Un informe sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil sostiene que su poder adquisitivo se ubica por debajo del registrado durante la crisis de 2001 y que necesitaría triplicarse para recuperar su capacidad de compra original. El valor actual también impacta sobre jubilaciones, becas y otros ingresos vinculados por ley a ese indicador.

El salario mínimo, vital y móvil perdió poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo del nivel registrado durante la crisis de 2001, según un análisis sobre su evolución histórica realizado por la UBA.

El indicador, creado el 7 de junio de 1964, acumula una caída del 39,3% entre 2023 y 2026 y registra un valor de $367.800. El estudio sostiene que debería triplicarse para recuperar su capacidad de compra original y advierte sobre sus efectos en otras prestaciones vinculadas por ley.

El trabajo, elaborado por Ángel Cerra, investigador y profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, concluye que el salario mínimo actual incluso se encuentra por debajo del poder adquisitivo que tenía durante la crisis económica y política de 2001.

Durante una entrevista con Infobae Al Mediodía, Cerra explicó que el salario mínimo alcanzó su pico histórico en 2011, con un poder de compra equivalente a $1.059.903 a valores actuales. Esa comparación representa una caída del 66,2% respecto del máximo registrado. El investigador sostuvo que el deterioro acumulado modificó el alcance de una herramienta creada para garantizar un piso salarial.

Cerra explicó que el salario mínimo nació en 1964 para establecer la remuneración básica de quienes ingresaban al mercado laboral formal. Según señaló, ese esquema respondía a una estructura en la que los trabajadores desarrollaban gran parte de su carrera dentro de una misma empresa y progresaban mediante escalas salariales.

“Era el piso de entrada que cobraba un trabajador y después las categorías superiores recibían remuneraciones más altas”, afirmó el investigador.

El especialista indicó que esa función perdió relevancia con los cambios del mercado laboral y que el salario mínimo adquirió nuevos usos legales. Entre ellos, mencionó que las jubilaciones mínimas con 30 años de aportes mantienen una vinculación directa con ese indicador. “Si se aumentara el salario mínimo, esas jubilaciones tendrían que subir inmediatamente por ley”, sostuvo Cerra.

El investigador agregó que distintos programas sociales, becas y beneficios también utilizan el salario mínimo como referencia para definir requisitos de acceso. En ese contexto, una actualización insuficiente modifica el alcance de esas políticas.

Durante la entrevista, Cerra aseguró que el salario mínimo dejó de representar una referencia efectiva para las remuneraciones del mercado laboral. “Nadie cobra ese salario y quedó en un dibujo”, afirmó.

Al mismo tiempo, el investigador señaló que incluso actividades reguladas, como el trabajo en casas particulares, presentan escalas salariales superiores al salario mínimo vigente. También sostuvo que los valores efectivamente abonados suelen ubicarse por encima de las remuneraciones oficiales.

En ese sentido, explicó que la intención de reducir la incidencia del salario mínimo no corresponde exclusivamente a la gestión actual. Según indicó, distintos gobiernos aplicaron políticas que provocaron una pérdida de poder adquisitivo del indicador. “Este gobierno fue el más decidido en ese accionar, pero otros gobiernos también hicieron cosas parecidas porque el problema existe”, expresó.

Cerra sostuvo que cualquier programa económico enfrenta restricciones cuando debe actualizar automáticamente salarios e ingresos vinculados a la inflación. A su entender, esa situación llevó a distintos gobiernos a limitar la evolución del salario mínimo en términos reales.

La entrevista también abordó la relación entre empleo, inversiones y desarrollo económico. Cerra cuestionó las proyecciones que anticipan grandes desplazamientos poblacionales hacia provincias vinculadas a proyectos mineros y energéticos. “Los especialistas coinciden en que son actividades que pueden generar riqueza, pero no demandan mucha mano de obra”, afirmó.

El investigador consideró improbable que esos sectores produzcan movimientos migratorios de la magnitud planteada en algunas proyecciones oficiales y señaló que la experiencia internacional muestra otros modelos de aprovechamiento de los recursos naturales.

Como ejemplo, mencionó el caso de Noruega, donde el Estado destina parte de la renta petrolera a un fondo anticíclico e invierte esos recursos para sostener beneficios sociales y estabilidad económica.

Cerra también sostuvo que el desarrollo requiere políticas sostenidas en el tiempo. En ese marco, destacó el caso de Vaca Muerta como un proyecto que atravesó gobiernos de diferentes orientaciones políticas y mantuvo continuidad.

Para cerrar, el investigador defendió el papel de la Universidad de Buenos Aires en la formación de profesionales y en la producción científica. Afirmó que la institución funciona con recursos limitados y consideró necesario abrir un debate público sobre su financiamiento, aunque destacó el respaldo que mantiene dentro de la sociedad argentina.

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La pesca intensiva que viene llevando a cabo la flota extranjera anclada junto a la milla marina 201, y que de forma recurrente atraviesa ese límite para depredar el Mar Argentino, está a punto de generar un colapso irreversible en ese ecosistema. Así lo advierte otro tramo de un informe que, divulgado recientemente por iProfesional, señala que la «armada» foránea extrae de las aguas nacionales hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera argentina. La flota en cuestión, integrada en un 90% por embarcaciones chinas, pero también con una presencia creciente de navíos españoles y portugueses, ha hecho del calamar su principal objetivo de captura y eso mantiene a la especie al borde de la desaparición. Así, se señala que a partir de esta sobrepesca, en combinación con la afectación que sufre su área de distribución por la actividad de los buques, dicha especie podría quedar al borde de la desaparición en el lapso de un año.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), la grave afectación que atraviesa el calamar también ha sido advertida por Environmental Justice Foundation (EJF), una organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca ilegal, trabajo forzoso y explotación de recursos naturales.

La pesca ilegal y un saqueo que amenaza colapsar el Mar Argentino

En línea con eso, Raúl Cereseto, presidente de FULASP, declaró hace escasos días que el modelo de pesca que aplican los buques extranjeros es meramente extractivo: «el 70% de lo capturado se transfiere directamente en alta mar hacia los países de las flotas operadoras, el 10% pasa por Montevideo y apenas el 20% toca tierra en las islas».

«Se vende la cuota, los barcos vienen, pescan y se llevan el recurso. No hay industria, no hay agregado de valor, no hay generación de empleo local significativo», agregó.

Al mismo tiempo, FULASP menciona a la merluza común, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, como otras variedades también en riesgo de colapso.

«En 2024, las autoridades pesqueras de Malvinas suspendieron la segunda temporada de captura del calamar Loligo luego de que la biomasa estimada descendiera por debajo del umbral de conservación fijado en 10.000 toneladas«, ejemplificó la organización en su informe.

En paralelo, se señala que los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo» de extracción en ese mismo lapso.

Flotas extranjeras depredan Mar Argentino

Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año. Los navíos en cuestión no dudan en atravesar el límite de la milla 200 para ya efectuar extracciones intensivas en el Mar Argentino.

En línea con lo anterior, Cereseto afirmó que «el verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural«.

Asimismo, el especialista explicó que en el corto plazo la discusión podría pasar de la pérdida económica al «agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur».

La mayoría de las capturas que llevan adelante los buques extranjeros corresponden «a calamar, merluzas y otras especies transzonales que migran permanentemente entre la plataforma continental argentina, el alta mar y las áreas actualmente explotadas por flotas internacionales».

Españoles y portugueses se suman a la flota china en el Sur

El predominio chino en la flota que, integrada por al menos 600 embarcaciones, saquea el Atlántico Sur al borde de la milla 201 sigue siendo contundente pero, a la par de esa masividad, también viene incrementándose la presencia de buques de otros países con la misma naturaleza depredadora.

En ese sentido, en lo que va del año Prefectura Naval Argentina también detectó y penalizó el ingreso ilegal a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de unidades de bandera española y portuguesa, en todos los casos efectuando maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza cuanto menos los 1.000 millones de dólares.

La merma que sigue mostrando la comercialización de electrodomésticos en la Argentina complica la actividad de las compañías del rubro, que atraviesan una instancia de «sobrestockeo» y serias dificultades para mantener en funcionamiento sus respectivas estructuras productivas. En ese contexto, Tierra del Fuego aparece como uno de los distritos más afectados por este complejo presente comercial y una muestra del impacto negativo que acumulan las electrónicas puede observarse, por ejemplo, en la quiebra informada por Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedder, y los cambios en el empleo aplicados por Solnik, la firma que fabrica celulares y tecnología del hogar para Xiaomi y LG, entre otras marcas. A esos nombres recientemente se les añadió BGH, que negocia frenar su actividad por un lapso en el próximo mes de julio y eso se hará sentir en la labor de al menos 1.000 trabajadores.

La medida en cuestión se negocia por estos días en Río Grande, a través de reuniones que representantes de la compañía vienen llevando a cabo con la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La intención del gremio es que el parate sea acotado y, en paralelo, BGH siga cubriendo la totalidad de los salarios de sus empleados.

BGH detendrá producción en julio

Fuentes ligadas a esas negociaciones afirman que el freno que discuten la empresa y la UOM local inicialmente totalizaría unos 10 días. Y que la medida en cuestión comenzaría a aplicarse a partir de la tercera semana de julio. Al mismo tiempo, el acuerdo que busca alcanzar el gremio apunta a garantizar la continuidad de todos los empleos que genera BGH al menos hasta diciembre de este año.

Los alcances de la medida que tendría vigencia en julio fueron anticipados por Oscar Martínez, secretario general de la UOM en Río Grande, quien señaló que «no habrá pérdida de salario y se está trabajando para asegurar también la estabilidad laboral en los próximos meses».

El dirigente declaró que el sindicato «rechazó alternativas como el banco de horas y las vacaciones anticipadas dentro de esas negociaciones, remarcando que cualquier acuerdo debe garantizar derechos y condiciones laborales vigentes».

Con relación al freno que impondrá BGH durante la segunda parte del mes próximo, Martínez declaró a medios fueguinos que «tiene que ver con una combinación de situaciones. En este caso particular, tienen un bache por ausencia de insumos o de producción. Atento a que hay una caída más que considerable del consumo y esto está atravesando a toda la industria nacional y en particular a la Tierra de Fuego».

Desde la UOM local advierten que el segundo semestre podría presentar un escenario más complejo para la electrónica en Tierra del Fuego, con caída de la producción, una menor demanda y probables afectaciones en el empleo.

«La apertura de importaciones, la caída del consumo y el bajo poder adquisitivo generan un contexto difícil. En Tierra del Fuego esto se siente con mayor intensidad», concluyó el dirigente.

Tierra del Fuego, golpeada por el menor consumo y las importaciones

La difícil situación que atraviesa la producción de electrónica en Tierra del Fuego viene acercando números por demás preocupantes en términos de actividad industrial y empleo.

La provincia más austral de la Argentina registra una pérdida del 20% de los puestos de trabajo sólo en lo que va del año y la producción de electrónica se redujo casi 55% interanual respecto del primer tramo de 2025.

Según datos de la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA), la ocupación en el ámbito fabril de ese distrito cayó 20,7% en la parte inicial de 2026 respecto de igual lapso pero del año pasado.

«Si se compara con diciembre pasado, cuando había 8.861 operarios, la pérdida supera el 21%. La industria electrónica, que concentra la mayor parte del empleo, es la más afectada: pasó de 7.317 puestos a 5.473 en apenas dos meses«, indicó la organización.

«Entre enero y febrero, la fabricación electrónica se contrajo un 54,8% interanual. La tendencia también se replica en otros rubros, como el textil, que retrocedió un 56,1%, y la confección, con una caída del 74,7% en unidades producidas», añadió.

Otra muestra de la merma que evidencia la producción de electrónica en ese territorio está en el consumo energético, que registra una baja interanual cercana al 27% y una demanda por parte de la industria que se ubica entre las más bajas desde 2015 a la fecha.