POLITICA
Quiénes son los ganadores y perdedores en el reparto de la Coparticipación bonaerense en 2026
En el primer cuatrimestre del año, el gobernador Axel Kicillof giró a los 135 municipios bonaerenses casi $1,8 billones por coparticipación provincial y distintos fondos para educación, el fortalecimiento de los recursos municipales, inversión local, políticas sociales y ambientales.
La masa total de transferencias que envió el Ejecutivo bonaerense a los intendentes, de enero a abril de este año, no varió sustancialmente de la que giró el año pasado, considerando el ajuste por inflación. En el mismo período en 2025, los giros habían sumado $1,34 billones que, ajustados por inflación, equivalen a $1,78 billones de abril último contra 1,77 billones de este año.
Sin bien la cifra total fue similar, para compensar la caída en los fondos que la Provincia venía recibiendo de Nación y que se cortaron bajo la gestión de Javier Milei, cambiaron los montos de los distintos conceptos transferidos.
Así, los envíos por la Coparticipación a los municipios – que representaron el 75% de las transferencias totales – cayeron un 9,5% en el primer cuatrimestre de este año respecto del 2025, en términos reales. Sumaron $1,32 billones en 2026 vs $1,46 billones en 2025, a valores actualizados por la inflación a abril último, según el análisis realizado por Infobae de los datos publicados en la web por la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía bonaerense.
El gobierno bonaerense envía en forma automática a los municipios solo el 16,14% de sus ingresos tributarios coparticipables. Se trata de una partida anual estimada inicialmente para 2026 en $5,25 billones.
Los giros por coparticipación se realizan según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador que se actualiza todos los años según distintos parámetros y que se publica a principios de cada período, y es el principal determinante de la distribución de transferencias a municipios.
El CUD está conformado en función de tres grandes componentes: el 58% entre todos los municipios, según un régimen general que contempla la población (62%), la superficie del distrito (15%), y su capacidad de recaudación tributaria per cápita (15%) para compensar a los distritos con menos ingresos. Otro 37% del CUD se asigna según la cantidad de establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación. Y el restante 5% del coeficiente, se reparte entre los distritos brindan servicios sociales transferidos (excepto salud).
La discusión sobre el la conformación del CUD viene siendo reclamada por varios intendentes, aunque como el 100% de la “torta” a repartir es la misma, lo que ganan algunos distritos por la coparticipación según el CUD fijado para este año siempre es en detrimento de otros.
Intendentes de la oposición – pero también del oficialismo – advierten que si bien algunos de estos indicadores son objetivos – como la superficie o la población-, hay otros que pueden ser “dibujados”.
“Históricamente, el CUD baja o sube muy poco. Pero como es un coeficiente polinómico, tienen muchas variables, algunas de las cuales se pueden tocar. Los municipios pueden inflar las camas ocupadas o las prestaciones brindadas, por ejemplo. Debería darse una discusión seria y transparente. Diez camas más o menos son millones de pesos, que si van a un municipio, no van a otro”, le dijo a Infobae un jefe comunal del Conurbano bonaerense.
Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y actual senador provincial de La Libertad Avanza (LLA), advierte a su vez que “el porcentaje del CUD que recibe cada municipio no tiene vinculación con lo que aporta o recauda
Pero la Coparticipación no fue el único concepto que cayó en los primeros cuatro meses del año. Según el análisis de los datos oficiales, los otros giros que registraron una merma en 2026 respecto del mismo período de 2025, fueron los del Fondo de Saneamiento Ambiental (tratamiento de residuos), que tuvieron una reducción de 21,4%, y los correspondientes a Juegos de Azar (-3,7%).
Esa baja fue compensada con un aumento del 112% de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo, que representaron un 11% del total de las transferencias en el primer cuatrimestre de 2026. Pasaron de $96,606 millones, siempre a valores actualizados a abril pasado, a $195.566 millones en ese mismo período.
Estos fondos también se giran en forma automática según el CUD y, según el Presupuesto bonaerense 2026, tenían una partida prevista para todo el año de $276.425 millones, una cifra que – por lo girado hasta ahora a los municipios- deberá ser aumentada por Kicillof.
A su vez, aumentaron un 53,7% los giros por la Descentralización Tributaria, una compensación económica que reciben los municipios a cambio de gestionar, fiscalizar y recaudar ciertos impuestos provinciales. Abarca parte del Impuesto Inmobiliario Rural y los Ingresos Brutos de pequeños contribuyentes. En el primer cuatrimestre fueron $45.947 millones, contra $29.895 millones en 2025, ajustados por la inflación anual a abril, según el cálculo realizado por Infobae.
También subieron, aunque levemente, las transferencias para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales, que representan el 4% del total: los municipios recibieron en el primer cuatrimestre $80.211 millones, un 3,3% más en términos reales que en el mismo período de 2025.
También tuvieron una ligera suba el Fondo de Inclusión Social que implicó transferencias por $60.452 millones, un 3,5% más que en el primer cuatrimestres de 2025; y el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, por el que los intendentes bonaerenses recibieron, en total, $24.256 millones, un 6,8% más que en el mismo período hace un año.
Nuevos fondos “liberados”
Kicillof giró, además, a los 135 municipios otros $20.000 millones, al cierre del primer cuatrimestre de este año, del nuevo Fondo Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) que se implementó a partir de este año por reclamo de los intendentes. Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad previstos en la Ley de Financiamiento aprobada por la Legislatura en diciembre último, y que autorizó a Kicillof a endeudarse por USD 3.000 millones.
La norma contempla un fondo para municipios por el equivalente a $350.000 millones, a ser distribuidos en un 70% a través del CUD y el otro 30% por programas provinciales para proyectos de infraestructura. Fue parte de la negociación con los intendentes para conseguir los votos en la Legislatura.
“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, sostuvo la gestión de Kicillof en un comunicado al informar el primer desembolso de esa suma ($13.000 millones), que se concretó a principios de abril pasado. ”
Los municipios que más perdieron
De los 135 municipios, 52 de ellos perdieron recursos en las transferencias totales de la Provincia, en términos reales, en el primer cuatrimestre 2026 con relación al mismo período en 2025.
Si se analiza el color político de esos 52 distritos, 35 (el 67%) son de Unión por la Patria (UP); 9 están gobernados por la UCR (el 17%); 5 por el PRO; 2 por intendentes vecinales; y uno por un jefe comunal de La Libertad Avanza (Tres de Febrero).
San Isidro (9,7%), Pinamar (9%) y Vicente López (8%), todos en manos del PRO, son los tres que más perdieron en términos porcentuales en la variación interanual, siempre a valores reales.
En el ranking siguen distritos en manos de intendentes del peronismo: Villa Gesell (7%), Monte Hermoso (6,5%), Malvinas Argentinas (6,5%), San Martín (6,2%) y La Costa (5,4%).
Con la flecha, avanzar para ver el listado completo de municipios
De los restantes 83 que tuvieron un incremento, siempre considerando la inflación interanual, 50 son de UP (el 60%); 17 de la UCR (el 20%); 9 del PRO (el 11%); 5 vecinales; uno de Hechos; y uno de LLA.
Los mayores aumentos porcentuales los tuvieron Carmen de Areco con un 16,2%, y Chacabuco con 13,12%, ambos de UP; Lobería, de la UCR, con 12,1%; Capitán Sarmiento, de LLA, con el 11,9%; Monte, de la UCR, con 11,5%; y Pergamino, en manos del PRO, con el 11%.
Qué pasó respecto de 2023
Si se analiza el primer cuatrimestre de 2026, con relación al mismo período de 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández en el que los fondos desde la Nación a la Provincia fluyeron generosos, la caída en estos tres años fue de 0,98%.
Ese primer cuatrimestre de 2023, el mandatario provincial había transferido a los municipios $1,79 billones, a valores actualizados a abril pasado, contra $1,77 en el primer cuatrimestre de este año
Al comparar el primer cuatrimestre de 2026 vs 2023, 72 municipios perdieron recursos en términos porcentuales en los primeros cuatro meses del año. De este número, 44 (el 61%) son de UxP; 13 de la UCR (el 18%); 9 del PRO (11%), 4 vecinales; y 2 de LLA.
Al tope de los que tuvieron mayores recortes figura, nuevamente, San Isidro (-12%) cuyo intendente, Ramón Lanús, fue electo por el PRO pero se acercó a las filas libertarias en la gestión de Milei.
Le siguen Luján, de UP, con una reducción del 11,4% respecto de 2023; Saavedra, en manos de un partido vecinal, con una baja de 11,3%; Leandro Alem, de UP, con una caída de 11%; Lezama, de la UCR, con 10,8% menos; Morón con -10,7% y La Matanza con -10,1%, ambos conducidos por jefes comunales de UP; Vicente Lopez, gobernado por el PRO, con -9,6%; y Carlos Tejedor, de UP, con 9,3% menos respecto del primer cuatrimestre de 2023.
Los restantes 63 aumentaron en los primeros cuatro meses del 2026 las transferencias recibidas desde el Ejecutivo bonaerense respecto del mismo período de 2023. De esos, 41 son de UxP (65%); 13 de la UCR (21%); 5 del PRO (8%); 3 vecinales (5%); y 1 de Hechos (2%), San Nicolás.
Fondos discrecionales
Más allá de estas transferencias, el Ejecutivo bonaerense dispone de otros recursos para los distritos, que no se reparten según el CUD sino en forma discrecional.
Entre ellos figura el fondo para obras financiadas por la Provincia, en función de las prioridades y negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas provincial a cargo de Gabriel Katopodis, y la Asistencia del Tesoro Provincial (ATP) para reforzar las arcas de los municipios.
Autonomía municipal
Esta semana que pasó Valenzuela encabezó una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales en el Senado provincial para empezar a debatir una posible reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades.
El objetivo es reducir la tutela provincial sobre los distritos y darles más autonomía administrativa, facultades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según el ex intendente de Tres de Febrero, los municipios ya asumieron sin recursos suficientes.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.
La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.
Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.
El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.
Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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POLITICA
Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.
“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.
Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a
POLITICA
Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo
El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.
Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.
El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).
“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.
Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud
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