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El Gobierno mantiene el super-RIGI bajo revisión y planea enviarlo al Congreso la semana que viene

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El Gobierno mantiene bajo revisión el proyecto del super-RIGI y planea enviarlo al Congreso la semana que viene. En el Ejecutivo reconocen que la iniciativa se demoró por revisiones de los equipos técnicos, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el texto ingresaría esta semana. “Está muy avanzado. Estamos esperando devoluciones de algunas áreas aún. Seguramente se envíe la semana próxima”, expresan en Nación.

El proyecto es una de las apuestas económicas con las que la Casa Rosada busca retomar la agenda, en medio de las tensiones internas por el caso de Manuel Adorni y de la negociación con aliados por el paquete legislativo buscan acelerar antes del Mundial. En la mesa política del martes, el jefe de Gabinete expuso sobre el listado de leyes que el Gobierno prevé mandar al Congreso, con el super-RIGI entre las principales iniciativas.

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La idea fue impulsada por Luis Caputo y terminó de tomar forma en una conversación con Javier Milei durante el regreso del viaje a Estados Unidos. En el equipo económico sostienen que el objetivo es ampliar los beneficios del RIGI vigente para industrias que hoy no tienen desarrollo local a gran escala y que requieren márgenes fiscales más agresivos para competir por inversiones globales.

El régimen original fue creado por el Título VII de la Ley 27.742, que estableció incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios junto a un sistema de protección de derechos para vehículos titulares de grandes proyectos de inversión. En febrero, el oficialismo prorrogó por un año el plazo para adherir al RIGI, a partir del 8 de julio de 2026, mediante el Decreto 105/2026.

El ministro Luis Caputo brindó detalles del super-RIGI en una conferencia de presna junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni (Foto: Reuters).

El super-RIGI apunta a ampliar ese esquema con beneficios tributarios y aduaneros más profundos. Según anticipó Caputo en la conferencia oficial del 8 de mayo, incluirá una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 25% del RIGI actual; amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes; exención de aranceles de importación para bienes vinculados a la puesta en marcha del proyecto; y derechos de exportación en cero desde el inicio.

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El borrador también contempla condiciones para las provincias y municipios que adhieran. El Ejecutivo busca que las jurisdicciones acepten una alícuota de Ingresos Brutos inferior al 0,5% y que las tasas municipales no estén vinculadas a las ventas. Ese punto abre una negociación directa con gobernadores e intendentes, porque implica fijar límites sobre tributos locales para los proyectos alcanzados por el nuevo régimen.

Leé también: El Gobierno busca aprobar cuatro leyes antes del Mundial y prepara otros 10 proyectos que enviará al Congreso

En la Casa Rosada sostienen que buscan captar nuevos proyectos productivos de sectores como la cadena del litio y la fabricación de baterías, hidrógeno verde o de bajas emisiones, GNL onshore, reactores nucleares pequeños y medianos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, productos petroquímicos, industria aeroespacial, cadena del uranio, productos industriales derivados de la pesca y fertilizantes de potasio o fósforo.

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En Balcarce 50 buscan darle un cerrojo jurídico en la redacción para evitar futuras judicializaciones. Los equipos técnicos están ajustando detalles del texto final —como el monto mínimo de inversión— junto con la estrategia legislativa, que todavía no está definida. Uno de los puntos que debate la mesa política del oficialismo es a través de qué cámara buscarán ingresarlo, mientras negocian una reforma electoral con los mandatarios provinciales.

Gobierno, RIGI, Congreso

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Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

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El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.

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El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.

“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.

Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.

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El juez Marcelo Martínez de GiorgiEnrique Garcia Medina

En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.

Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.

La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.

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La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.

Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.

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Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM y candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.

En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.

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Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.

La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Abel Furlán y María Soledad Calle son investigados por la Justicia

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

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Contraofensiva de Furlán

La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.

Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.

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Los abogados de Cristina Kirchner anunciarán “información de relevancia” sobre la presentación ante la ONU por la causa Vialidad

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Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina KirchnerCarlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindarán esta tarde una conferencia de prensa en un hotel porteño para “anunciar una información de relevancia” respecto de la estrategia internacional.

Con la “comunicación individual” presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo. En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.

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Es que Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión –que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111– y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.

Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.

Los abogados de Cristina Kirchner durante la conferencia de prensa por la presentación ante la ONU por la causa VialidadPilar Camacho

La resolución final del Comité adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.

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El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.

Tal como lo hicieron tras el anuncio original de la estrategia, Beraldi, Valim y Borrego, los tres abogados al frente de esta presentación, encabezarán hoy la rueda de prensa. Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la conferencia de prensa pasada, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”.

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El brasileño Valim, profesor universitario especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, la decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.

Por su parte, el español Borrego es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Participó de un congreso organizado por Vox –en el que protagonizó una polémica al simular ser una mujer llamada “Francisca Javiera”– y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias de la ultraderecha europea.

El brasileño Rafael Valim y el español Javier BorregoPilar Camacho

Candidatura

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La estrategia internacional de Cristina Kirchner reactivó la esperanza de La Cámpora respecto de una candidatura presidencial de su jefa política en 2027. La organización que comanda Máximo Kirchner agita un operativo clamor por su postulación. El diputado nacional advirtió que su madre “se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”.

La propia Cristina Kirchner publicó aquel 29 de julio una carta que cerró con una frase que entusiasmó a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”.

Tal como reconstruyó tras la presentación ante la ONU, todos los sectores del peronismo asumen que la jugada internacional –si no prosperara a nivel judicial– podría volver a ubicar a la expresidenta, al menos, en la mesa de negociaciones.

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Máximo Kirchner en el cuarto aniversario del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, en San José 1111Hernan Zenteno

Respecto de una eventual voluntad de participación de la expresidenta en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la defensa planteó una interpretación técnica sobre el alcance de la inhabilitación.

“¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, sostuvo Borrego. Sin embargo, ante la repregunta puntual sobre esa postulación, Beraldi matizó la postura y dijo que está sujeta a cómo avance el proceso “en el plano internacional”.




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