POLITICA
Reunión clave entre el Gobierno y las empresas de colectivo: crece la preocupación por la caída en la frecuencia en el AMBA
La compleja realidad en el transporte que se vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcada por la reducción de la frecuencia de colectivos, preocupa al Gobierno Nacional que este jueves tendrá una nueva posibilidad para intentar desarticular el conflicto. Desde las 11, la Secretaría de Transporte, que estrenará autoridades, recibirá a representantes de las empresas con el objetivo de acercar posiciones ante la serie de reclamos presentados.
Asistirán en representación del Poder Ejecutivo, el flamante secretario Mariano Plencovich, quien asumió en reemplazo de Fernando Herrmann, que también estará presente, pero esta vez en calidad de titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.
Por el sector empresarial lo harán Luis Brusca y Fabio Ferreira (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez y Luciano Messina (CTPBA); Daniel de Ingennis y Gustavo Martínez (CETUBA); Daniel Oscar Tenisci y Jorge Gangelmi (CEAP) y Luciano Fussaro (AAETA).
De acuerdo a lo que precisaron a Infobae, las empresas reclaman respuestas concretas para poder hacer frente a los costos operativos ante la suba del gasoil y amenazan con afectar la frecuencia de colectivos, que en la actualidad opera al 85% de lo habitual.
“El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, desarrollaron a través de un comunicado desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).
En la administración libertaria admitieron que la reducción en la frecuencia del servicio, y el impacto en la sociedad, que afecta la vida diaria de millones de personas cada día, es un tema que inquieta, por lo que trabajan en alternativas para intentar dar con una solución que conforme a las partes. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en los últimos seis años, se redujo en un 12% la cantidad de unidades que circulan en la región, mientras que la tarifa mínima aumentó un 1.200%.
“Es un tema que preocupa y todo está en estudio. Trabajaremos en las deudas, que habíamos cancelado, pero también por las cuestiones del día a día y a futuro ver cómo podemos mejorar el sistema”, admitió a este medio una fuente de Gobierno involucrada en el tema.
Lo cierto es que el intercambio de este jueves surge de una serie de contactos, cuyo inicio data del 1° de abril, en los que no se logró alcanzar un acuerdo entre las partes.
La última reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril y se dio en paralelo a las mesas técnicas de trabajo impulsadas para “establecer un canal permanente de diálogo”. En aquella oportunidad, las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un envío complementario de fondos para saldar deudas pendientes, que aseguran ascienden a $130 mil millones, según exponen.
El sector empresarial aseguró a Infobae que a principios de mes, la deuda escalaba a los 150 mil millones, y aclaró que con el pago, el Estado logró reducirla a 50 mil millones a mitad de abril. Sin embargo, remarcan además que en la actualidad, por el vencimiento de nuevos subsidios, sobrepasan los más de $100 mil millones. “Y sigue sin resolverse cómo se va a compensar el aumento de gasoil de estas semanas”, cuestionaron ante este medio.
Es bajo estos reclamos que se sentarán este jueves, en la fecha límite estipulada, a intentar destrabar el conflicto con la plana de representantes del Ejecutivo. La reunión configura el primer desafío de Plencovich como secretario de Transporte tras su reciente ascenso, luego de que su antecesor Fernando Herrmann, en el cargo desde enero, asumiera al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.
El movimiento en el área tuvo lugar días después de la salida de Carlos Frugoni, desplazado de su cargo por haber admitido que decidió no declarar en su declaración jurada siete propiedades en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware.
POLITICA
Milei se enrosca con “la cadena del desánimo” mientras crece un reclamo interno de los ex PRO
Hubo un sondeo de los últimos días que, en la intimidad del Gobierno, mostró a Javier Milei especialmente iracundo: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que todos los meses elabora la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador -reconocido termómetro de expectativas y percepción económica social- se ubicó en 39,64 puntos en abril y tocó un piso que no se registraba desde hacía 20 meses. El sondeo, lejos de generar una autocrítica, convenció todavía más a Milei de que son los medios, y no las condiciones materiales de las familias, los que generan un clima de malestar. Los libertarios comenzaron a hablar de “la cadena del desánimo”, un término que acuñó el viejo 678.
“¡Corruptos son ustedes!”, les gritó el Presidente a los periodistas al defender a Manuel Adorni cuando entraba ayer al Congreso para respaldar la exposición de su jefe de Gabinete. “¡Chorros!”, insistió cuando salía del Palacio.
Con la puesta en escena que hizo en la Cámara baja, el Presidente ratificó una vez más a su ministro coordinador. Hizo protagonista de ese blindaje a todo su equipo, que dio el presente en Diputados. Varios actores del oficialismo creen que el Gobierno pagó un precio demasiado alto por Adorni, pero jamás se animaron a insinuarlo frente a los hermanos presidenciales.
La intención del Gobierno es que con la presentación del jefe de Gabinete ayer en el Congreso se dé por terminado el affaire Adorni, que ya lleva más de 45 días. O que, al menos, el caso pase a ser costo hundido. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó una pericia contable sobre la evolución patrimonial del ministro coordinador para determinar el origen de los gastos en efectivo que hizo estando en la función pública y que ascienden a unos 130.000 dólares. En la Casa Rosada saben que el peritaje demandará varias semanas y creen que ayudará a que el asunto se apague.
Mientras tanto, el equipo del área judicial que responde a Karina Milei sigue estudiando, paso a paso, cómo moldear al Poder Judicial a través de las vacantes. Hoy, una comisión del Consejo de la Magistratura avanzará con las ternas de candidatos para cubrir dos lugares en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py. Es para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a la Cámara trasladados vía decreto por Mauricio Macri.
Según pudo saber Infobae, Santiago Viola y Gonzalo Roca, los dos consejeros de La Libertad Avanza (LLA), apoyarán el dictamen que incluye a las candidaturas de Pablo Yadarola (juez en lo penal económico), Cecilia Incardona (fiscal federal de Lomas de Zamora) y del propio Bertuzzi. Yadarola es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Incardona tiene bajo investigación a las operaciones de Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, en una de las causas que complica a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Milei nunca le soltó la mano a Adorni. Pero, por algún motivo, decidió no asumir más riesgos con nuevos escándalos: el viernes pasado, en diálogo con Luis Caputo, el Presidente pidió apartar a Carlos Frugoni, el Secretario de Coordinación de Infraestructura que omitió declarar siete propiedades en Palm Beach ante la Oficina Anticorrupción y ante ARCA. Frugoni, un newman boy histórico del macrismo, era de confianza del ministro de Economía y sus ojos sobre las áreas de Transporte y obras públicas.
Durante el fin de semana pasado se acordó una salida y el secretario de Estado presentó su renuncia. Todos los que estaban debajo de él ascendieron una posición: a Frugoni lo reemplazó el titular de Transporte, Fernando Herrmann, que a su vez fue sustituido por Mariano Plencovich, que hasta entonces era su virtual jefe de gabinete.
La idea fue cortar de cuajo un posible nuevo frente judicial mientras Frugoni conserva cierta influencia a “control remoto” sobre el área de Infraestructura. Hacia afuera la salida del funcionario del Ministerio de Economía provocó una contradicción con el caso Adorni, pero eso no importó en el Gobierno. “Fue distinto. Frugoni reconoció que se equivocó y que no declaró los inmuebles. Creyó que alcanzaba con rectificarse en los papeles, pero eso no iba a ser así”, justificó un colaborador oficial.
La política y la economía
Después de la salida de Frugoni, el dispositivo oficial se encargó de mostrar en público gestos de afecto entre Toto Caputo y los hermanos Milei para ahuyentar cualquier versión sobre chisporroteos con el ministro. El propio titular de Hacienda se ocupó de neutralizar los runrunes en las redes sociales.
Los desacuerdos en la mesa política del Gobierno, más que por la salida de un funcionario o cualquier desavenencia coyuntural, pasan por la visión estratégica del camino al 2027.
Hay fuertes diferencias de criterio entre los ex Pro y los “karinistas”, que pretenden seguir “pintando de violeta” al país.
Toto Caputo -como Diego Santilli o Patricia Bullrich- no quieren reeditar, desde ahora, la crisis política que vivió LLA en los meses previos a los comicios de medio término del año pasado. Quieren evitar que en el Congreso los aliados escatimen apoyos y comiencen a asestar reveses de forma prematura.
En particular, el ministro de Economía considera que las variables macroeconómicas están ordenadas y que si los mercados se preguntan por la sostenibilidad del modelo en el largo plazo es por la falta de previsibilidad política. Serviría, para explicar ese razonamiento, una reformulación de la famosa frase de James Carville, el mítico asesor de Bill Clinton en los 90. Algo así como: “No es la economía, estupido (es la política)”.
Sobre Caputo no solo pesa el antecedente de los comicios de 2025. “Se convenció de esto con la experiencia de la Argentina Week, cuando vio a los gobernadores alinearse con el Gobierno para atraer inversiones”, dijo un colaborador oficial a Infobae. Y agregó: “Toto viene diciendo que se le ralentizan las curvas, el repunte económico, si la política no acompaña a la economía”.
Aquella experiencia florida de la Argentina Week perdió brillo cuando estalló el caso Adorni. Por eso, hay un ala del Gobierno que machaca con la necesidad de terminar con los errores no forzados. Eso incluye, también, finiquitar con el internismo del Gobierno, entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo, que, sin embargo, no deja de retroalimentarse semana a semana con episodios asombrosos.
En el Palacio Libertad, Javier Milei también hizo gestos visibles. A los dos Caputo y a su hermana los abrazó apretado, mientras que a Lule Menem apenas le dio la mano. Probablemente porque tiene escaso vínculo con el funcionario, brazo político de Karina.
En las reuniones de equipo, los Menem suelen patear para septiembre las definiciones en términos de alianzas políticas de cara a 2027. En simultáneo dan pasos para dar la pelea con candidatos violetas puros en todo el país y para disputar todas las gobernaciones posibles.
Con este escenario, ¿Karina Milei le va a dejar a Patricia Bullrich la candidatura a jefa de gobierno porteño y a Diego Santilli la postulación a la gobernación bonaerense? ¿Va entregarle esos casilleros a dos no nacidos en el mileísmo? En los últimos días comenzó a sonar la versión de que, al final del camino, Sebastian Pareja, el armador del karinismo en la provincia, terminará siendo el elegido por la hermana presidencial.
Mal que le pese a un sector del Gobierno, los fantasmas sobre la falta de previsibilidad política ya empezaron a merodear: desde el Pro hasta los gobernadores aliados, todos los aliados avisaron que no van a apoyar la reforma política y la eliminación de las PASO que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.
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POLITICA
Un informe del Gobierno reveló consumos suntuosos de una cuenta corporativa de Nucleoeléctrica
El informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, reveló que una cuenta corporativa de la empresa pública Nucleoeléctrica SA, acumuló gastos por USD 313 mil dólares en menos de un año en consumos suntuosos como productos de free shops, hoteles de lujo, peluquerías, tiendas de ropa y discotecas en Madrid.
Los movimientos corresponden al periodo comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, lapso que coincide con la gestión de Demian Reidel, exasesor del presidente Javier Milei, al frente de la compañía especializada en energía nuclear.
Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.
Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe…
— Demian Reidel (@dreidel1) May 1, 2026
Reidel usó su cuenta de X para desvincularse del escándalo en ciernes: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, ni servicio de playa, ni free shop ni nada”, alegó.
En el informe no se especifica cuántas personas tenían el acceso a esa cuenta ni cuántos plásticos se encontraban habilitados para los gastos con tarjeta.
Dicho reporte contiene fechas, descripciones de las operaciones e importes expresados tanto en dólares como en pesos. Las transacciones combinan pagos vinculados al rubro energético con decenas de consumos personales y difícilmente justificables.
El rubro que mayormente aparece en lo que se considera como gastos personales es el Duty Free, que surge en 45 ocasiones dentro del informe, con un total de USD 5,957 y 1,1 millones de pesos.
También surgen pagos a hoteles lujosos en Madrid, Suiza, Singapur, Viena y Río de Janeiro; alquileres por Airbnb; vuelos en American Airlines, United, Air Europa y Aerolíneas Argentinas; consumos en tiendas de Adidas de distintas ciudades europeas y asiáticas; y 42 pagos a cuentas de Mercado Pago de veterinarias, verdulerías, ferreterías, almacenes, kioskos y una parrilla en Ramos Mejía.
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El enfrentamiento entre Javier Milei y el sindicalismo transcurre hoy en los tribunales, en una tensa pulseada por la vigencia de la reforma laboral. La Corte Suprema de Justicia podría dirimir la pelea y emitir una acordada en línea con lo que sus miembros habrían evaluado en privado: no objetarían la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga. Esa es la versión que circula entre magistrados del fuero laboral, gremialistas y empresarios consultados por . De intervenir la Corte con este posicionamiento, sería un triunfo para Milei frente a lo que alguna vez llamó “la casta sindical”.
Detrás de esta puja con la CGT, surge un curioso doble juego del Gobierno con Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso e influyente de los últimos 25 años. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el jefe camionero aceptó paritarias por debajo de la inflación e incluso por tramos temporales más largos, como lo es el acuerdo salarial vigente, que es semestral (de marzo a agosto) y contempla un aumento de 10,1% para ese período. Tampoco hubo cuestionamientos por la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, que desplazó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, de las negociaciones y es él quien define si los acuerdos se homologan o no.
Con 82 años, Moyano atraviesa un momento difícil y por primera vez en sus cuatro décadas al frente del Sindicato de Camioneros surgen focos de insurgencia que amenazan su liderazgo. Su mandato al frente del gremio finaliza en 2027, lo que acelera las especulaciones sobre sus posibles herederos. La revelación de sobre una serie de transferencias millonarias desde el gremio y la obra social a fideicomisos vinculados a su esposa agitó todavía más la interna. Hace dos semanas hubo un pedido de documentación contable por parte de la Justicia que alteró los nervios. Moyano y su esposa, Liliana Esther Zulet, que administra el holding de empresas que orbitan alrededor del gremio, siguen por ahora en silencio, aunque activos. Dispusieron una serie de despidos en el área de tesorería y un bloqueo del sistema informático interno, según contaron fuentes sindicales. No hubo comunicado oficial desde el gremio ni tampoco respondieron a la consulta de .
Desde las cuentas que el sindicato y la obra social de Camioneros tienen registradas en el Banco Provincia, se transfirieron $900 millones en 12 días a tres fideicomisos que estarían vinculados a Zulet y dos hijos que tiene de otro matrimonio. Se conocieron ahora nuevos giros entre el 12 y el 28 de enero de 2026. El monto de las transferencias durante ese período llegaría casi a los $1100 millones, según revelaron a fuentes del gremio al tanto de las finanzas. Las transferencias habrían sido a los fideicomisos Khasis y Thoth y el destino de los fondos serían las empresas Aconra y Dixey, del rubro de la construcción y textil, respectivamente. En los directorios de estas compañías, que tienen como cliente exclusivo al Sindicato de Camioneros, están Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa de Moyano.
Nadie del Gobierno ni de la Justicia reaccionó frente a las sospechas de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato y de la obra social. Tampoco los opositores a Moyano se animaron a ir a los tribunales a intentar reactivar una vieja causa sobre supuesta administración fraudulenta.
La crisis de la obra social (Oschoca) no se detiene a pesar del auxilio empresario, que abona un plus de $25.000 mensual por afiliado. La prestadora médica arrastra un rojo financiero que rondarías los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Esta semana recortó servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos, según comentaron fuentes sindicales. Oschoca es administrada por la empresa Iarai, también propiedad de Zulet y sus hijos.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
A partir de una publicación de , Ocaña volvió a la carga, pero esta vez con una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que supervisa a todas las obras sociales del país y que depende del Ministerio de Salud. Le pidió a Claudio Adrián Stivelman, titular de la SSS, intervenir la prestadora médica de camioneros y denunció que Moyano y su esposa la administra como “un bien propio sin rendir cuentas”. Pese a esta presentación, la SSS no tiene previsto avanzar sobre la obra social de los camioneros, según supo de fuentes oficiales.
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por él mismo, a través de su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. Si se detecta una presunta evasión o sobrefacturación, la causa podría pasar a la Justicia federal, según especularon fuentes judiciales y gremiales con conocimiento de la investigación. Hay por ahora siete imputados: tres exempleados del hotel, dos proveedores y dos dirigentes que eran de confianza de Moyano y que fueron echados: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el Tesorero, Paulo Héctor Villegas.
Del expediente que tiene a su cargo el fiscal Carlos David Bruna, y al que tuvo acceso , surgen algunas curiosidades que podrían volvérsele en contra a Moyano. Una es que las facturas y los cheques del hotel marplatense eran auditados en la sede del gremio en Buenos Aires. Otra es que se habría detectado que una de las empresas proveedoras de artículos de limpieza que habría cobrado sobreprecios sería de una abogada que representa al gremio en otros litigios. Es decir, alguien de confianza del líder sindical.
Para Moyano la causa judicial por el presunto fraude en Mar del Plata se volvió un dolor de cabeza. Teme que se le vuelva en contra porque podría dejar al descubierto irregularidades que involucren a su círculo íntimo. Hace aproximadamente un mes habían comenzado a circular versiones sobre supuestos contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof en caso de necesitar alguna gestión política en el Poder Judicial o en los organismos de control impositivo. La versión cobró más fuerza tras la revelación de en la que se informó sobre el desplazamiento de seis funcionarios de la seccional Mar del Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que habían denunciado presiones desde sus jefes de Buenos Aires para no aportar documentación a la investigación judicial vinculada a los negocios del hotel sindical. Uno de los funcionarios de ARCA desplazados se llama Manuel Rodríguez. Fue uno de los que asistió a la Fiscalía Federal de Mar del Plata para radicar una denuncia contra la cúpula del organismo recaudador. Curiosamente, el fiscal Bruna, a cargo de la investigación del fraude en el hotel marplatense, rechazó esta semana la citación a declarar como testigo de Rodríguez, solicitada por el abogado Maximiliano Orsini, defensor de tres de los siete imputados. Bruna tiene el expediente desde agosto de 2025 y la pericia contable que ordenó recién podría estar lista dentro de 90 días, según cálculos judiciales.
El vínculo de Moyano con la gestión libertaria es a partir de unos pocos funcionarios. No conoce personalmente a Milei ni tampoco tiene trato. Su hijo Hugo Antonio, que es diputado nacional e integra el equipo legal del gremio, es el nexo con el secretario de Trabajo por los temas salariales o laborales. El otro puente es con Mario Lugones, aunque solo por asuntos vinculados a la obra social. También quedó abierto un canal con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el que negoció históricamente los contratos por la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires.
Pero tal vez al vínculo más fuerte lo tejió recientemente. En la primera visita oficial de la CGT a la Casa Rosada, en abril de 2024, Moyano se sumó a la comitiva a pesar de no ser parte del consejo directivo. Ese día la tropa sindical fue recibida por Guillermo Francos, pero con quien el camionero conectó de inmediato fue con Santiago Caputo. Fue el asesor presidencial el que a los pocos días de aquel primer apretón de manos destrabó un conflicto con la paritaria de los camioneros. Desde entonces quedaron en contacto, a veces también a través de Jerónimo, el menor de los Moyano que oficia de secretario de privado de su padre. Una de las áreas en las que Caputo conserva incidencia es casualmente en la ARCA, el organismo que intentó auxiliar a Moyano con la causa judicial que lo tiene en vilo.
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