POLITICA
Reelecciones indefinidas: los 80 intendentes de PBA que no podrán competir por un nuevo mandato si no cambia la ley
Para ver la información completa, pararse sobre cada municipio
De cara a los comicios del 2027, el debate para habilitar una re-reelección de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires sigue sobrevolando la política bonaerense. La prohibición de un tercer mandato consecutivo es resistida por jefes comunales de distintos sectores, pero impulsada más abiertamente por los que están alineados con el gobernador Axel Kicillof.
Hoy, con la norma vigente, 80 intendentes de la Provincia de Buenos Aires – el 59% del total- no pueden postularse para un nuevo período. El número surge del análisis realizado por Infobae de la fecha en que fueron electos y sin contabilizar los años en que cumplieron funciones como interinos.
De esa cifra, 51 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR; 7 del PRO; y 5 de fuerzas vecinales. El último es un ex PRO – Diego Valenzuela – que, a principios de 2025, se pasó a la LLA.
Hoy, del total de 135 intendentes, hay 44 jefes comunales con más de 10 años de mandato consecutivos. Cuatro de ellos llevan 24 años al frente de sus municipios. Son los peronistas Mario Secco (Ensenada); Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Héctor Olivera (Tordillo). A este grupo se suma el radical Miguel Angel Lunghi, de Tandil. Todos fueron electos por primera vez en 2003 y reelectos hasta el presente.
Qué dice la ley
Actualmente, por una ley impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal (Nro 14.836), los jefes comunales sólo pueden aspirar a dos mandatos consecutivos. Sancionada en 2016, contó con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.
Pero ante el reclamo de los intendentes de que no podía ser retroactiva, fue modificada en diciembre de 2021 para que entrara en vigencia post sanción. La reforma (ley Nro 15.315) estableció que serían considerados como “primer período” a los efectos de la reelección, los mandatos iniciados en 2017 para los diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, y 2019 para los intendentes y legisladores electos ese año.
La norma modificada estableció, además, que en el caso de los mandatos iniciados en 2021, se computaría como primer período sólo en el caso que el legislador, concejal o consejero escolar no hubiera ejercido un mandato inmediato anterior.
La disputa política
Pero intendentes de distintos espacios políticos argumentan que la ley restringe el derecho de los ciudadanos a elegirlos. Aunque son los jefe comunales alineados con el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Kicillof los que viene haciendo público este reclamo, es compartido por lo bajo por otros sectores, como por ejemplo, el radicalismo.
El propio gobernador bonaerense y su ministro de Gobierno y mano derecha, Carlos Bianco, apoyaron explícitamente este reclamo bajo el argumento de que la limitación es “proscriptiva”. “Creemos que la reelección de los intendentes por parte de su pueblo es lo mas democrático posible. Es el pueblo el que debe poder definir quien lo gobierna e impedir la reelección de una persona tiene caracter proscriptivo”, sostuvo Bianco hace unos meses.
El tema debería tratarse en la Legislatura bonaerense este año, ya que el próximo es electoral. Pero la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas o un tercer mandato consecutivo en 2027 no tiene demasiadas chances, por ahora, de avanzar por la disputa interna dentro del peronismo.
Hoy, los legisladores que responden al gobernador no sumarían los votos necesarios para avanzar con una modificación de la ley. Pese a que el bloque de Unión por la Patria (UP) tiene mayoría en el Senado (24 de 46 bancas), y es la primera minoría en Diputados (39 de 92 bancas), la ruptura entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora está cada vez más expuesta.
La agrupación conducida por Máximo Kirchner no le habilitará a Kicillof una reforma con la que busca atender el pedido de los intendentes que forman parte de su espacio, y que son los que traccionan votos en el territorio. “La Cámpora no le va a hacer ese favor a Axel sin nada a cambio. Va a poner la posibilidad de la re-reelección de los intendentes en la mesa de negociación junto con los pliegos de jueces, el calendario electoral en la Provincia (comicios concurrentes), y la candidatura a gobernador”, le dijo a Infobae un intendentes del espacio del kicillofismo.
Por otro lado, el Frente Renovador – que también impulsó la norma en 2016 – mantiene su oposición a la reelecciones indefinidas. Desde mayo pasado, la estratégica Comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense – por donde debería empezar a discutirse una modificación a la ley – está presidida por la massista Malena Galmarini.
El año pasado, la senadora bahiense Ayelén Durán, alineada con Kicillof, presentó un proyecto de reelecciones indefinidas de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, que nunca llegó a ser tratado. Ese cuerpo sí aprobó, en junio de 2025, otra iniciativa que habilitaba la re-re de diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares.
A su vez, La Libertad Avanza, aspira a una renovación de jefes comunales, por lo que tampoco está de acuerdo con permitirle a los intendentes peronistas buscar mantener anclaje político y competir por un nuevo mandato. Actualmente, solo el Municipio de Tres de Febrero está enrolado en LLA, si bien Valenzuela fue electo senador provincial en 2025 y pidió licencia en el cargo que coupa al frente del Municipio desde 2015. Lo reemplaza el primer concejal de la lista que ganó a nivel local en 2023, Rodrigo Aybar, hasta diciembre de 2027.
La UCR, que hoy tiene 26 intendentes en la Provincia, no ve con malos ojos la posibilidad de ser reelectos más de una vez, pero no quiere dar públicamente esa batalla. Por su parte el PRO – con 13 jefes comunales bonaerenses -, tampoco quiere aparecer defendiendo las reelecciones indefinidas.
Por estos motivos, hay un grupo de intendentes peronistas que buscan que la Corte Suprema provincial derribe la restricción antes de las próximas elecciones del 2027, y así evitarían, además, dar este debate de cara a la sociedad.
En el Gran Buenos Aires
Del Gran Buenos Aires, hay 28 jefes comunales inhabilitados para un nuevo período a partir de 2027 sobre un total de 40, entre ellos varios caudillos peronistas.
De estos 28 intendentes, 25 son de UxP (90%), uno es del PRO (Sebastián Abella, de Campana); uno de LLA ( Valenzuela, de 3 de Febrero) y otro es un ex Juntos por el Cambio, hoy enrolado en una fuerza vecinal (Jaime Méndez, de San Miguel).
No pueden reelegir intendentes alineados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), y Fabian Cagliardi (Berisso), entre otros.
En la misma situación están también otros con peso político propio o que hacen equilibrio en la disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner, como Gustavo Menéndez (Merlo); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno) que aspira a competir como posible candidata a gobernadora en 2027; Lucas Ghi (Morón), y Julio Zamora (Tigre), entre otros.
Tampoco pueden postularse a un nuevo mandato en 2027 el kirchnerista Mario Ishii (José C. Paz); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), alineado con Cristina Kirchner; ni los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mauro García (General Rodríguez), Leonardo Boto (Luján) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).
Del Frente Renovador, no podrán presentarse Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Presidente Perón), ni Javier Osuna (General Las Heras).
En el interior de la Provincia
Los 16 radicales que no puede ir por un nuevo mandato en 2027 son todos del interior. Además de Lunghi, aparecen Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Salvador Serenal (Lincoln), Matías Rappallini (Maipú), José Luis Salomón (Saladillo), José Castro (Monte), Román Bouvier (Rojas), y Lisandro Hourcade (Magdalena), entre otros.
Los 7 jefes comunales del PRO inhabilitados a un nuevo período con la ley actual son, además de Abella (Campana), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), actualmente de licencia ya que asumió como senador provincial en diciembre de 2025; Pablo Petrecca (Junín), también de licencia ya que fue electo senador provincial el año pasado por la alianza Somos Buenos Aires; Lisandro Matzkin (Coronel Pringles); Javier Martínez (Pergamino); Esteban Reino (Balcarce); y Jorge Etcheverry (Lobos).
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.
Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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POLITICA
La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.
La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.
El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.
El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.
También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.
Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.
La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.
La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.
El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.
La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
Una obra reactivada tras cinco años de paralización
La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.
Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.
El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.
La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.
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