POLITICA
Pullaro reunió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Chubut: críticas a la situación económica y a la distribución de recursos
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en Rosario un encuentro con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Las cuatro provincias conformaron en 2023 el abanico de diez distritos que tenían el sello de Juntos por el Cambio. Pero luego la alianza implosionó. Y cada uno tomó su camino.
Dos años después, Pullaro; Gustavo Valdés (hermano y antecesor de Juan Pablo) y Torres compitieron en las legislativas con el sello Provincias Unidas. Cornejo prefirió aliarse a La Libertad Avanza.
Ahora que el 2027 está en el horizonte corre el tiempo para barajar y dar de nuevo.
En lo formal, el eje de las charlas de los gobernadores fue la importancia del diálogo entre provincias productivas, la defensa de una agenda federal vinculada a la producción, la infraestructura y el desarrollo económico.
Pero también hubo tiempo para la política. Antes de participar en el evento de intendentes, el mandatario santafesino se encontró a solas con sus pares en la sede Rosario del Gobierno de Santa Fe. A la mesa también se sentó el presidente de la UCR nacional Lionel Chiarella. El intendente de Venado Tuerto es hombre de Pullaro.
Junto a él estuvo el mandatario local, Pablo Javkin y la exvicegobernadora Gisela Scaglia. La dirigente pertenece al PRO. Incluso preside el partido en Santa Fe. Pero tras ser electa diputada nacional en 2025 no se sumó a la bancada que conduce Cristian Ritondo. Prefirió quedar al frente del bloque de Provincias Unidas.
A pesar del buen clima las conclusiones fueron acotadas. “La verdad: ninguna definición concreta de nada”, contó a Infobae uno de los participantes de la mesa.
“No se habló del 2027. Pero sí de la reforma política que propone el Gobierno nacional. Por ahora es un «Ni». Cada provincia mantuvo su postura. Un par de distritos están en la posición de que no haya PASO”, narró a este medio una fuente que presenció el cónclave.
La novedad de la charla es que tanto Mendoza como Corrientes reverían la posición conocida con respecto a las primarias y apoyarían el proyecto del presidente Javier Milei para derogarlas. Así lo dejaron trascender dos fuentes cercanas a los gobernadores de esos distritos.
Otro testigo del encuentro consignó que “el tiempo de rosca fue muy corto” y que no se avanzó demasiado en posturas comunes.
El marco del acercamiento entre los gobernadores fue una reunión de intendentes de todo el país en Rosario. La ciudad fue sede del encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local (RIL Argentina).
“La preocupación es la economía”
“Son tres gobernadores amigos”, definió Pullaro en rueda de prensa durante un alto de la convocatoria. “Nos une el trabajo colectivo por una Argentina grande que pueda crecer”, agregó.
Luego, definió: “¿Cómo estamos viendo la situación? La preocupación es la economía. La gente no llega a fin de mes”.
A renglón seguido, contrastó esto con que hay “mucha iniciativa” para llevar adelante en los distritos “políticas que nos permitan paliar esta crisis”. “Hemos dado respuestas: en ninguna de nuestras provincias a la gente le faltan alimentos o medicamentos más allá del retiro que ha hecho el Gobierno nacional.
“Es un momento difícil. Pero nos estamos complementando de forma permanente”, consignó. Y, además, criticó la distribución de fondos entre Nación y provincias. “Lo decimos siempre. Los recursos van (al Estado nacional) y no vuelven. El desafío que tenemos es seguir construyendo federalismo”, precisó.
Asimismo, remarcó que tanto él como el resto de los mandatarios presentes trabajaron “en la rebaja impositiva. Y hemos acompañado al sector privado”.
“Somos provincias que defendemos a los que todos los días se levantan para trabajar, y que creen en un proyecto productivo para sacar al país adelante”, aseveró.
Pullaro indicó que el encuentro en Rosario sirvió para “seguir profundizando en gestiones que defienden el desarrollo y la integración de nuestra región al mundo, con orden e infraestructura”.
El gobernador santafesino manifestó que cuando el interior “se une y trabaja de forma articulada, el país tiene un rumbo claro. Estamos convencidos de que el camino es la inversión estratégica, el respeto a los que producen y el trabajo”,
“Cruje la economía”
Por su parte, Cornejo reseñó: “Argentina atraviesa un cambio de paradigma económico. Está saliendo de uno y entrando a otro. Y en eso hay muchos cimbronazos. Cruje la economía y las pymes en particular. Hay sectores que han crecido, que son los menos, y otros que no, que son los más”.
Por último, expresó que en lo fiscal existe “caída o amesetamiento de la recaudación de los impuestos coparticipables”.
Valdés, por su parte, sostuvo: “Santa Fe, Chubut, Corrientes y Mendoza representamos el interior que empuja, que produce y que no para ni un segundo. Hoy nos encontramos en Rosario para seguir profundizando en nuestras gestiones que defienden el desarrollo y la integración de nuestra región al mundo, con orden e infraestructura”
“Gobernar es esto: diálogo, trabajo conjunto y la firmeza para defender lo que nos corresponde. Cuando el interior se une y trabaja de forma articulada, el país tiene un rumbo claro”, remató.
POLITICA
Ley de Financiamiento: las universidades celebraron el fallo de la Corte que obliga al Gobierno a actualizar becas y salarios
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de dos puntos clave de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder. Y pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios, para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina”, enfatizó Bartolacci a través de un video en sus redes sociales.
Y agregó: “Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sotuvo hasta acá, y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos”.
El fallo del máximo tribunal obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que giraban alrededor de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Según explicaron a TN autoridades universitarias, la norma establece un aumento salarial de entre un 25% y 30%.
El acuerdo previo al fallo y la disputa judicial que continúa
La cifra se suma al 24,3% que el Gobierno ya había acordado con las universidades a inicios de junio, lo cual elevaría la actualización total alrededor del 50%. A su vez, el Ejecutivo había dispuesto un incremento del 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Sin embargo, el fallo de la Corte no resolvió el reclamo de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento, sino que únicamente pidió aplicar la cautelar mientras avanza el proceso judicial. Allí, es la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal quien debe determinar si habilita el reclamo completo de las casas de estudio por la aplicación de la ley o no.
El Gobierno, por su parte, había congelado la ejecución de la norma con el argumento de que esta no disponía de dónde sacar los fondos para instrumentarla. Según la Casa Rosada, el proyecto implicaba un impacto fiscal estimado en unos $2,5 billones de pesos, una cifra que consideraban “impagable”.
Leé también: Sin quórum y con acusaciones cruzadas: cómo el Gobierno frenó la sesión en el Senado y evitó el pedido de interpelación a Adorni
En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, festejó la decisión del máximo tribunal y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley. “Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, subrayó.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad consideró que “el fallo es un paso importante” y le reclamó al Estado que “gire los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.
universidades, Corte Suprema, Gobierno
POLITICA
Fuerte emplazamiento de la Justicia: reclama al juez de Campana que envíe de manera “muy urgente” la causa de la mansión de la AFA
La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.
Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.
Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.
La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.
El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.
Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.
Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.
El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.
Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.
Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.
El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.
Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.
La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.
La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.
Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.
Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.
Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.
Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.
quinta de Pilar,,Hernán Cappiello,Conforme a
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Emiliano Yacobitti: “A partir de mañana el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar”
Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, analizó el escenario que se abre para las universidades públicas y advirtió que el principal desafío sigue siendo recuperar el poder adquisitivo de los docentes, uno de los sectores más golpeados por el ajuste presupuestario.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente universitario sostuvo que el conflicto excede la discusión judicial y recordó que la ley fue aprobada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, señaló, al cuestionar la estrategia del Gobierno de recurrir a distintas instancias judiciales para postergar su aplicación.
Según explicó, la decisión de la Corte deja firme la cautelar dictada en primera instancia y obliga al Ejecutivo a cumplirla mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En ese sentido, afirmó que la resolución tiene efectos concretos sobre el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en cuanto a becas y salarios universitarios”, indicó, y explicó que el impacto económico de esa decisión supera ampliamente los aumentos acordados en las últimas paritarias.
Para Yacobitti, sin embargo, la discusión de fondo pasa por la situación salarial de los docentes universitarios. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, aseguró, y advirtió que esa pérdida ya comenzó a reflejarse en una migración de profesores hacia el sector privado.
Como ejemplo, sostuvo que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibe hoy alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y contó que recientemente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, algunos docentes recibieron ofertas laborales con remuneraciones que cuadruplicaban ese ingreso.
El vicerrector consideró que el fallo judicial aporta previsibilidad para comenzar a revertir ese escenario, aunque insistió en que el objetivo debe ser terminar con un conflicto que, a su entender, consume energías que deberían destinarse a mejorar el sistema. “No podemos entrar a este período de cambios que está viviendo el mundo en una pelea todo el tiempo por el financiamiento”, afirmó.
También vinculó la resolución judicial con el respaldo social que recibieron las universidades públicas durante los últimos meses. A su juicio, la decisión de la Justicia no puede analizarse por separado de las multitudinarias movilizaciones que se realizaron en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, sostuvo, y agregó que la universidad pública sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social del país, aun cuando todavía tiene desafíos pendientes.
Entre esos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje que, según explicó, se encuentra en línea con el promedio de las universidades de la región. Además, defendió la capacidad de adaptación de la UBA y recordó que durante 2025 la institución creó nuevas carreras, como Biotecnología, y reformó más de treinta planes de estudio.
Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó plantear una lógica de confrontación permanente y sostuvo que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este gobierno, con el anterior y con el que venga”, afirmó. Sin embargo, cuestionó con dureza la estrategia oficial durante los últimos meses y sostuvo que existió “un doble ataque: uno en cuanto a la difamación y otro en cuanto al desfinanciamiento”.
En ese marco, rechazó las acusaciones que distintos funcionarios realizaron sobre los salarios de las autoridades universitarias. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, respondió, y agregó que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno recurrió a muchas cosas que no son ciertas”.
También desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que representan los estudiantes extranjeros. Explicó que quienes llegan a través de programas de intercambio abonan sus estudios y precisó que este año ingresaron a la UBA unos 70.000 estudiantes, de los cuales apenas el 4% no cuenta con residencia permanente. Además, recordó que los posgrados son arancelados y que los alumnos extranjeros pagan incluso más que los argentinos.
Hacia el final de la entrevista, Yacobitti insistió en que el debate sobre el financiamiento universitario debería dar paso a una discusión más amplia sobre el futuro de la educación superior. A su entender, el desafío no es únicamente garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas que atraviesa el mundo.
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