno combina nuevos recortes en áreas donde aún es posible -como la reciente reducción de $2,5 billones en partidas de Economía, Salud, Capital Humano e Interior- con la apuesta a una mejora en la recaudación. Para lograrlo, deben darse dos condiciones fundamentales: aumento de la actividad económica e integración de trabajadores al empleo formal.

En relación con el primer objetivo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en marzo un incremento de 3,5% respecto del mes anterior y de 5,5% en la comparación interanual. Sin embargo, esa mejora no se tradujo en una mayor recaudación. De hecho, los números oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acumulan nueve meses consecutivos de caídas en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En abril, la captación de recursos se vio afectada por la desaceleración de las importaciones, resultado de una alta base de comparación tras el fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año pasado. Además, la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz incidió en los ingresos por ese concepto.

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos y otros conceptos. En el IVA aduanero, el menor ritmo de importaciones tampoco se compensó con el incremento del tipo de cambio ni con la presencia de un día hábil adicional respecto del año anterior.

En cuanto al proceso de regularización laboral, que busca revertir un nivel de informalidad superior al 40% a nivel nacional, el Gobierno apuesta a la Ley de Modernización Laboral. Parte de la normativa aún está pendiente de reglamentación, en especial artículos centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las rebajas en las cargas para nuevas contrataciones.

Una excepción es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Sobre este punto, la idea oficial es recaudar más a mida que crezca la base de empleados formales.

Un informe de la consultora Equilibra destacó que en abril “los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual (i.a.), producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1% real i.a.) y una expansión del 20% i.a. del resto de los ingresos”.

La firma alertó que el gasto primario real aumentó, impulsado por mayores subsidios económicos, erogaciones de capital y otros gastos corrientes, mientras que las transferencias a universidades y provincias mostraron fuertes retracciones. Además, la reducción de la deuda flotante, que había registrado un fuerte salto en marzo, durante el mes estuvo vinculada a la cancelación de obligaciones pendientes.

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, evaluó que “sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído 26,7% real y el financiero hubiese bajado 62% real”.

Las privatizaciones tienen un impacto puntual en las cuentas públicas, ya que representan una extraordinaria de carácter no recurrente. Este tipo de operaciones aporta recursos solo en el momento en que se concretan, por lo que su efecto sobre la recaudación y el resultado fiscal se limita a ese período, dado que no genera un flujo permanente para las arcas estatales.

El reporte de Argañaraz remarcó que los ingresos tributarios presentaron un descenso real de 7,1% en el primer cuatrimestre, compensado en parte por un crecimiento del 33% en los ingresos no tributarios, influido por la concesión de la gestión de las cuatro represas del Comahue.

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, “la clave del mes estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria”. Morales agregó que, a pesar de estos ingresos extraordinarios, el superávit financiero acumulado tuvo una caída real del 64,6% frente a abril del año anterior.

El precio del boleto de colectivo sigue mostrando grandes diferencias entre ciudades, en un contexto marcado por nuevas actualizaciones tarifarias y cambios en los esquemas de subsidios. Mientras algunos distritos aplicaron aumentos en las últimas semanas para recomponer costos operativos, otros mantienen tarifas considerablemente más bajas, lo que profundiza la brecha entre los extremos del mapa urbano argentino.

El relevamiento de tarifas correspondiente a mayo de 2026 muestra que viajar en colectivo puede costar más del doble según la ciudad. Las diferencias no sólo responden a decisiones locales sobre subsidios o estructura de costos, sino también al nivel de financiamiento provincial y municipal, la cantidad de pasajeros transportados y la situación económica de cada sistema de transporte.

Entre las tarifas más elevadas del país aparecen varias ciudades del interior que durante los últimos meses aplicaron ajustes para sostener el funcionamiento de los servicios urbanos. En el tope del ranking se ubica Pinamar, con un boleto mínimo de $2.625 (la ciudad cobra tarifas diferentes para residentes y no residentes). Le sigue San Martín de los Andes, con $2.500, y Centenario —localidad neuquina— con $2.478. Completan el grupo de las más caras Pergamino ($2.332), Bariloche ($2.046) y Eldorado ($2.000), según relevamientos realizados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Se trata, en su mayoría, de ciudades medianas o de perfil turístico, donde el sistema de transporte público suele tener menor escala y, por lo tanto, menos posibilidades de distribuir costos entre una gran cantidad de pasajeros. Eso se traduce, en general, en tarifas más altas.

En la franja intermedia del ranking aparecen algunas de las ciudades más pobladas del interior del país. Santa Fe encabeza ese grupo con $1.900. Más abajo se ubican las capitales de Córdoba, Rosario y Paraná, que comparten el mismo valor: $1.720. En el puesto 22 aparece Mendoza, con un boleto mínimo de $1.400.

En el extremo opuesto del cuadro, las tarifas más bajas del país corresponden a la región más poblada: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El boleto de las líneas nacionales del AMBA cuesta actualmente $714, el de las líneas porteñas (CABA) asciende a $754, y el de las líneas de la provincia de Buenos Aires llega a $969. Partido de la Costa, con $698, es la única jurisdicción que se ubica por debajo de las líneas nacionales del AMBA.

También están en la franja baja General Pico ($800) y Viedma ($980). Un grupo de ciudades se posiciona exactamente en los $1.000: Villa Mercedes, Villa María, San Luis, Trelew y La Rioja.

Que el AMBA concentre las tarifas más bajas no es casual. Las líneas de jurisdicción nacional reciben subsidios del Estado nacional que permiten mantener los valores deprimidos respecto del resto del país. Sin embargo, esa diferencia tiene un costo: según informó Infobae días atrás, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones en concepto de “atributo social”, lo que derivó en una reducción de frecuencias que afectó a miles de pasajeros.

En las últimas semanas, varias ciudades ajustaron sus tarifas. Uno de los incrementos más significativos se registró en Villa Mercedes, donde el boleto subió un 17,65%. En la provincia de Buenos Aires, el aumento fue del 16,33%, mientras que en Santa Fe el boleto trepó un 10,47% y en CABA un 10,56%.

En el caso del AMBA nacional, el aumento fue más moderado: el boleto pasó de $700 a $714, lo que representa una suba del 2%. El Gobierno prevé dos incrementos adicionales para los meses siguientes —en junio y julio— de igual magnitud, lo que llevaría el valor a $742 hacia mediados del tercer trimestre del año.

Ese esquema escalonado fue cuestionado por las empresas del sector, que sostienen que los ajustes están por debajo de la inflación y no alcanzan para cubrir el aumento de los costos operativos, en particular el del combustible.

Una brecha que se agranda

La combinación de aumentos en el interior y subas más moderadas en el AMBA profundiza una diferencia tarifaria que ya era marcada. Mientras ciudades como Córdoba, Rosario o Santa Fe superan ampliamente los $1.700, las líneas nacionales del AMBA se mantienen por debajo de los $750.

Esa distancia no solo refleja distintas políticas de subsidios, sino también realidades operativas diferentes: sistemas de mayor escala, distintos niveles de cobertura estatal y estructuras de costos que varían según la región. El resultado es un mapa tarifario fragmentado, donde el precio de un viaje en colectivo depende, en gran medida, de en qué ciudad se vive.

Al final, después de la dura pelea pública, ¿Toto Caputo y Santiago Bausili le están haciendo caso a Domingo Cavallo? Es lo que sugiere la aceleración en la compra de dólares por parte del Banco Central, que en los últimos días llegó a un promedio diario de u$s192 millones.

Es una cifra que supera ampliamente los promedios de los meses previos: en enero hubo compras por u$s55 millones diarios, en febrero por u$s83 millones, en marzo por u$s80 millones y en abril por u$s138 millones.

Previsiblemente, la suma viene en ascenso, coincidiendo con la intensidad creciente del flujo de divisas que deja la balanza comercial. Ya en marzo se había batido el récord de exportaciones, y se acaba de conocer la nueva marca histórica alcanzada en abril, con ventas de bienes al exterior por u$s8.914 millones y un saldo neto de u$s2.711 millones.

Lo mejor es que las expectativas para mayo y junio son aun más altas, dado que en las estadísticas de comercio exterior todavía no se ve reflejado el impacto pleno de la suba en el precio del petróleo, el nuevo rubro estrella de la exportación nacional. Dado que hay un desfasaje de unos 45 días entre el inicio de la operación aduanera y el ingreso por la exportación, todavía se están registrando los precios del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Eso implica que si las exportaciones de combustibles crecen a un 85% anual no es -al menos, no todavía- por el «efecto precio», sino por el boom productivo en la cuenca de Vaca Muerta.

Tal vez se trate sólo de una coincidencia, o una estrategia financiera de corto plazo ante los vencimientos de deuda, pero no deja de ser llamativo el hecho de que el volumen de compra de dólares se haya intensificado en la misma medida en que el flujo de entrada de divisas fue más fuerte.

Y eso es, precisamente, lo que Domingo Cavallo le había sugerido el mes pasado al equipo económico del gobierno: que aprovechara la «ventana de oportunidad» que le iba a dar esta época del año -tradicionalmente generosa en ingreso de dólares del agro- para acumular reservas en el BCRA.

Piñas van, piñas vienen

Cavallo sostenía que, de esa forma, se transmitiría una señal de mayor confianza al mercado. Y afirmaba que el gobierno no debería tener miedo de que la contracara inevitable de la compra de dólares -la inyección de pesos al mercado- pudiera tener un efecto de presión sobre la inflación ni sobre el tipo de cambio.

Claro que Cavallo no se detuvo ahí. También dijo que esta era la ocasión ideal para deshacerse de las restricciones remanentes del cepo, que dificultan a las empresas el movimiento de capitales entre los diferentes segmentos del mercado financiero. Cavallo dijo que era ese cepo, y no el «riesgo kuka», el verdadero obstáculo para que el índice de riesgo país cayera por debajo del nivel de 500 puntos.

Para completar, calificó a Caputo como «un trader sin formación teórica ni ideología», en línea con la visión despectiva que suelen entrever los economistas del sector académico respecto de los que actúan en el mercado de capitales.

Además, Cavallo dejó flotando una advertencia inquietante: que el año próximo, por el solo hecho de realizarse elecciones presidenciales, volverá a producirse una masiva dolarización por parte del público. Y que siempre será mejor que esa situación ocurra con un mercado cambiario libre, porque el tipo de cambio se ajustará rápidamente, sin que se genere una sangría de reservas del BCRA.

Lo que ocurrió a partir de allí es conocido por todos: acusaciones de «resentimiento» de parte de Caputo hacia Cavallo y hasta una amenaza velada de contar sugerencias que el padre del Plan de Convertibilidad había hecho al inicio de la gestión Milei, y que implicaban ruptura de los derechos de propiedad -es decir, el ministro insinuó que Cavallo quería reeditar alguna medida confiscatoria parecida al Plan Bonex de 1990-.

La cautela de Toto

Parecía que esa esgrima verbal marcaba un alejamiento irreconciliable entre los puntos de vista de los dos economistas. Sin embargo, los hechos parecen demostrar que, en el fondo, no había tantas diferencias.

Para empezar, Caputo confirmó que su objetivo es llegar a la liberalización total del mercado cambiario. Es decir, no discrepaba con Cavallo respecto de la conveniencia de esa medida, sino que no creía que en este momento estuvieran dadas las condiciones. 

Caputo tiene por delante un exigente calendario de vencimiento de deuda dolarizada, que implica que, para el trimestre julio-septiembre se acumularán obligaciones con los bonistas del mercado por u$s4.400 millones, con el Fondo Monetario Internacional por u$s1.613 millones y con otros organismos de crédito por u$s1.529 millones.

Se da por descontado que la parte de esos vencimientos que corresponde al capital será «rolleada», pero habrá que abonar los intereses, lo que implicará pagarle u$s820 millones al FMI y u$s551 millones a los organismos. El escenario base que manejan los analistas es que la deuda a mercado deberá ser cancelada en su totalidad, lo que implica que las necesidades de caja del Tesoro ascenderían a unos u$s6.170 millones.

El refuerzo de la caja del Tesoro -gracias, en buena medida, al «regalo» del BCRA que le transfirió $6 billones por las ganancias que dejó el último balance-, disipa los temores respecto de los pagos de deuda para este año.

En cambio, el panorama de 2027 luce mucho más complejo, tanto por el monto de los vencimientos -u$s23.000 millones para el Tesoro y u$s11.200 millones para el BCRA- como por el hecho de que se trate de un año electoral, lo cual puede impactar sobre las expectativas del mercado.

Inyectando plata en el mercado

La advertencia pública que Milei le había hecho a Bausili hace dos meses era bien elocuente: le había pronosticado que le iban a «salir dólares por las orejas», pero le hizo notar que existía el riesgo de que las compras del BCRA se trasladaran a los precios.

De hecho, el presidente nunca se había mostrado como un entusiasta de la acumulación de reservas, precisamente porque consideraba que ese objetivo podía tener efectos colaterales, como una escapada del dólar y una mayor inflación.

En un reciente discurso ante un auditorio de empresarios, dijo que reforzará el sesgo contractivo de la política monetaria para que no haya riesgos de desvíos en el sendero descendiente del IPC.

Sin embargo, los números están marcando algo diferente: la inyección de pesos que hace el Central cada vez que compra dólares va en un aumento notorio. En enero emitió $1,7 billones, en febrero y marzo $2,2 billones, en abril saltó a $3,8 billones. Y todo indica que en mayo también se superarán los $3 billones.

Estas cifras implican que en el último mes el BCRA emitió el equivalente al 7% del del M2 transaccional privado -que incluye pesos circulantes, depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro-. Si, en cambio, se toma como referencia al agregado M3 -que suma también la deuda del sector público y los depósitos en plazos fijos- esa emisión es por 2,3% de la base. Son números relativamente bajos, pero que duplican el nivel de expansión de los últimos meses.

Si el gobierno estuviera particularmente preocupado por el hecho de que esa expansión fuera inflacionaria, eso se reflejaría en un afán de absorción de todos los pesos «excedentes». Sin embargo, la postura de Caputo en las últimas licitaciones del Tesoro ha sido menos dura.

A diferencia de lo que ocurría a inicios de año, cuando no se contentaba con «rollear» los vencimientos de la deuda en pesos, sino que además «pasaba la aspiradora» mediante la colocación de bonos, en las últimas licitaciones apenas sacó del mercado $1 billón, una suma que, a esta altura, luce menor.

¿Hay más demanda de pesos?

Esta actitud podría interpretarse como que, desde el punto de vista del ministro, se está produciendo un aumento en la demanda de dinero por parte del público.

De hecho, Caputo hizo una argumentación técnica en ese sentido, al afirmar que cuando el dólar y las tasas de interés caen en forma simultánea, eso es un síntoma de que los argentinos tienen mayor disposición a mantener pesos en el bolsillo.

Es un punto que generó polémica entre los economistas, dado que los de la línea más ortodoxa sostienen que, contrariamente a lo que afirma Caputo, si hubiese mayor demanda de pesos eso se reflejaría en una mayor tasa de interés.

Pero entre quienes adhieren al punto de vista del gobierno hacen otro análisis: afirman que cuando cae la demanda por activos en pesos, el Tesoro se ve obligado a convalidar una mayor tasa en las licitaciones de bonos, y eso se traslada al sistema bancario. Es, de hecho, lo que ocurrió el año pasado antes de la elección legislativa. Ahora, como los inversores compran bonos en pesos a menor tasa, Caputo tiene el argumento de una mayor demanda de pesos.

Sus críticos contestan que, si esa fuera la verdadera situación, entonces no se estaría viendo un crecimiento en la compra de dólares por parte de los ahorristas. Los últimos números marcaron que en abril se duplicó ese nivel de compras, y ya supera los u$s1.500 millones mensuales.

El tema, como queda en evidencia, da para un extenso debate. Pero lo cierto es que, de momento, el gobierno se está dando el gusto de comprar grandes cantidades de dólares sin subir la tasa de interés ni generando una contracción monetaria que enfríe más la economía. Como pedía Cavallo.