ECONOMIA
Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: las 6 claves para entender el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa propone modificar tanto el rol institucional de la entidad monetaria como sus vínculos con el Tesoro nacional.
“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió esta tarde en X el presidente Javier Milei.
El texto se despliega en seis ejes que abarcan la definición del mandato del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas. En conjunto, apunta a desandar cambios introducidos en 2012 durante la gestión kirchnerista, cuando se amplió el mandato de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos de asistencia financiera al Estado.
El mensaje que acompaña al proyecto fija una premisa que atraviesa todo el articulado: la eliminación completa de las vías por las que el BCRA puede financiar al sector público. Ese bloque concentra buena parte del peso político y económico de la reforma.
Fin del financiamiento al Tesoro
El artículo 17 del proyecto deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica vigente, que regula los adelantos transitorios que el BCRA otorga al Gobierno nacional. Hasta 2012, esos adelantos tenían un plazo máximo de doce meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, con la posibilidad de sumar otro 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno en el último año. La reforma de 2012 elevó esos topes e incorporó un adicional del 10% de la recaudación con carácter excepcional, una excepción que en la práctica se aplicó de forma sistemática.
Según los propios fundamentos del proyecto, bajo ese esquema la actual administración pudo haber girado al Tesoro hasta $36.600.000.000.000 por la vía de los adelantos transitorios, una cifra que el mensaje sitúa por encima del 80% de la base monetaria actual.
La derogación no se limita a los adelantos transitorios. El proyecto también prohíbe que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Suma, además, la prohibición de comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la facultad del organismo de adelantar fondos para atender servicios de deuda pública.
En el mismo bloque, la iniciativa deroga el concepto de reservas de libre disponibilidad, que había quedado establecido en la ley de convertibilidad de 1991. De acuerdo con el mensaje oficial, ese mecanismo permitió durante dos décadas que el Tesoro accediera a reservas internacionales del BCRA , y dejó como resultado letras intransferibles en el activo del Banco por USD 69.400 millones a abril de 2025.
Saneamiento del balance y letras heredadas
Ligado a ese diagnóstico, el proyecto incluye un régimen transitorio orientado a sanear el balance de la entidad. Establece que, hasta tanto se cancelen por completo las letras intransferibles y los adelantos transitorios que el Estado nacional mantiene con el BCRA, una parte del resultado del ejercicio se pondrá a disposición del Gobierno con ese único fin.
El mismo régimen prorroga de pleno derecho los vencimientos de los adelantos transitorios hasta que queden totalmente cancelados. En el caso de las letras intransferibles, el texto mantiene sus condiciones de emisión originales y lo que en cada oportunidad disponga la ley de presupuesto nacional.
Utilidades bajo un esquema más restrictivo
El cuarto eje del proyecto redefine qué resultados del Central pueden transferirse al Estado como accionista. La nueva redacción establece que sólo se podrán distribuir utilidades realizadas y líquidas, y excluye de manera expresa aquellas que se originen en variaciones del tipo de cambio o en el valor del oro.
La porción del resultado que provenga de esos dos factores pasará a integrar una cuenta de capital del Banco. El resto de los resultados no realizados quedará depositado en una reserva especial, sin posibilidad de giro al Gobierno hasta que efectivamente se concreten.
El nuevo artículo 38 agrega una condición adicional: la reserva general y las demás reservas de resultados deberán equivaler, como mínimo, al 50% del capital del Banco antes de habilitar cualquier transferencia. Y esa transferencia, cuando se autorice, deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda pública.
Los fundamentos del proyecto sostienen que, de este modo, se cierra un canal que permitía al BCRA girar al Tesoro, bajo la forma de utilidades, resultados puramente contables generados por la revaluación en pesos de sus activos en dólares cada vez que se depreciaba la moneda nacional. El mensaje describe ese mecanismo como una de las principales debilidades del sistema vigente y señala que fue utilizado por todas las administraciones posteriores a la convertibilidad, incluida la actual gestión de Milei.
Nuevas condiciones para remover a las autoridades
Otro eje del proyecto reformula el gobierno interno del Banco Central y los mecanismos para desplazar a sus autoridades. El artículo 3 fija causales taxativas para la remoción de los integrantes del directorio, entre ellas la falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones, que deberá derivar de hechos precisos e inequívocos.
Bajo el nuevo esquema, la remoción requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes. El proyecto suprime, en ese proceso, la intervención de una comisión bicameral que había sido incorporada en 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó desplazar de la presidencia del Central a Martín Redrado. También elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo remueva a un banquero central por decisión propia, sin acreditar la falta grave mencionada.
El texto deroga, además, la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones de Directorio del Banco Central, así como la exigencia de que el organismo emita opinión previa sobre el impacto en la balanza de pagos de las operaciones de crédito público externo. El mensaje oficial describe ese último requisito como una traba burocrática sin peso real en las decisiones.
Un mandato único centrado en la inflación
El proyecto redefine, en el artículo 1, la misión del BCRA. La nueva redacción reemplaza al actual artículo 3 de la Carta Orgánica y establece que la misión única, primaria y fundamental de la entidad es preservar el valor de la moneda. Esa fórmula sustituye a la vigente desde la reforma de 2012, que le asigna al BCRA la finalidad de promover, en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Los fundamentos del proyecto sostienen que esa multiplicidad de objetivos diluye la responsabilidad del organismo, porque un banco central al que se le encomienda todo no puede ser evaluado por nada. Agregan que la política monetaria solo puede perseguir de manera efectiva la estabilidad de precios, por lo que exigirle metas adicionales implica desconocer limitaciones empíricas básicas del instrumento.
En sintonía con ese cambio, el proyecto retira del directorio la facultad de orientar el crédito hacia las pymes o las economías regionales, con el argumento de que ese tipo de políticas corresponde a una banca de fomento y no a un banco central.
Cambios operativos y en el manejo de reservas
El sexto eje reúne modificaciones de índole operativa. El proyecto habilita al BCRA a operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, con la exigencia de hacerlo a precios de mercado o, en su defecto, mediante mecanismos técnicos equivalentes, una previsión que no existe en la Carta Orgánica actual.
La iniciativa incorpora también la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas y precisa qué activos externos son aptos para su inversión, entre ellos el oro y los activos financieros líquidos, una protección que hasta ahora dependía de la ley de convertibilidad de 1991. El texto habilita, además, el uso de esos activos como garantía en operaciones propias de banca central y excluye a los contratos financieros internacionales que celebre el organismo de una restricción legal que hoy los alcanza.
Por último, el proyecto concentra en el Banco Central la función regulatoria sobre los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras, y deroga tanto una regla de intervención cambiaria como otras disposiciones remanentes del régimen de convertibilidad de la década de 1990.
Corporate Events,South America / Central America
ECONOMIA
En medio de la caída de venta de autos hay un modelo que sigue reinando y todos quieren: cuánto cuestan
La creación del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que ingresan a la Argentina sin pagar el arancel de importación extrazona modificó la oferta de los SUV medianos.
El régimen exige un precio FOB máximo de USD 16.000 para acceder al beneficio. Por ese motivo, tanto terminales como importadores oficiales se enfocaron principalmente en vehículos que se acercan a ese valor, y descartaron, salvo algunas exepciones, los modelos más económicos.
Con ese precio como referencia, cuando se suman los impuestos locales y los márgenes de importadores y concesionarios, estos C-SUV llegan a los consumidores con precios de lista de entre 32.000 y 36.000 dólares.
Aunque los modelos compactos son los que concentran gran parte de las inversiones de las automotrices en la actualidad, la ampliación de la oferta de estos SUV medianos alteró el escenario para esta categoría de automóviles que domina el mercado automotor, con una cuota general en torno al 45% sobre el total de patentamientos.
El crecimiento de los SUV medianos
El segmento C incorporó nuevas alternativas para quienes buscan vehículos de mayor tamaño y capacidad, con un agregado que le dio más impulso aún como es el de sumar propulsiones híbridas y eléctricas que no estaban en el mercado hasta apenas un año atrás.
Un interesante ejercicio de cruce entre los patentamientos acumulados de este año con los precios de lista de las versiones de entrada de cada modelo, permite observar la relación entre ambas variables, y comprobar que no necesariamente el precio es el que determina la compra de uno u otro vehículo.
No es el caso del primer puesto en ventas, que está en manos del vehículo más accesible del segmento, la Ford Territory, pero en el resto de la evaluación de modelos esa condición no se repite. De hecho, la Territory de menor precio es naftera, pero si se pone en la comparación a la versión híbrida, deja de ser el C-SUV de menor precio entre las que tienen esa tecnología de propulsión.
Las marcas tradicionales lideran
La Ford Territory acumuló 13.848 unidades entre enero y agosto. Además de encabezar el listado, tuvo el menor precio inicial entre los diez modelos más vendidos, con 48.861.930 pesos. Su volumen superó en 6.342 vehículos al de la Toyota Corolla Cross, que quedó segunda con 7.506 unidades y una entrada de gama de 51.918.000 pesos.
La Territory representó cerca de una de cada cuatro ventas en el universo de los 19 C-SUV incluidos en el relevamiento. Los diez primeros modelos concentraron 50.455 patentamientos, equivalentes a aproximadamente el 85% de las 59.428 operaciones registradas en ese segmento. Ambos modelos tienen en su portafolio de productos, tanto versiones nafteras como híbridas.
El Volkswagen Taos ocupó el tercer puesto, con 6.891 vehículos, seguida por Jeep Compass, con 5.105. Los dos modelos se sostuvieron entre los cuatro más vendidos pese a que sus precios de acceso, $60.137.550 y $61.270.000 respectivamente, fueron los más altos de esta clasificación. En ambos casos, la propuesta es únicamente de motores de combustión.
La mezcla con los nuevos modelos
El Baic BJ30 HEV 4×2 fue quinto en el ranking, con 4.758 unidades y un precio de $50.184.000. Detrás se ubicó el BYD Song Pro, el mejor híbrido enchufable, con 2.991 patentamientos y un valor inicial de $54.299.700. Ambos forman parte de la oferta electrificada que ganó lugar en el segmento gracias al cupo de autos exentos de arancel de importación.
La Chevrolet Captiva, también PHEV, registró 2.668 unidades y partía de $54.871.900. La Chery Tiggo 7 quedó octava, con 2.446 ventas y un precio de $50.337.000, mientras que el Fiat Fastback acumuló 2.400 vehículos, con una entrada de gama de $52.160.000. El décimo lugar fue para el Haval H6, con 1.842 unidades y un precio de 54.315.000 pesos.
Fuera del top10, la lista continúa con Ford Bronco Sport, que registró 1.725 unidades y tiene un precio de entrada de $59.354.510; Renault Boreal, con 1.447 ventas y un valor inicial de $51.280.000; Renault Arkana, con 1.305 patentamientos y $56.930.000; y Changan CS55, con 1.293 unidades y 48.944.700 pesos.
Más atrás quedaron Baic X55 II, con 902 vehículos y $52.785.000; Nissan X-Trail, con 861 y $56.990.000; Jetour T1, con 539 y $54.774.000; Peugeot 3008, con 492 y $79.500.000; y Honda ZR-V, con 409 operaciones y un precio de lista de 59.990.000 pesos.
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ECONOMIA
Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica
- Crecimiento del Producto Bruto Interno. El Presupuesto 2027 proyecta que la economía argentina crecerá 3% en 2026 y 4% en 2027. Esta variable es una de las más relevantes del documento, porque de ella se desprende buena parte del cálculo de recursos tributarios que sostiene el resto de las cuentas públicas. Un mayor nivel de actividad implica, en términos generales, una recaudación más alta, lo que a su vez condiciona el margen disponible para sostener el esquema de superávit que el Gobierno se propuso mantener.
- Inflación interanual. El programa oficial calcula una inflación de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027, en ambos casos medida en la comparación interanual entre un mes de diciembre y el siguiente. La trayectoria descendente que traza el Presupuesto forma parte del esquema de desinflación que el equipo económico viene sosteniendo como uno de los objetivos centrales de su gestión, y sirve además como referencia para el cálculo de partidas que se actualizan por precios.
- Inflación promedio anual. Además del dato interanual, el Ministerio de Economía difundió una proyección de inflación promedio para 2027 de 21,1%. A diferencia de la medición de diciembre contra diciembre, este indicador refleja el comportamiento de los precios a lo largo de todo el año calendario, por lo que puede diferir del dato interanual sin que eso implique una contradicción entre ambas cifras.
- Tipo de cambio de fin de año. El proyecto contempla una cotización nominal del dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. Estos valores funcionan como referencia de cierre de cada ejercicio y se utilizan, entre otras cosas, para expresar en pesos buena parte de las obligaciones y de los ingresos que el Estado nacional tiene denominados en moneda extranjera.
- Dólar promedio de 2027. Para el promedio del año próximo, la cartera económica estimó un valor de 1.728 pesos. Según se aclaró al difundir la cifra, ese número no constituye una previsión sobre el nivel que tendrá el tipo de cambio, sino que surge de aplicar la inflación proyectada para 2027 al valor actual de la divisa. Se trata, en consecuencia, de un dato de naturaleza más técnica que de pronóstico cambiario propiamente dicho.
- Comercio exterior en 2026. El Presupuesto calcula exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones para este año, lo que arroja un saldo comercial de USD 16.951 millones. Ese resultado forma parte del cálculo de divisas que el Gobierno prevé que ingresen a la economía a través del intercambio de bienes con el resto del mundo.
- Comercio exterior en 2027. Para el año próximo, la proyección oficial ubica las exportaciones en USD 133.984 millones y las importaciones en USD 118.424 millones, con un saldo de 15.560 millones de dólares. El Gobierno también informó, en paralelo a esas cifras, que el superávit de bienes y servicios superaría los USD 15.000 millones, con exportaciones por encima de USD 130.000 millones, un dato que agrega a la balanza de mercancías el intercambio de servicios.
- Resultado fiscal primario. El texto proyecta un superávit primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. En valores nominales, esas cifras equivalen a $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones, respectivamente. El resultado primario mide el desempeño de las cuentas públicas antes del pago de intereses de la deuda, por lo que constituye el primer indicador para evaluar el cumplimiento de la meta de equilibrio fiscal que el Gobierno fijó como eje de su programa económico.
- Resultado financiero. El resultado financiero previsto, que sí incluye el pago de intereses de la deuda, alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios. De cumplirse esa meta, la gestión nacional cerraría su cuarto año consecutivo con superávit financiero. Caputo definió el dato como un hecho inédito: “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, señaló el ministro al referirse a la proyección incluida en el proyecto.
- Salario medio. El Presupuesto prevé una mejora del salario medio de 25,4% para 2027, según las cifras difundidas por el Ministerio de Economía. Esa proyección está directamente vinculada a los supuestos de inflación incluidos en el propio texto, ya que de su cumplimiento depende que la mejora nominal del salario se traduzca en una recuperación en términos reales.
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ECONOMIA
Cambio de estrategia: el BCRA recalibra una de sus metas para evitar tensiones sobre el dólar y las tasas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo el ritmo de compra de reservas internacionales en las últimas semanas y privilegia su atención en la estabilidad del dólar y las tasas de interés. La decisión responde a una menor oferta estacional de moneda extranjera, aunque también busca evitar que las compras oficiales sumen presión sobre la cotización.
En lo que va del 2026, el BCRA acumuló compras por más de USD 14.200 millones, una cifra que superó el objetivo anual de USD 10.000 millones pactado con el FMI. Sin embargo, la dinámica cambió en el último mes, cuando las adquisiciones oficiales exhibieron una clara reducción. La evolución del mercado cambiario dejó en evidencia la dificultad para sostener, al mismo tiempo, una fuerte compra de dólares, una cotización sin presiones y tasas de interés bajas.
“A lo largo de 2026 el BCRA venía logrando 3 cosas a la vez: dólar calmo, tasas bajas y elevadas compras de divisas. Ya no puede: en las últimas semanas viene priorizando estabilidad cambiaria y de tasas, resignando compra de divisas. La semana pasada sumó sólo USD 42 millones”, comentó Lorenzo Sigaut Gravina, el director de análisis macroeconómico de Equlibra.
Sigaut Gravina agregó que el BCRA compró apenas USD 42 millones durante la semana pasada. La cifra reflejó la desaceleración de las compras en comparación con el volumen acumulado durante el año. Para Equilibra, la entidad eligió sostener la estabilidad cambiaria y un nivel bajo de tasas, aun cuando esa decisión implicó resignar parte del ritmo de acumulación de reservas.
Presiones electorales
En ese mismo sentido, la consultora EconViews señaló que uno de los desafíos del Gobierno es llegar a mitad de 2027 con un nivel mayor de reservas y con un programa financiero relativamente despejado, ya que eso le permitiría atravesar la volatilidad electoral con menores riesgos. La firma recordó el antecedente de 2025 y sostuvo que la administración registró avances durante 2026: las reservas netas llegaron a cerca de USD 10.000 millones y las líquidas alcanzaron 28.000 millones de dólares.
En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que el próximo año no tendrá las características habituales de un período electoral, porque, a su juicio, el Gobierno llegará en una posición más sólida que en las legislativas de 2025. Entre otros factores, el equipo económico destaca los swaps con Estados Unidos y China, un mayor nivel de reservas internacionales del Banco Central y el programa financiero previsto hasta el final del mandato de Javier Milei.
EconViews planteó que la principal duda consiste en determinar si el ritmo de compra de divisas podrá sostenerse mientras el Gobierno intenta mantener un dólar estable. Septiembre mostró esa tensión con el promedio de adquisiciones diarias más bajo del año, de apenas USD 14 millones por día. El dato se ubicó por debajo del ritmo que permitió al BCRA superar el objetivo anual acordado con el FMI.
El informe de la firma del economista Miguel Kiguel consideró que podría existir espacio para reforzar las compras si se recomponen los flujos financieros y si los precios de las materias primas mantienen su evolución. En esa línea, destacó que la soja subió 11% en el último mes. Esa mejora en la cotización del principal producto de exportación argentino puede incidir sobre la oferta de dólares ya que, según estimaciones de la consultora Outlier, la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los 18.000 millones dólares.
Lo que espera el BCRA
El BCRA sigue de cerca la liquidación de los títulos que empresas y gobiernos subnacionales colocaron en el mercado internacional. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, presentó datos sobre ese flujo de divisas durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en Iguazú.
Según el gráfico expuesto por el funcionario, las emisiones de deuda de empresas y provincias alcanzaron los 20.200 millones de dólares. De ese total, USD 15.800 millones ingresaron al mercado libre de cambios. Los USD 4.400 millones restantes aún no se liquidaron, un monto que el Banco Central monitorea por su posible impacto sobre la oferta de dólares.
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La cifra puede ser mayor tras la reciente emisión de YPF en el mercado internacional por 1.200 millones de dólares. La información disponible no precisó el monto de esa operación ni el volumen que eventualmente podría ingresar al mercado local, pero señaló que el saldo pendiente de liquidación podía resultar mayor.
Para el BCRA, el seguimiento de las Obligaciones Negociables (ONs) y de la deuda subsoberana adquirió más relevancia a partir del menor ritmo de compras. Cuando una empresa o una provincia obtiene financiamiento en moneda extranjera y liquida esos recursos en el mercado, aumenta la disponibilidad de dólares y la entidad puede comprar sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.
Buena parte de las compras de reservas realizadas por el BCRA durante el año se explicó por esos flujos de deuda. Las emisiones corporativas y provinciales aportaron divisas al mercado libre de cambios y permitieron que la autoridad monetaria interviniera con mayor margen. La diferencia de USD 4.400 millones entre las colocaciones y los fondos ya liquidados representa, por lo tanto, un dato relevante para evaluar la oferta futura. Si esos recursos ingresan al mercado, el BCRA podría contar con nuevos dólares para adquirir. La posibilidad dependerá de la decisión de cada empresa o gobierno subnacional respecto del uso y la liquidación de los fondos obtenidos.
La oferta de dólares de empresas y provincias puede darle margen a la BCRA para incrementar las reservas sin presionar sobre el tipo de cambio. A la vez, el Gobierno deberá seguir la evolución del riesgo país, de las tasas internacionales, de los precios de la soja y de los flujos financieros. Esas variables incidirán sobre la disponibilidad de divisas y sobre la capacidad de atender los compromisos previstos para 2027.
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