Los empleados de estaciones de servicio recibirán un aumento de sueldo tras un acuerdo paritario que estableció una suba del 15% para el trimestre abril-junio. De esta manera, los trabajadores recibirán desde $1.475.559 hasta $1.570.406, según la categoría correspondiente. 

El entendimiento lo firmaron el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio junto a cámaras empresarias como CECHA, FECRA, AES y FEC. La negociación se selló en el Ministerio de Capital Humano después de varias rondas orientadas a corregir el desfasaje salarial que el gremio reclamaba desde la paritaria anterior.

Las categorías alcanzadas incluyen playeros, encargados, administrativos, operarios, conductores y serenos. Todos los trabajadores bajo los convenios colectivos 521/07 y 488/07 reciben el ajuste.

Cuánto cobra un empleado de estación de servicio en junio de 2026

Los sueldos básicos quedaron definidos con todos los incrementos aplicados. Las cifras para junio son:

• Encargados: $1.570.406,46
• Administrativos: $1.539.084,68
• Operador de servicio: $1.534.268,58
• Operador de playa (playero): $1.515.472,32
• Operador conductor: $1.505.177,25
• Serenos: $1.511.730,26
• Operador interior y anexos: $1.499.943,26
• Operador auxiliar: $1.475.559,35

Un playero de estación de servicio percibe $1.515.472,32 de básico en junio de 2026. Los encargados alcanzan el tope de la escala con $1.570.406,46.

Estas cifras representan solo el sueldo básico. A ese monto se suman adicionales que pueden elevar el salario final entre un 10% y un 20%, según antigüedad y otros conceptos.

Qué adicionales se suman al salario básico

El convenio colectivo establece tres tipos de adicionales que impactan en el sueldo final. Todos se calculan como porcentaje del básico.

El adicional por asistencia y el de movimiento de fondos representan el 8% del básico cada uno para las categorías correspondientes, lo que puede sumar hasta $242.465 adicionales al mes para un encargado.

Por antigüedad, el esquema es progresivo:

• Entre 1 y 20 años de servicio: 2% adicional
• Más de 21 años de servicio: 3% adicional

Un playero con 15 años de antigüedad suma $30.309 por ese concepto. Si tiene más de 21 años, el adicional trepa a $45.464.

El valor de la hora para la categoría Operador de Playa se ubicó en $7.577,36. Las horas extras al 50% ascienden a $11.366,04 y al 100% a $15.154,72.

Cómo se aplica el aumento del 15% en el trimestre

El ajuste salarial trimestral se fraccionó en tres tramos escalonados. El sindicato acordó con las empresas aplicar 2,3% en abril, 2,2% en mayo y 2% en junio.

Estos porcentajes suman 6,5%, pero el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, explicó que el 15% total surge al considerar otros componentes. El cálculo incluye el reconocimiento del desajuste previo y la suma fija que se incorporará al básico.

El acuerdo contempló un reconocimiento parcial del atraso salarial, calculado en unos $70.000. Además, se pactó una suma fija de $30.000 que se incorporará al básico a partir de julio de 2026.

Esa suma fija quedará consolidada en la escala salarial desde el próximo mes. No será un pago por única vez: pasará a formar parte del salario de convenio.

Cuándo cobran el retroactivo los empleados

El personal percibirá el retroactivo correspondiente a abril junto con la liquidación actualizada de haberes. Carlos Acuña detalló que «los empleados van a cobrar el retroactivo y el aumento ya impactará en los próximos haberes».

La mejora se refleja de inmediato en el poder adquisitivo: el retroactivo se paga en una sola liquidación y los nuevos valores quedan vigentes para los meses siguientes del trimestre.

El acuerdo rige para trabajadores en estaciones, garages, playas de estacionamiento, lavaderos y anexos en todo el país. Las cámaras empresarias y el sindicato pactaron que todos los empleados bajo convenio recibirán el ajuste sin excepciones.

Qué sigue en las negociaciones paritarias

El sindicato informó que a mediados de junio se retomarán las gestiones para negociar una nueva recomposición salarial. El objetivo es definir los valores para el trimestre julio-septiembre de 2026.

La negociación se desarrolla en un contexto internacional volátil. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en los precios del petróleo marcan la pauta de las discusiones.

Para el sector, la estabilidad salarial representa un punto relevante en medio de las fluctuaciones del mercado energético. Las cámaras empresarias buscan anticipar los aumentos para evitar desfasajes como el que motivó esta última ronda de negociaciones.

El entendimiento alcanzado surgió tras varias reuniones entre el gremio y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y otras entidades del sector.

Mientras el Gobierno celebra los avances de su agenda de modernización laboral y los sindicatos denuncian una pérdida de derechos históricos, una tercera fuerza comienza a prepararse para intervenir en la discusión.

No está en el Congreso. No participa de las negociaciones paritarias. Y tampoco integra el Poder Ejecutivo. Está en los tribunales.

Porque detrás de cada cambio impulsado por la reforma laboral aparece una certeza compartida tanto por empresarios como por sindicalistas: buena parte de las transformaciones terminará discutiéndose en la Justicia.

La historia argentina ofrece numerosos antecedentes. Desde la flexibilización laboral de los ’90 hasta las distintas reformas impulsadas por gobiernos de signos políticos opuestos, casi todas las modificaciones profundas en materia laboral terminaron atravesando largos procesos de judicialización.

La actual reforma no parece destinada a convertirse en una excepción. Por el contrario, numerosos especialistas consideran que la verdadera discusión recién está comenzando y que algunas de las cuestiones más relevantes podrían terminar resolviéndose en despachos judiciales mucho después de que el debate legislativo haya concluido.

La pregunta ya no es únicamente qué dice la ley. La pregunta es cómo la interpretarán los jueces.

Cuando la ley deja de ser el final de la discusión

En otros países, la aprobación de una reforma suele marcar el cierre de una controversia política. En Argentina, muchas veces representa apenas el comienzo.

La compleja estructura del derecho laboral argentino, construida durante décadas sobre principios protectores del trabajador, genera un escenario particular: cualquier modificación relevante suele ser sometida a un intenso control judicial.

Los magistrados laborales no se limitan a verificar el cumplimiento literal de las normas.

También analizan su compatibilidad con principios constitucionales, tratados internacionales, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y jurisprudencia consolidada.

Por esa razón, una misma disposición legal puede adquirir alcances diferentes según la interpretación que adopten los tribunales.

En la práctica, esto significa que la reforma laboral no quedará definida únicamente por el texto aprobado por el Congreso.

Su alcance real dependerá, en gran medida, de las decisiones que adopte la Justicia en los próximos años.

Los jueces como protagonistas inesperados

Durante décadas, los tribunales laborales fueron configurando gran parte de las reglas que hoy gobiernan las relaciones de trabajo.

La extensión de indemnizaciones, la protección contra despidos arbitrarios, los alcances de la responsabilidad empresarial, la interpretación de convenios colectivos y la aplicación de distintos beneficios laborales son resultado tanto de leyes como de fallos judiciales.

Por eso, cuando se modifica el marco normativo, la atención rápidamente se traslada a los juzgados.

Empresas, sindicatos y trabajadores saben que los magistrados poseen capacidad para consolidar, limitar o incluso neutralizar determinados efectos de una reforma.

La experiencia reciente lo demuestra.

El DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei encontró rápidamente resistencia en los tribunales. Las presentaciones promovidas por organizaciones sindicales derivaron en medidas cautelares y fallos que suspendieron aspectos centrales de su capítulo laboral antes incluso de que pudiera desplegar plenamente sus efectos.

Aquel episodio funcionó como una señal temprana de lo que vendría después. La disputa por la reforma laboral dejó de librarse exclusivamente en el terreno político para trasladarse a los despachos judiciales. Desde entonces, quedó claro que no sólo la Ley de Modernización Laboral sancionada por el Congreso, sino también cada una de sus reglamentaciones y medidas complementarias, serían sometidas a un intenso escrutinio judicial.

Los puntos que prometen más litigios

• El nuevo riesgo para abogados y trabajadores: Uno de los puntos más controvertidos aparece en la modificación del principio de gratuidad del proceso laboral. La reforma mantiene la protección de la vivienda del trabajador, pero incorpora la posibilidad de responsabilizar solidariamente al trabajador y a su abogado cuando exista una «pluspetición inexcusable», es decir, cuando se reclamen sumas manifiestamente excesivas. El objetivo oficial apunta a desalentar demandas infladas. Sin embargo, entidades profesionales sostienen que la medida podría generar un efecto contrario al buscado: desalentar el acceso a la Justicia por temor a futuras condenas en costas. El planteo ya anticipa futuras discusiones constitucionales vinculadas al derecho de defensa y al acceso efectivo a la tutela judicial.
• La antigüedad que podría desaparecer: La reforma también modificó el cómputo de la antigüedad laboral. Si un trabajador deja una empresa y regresa luego de dos años o más, el tiempo trabajado anteriormente dejará de computarse para calcular su antigüedad. Para el Gobierno, se trata de una regla que brinda previsibilidad. Para sus críticos, supone una afectación de derechos adquiridos y una posible vulneración del principio de progresividad en materia laboral. La consecuencia esperable son planteos de inconstitucionalidad destinados a recuperar años de servicio previamente reconocidos.
• Monotributistas y colaboradores: la discusión que nunca termina. Probablemente sea uno de los focos de litigiosidad más importantes. La reforma intentó reducir la presunción de existencia de relación laboral cuando existan contratos de servicios, facturación y pagos bancarizados. Sin embargo, los especialistas advierten que el histórico principio de primacía de la realidad seguirá vigente. En otras palabras: si una persona figura formalmente como autónoma pero en los hechos trabaja bajo subordinación económica, técnica y jurídica, los jueces podrán continuar reconociendo la existencia de una relación laboral encubierta. Para muchas empresas, este será uno de los mayores focos de contingencia futura.
• La tercerización vuelve al centro de la escena: La reforma redujo ciertos alcances de la responsabilidad solidaria de las empresas que contratan servicios de terceros. Sin embargo, los abogados laboralistas anticipan que la discusión sobre fraude laboral y tercerización irregular seguirá ocupando un lugar central en los tribunales. Las compañías que externalicen actividades estratégicas continuarán expuestas a reclamos si los jueces entienden que existe una utilización abusiva de intermediarios para encubrir relaciones laborales.
• La pelea por las multas derogadas: La eliminación de las históricas multas por empleo no registrado abrió una inesperada división dentro de la propia Justicia laboral. Mientras algunos tribunales consideran que la derogación debe aplicarse inmediatamente, otros sostienen que los trabajadores ya habían incorporado esos derechos a su patrimonio antes de la entrada en vigencia de la reforma. La consecuencia es un escenario de criterios contradictorios que probablemente requiera una definición futura de la Corte Suprema.
• La nueva indemnización por despido: Otro de los temas que promete llegar a los tribunales es la nueva fórmula de cálculo de la indemnización por despido. La reforma excluye expresamente de la base indemnizatoria conceptos como el aguinaldo, vacaciones proporcionales y ciertos pagos de periodicidad no mensual. El debate gira alrededor de si esta limitación resulta compatible con la doctrina construida por la Corte Suprema en precedentes históricos como «Vizzoti». Numerosos especialistas anticipan planteos judiciales destinados a reincorporar estos conceptos dentro de la base de cálculo.
• El Fondo de Asistencia Laboral también llegará a los tribunales: La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) pretende reemplazar parcialmente la lógica indemnizatoria tradicional por un sistema de capitalización. Sin embargo, las diferencias en la determinación de aportes, errores de cálculo, demoras en las transferencias y discusiones sobre actualización monetaria prometen generar una nueva fuente de litigios. La discusión sobre si las tasas previstas por la normativa alcanzan para preservar el valor real de los créditos laborales será uno de los primeros conflictos esperados.
• Despidos discriminatorios: una factura más alta de la prevista. La reforma estableció una indemnización agravada de entre el 50% y el 100% para los despidos discriminatorios. No obstante, algunos fallos recientes ya comenzaron a advertir que ese agravamiento podría no ser suficiente para excluir reclamos adicionales por daño moral y reparación integral. Si esta línea jurisprudencial se consolida, las empresas podrían enfrentar condenas significativamente superiores a las previstas originalmente por el legislador.
• Sindicatos, huelgas y servicios mínimos: El capítulo colectivo de la reforma promete una judicialización masiva. La limitación de aportes solidarios, las restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos y la obligación de garantizar niveles mínimos de prestación durante medidas de fuerza generan fuertes cuestionamientos sindicales. Las organizaciones gremiales sostienen que varias de estas disposiciones afectan la libertad sindical protegida por la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la OIT. Las futuras demandas podrían convertirse en uno de los principales frentes de conflicto judicial.
• Los bloqueos y el derecho de huelga: La incorporación de los bloqueos de establecimientos como posible injuria laboral grave constituye otro de los puntos más sensibles. La discusión ya no será únicamente si existió una medida de fuerza. Los jueces deberán analizar caso por caso si la participación de cada trabajador justificó efectivamente un despido y si la sanción resultó proporcional frente al ejercicio del derecho constitucional de huelga. Esa tensión entre libertad sindical y facultades disciplinarias empresariales promete generar una abundante producción jurisprudencial.

El factor Corte Suprema

En cualquier proceso de judicialización masiva existe un actor cuya influencia resulta determinante y es la Corte Suprema.

Si bien los conflictos laborales suelen comenzar en juzgados de primera instancia y recorrer distintas cámaras de apelaciones, los casos más relevantes terminan llegando al máximo tribunal.

Las decisiones de la Corte tienen capacidad para fijar criterios que luego son replicados por el resto del sistema judicial. Por esa razón, tanto sindicatos como empresas siguen con atención la evolución de la jurisprudencia del tribunal.

La pregunta no es menor. Una misma reforma puede tener efectos muy diferentes según la lectura que finalmente realice la Corte sobre sus alcances constitucionales.

Un escenario de incertidumbre para las empresas

Desde la perspectiva empresarial, la judicialización genera un problema adicional.

Las compañías necesitan previsibilidad para tomar decisiones de inversión, contratación y organización del trabajo.

Cuando el alcance de una norma depende de futuras interpretaciones judiciales, esa previsibilidad disminuye.

Por eso, muchos estudios jurídicos ya comenzaron a advertir a sus clientes que el análisis de la reforma laboral no puede limitarse a la lectura de los textos legales.

También será necesario monitorear la evolución de la jurisprudencia.

Lo que hoy parece permitido podría ser cuestionado mañana en los tribunales.

Y lo que inicialmente parece restringido podría terminar siendo validado por los jueces.

La disputa que definirá la reforma

Existe una paradoja en el debate actual. La reforma laboral suele presentarse como una discusión política entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos.

Sin embargo, el desenlace final podría quedar en manos de un cuarto actor que rara vez aparece en los titulares: la Justicia.

Porque en la Argentina las leyes laborales no terminan de escribirse cuando se publican en el Boletín Oficial.

Empiezan una segunda vida en los tribunales. Allí son interpretadas, cuestionadas, limitadas, ampliadas o redefinidas.

Por eso, mientras el debate político concentra la atención pública, jueces, camaristas y ministros de la Corte comienzan a ocupar silenciosamente un lugar central. La batalla legislativa puede estar entrando en su tramo final. La judicial, en cambio, apenas comienza.

Y de ella dependerá buena parte de las reglas que regirán el mundo del trabajo durante los próximos años.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que el desarrollo de Vaca Muerta fue determinante para revertir la situación energética de la Argentina y sostuvo que, sin el aporte de ese yacimiento, el país enfrentaría un escenario crítico en materia de abastecimiento. No obstante, cuestionó algunos aspectos de la política energética que se adoptó en los últimos años.

Vaca Muerta “no es una promesa, es una realidad”, afirmó Aranguren. Según explicó, actualmente el yacimiento genera cerca del 70% del petróleo y del gas que se produce en el país.

“Si no fuera por Vaca Muerta, hoy tendríamos que estar importando toda la energía”, señaló. En esa línea, remarcó que “estaríamos mucho peor de lo que uno hubiese imaginado”.

El ex funcionario consideró que “gracias a Vaca Muerta, desde 2012 y 2013, estamos en una situación de holgura energética. Volvimos a un superávit”, afirmó. Además, indicó que existen proyecciones que ubican el superávit comercial energético en torno a los USD 30.000 millones para 2030.

Aranguren también cuestionó las políticas energéticas aplicadas durante las últimas décadas y sostuvo que limitaron el desarrollo del sector. “Las políticas que se aplicaron no fueron las adecuadas. Durante mucho tiempo se estuvo haciendo populismo energético en Argentina”, expresó.

“Le decíamos al mundo y a los ciudadanos que la energía es barata, que la podemos despilfarrar, que no cuesta. Entonces la subsidiábamos y, como consecuencia de eso, el recurso no se desarrollaba”, afirmó.

No obstante, consideró que en los últimos años comenzó un proceso de corrección de esa estrategia. En ese contexto, destacó el potencial de la energía como uno de los motores de crecimiento de la economía argentina, junto con el sector agropecuario y la minería.

“Tenemos la posibilidad de que ese segundo vector de desarrollo contribuya a resolver una ecuación macroeconómica argentina que demanda muchos dólares”, sostuvo.

Aranguren sostuvo que el potencial de crecimiento del sector energético aún está lejos de haberse agotado y aseguró que “cuando el país se consolide como exportador neto de recursos, el precio de la energía va a bajar en la Argentina”.

Como argumento, señaló que ya se cuenta con ventajas comparativas frente a otras regiones del mundo afectadas por tensiones geopolíticas y problemas de abastecimiento. “Nosotros hoy mismo estamos en una mejor situación energética que el resto del mundo”, sostuvo, al señalar que en Europa las tarifas eléctricas y de gas natural son superiores a las argentinas como consecuencia principalmente del conflicto en Medio Oriente.

Y agregó: “Tenemos la ventaja además de que no estamos en un área geográfica de conflicto”. En ese sentido, remarcó que la Argentina no depende de pasos críticos para el comercio energético internacional, como el estrecho de Ormuz, cuya interrupción afecta la logística global del petróleo y el gas natural.

Para el ex ministro, el desafío ahora pasa por ampliar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción. Según explicó, la reducción de los costos energéticos y la consolidación exportadora dependerán de la resolución de los actuales cuellos de botella en transporte y procesamiento.

Por otro lado, y en relación al debate por Zonas Frías, Aranguren consideró: “Los subsidios tienen que ser, por definición, temporales, un régimen de excepción. Si la situación económica de la Argentina mejora, los subsidios van a ir disminuyendo, porque cada vez se va a tener que proteger a menos gente”.

Explicó que los habitantes de las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa no tienen acceso al gas natural y sin embargo están subsidiando la energía de personas con alto poder adquisitivo que residen en la denominada zona fría ampliada. Desde una perspectiva simple, resulta una situación totalmente “contradictoria e hipócrita”, apuntó Aranguren.

“En determinadas circunstancias coyunturales, es correcto subsidiar, siempre y cuando se pueda identificar adecuadamente a quienes realmente necesitan esa ayuda. No obstante, hay aspectos de ese régimen que no comparto”, señaló.

Por ejemplo, en el caso del gas natural se establece un precio unificado durante todo el año. “A mi entender, eso no es adecuado, porque elimina la señal de precios que incentiva el uso responsable de la energía. Si no se refleja que el gas tiene un costo mayor en invierno, las personas tienden a consumir más. Quizás, en lugar de abrigarse con un pulóver dentro de su casa, permanezcan en mangas cortas porque la energía está subsidiada”, dijo Aranguren.

“Es importante que existan señales que transmitan a la población que la energía tiene un costo y que, por lo tanto, debe utilizarse de manera eficiente. Ese aspecto no está suficientemente contemplado en el régimen actual”, añadió.

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