Tras dos movidas fallidas para cerrar el caso $LIBRA en la Argentina, durante las últimas semanas comenzó a gestarse un tercer intento. El abogado Fernando Burlando sondeó si es posible una reparación integral del daño a los inversores afectados y cerrar la causa penal sin condenas, según reconstruyó a partir de los testimonios de cinco fuentes oficiales y privadas. Pero su plan chocó con dos obstáculos: para Hayden Davis no hubo fraude y el presidente Javier Milei y su hermana Karina deberían ser exculpados antes.

Burlando recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondeó circuitos del poder en busca de una indemnización para los damnificados y cerrar sin condenas la investigación criminal que tiene como denunciados a Javier y Karina Milei, Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros, aunque la gestión tropezó con una negativa. El fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, se negó a recibirlo cuando el abogado se presentó en su despacho.

La intentona de Burlando en Comodoro Py ocurrió mientras el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se encontraba de licencia. En la trastienda de los tribunales, el abogado intentó un “scouting”. Es decir, tantear primero a las partes para llegar después a los imputados con el respaldo de que el resto ya había dicho que sí.

La negativa de Taiano a recibirlo desbarató esa estrategia, sin embargo, antes de completarla. “Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió”, admitió Burlando a sus allegados, según reconstruyó . En los pasillos, el letrado lo llama a Taiano “el fiscal anti víctimas” por su renuencia a escuchar a los damnificados por el colapso de $LIBRA, que en febrero de 2025 causó pérdidas a los inversores por más de US$250 millones.

La figura jurídica que explora Burlando es la extinción de la acción penal por reparación integral del daño, prevista en el Código Penal. Pero esa senda choca con una limitación que fuentes oficiales remarcaron repetidas veces ante la consulta de : mientras haya funcionarios públicos imputados en la causa, el Código Penal no permite esa salida.

La limitante que impone la legislación es, también, una condición que el actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, trazó a quienes lo abordaron el año pasado durante una intentona similar. Les comunicó como condición insoslayable para prosperar que las querellas debían despegar de la causa a Javier y Karina Milei, según reveló en noviembre pasado.

A esos primeros obstáculos se suma otra de representación: el expediente penal que tramita en la Argentina contempla al menos dos grupos de inversores y el patrocinio de Burlando no es indiscutido entre ellos: “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner“, admitió una fuente oficial al tanto de las marchas y contramarchas.

Para Burlando, por el contrario, los acusados muestran una “miopía” difícil de comprender porque, más allá de la trama de corrupción, el expediente es primordialmente de carácter patrimonial. “Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial”, planteó a los damnificados. “Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar”, les hizo saber.

Del lado de las defensas, por el contrario, la postura de Davis es tajante. Sus abogados reafirman que será difícil probar la configuración de un fraude y que, por tanto, el empresario estadounidense no tendría por qué resarcir a los inversores. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral carece de motor real. “Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada”, reconoció Burlando.

Tercer intento

Este tercer intento se suma a una secuencia de movimientos fallidos que reveló durante los últimos meses. El primero fue protagonizado por la defensa de Davis, que en junio de 2025 sondeó la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial en la Argentina para extinguir la acción penal en su contra.

El segundo intento comenzó a tomar forma, en tanto, cuando los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los US$4,5 millones, mantuvieron una audiencia de mediación civil con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el otrora asesor de la CNV Sergio Morales, que también quedó trunca. En ese contexto actuó además un colaborador de Burlando, que sondeó al abogado penalista en Buenos Aires de Davis, Marcos Salt, sin resultado.

El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”. En otras palabras, que nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. Una posibilidad que circuló en las conversaciones fue que una plataforma del mercado cripto asumiera ese rol, pero la propuesta generó resistencias por sus riesgos legales y reputacionales.

Burlando reconoció haber sostenido conversaciones con damnificados sobre la posibilidad de encauzar una solución porque, en su visión, el tiempo corre en contra del Gobierno. “Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente”, afirmó. Y dejó una advertencia con fecha concreta en el horizonte: “Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos”.

El presidente Javier Milei firmó un decreto, que se publicará en las próximas horas, que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes.

Ante la consulta de , fuentes del Gobierno negaron que se procure una mayor opacidad en el proceso de selección de ministros de la Corte.

En cambio, dijeron que se busca simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.

El decreto podría publicarse este lunes o martes, dijeron fuentes de la Casa Rosada, que informaron que Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya lo firmaron.

La herramienta modifica el decreto 222 de 2003, de Néstor Kirchner, llamado de “autolimitación presidencial”, que prevé que el Poder Ejecutivo debe publicar en el ⁠Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante al menos tres días, el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. También, que los candidatos deben presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio.

Además, el decreto 222/03 prevé la participación de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los colegios profesionales en la presentación ante el Ministerio de Justicia, en un plazo de 15 días, de observaciones o impugnaciones fundadas sobre los candidatos.

Tras ese período de evaluación dentro del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo envía el pliego al ⁠Senado, donde el candidato atraviesa otra serie de impugnaciones o apoyos, además de enfrentar una audiencia pública. Luego, su pliego debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes.

Ahora, el decreto que ya firmó Milei elimina el mecanismo de las impugnaciones y la participación ciudadana en el Ministerio de Justicia, con su plazo de 15 días, así como la publicación en los diarios de la postulación del candidato a la Corte. La presentación de objeciones en el Ministerio se elimina ya que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, dijeron en el Gobierno.

Agregaron que hay una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En los hechos, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducen drásticamente.

El decreto de Milei también modifica la manera en la que los candidatos a juez de la Corte brindan información sobre sus bienes y deudas. Se establece “un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos”, indicaron desde la Casa Rosada.

El Gobierno insiste en que con este cambio “no se suprimen mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados”, que se encuentran garantizados mediante el procedimiento del Senado.

En alerta

Las ONG relacionadas con la transparencia y la lucha anticorrupción están en alerta ante estos cambios, pero esperan conocer la letra chica del decreto para opinar.

Desde el Gobierno dijeron que con el decreto “se moderniza el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles”, pues ahora es más corto el plazo para la comunicación de la postulación y se incorpora la publicación en la página oficial del Ministerio de Justicia.

Se establece asimismo un plazo para que la ARCA informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. Y se da un plazo de cinco días para que los concursantes presenten las declaraciones juradas de bienes contempladas en la Ley de Ética Pública.

Se reducen los plazos de publicación de los antecedentes y se busca ahorrar tiempo para que el trámite de designación de jueces sea más rápido, destacaron en el oficialismo. Además, se eliminan las recomendaciones del decreto de Kirchner para que los jueces de la Corte sean propuestos teniendo en cuenta la diversidad de género, especialidad y procedencia regional.

Son recomendaciones que, de todos modos, el Gobierno no tuvo en cuenta cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, el trámite extendido que establece el decreto 222/03 multiplicó los días de desgaste político para el oficialismo, a medida que se apilaban las impugnaciones contra Lijo. Objeciones que luego se repitieron en el Senado.

El cambio que preparan Milei y Mahiques puso en alerta a varios actores judiciales. Sucede que estos cambios se dan en momentos en que el Gobierno aceleró para cubrir las vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal. Ya envió al Senado más de cien pliegos de candidatos que pasaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.

Ahora, Milei debe firmar el decreto que designa a cada uno de los jueces y fiscales que lograron acuerdo. Pero, en paralelo, el Gobierno puede volver a hacer un intento para completar la Corte Suprema, que cuenta tres de los cinco jueces previstos en la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Presidente hizo saber que prefiere cubrir las dos vacantes luego de 2027, convencido de que logrará un triunfo electoral que le dará suficiente fuerza en el Senado para obtener los votos de los dos tercios sin negociar con la oposición.

Pero el ministro Mahiques cree que podrían empezar a pensar ahora en esas coberturas de vacantes, ya que el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, para renovar su acuerdo en el Senado como juez de la Cámara de Casación obtuvo 58 votos, más de los que necesita un juez de la Corte.

Otro que piensa que se podría activar ahora la cobertura de las vacantes es Lorezetti, que se reunió con Milei y le propuso como candidatos al camarista de la Casación Mariano Borinsky y la jueza de tribunal oral en lo penal económico Karina Perilli.

Otros magistrados proponen a la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti. Los cambios que impulsarán Milei y Mahiques alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que se acelere el proceso de renovación de jueces de la Corte.