ECONOMIA
Reforma laboral: la batalla judicial que viene y que definirá el futuro de empresas y empleados
Mientras el Gobierno celebra los avances de su agenda de modernización laboral y los sindicatos denuncian una pérdida de derechos históricos, una tercera fuerza comienza a prepararse para intervenir en la discusión.
No está en el Congreso. No participa de las negociaciones paritarias. Y tampoco integra el Poder Ejecutivo. Está en los tribunales.
Porque detrás de cada cambio impulsado por la reforma laboral aparece una certeza compartida tanto por empresarios como por sindicalistas: buena parte de las transformaciones terminará discutiéndose en la Justicia.
La historia argentina ofrece numerosos antecedentes. Desde la flexibilización laboral de los ’90 hasta las distintas reformas impulsadas por gobiernos de signos políticos opuestos, casi todas las modificaciones profundas en materia laboral terminaron atravesando largos procesos de judicialización.
La actual reforma no parece destinada a convertirse en una excepción. Por el contrario, numerosos especialistas consideran que la verdadera discusión recién está comenzando y que algunas de las cuestiones más relevantes podrían terminar resolviéndose en despachos judiciales mucho después de que el debate legislativo haya concluido.
La pregunta ya no es únicamente qué dice la ley. La pregunta es cómo la interpretarán los jueces.
Cuando la ley deja de ser el final de la discusión
En otros países, la aprobación de una reforma suele marcar el cierre de una controversia política. En Argentina, muchas veces representa apenas el comienzo.
La compleja estructura del derecho laboral argentino, construida durante décadas sobre principios protectores del trabajador, genera un escenario particular: cualquier modificación relevante suele ser sometida a un intenso control judicial.
Los magistrados laborales no se limitan a verificar el cumplimiento literal de las normas.
También analizan su compatibilidad con principios constitucionales, tratados internacionales, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y jurisprudencia consolidada.
Por esa razón, una misma disposición legal puede adquirir alcances diferentes según la interpretación que adopten los tribunales.
En la práctica, esto significa que la reforma laboral no quedará definida únicamente por el texto aprobado por el Congreso.
Su alcance real dependerá, en gran medida, de las decisiones que adopte la Justicia en los próximos años.
Los jueces como protagonistas inesperados
Durante décadas, los tribunales laborales fueron configurando gran parte de las reglas que hoy gobiernan las relaciones de trabajo.
La extensión de indemnizaciones, la protección contra despidos arbitrarios, los alcances de la responsabilidad empresarial, la interpretación de convenios colectivos y la aplicación de distintos beneficios laborales son resultado tanto de leyes como de fallos judiciales.
Por eso, cuando se modifica el marco normativo, la atención rápidamente se traslada a los juzgados.
Empresas, sindicatos y trabajadores saben que los magistrados poseen capacidad para consolidar, limitar o incluso neutralizar determinados efectos de una reforma.
La experiencia reciente lo demuestra.
El DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei encontró rápidamente resistencia en los tribunales. Las presentaciones promovidas por organizaciones sindicales derivaron en medidas cautelares y fallos que suspendieron aspectos centrales de su capítulo laboral antes incluso de que pudiera desplegar plenamente sus efectos.
Aquel episodio funcionó como una señal temprana de lo que vendría después. La disputa por la reforma laboral dejó de librarse exclusivamente en el terreno político para trasladarse a los despachos judiciales. Desde entonces, quedó claro que no sólo la Ley de Modernización Laboral sancionada por el Congreso, sino también cada una de sus reglamentaciones y medidas complementarias, serían sometidas a un intenso escrutinio judicial.
Los puntos que prometen más litigios
- El nuevo riesgo para abogados y trabajadores: Uno de los puntos más controvertidos aparece en la modificación del principio de gratuidad del proceso laboral. La reforma mantiene la protección de la vivienda del trabajador, pero incorpora la posibilidad de responsabilizar solidariamente al trabajador y a su abogado cuando exista una «pluspetición inexcusable», es decir, cuando se reclamen sumas manifiestamente excesivas. El objetivo oficial apunta a desalentar demandas infladas. Sin embargo, entidades profesionales sostienen que la medida podría generar un efecto contrario al buscado: desalentar el acceso a la Justicia por temor a futuras condenas en costas. El planteo ya anticipa futuras discusiones constitucionales vinculadas al derecho de defensa y al acceso efectivo a la tutela judicial.
- La antigüedad que podría desaparecer: La reforma también modificó el cómputo de la antigüedad laboral. Si un trabajador deja una empresa y regresa luego de dos años o más, el tiempo trabajado anteriormente dejará de computarse para calcular su antigüedad. Para el Gobierno, se trata de una regla que brinda previsibilidad. Para sus críticos, supone una afectación de derechos adquiridos y una posible vulneración del principio de progresividad en materia laboral. La consecuencia esperable son planteos de inconstitucionalidad destinados a recuperar años de servicio previamente reconocidos.
- Monotributistas y colaboradores: la discusión que nunca termina. Probablemente sea uno de los focos de litigiosidad más importantes. La reforma intentó reducir la presunción de existencia de relación laboral cuando existan contratos de servicios, facturación y pagos bancarizados. Sin embargo, los especialistas advierten que el histórico principio de primacía de la realidad seguirá vigente. En otras palabras: si una persona figura formalmente como autónoma pero en los hechos trabaja bajo subordinación económica, técnica y jurídica, los jueces podrán continuar reconociendo la existencia de una relación laboral encubierta. Para muchas empresas, este será uno de los mayores focos de contingencia futura.
- La tercerización vuelve al centro de la escena: La reforma redujo ciertos alcances de la responsabilidad solidaria de las empresas que contratan servicios de terceros. Sin embargo, los abogados laboralistas anticipan que la discusión sobre fraude laboral y tercerización irregular seguirá ocupando un lugar central en los tribunales. Las compañías que externalicen actividades estratégicas continuarán expuestas a reclamos si los jueces entienden que existe una utilización abusiva de intermediarios para encubrir relaciones laborales.
- La pelea por las multas derogadas: La eliminación de las históricas multas por empleo no registrado abrió una inesperada división dentro de la propia Justicia laboral. Mientras algunos tribunales consideran que la derogación debe aplicarse inmediatamente, otros sostienen que los trabajadores ya habían incorporado esos derechos a su patrimonio antes de la entrada en vigencia de la reforma. La consecuencia es un escenario de criterios contradictorios que probablemente requiera una definición futura de la Corte Suprema.
- La nueva indemnización por despido: Otro de los temas que promete llegar a los tribunales es la nueva fórmula de cálculo de la indemnización por despido. La reforma excluye expresamente de la base indemnizatoria conceptos como el aguinaldo, vacaciones proporcionales y ciertos pagos de periodicidad no mensual. El debate gira alrededor de si esta limitación resulta compatible con la doctrina construida por la Corte Suprema en precedentes históricos como «Vizzoti». Numerosos especialistas anticipan planteos judiciales destinados a reincorporar estos conceptos dentro de la base de cálculo.
- El Fondo de Asistencia Laboral también llegará a los tribunales: La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) pretende reemplazar parcialmente la lógica indemnizatoria tradicional por un sistema de capitalización. Sin embargo, las diferencias en la determinación de aportes, errores de cálculo, demoras en las transferencias y discusiones sobre actualización monetaria prometen generar una nueva fuente de litigios. La discusión sobre si las tasas previstas por la normativa alcanzan para preservar el valor real de los créditos laborales será uno de los primeros conflictos esperados.
- Despidos discriminatorios: una factura más alta de la prevista. La reforma estableció una indemnización agravada de entre el 50% y el 100% para los despidos discriminatorios. No obstante, algunos fallos recientes ya comenzaron a advertir que ese agravamiento podría no ser suficiente para excluir reclamos adicionales por daño moral y reparación integral. Si esta línea jurisprudencial se consolida, las empresas podrían enfrentar condenas significativamente superiores a las previstas originalmente por el legislador.
- Sindicatos, huelgas y servicios mínimos: El capítulo colectivo de la reforma promete una judicialización masiva. La limitación de aportes solidarios, las restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos y la obligación de garantizar niveles mínimos de prestación durante medidas de fuerza generan fuertes cuestionamientos sindicales. Las organizaciones gremiales sostienen que varias de estas disposiciones afectan la libertad sindical protegida por la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la OIT. Las futuras demandas podrían convertirse en uno de los principales frentes de conflicto judicial.
- Los bloqueos y el derecho de huelga: La incorporación de los bloqueos de establecimientos como posible injuria laboral grave constituye otro de los puntos más sensibles. La discusión ya no será únicamente si existió una medida de fuerza. Los jueces deberán analizar caso por caso si la participación de cada trabajador justificó efectivamente un despido y si la sanción resultó proporcional frente al ejercicio del derecho constitucional de huelga. Esa tensión entre libertad sindical y facultades disciplinarias empresariales promete generar una abundante producción jurisprudencial.
El factor Corte Suprema
En cualquier proceso de judicialización masiva existe un actor cuya influencia resulta determinante y es la Corte Suprema.
Si bien los conflictos laborales suelen comenzar en juzgados de primera instancia y recorrer distintas cámaras de apelaciones, los casos más relevantes terminan llegando al máximo tribunal.
Las decisiones de la Corte tienen capacidad para fijar criterios que luego son replicados por el resto del sistema judicial. Por esa razón, tanto sindicatos como empresas siguen con atención la evolución de la jurisprudencia del tribunal.
La pregunta no es menor. Una misma reforma puede tener efectos muy diferentes según la lectura que finalmente realice la Corte sobre sus alcances constitucionales.
Un escenario de incertidumbre para las empresas
Desde la perspectiva empresarial, la judicialización genera un problema adicional.
Las compañías necesitan previsibilidad para tomar decisiones de inversión, contratación y organización del trabajo.
Cuando el alcance de una norma depende de futuras interpretaciones judiciales, esa previsibilidad disminuye.
Por eso, muchos estudios jurídicos ya comenzaron a advertir a sus clientes que el análisis de la reforma laboral no puede limitarse a la lectura de los textos legales.
También será necesario monitorear la evolución de la jurisprudencia.
Lo que hoy parece permitido podría ser cuestionado mañana en los tribunales.
Y lo que inicialmente parece restringido podría terminar siendo validado por los jueces.
La disputa que definirá la reforma
Existe una paradoja en el debate actual. La reforma laboral suele presentarse como una discusión política entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos.
Sin embargo, el desenlace final podría quedar en manos de un cuarto actor que rara vez aparece en los titulares: la Justicia.
Porque en la Argentina las leyes laborales no terminan de escribirse cuando se publican en el Boletín Oficial.
Empiezan una segunda vida en los tribunales. Allí son interpretadas, cuestionadas, limitadas, ampliadas o redefinidas.
Por eso, mientras el debate político concentra la atención pública, jueces, camaristas y ministros de la Corte comienzan a ocupar silenciosamente un lugar central. La batalla legislativa puede estar entrando en su tramo final. La judicial, en cambio, apenas comienza.
Y de ella dependerá buena parte de las reglas que regirán el mundo del trabajo durante los próximos años.
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ECONOMIA
Milei se reúne con Caputo, Sturzenegger y Bausili en Olivos para definir los cambios en la Carta Orgánica del BCRA
El presidente Javier Milei confirmó que esta tarde se llevará a cabo una reunión con el equipo económico para definir los detalles de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo del Gobierno es penalizar la emisión monetaria sin respaldo y para financiar el déficit fiscal.
El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 en la residencia presidencial de Olivos y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili.
“Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos, Toto [Caputo], Santi Bausili y Fede Sturzenegger a delinear el formato final de lo que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”, aseguró el jefe de Estado en el canal de streaming Neura.
Y sumó: “Hoy me traen la versión unificada de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío.
En tal sentido, Milei adelantó que la nueva normativa prohibirá de forma explícita y con sanciones finales “violentar” la independencia de la autoridad monetaria en términos de que financie al Tesoro de la Nación vía emisión monetaria.
Bajo la perspectiva presidencial, la emisión monetaria para asistir financieramente al fisco “es una estafa”: “De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”.
Además, el mandatario aseguró que el cambio en el marco normativo del Central “está interrelacionado con otras leyes como la de mercado de capitales, Inocencia Fiscal y todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”.
En simultáneo, el presidente explicó que el Gobierno está avanzando en medidas para limitar el gasto público y reforzar la disciplina fiscal. Señaló que la política monetaria no puede funcionar de manera aislada y mencionó que se trabaja en un mecanismo para que, si el presupuesto del Estado se agota, no se pueda seguir gastando y el funcionamiento estatal se detenga. “Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, sentenció.
En 2012, bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, se introdujeron modificaciones relevantes a la Carta Orgánica del organismo. El gobierno kirchnerista modificó el artículo 3, que antes establecía como objetivo esencial “preservar el valor de la moneda”, para convertirlo en un mandato múltiple: “Promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
El propósito fue que el BCRA asumiera responsabilidades más amplias, no solo en la lucha contra la inflación, sino también en el impulso del crecimiento económico y la promoción del empleo, funciones que ya tenían otros organismos estatales. Marcó del Pont incluso dispuso el reemplazo del cartel de ingreso en Reconquista 266 con el nuevo texto del artículo 3.
A pesar de estos cambios, los años siguientes no trajeron ni baja inflación ni desarrollo con equidad. Uno de los efectos más relevantes de la nueva ley del Banco Central fue la modificación del artículo 20, que regula los adelantos transitorios. Esta herramienta permite que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria. Antes de la reforma, estos adelantos tenían un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, sumando un 10% adicional de la recaudación anual del Gobierno nacional.
La reforma elevó esos límites y agregó otro 10% de la recaudación anual en situaciones excepcionales, además de eliminar la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo que los adelantos transitorios se destinaran a cualquier fin.
El cambio respondió al criterio de Marcó del Pont, quien consideraba que financiar al Tesoro debía ser una función central del Banco Central. Así, el organismo comenzó a girar más fondos al Gobierno, lo que obligó al BCRA a emitir títulos propios para intentar contener el impacto inflacionario, generando un aumento de sus pasivos remunerados.
La reforma también estableció que el Central debía actuar bajo las políticas del Gobierno Nacional, reduciendo su autonomía. Así, se anticipa que la propuesta del oficialismo buscará restringir la emisión monetaria, ampliada desde 2012 para financiar el déficit fiscal.
En un acto reciente, Milei señaló la intención de volver a la normativa previa a 2012 y criticó la gestión anterior: “¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?”, preguntó el presidente. ”La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper. Pero, lo que quiero decir es que el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, decía que era misión fundamental del Banco Central de la República Argentina defender el valor de la moneda. Parece que no les salió, le sacaron 13 ceros”, concluyó Milei.
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El salario volvió a convertirse en una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según una encuesta de Zentrix, la mayoría de los hogares considera que sus ingresos no logran acompañar la inflación y enfrenta dificultades para sostener sus gastos durante todo el mes.
El dato más relevante del relevamiento indica que el 86,1% de los consultados cree que su sueldo pierde frente a la inflación. El indicador permanece cerca del máximo registrado en abril, cuando alcanzó el 86,6%, y muestra que la percepción negativa sobre los ingresos continúa instalada desde marzo.
Incluso dentro del electorado oficialista aparece una mayoría que reconoce esta situación: el 70,2% sostiene que sus salarios quedaron por debajo de la evolución de los precios. Entre quienes votaron a la oposición, la cifra escala al 96,6%.
Cuánto duran los ingresos de los hogares argentinos
La dificultad para llegar a fin de mes aparece reflejada en otro de los indicadores del estudio.
- El 61% de los encuestados asegura que el dinero disponible se termina antes del día 20 de cada mes.
- El 24,3% afirma que logra llegar a fin de mes, pero sin capacidad para generar ahorro..
- Solo el 13% declara que puede cubrir todos sus gastos y además reservar parte de sus ingresos.
La situación presenta diferencias según la identificación política de los participantes. Entre quienes respaldan al Gobierno, el 45,3% señala que sus ingresos se agotan antes del día 20. En el caso de los votantes opositores, esa proporción llega al 71,3%.
La economía nacional genera más preocupación que la situación personal
El diagnóstico sobre el país mantiene una evaluación negativa. El 64% de los argentinos considera que la situación económica general es mala o muy mala.
Sin embargo, cuando la consulta apunta a la economía personal, el porcentaje disminuye: el 41,7% realiza una evaluación negativa sobre sus propias finanzas.
La diferencia entre ambos indicadores refleja que el malestar está asociado principalmente a una visión crítica sobre el escenario general, aunque no todos los hogares perciban el mismo impacto en su situación cotidiana.
En paralelo, la percepción sobre la posición económica personal también muestra cambios: el 50,2% de los consultados se ubica dentro de los sectores bajos o medio-bajos, mientras que solo el 10,5% se identifica como parte de la clase alta.
La inflación oficial y las expectativas para los próximos meses
La desconfianza sobre los datos de inflación continúa siendo elevada. De acuerdo con Zentrix, el 68,8% de los encuestados considera que el índice difundido por el Indec no representa la variación de precios que observa en su vida diaria.
Aunque el resultado es inferior al máximo alcanzado en mayo, cuando llegó al 70,6%, la percepción crítica permanece en niveles altos desde marzo.
De cara al futuro, las expectativas tampoco muestran una mejora significativa: el 55,1% cree que «lo peor está por venir» en materia económica, mientras que solo el 24% considera que «lo peor ya pasó».
Además, después de la corrupción, los salarios aparecen como la segunda mayor preocupación de la población y desplazan a la inflación, que durante períodos anteriores ocupaba el primer lugar.
El ingreso disponible tuvo una mejora, pero todavía sigue por debajo de años anteriores Más allá de la percepción social, un informe de Equilibra registró una recuperación del ingreso disponible en abril de 2026. El indicador, que representa el dinero que queda en los hogares luego de afrontar los gastos fijos, mostró una suba mensual del 0,8%. El resultado marcó el final de una etapa de siete meses consecutivos de retrocesos iniciada en agosto de 2025.
Sin embargo, la mejora todavía no permitió recuperar el terreno perdido. El ingreso disponible permaneció 1% por debajo del nivel de abril del año pasado y se ubicó 14,5% debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.
Qué sectores recuperaron ingresos y cuáles siguieron perdiendo
La recuperación de abril no alcanzó a todos los grupos. Los trabajadores asalariados privados registrados fueron los únicos que mostraron una mejora tanto mensual como interanual. En ese segmento, el ingreso disponible aumentó 1,6% frente a marzo y avanzó 1,5% respecto de abril de 2025.
El resto de los sectores continuó con resultados negativos. Los empleados públicos registraron una caída mensual del -1,1% y acumularon una baja interanual del 6,6%.
Entre los jubilados, la pérdida también continuó. Los haberes mínimos con bono retrocedieron 0,7% durante abril y acumularon una caída del 9,2% frente al mismo mes del año anterior. Por su parte, las jubilaciones superiores a la mínima disminuyeron 0,2% en la comparación mensual y 3,5% en términos interanuales.
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ECONOMIA
Mientras compra pesos a China, la Casa de la Moneda va a empezar a imprimir billetes para Nigeria: los detalles del acuerdo
Mientras se importan pesos desde China, la Casa de la Moneda comenzará a imprimir billetes para Nigeria. Se calcula que las máquinas volverán a encenderse en agosto para imprimir unas 700 millones de unidades.
La empresa a cargo de la compra es la inglesa De la Rue, que se encargará de proveer las nairas producidas en las plantas de Retiro y Don Torcuato al banco central nigeriano.
Según fuentes de la Casa de Moneda, las negociaciones iniciaron en marzo y hace dos meses les hicieron firmar a los trabajadores un contrato de confidencialidad para evitar filtraciones sobre el tema. La denominación que se imprimirá corresponderá a billetes de 500 nairas.
Esperan que el trabajo tome entre 18 y 24 meses y que la mayor parte de los insumos sean provistos por De la Rue, la cual se beneficiaría de la mano de obra, la moderna maquinaria alemana adquirida en 2022 y exenciones aduaneras. Por ello, el costo sería muy bajo.
Las fuentes afirman que la empresa estaba buscando fábricas en Latinoamérica y la capacidad ociosa de la Casa de Moneda, además de lo anterior, contribuyó a que fuera la elegida.
“El contrato está firmado, pero aún no hemos completado toda la operación. Falta la instancia de la orden de compra. Es decir, está muy avanzado. Te diría que es inminente”, precisaron otras fuentes.
Y explicaron: “Casa de Moneda necesitaba volver a salir al mercado porque, desde 2024, tras el cese de los contratos, la actividad vinculada a la impresión de billetes había quedado prácticamente paralizada. Entonces, como una cuestión proactiva y, justamente, para mantener la empresa productiva, se empezó a mirar el mercado internacional. En ese contexto surgió la posibilidad de producción a fasón y se avanzó con esas gestiones”.
En ese sentido, se están presentando a todos aquellos bancos centrales de la región que tienen licitaciones abiertas. Por ejemplo, a fines del año pasado buscaron proveer a Paraguay y actualmente están completando la documentación para participar de una licitación del Banco Central de Bolivia y Guatemala.
“Nos estamos lanzando al mercado internacional, principalmente al regional, con la idea de explorar todas las oportunidades comerciales que existan. Donde haya una posibilidad de competir, nosotros nos vamos a estar”, remarcaron.
“En materia de impresión de billetes, cualquier oportunidad que surja en el mercado nos encuentra disponibles para cotizar y competir”, sostuvieron las fuentes.
Cabe recordar por otra parte que en 2024 el BCRA realizó una licitación para confeccionar 540 millones de billetes de $20.000. A partir de ese entonces, los proveedores pasaron a ser China Banknote Printing and Minting y Crane Currency Malta. El motivo fue el menor costo que representaba importarlo desde el país asiático, al igual que está sucediendo en la mayoría de los sectores de la economía.
En abril de 2025, el Gobierno nacional había ratificado, mediante el Decreto 295/2025, el nuevo estatuto de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y extendido la intervención de la empresa estatal, en el marco del proceso de reorganización de las empresas públicas.
En los considerandos, el Ejecutivo recordó que Casa de Moneda fue intervenida en noviembre de 2024 mediante el Decreto 964/2024, que designó al abogado Pedro Daniel Cavagnaro como interventor por un plazo inicial de 180 días.
Según indicaron, durante la intervención se avanzó en la reorganización de la empresa y en el análisis de sus cinco principales unidades de negocio: la fabricación de billetes, la producción de estampillas fiscales e instrumentos fiscales de control con servicios de trazabilidad, la confección de pasaportes, la fabricación de chapas patentes y los servicios de atesoramiento y destrucción de billetes para el Banco Central.
En ese contexto, en la Casa de Moneda dijeron: «Nuestro único accionista es el Estado nacional. Y no dejamos de estar dentro de la órbita de las empresas que el Gobierno tiene intención de privatizar».
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