Javier Milei enfrenta su peor nivel de aprobación desde el inicio de su mandato, de acuerdo con los datos más recientes de encuestas nacionales. El 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, frente al 35,5% que la aprueba. Esta tendencia negativa se profundizó tras el denominado “escándalo Adorni” y la persistente preocupación por la economía nacional y familiar. Mientras tanto, nuevas cifras indican una creciente responsabilización hacia el presidente por los problemas económicos actuales y un desencanto entre parte de su electorado.

La encuesta, proveniente de Data Intel, expone cómo las líneas de aprobación y desaprobación de la gestión Milei se distanciaron en los últimos meses. Según precisó en Infobae en Vivo Al Amanecer Nacho Girón, “el 63 % de la gente desaprueba la gestión de Javier Milei versus el 35,5 % que la aprueba”.

Porcentaje de desaprobación y expectativas económicas

En el mismo informe, se evalúa el componente económico del malestar social. Según detalló el periodista, el 56% de la gente evalúa negativamente las expectativas económicas. “Es una baja de 22 puntos porcentuales de mes a mes”, indicó. En tanto, el 58% de la gente tiene expectativas negativas sobre el mundo del trabajo, una baja de 25 puntos de mes a mes.

Asimimsmo, el 49% de la gente, “prácticamente la mitad de la República Argentina, tiene expectativas bajas con respecto a la situación de su familia, casi 20 puntos de diferencia de mes a mes”, precisó Girón.

Los resultados muestran que la economía sigue siendo el principal factor de desgaste para el gobierno, con un marcado descenso en la confianza sobre el futuro cercano y el bienestar del hogar promedio.

Responsabilidad política y escándalo Adorni

Un estudio nacional dirigido por Hugo Haime y Asociados indagó sobre la percepción ciudadana acerca de los responsables del presente escenario económico. Girón explicó: “El 39% de la gente, es decir, la respuesta más mencionada, dice: ‘El responsable es la política económica de Milei’». En tanto, “el 33% de la gente sigue diciendo que la política económica del kirchnerismo fue la responsable de los padecimientos actuales, con 26 % que dice los dos”, agregó.

El aumento de ciudadanos que adjudican la responsabilidad al actual presidente pone de manifiesto una migración del voto de confianza inicial hacia una postura más crítica, incluso dentro del mismo electorado de Milei. El impacto fue mayor tras el escándalo protagonizado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, cuya imagen pública también fue evaluada negativamente.

Imagen de Manuel Adorni y rechazo dentro del propio electorado

Al mismo tiempo, los datos recientes de la consultora Zubán Córdoba reflejan que el 72,1% de la gente tiene imagen negativa del jefe de gabinete, contra 16.5 de imagen positiva. La exposición pública de Adorni en conferencias de prensa busca revertir este saldo desfavorable, aunque los números sugieren una tarea complicada.

Sumando al panorama, la misma encuesta revela cómo parte de los votantes de La Libertad Avanza manifiestan desilusión. Girón informó: “¿Qué tan de acuerdo está con esta frase? ‘Voté a Milei y me defraudó’. Y es verdad, hay casi un 50%, 49,7, que dice: ‘No estoy en desacuerdo con esa frase’, es decir, voté a Milei y no me defraudó 50% del votante de Milei. Esto también está creciendo, hay un 40,1% que evidentemente empieza a mostrar un fastidio con la situación actual”.

Tensiones internas y reacciones en la Quinta de Olivos

El reporte indica que el desencanto no solo se percibe en la opinión pública, sino incluso en los informes que llegan al círculo íntimo presidencial. “Se lo dicen en privado los poquitos encuestadores, tres o cuatro, que entran a la Quinta de Olivos, a veces en los fines de semana, a darle estos datos a Milei”, expresó Girón.

Ante este escenario, la administración de Javier Milei enfrenta múltiples desafíos para modificar la percepción negativa y mejorar indicadores que, según las encuestas, se acercan a niveles históricos para un presidente en ejercicio en Argentina.

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El Gobierno oficializó un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas mediante un decreto publicado este lunes que establece la utilización de fondos provenientes de privatizaciones, concesiones y ventas de bienes estatales.

La medida busca fortalecer el área de Defensa a través de la puesta en marcha del “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, una iniciativa orientada a mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Según se desprende del decreto, el esquema contempla la asignación del 10% de los ingresos generados por la venta de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado en el Boletín Oficial que cuenta con las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete.

Según se detalla en el decreto, la decisión responde, entre otros factores, a las limitaciones del actual esquema presupuestario. En ese sentido, el texto advierte que “la estructura presupuestaria vigente ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión, lo que deja un escaso margen para sostener la operación y al mismo tiempo reforzar y mejorar capacidades militares concretas de la Defensa Nacional”.

A partir de ese diagnóstico, la norma introduce cambios en el financiamiento. Por un lado, reemplaza el artículo 15 del Decreto 1382/2012 y fija que “el 10 % de los ingresos obtenidos por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado Nacional será destinado al Ministerio de Defensa”.

Además, establece un tratamiento diferencial cuando se trate de bienes ya asignados a esa cartera: en esos casos, “el 70 % de los ingresos obtenidos por la disposición de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa será asignado a dicha jurisdicción”, con el mismo destino.

A esto se suma una segunda fuente de recursos. El artículo 3° dispone que “el 10 % de los fondos provenientes de los procesos de privatización de empresas o participaciones estatales” también será dirigido al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar.

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El decreto aclara que estas partidas “no sustituyen ni afectan los fondos previstos en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)”, creado por la Ley 27.565, sino que constituyen “una fuente complementaria de financiamiento”.

En paralelo, la norma fundamenta la necesidad de avanzar en este plan en función del contexto internacional y los cambios tecnológicos. En ese marco, sostiene que “los cambios en materia de tecnología militar, en particular la irrupción de la inteligencia artificial y el uso de armas robotizadas, demandan de nuevas capacidades y medios para las Fuerzas Armadas”.

También remarca que, para el país, “en atención a su extensión territorial, la magnitud de sus espacios marítimos y aéreos, y la existencia de recursos naturales estratégicos, es esencial contar con un sistema de defensa con capacidad real de disuasión y respuesta”.

El documento sitúa estas definiciones en un escenario global complejo, al señalar que se trata de un “escenario internacional contemporáneo en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes” y que “presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo”.

A su vez, subraya el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en el ámbito interno al indicar que “son empleadas de manera recurrente en apoyo a la comunidad ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales (…), poniendo a disposición capacidades logísticas de transporte, sanidad, comunicaciones e ingeniería, lo cual demanda que cuenten con medios adecuados, modernos, operativos y en condiciones óptimas”.

En este contexto, el plan tiene como finalidad —según los considerandos— “el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”.

Por último, la norma establece un plazo concreto para avanzar en la implementación: instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar ante el Ministerio de Defensa, dentro de los próximos 90 días, un relevamiento de “los requerimientos prioritarios en materia de equipamiento”, que servirá para orientar la asignación de los recursos.

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