POLITICA
Crece la tensión entre el fiscal y el juez de la causa por el enriquecimiento de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión.
Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente.
Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes.
Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud.
El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación.
Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. “Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos”, se preguntan.
Antes de que, una vez más, “le tomen el pelo a la justicia”, en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.
El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante el ultimo año.
La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que correspondaa ante la opinión pública.
Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.
Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.
La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.
Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.
También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.
Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.
La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio.
La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.
Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.
Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá.
Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva.
Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa.
El peritaje
Pero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.
Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada.
Ambos tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.
Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la “acompañante de viajes” con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.
Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.
La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión.
El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.
El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.
Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.
Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.
Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.
También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.
Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.
Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se “determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006”.
El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. “Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella”, señaló.
Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.
encontraron drogas y armas,,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno quiere mostrar que prioriza a las provincias: los viajes de Milei y las reuniones de Santilli

Mientras el oficialismo continúa trabado en el Congreso, intentando resistir los embistes de la oposición y, al mismo tiempo, conseguir el apoyo para sancionar leyes que considera importante, la cúpula del Gobierno profundiza los contactos con las provincias, actores clave para conseguir ambas metas.
Mientras el presidente Javier Milei prevé viajar en los próximos días a Catamarca y analiza una posible visita a San Juan y a otros lugares del norte y el sur del país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada a dos mandatarios locales.
Como es natural, el ministro coordinador es quien viene encabezando los encuentros con los representantes del interior para escuchar sus reclamos y, como contrapartida, pedirles el respaldo para las medidas que la Nación necesita.
La primera de las reuniones que tendrá “El Colo” sobre el final de esta semana será este jueves a las 18:15 con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas que siempre se mostró cercano a la administración libertaria.

La ronda de conversaciones continuará este viernes, cuando será el turno del mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés, referente del radicalismo que el año pasado compitió y le ganó a LLA en su territorio.
La agenda incluirá cuestiones de gestión, reclamos de cada distrito y muy probablemente los próximos debates en el Congreso, con la reforma electoral como uno de los ejes centrales.
La Casa Rosada necesita sumar apoyos para avanzar con el proyecto que busca modificar las reglas para el año que viene y que tiene como principal punto la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Todavía no tenemos todos los votos, pero estamos muy cerca”, aseguró a Infobae uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo, quien también reconoció que estarían dispuestos a considerar una suspensión de esta herramienta, si es que los otros espacios se niegan a derogarla.
El Poder Ejecutivo también requiere acuerdos para aprobar en el recinto el Presupuesto 2027 y contener la ofensiva opositora, que convocó a una sesión para el jueves que viene con el objetivo de tratar otras iniciativas sensibles.
Tal como anticipó este medio, La Libertad Avanza hizo su propio movimiento y convocó a un plenario de comisiones para el miércoles en Diputados con la idea de reinstalar la discusión por los límites a la venta de tierras a través de la ley de Propiedad Privada.

La ronda de reuniones se produce después de los contactos que el Gobierno mantuvo con los gobernadores durante la Argentina Week en París. Allí, Karina Milei, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscaron acercar posiciones con los mandatarios que integraron la comitiva presidencial.
Desde entonces, el oficialismo descartó un acuerdo global con todas las provincias y resolvió negociar caso por caso. La lógica es adaptar las conversaciones a la situación política de cada distrito, a los reclamos de los gobernadores y al respaldo que puedan aportar sus legisladores en el Congreso.
Santilli quedó al frente de esa tarea. En el oficialismo consideran que el jefe de Gabinete puede articular los pedidos de las provincias con la estrategia legislativa, especialmente en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita construir una mayoría amplia para aprobar cualquier cambio en el sistema electoral.
El caso de Jaldo será seguido de cerca por la posición que mantiene el gobernador respecto de las PASO. El tucumano ha expresado diferencias con la eliminación de esa instancia, aunque el Gobierno buscará explorar alternativas que permitan mantenerlo dentro de los acuerdos parlamentarios.
Valdés, en cambio, integra el grupo de mandatarios radicales que en distintos momentos se mostraron abiertos a debatir una suspensión, o incluso erradicación de las primarias.
“Son un gasto innecesario para el Estado, hay que eliminarlas y chau“, le suele repetir a su círculo íntimo, aunque también lo expresa -con menos efusividad- en declaraciones públicas.

Su respaldo, como el de otros dirigentes provinciales, es relevante para el oficialismo en una Cámara alta donde necesita negociar al menos 16 adhesiones por fuera de su bloque para alcanzar la mayoría absoluta.
Los viajes de Milei, que todavía no tienen fecha confirmada, pero serían este mes, también forman parte de esa estrategia. La visita prevista a Catamarca y la posibilidad de trasladarse a San Juan apuntan a reforzar la relación con dos provincias cuyos gobernadores participaron de las conversaciones recientes con Nación.
El líder libertario, según trascendió, prepara una gira por los lugares del norte y el sur del país en donde hay proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que podría incluir a otras siete ciudades.
En la primera de las mencionadas provincias gobierna Raúl Jalil, cercano al Presidente y otro de los que estuvo en Francia, mientras que en la segunda lo hace Marcelo Orrego, más independiente. En casos, la Casa Rosada busca que los gestos políticos se traduzcan en acuerdos legislativos y electorales.
La prioridad inmediata sigue puesta en la reforma política y el Presupuesto, aunque el Ejecutivo también enfrenta la sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre.
Ese día, la Cámara de Diputados tratará la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y propuestas vinculadas con el endeudamiento de las familias.
Con las negociaciones abiertas y sin un entendimiento general con los gobernadores, el Gobierno intentará avanzar territorio por territorio. Santilli y toda la mesa política serán los principales encargados de esa tarea, mientras Milei busca sostener desde las provincias la red de apoyos que necesita para llegar con mayor fortaleza a los debates de fin de año.
POLITICA
Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin

En lo que se vislumbra como una semana de intensa actividad en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario argentino asistirá a la Gala Oficial de la Herencia Hispánica, que se llevará a cabo en Washington DC.
El jefe de Estado partirá el martes a la capital del país norteamericano para dar el presente en el evento que se celebrará el miércoles por la noche.
El Gobierno busca reemplazar tecnología china por la de EE.UU. en el funcionamiento del Estado
En paralelo a este nuevo periplo presidencial, se desarrollará la reunión de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores de La Libertad Avanza impulsarán el debate de la llamada “Ley de Leyes”, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, según informó Clarín.
El miércoles tendrá lugar la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el DNU 70/23 y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una legislación para otorgar herramientas contra el endeudamiento familiar.
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Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
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