POLITICA
El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja

El enfrentamiento entre Javier Milei y el sindicalismo transcurre hoy en los tribunales, en una tensa pulseada por la vigencia de la reforma laboral. La Corte Suprema de Justicia podría dirimir la pelea y emitir una acordada en línea con lo que sus miembros habrían evaluado en privado: no objetarían la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga. Esa es la versión que circula entre magistrados del fuero laboral, gremialistas y empresarios consultados por . De intervenir la Corte con este posicionamiento, sería un triunfo para Milei frente a lo que alguna vez llamó “la casta sindical”.
Detrás de esta puja con la CGT, surge un curioso doble juego del Gobierno con Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso e influyente de los últimos 25 años. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el jefe camionero aceptó paritarias por debajo de la inflación e incluso por tramos temporales más largos, como lo es el acuerdo salarial vigente, que es semestral (de marzo a agosto) y contempla un aumento de 10,1% para ese período. Tampoco hubo cuestionamientos por la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, que desplazó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, de las negociaciones y es él quien define si los acuerdos se homologan o no.
Con 82 años, Moyano atraviesa un momento difícil y por primera vez en sus cuatro décadas al frente del Sindicato de Camioneros surgen focos de insurgencia que amenazan su liderazgo. Su mandato al frente del gremio finaliza en 2027, lo que acelera las especulaciones sobre sus posibles herederos. La revelación de sobre una serie de transferencias millonarias desde el gremio y la obra social a fideicomisos vinculados a su esposa agitó todavía más la interna. Hace dos semanas hubo un pedido de documentación contable por parte de la Justicia que alteró los nervios. Moyano y su esposa, Liliana Esther Zulet, que administra el holding de empresas que orbitan alrededor del gremio, siguen por ahora en silencio, aunque activos. Dispusieron una serie de despidos en el área de tesorería y un bloqueo del sistema informático interno, según contaron fuentes sindicales. No hubo comunicado oficial desde el gremio ni tampoco respondieron a la consulta de .
Desde las cuentas que el sindicato y la obra social de Camioneros tienen registradas en el Banco Provincia, se transfirieron $900 millones en 12 días a tres fideicomisos que estarían vinculados a Zulet y dos hijos que tiene de otro matrimonio. Se conocieron ahora nuevos giros entre el 12 y el 28 de enero de 2026. El monto de las transferencias durante ese período llegaría casi a los $1100 millones, según revelaron a fuentes del gremio al tanto de las finanzas. Las transferencias habrían sido a los fideicomisos Khasis y Thoth y el destino de los fondos serían las empresas Aconra y Dixey, del rubro de la construcción y textil, respectivamente. En los directorios de estas compañías, que tienen como cliente exclusivo al Sindicato de Camioneros, están Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa de Moyano.
Nadie del Gobierno ni de la Justicia reaccionó frente a las sospechas de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato y de la obra social. Tampoco los opositores a Moyano se animaron a ir a los tribunales a intentar reactivar una vieja causa sobre supuesta administración fraudulenta.
La crisis de la obra social (Oschoca) no se detiene a pesar del auxilio empresario, que abona un plus de $25.000 mensual por afiliado. La prestadora médica arrastra un rojo financiero que rondarías los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Esta semana recortó servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos, según comentaron fuentes sindicales. Oschoca es administrada por la empresa Iarai, también propiedad de Zulet y sus hijos.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
A partir de una publicación de , Ocaña volvió a la carga, pero esta vez con una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que supervisa a todas las obras sociales del país y que depende del Ministerio de Salud. Le pidió a Claudio Adrián Stivelman, titular de la SSS, intervenir la prestadora médica de camioneros y denunció que Moyano y su esposa la administra como “un bien propio sin rendir cuentas”. Pese a esta presentación, la SSS no tiene previsto avanzar sobre la obra social de los camioneros, según supo de fuentes oficiales.
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por él mismo, a través de su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. Si se detecta una presunta evasión o sobrefacturación, la causa podría pasar a la Justicia federal, según especularon fuentes judiciales y gremiales con conocimiento de la investigación. Hay por ahora siete imputados: tres exempleados del hotel, dos proveedores y dos dirigentes que eran de confianza de Moyano y que fueron echados: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el Tesorero, Paulo Héctor Villegas.
Del expediente que tiene a su cargo el fiscal Carlos David Bruna, y al que tuvo acceso , surgen algunas curiosidades que podrían volvérsele en contra a Moyano. Una es que las facturas y los cheques del hotel marplatense eran auditados en la sede del gremio en Buenos Aires. Otra es que se habría detectado que una de las empresas proveedoras de artículos de limpieza que habría cobrado sobreprecios sería de una abogada que representa al gremio en otros litigios. Es decir, alguien de confianza del líder sindical.
Para Moyano la causa judicial por el presunto fraude en Mar del Plata se volvió un dolor de cabeza. Teme que se le vuelva en contra porque podría dejar al descubierto irregularidades que involucren a su círculo íntimo. Hace aproximadamente un mes habían comenzado a circular versiones sobre supuestos contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof en caso de necesitar alguna gestión política en el Poder Judicial o en los organismos de control impositivo. La versión cobró más fuerza tras la revelación de en la que se informó sobre el desplazamiento de seis funcionarios de la seccional Mar del Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que habían denunciado presiones desde sus jefes de Buenos Aires para no aportar documentación a la investigación judicial vinculada a los negocios del hotel sindical. Uno de los funcionarios de ARCA desplazados se llama Manuel Rodríguez. Fue uno de los que asistió a la Fiscalía Federal de Mar del Plata para radicar una denuncia contra la cúpula del organismo recaudador. Curiosamente, el fiscal Bruna, a cargo de la investigación del fraude en el hotel marplatense, rechazó esta semana la citación a declarar como testigo de Rodríguez, solicitada por el abogado Maximiliano Orsini, defensor de tres de los siete imputados. Bruna tiene el expediente desde agosto de 2025 y la pericia contable que ordenó recién podría estar lista dentro de 90 días, según cálculos judiciales.
El vínculo de Moyano con la gestión libertaria es a partir de unos pocos funcionarios. No conoce personalmente a Milei ni tampoco tiene trato. Su hijo Hugo Antonio, que es diputado nacional e integra el equipo legal del gremio, es el nexo con el secretario de Trabajo por los temas salariales o laborales. El otro puente es con Mario Lugones, aunque solo por asuntos vinculados a la obra social. También quedó abierto un canal con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el que negoció históricamente los contratos por la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires.
Pero tal vez al vínculo más fuerte lo tejió recientemente. En la primera visita oficial de la CGT a la Casa Rosada, en abril de 2024, Moyano se sumó a la comitiva a pesar de no ser parte del consejo directivo. Ese día la tropa sindical fue recibida por Guillermo Francos, pero con quien el camionero conectó de inmediato fue con Santiago Caputo. Fue el asesor presidencial el que a los pocos días de aquel primer apretón de manos destrabó un conflicto con la paritaria de los camioneros. Desde entonces quedaron en contacto, a veces también a través de Jerónimo, el menor de los Moyano que oficia de secretario de privado de su padre. Una de las áreas en las que Caputo conserva incidencia es casualmente en la ARCA, el organismo que intentó auxiliar a Moyano con la causa judicial que lo tiene en vilo.
una tensa pulseada por la vigencia de la reforma laboral,la ley aprobada por el Congreso,aceptó paritarias por debajo de la inflación,herederos,una serie de transferencias millonarias desde el gremio y la obra social a fideicomisos vinculados a su esposa,crisis de la obra social (Oschoca),una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS),transcurre hoy en Mar del Plata,la revelación de LA NACION,el menor de los Moyano,Nicolás Balinotti,Hugo Moyano,Javier Milei,Conforme a,Hugo Moyano,,Purga en ARCA. Desplazan a dos jefes que investigaban un fraude millonario en el Sindicato de Camioneros,,»Mala administración». Piden al Gobierno la intervención de la obra social de camioneros y denuncian a Moyano y a su esposa,,Reajuste. Cuánto cobran los camioneros en abril
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: Bullrich se volvió a diferenciar e hizo referencia a “los límites del Ejecutivo”

El proyecto mileísta corre con una desventaja competitiva: una oposición dura kirchnerista que llegará a 2027 con motivaciones recargadas para recuperar el poder. Un sistema de tres incentivos que hacen del próximo proceso electoral un escenario político novedoso, y por eso más impredecible. Primero, Vaca Muerta como una caja multimillonaria disponible como la política nunca tuvo. Segundo, una macroeconomía relativamente ordenada, con el ajuste electoralmente costoso ya realizado y los beneficios en marcha de una inflación a la baja: un contexto que le ha sido negado a los candidatos presidenciales de las últimas cinco elecciones, por lo menos. Tercero, un caballito de batalla kirchnerista: una disciplina electoral bien entrenada, capaz de suspender las internas feroces y alinearse detrás del poder en pos de recuperar la Presidencia, aunque no se sostenga a la hora de gobernar.
“Lo van a querer golpear con de todo”, es la visión de un empresario que votó a Milei en el balotaje, aunque no es mileísta. Para Milei y los libertarios, 2025 estuvo signada por “el golpismo” kirchnerista. En esa visión, el Congreso fue el ámbito de una lucha descarnada: el oficialismo insiste con interpretar las batallas legislativas por las emergencias en el Garrahan, la discapacidad y el financiamiento universitario como intentonas en contra del equilibrio fiscal, es decir, en contra del corazón del modelo mileísta. Esa conexión entre reordenamiento macroeconómico de la gestión Milei y gobernabilidad es la base para la interpretación oficialista de la avanzada parlamentaria opositora del año pasado. La Ley de presupuesto que se debatirá en breve va a caer en la misma lógica política.
POLITICA
El Gobierno abre 100 días clave para ordenar el 2027: un menú de acuerdos con los gobernadores y una cita en París

El Gobierno iniciará este martes una negociación de poco más de cien días que puede condicionar buena parte del escenario político de 2027. El mismo día ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y el Senado abrirá formalmente el debate sobre la reforma electoral. Javier Milei busca aprobar las cuentas públicas y eliminar las PASO, aunque en las conversaciones con sus aliados toma fuerza una alternativa: suspender las primarias por segunda vez consecutiva.
Ese martes será el punto de partida de una negociación con los gobernadores, que controlan bancas decisivas en Diputados y el Senado. Sobre la mesa habrá partidas presupuestarias, obras, transferencias, compromisos políticos y la estrategia territorial de La Libertad Avanza. Cada distrito tiene demandas propias y la Casa Rosada busca construir acuerdos a medida.
La secretaria general de la Presidencia y titular partidaria, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, tendrán funciones diferentes en esa tarea.
El calendario agrega presión. El martes 15 de septiembre, a las 15:30, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará en el Salón Arturo U. Illia el cuarto intermedio de una reunión anterior. Su presidente, Agustín Pedro Coto, incorporó al temario la Reforma Electoral Integral enviada por el Poder Ejecutivo, un proyecto de Ficha Limpia presentado por Andrea Cristina y Bruno Goerling Lara y una iniciativa de Edith Terenzi sobre la obligatoriedad de participación en las PASO.
Una fuente con acceso directo a las conversaciones definió esa primera reunión como una “puesta en escena”. El oficialismo utilizará el inicio del trámite legislativo para medir posiciones, detectar resistencias y ganar tiempo para la negociación política que determinará el desenlace.

La eliminación definitiva de las PASO sigue como el objetivo principal de Milei, pero una nueva suspensión para 2027 aparece como la opción con mayores posibilidades de reunir los votos. Para la elección presidencial del año próximo, ambas alternativas le permitirían al Gobierno reducir una instancia del calendario electoral.
Milei pretende acortar la campaña presidencial. La estrategia reúne un argumento fiscal y otro político: el Gobierno cuestiona que las primarias obligatorias impliquen recursos públicos para resolver disputas partidarias y entiende que una elección adicional adelanta la campaña, prolonga la incertidumbre y puede incidir sobre las decisiones económicas.
La elección de 2027 tendrá una relevancia particular para el oficialismo. Milei buscará la reelección y pondrá a consideración de los votantes el rumbo iniciado en diciembre de 2023, con el equilibrio fiscal, la apertura económica, una menor intervención estatal y el alineamiento internacional con Occidente como ejes de gestión.
Las expectativas sobre la continuidad de ese programa empezarán a influir en empresas, inversores y ahorristas antes de los comicios generales. La Casa Rosada busca acotar ese período. Eliminar o suspender las PASO obliga a los partidos a resolver antes sus candidaturas y acerca la primera votación nacional a la fecha de la elección presidencial.

La reforma electoral altera los cálculos del peronismo
El cambio también incidiría sobre la estrategia del principal adversario del Gobierno. El peronismo llegará a 2027 atravesado por una discusión central: cuánto poder conservará Cristina Kirchner para ordenar la oferta electoral.
Un sector sostiene que la expresidenta debe intervenir en la definición de candidaturas, alianzas y estrategia. Otro, integrado por gobernadores, dirigentes territoriales e intendentes, promueve una propuesta con mayor autonomía de Cristina Kirchner para recuperar competitividad frente a Milei.
Las PASO ofrecen un mecanismo para resolver esa disputa ante los votantes. Su suspensión forzaría una definición anticipada: un acuerdo, una ruptura, una candidatura consensuada o la presentación de más de una oferta electoral. Ese efecto integra el cálculo oficial.
La interna peronista tendrá, además, una instancia relevante entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Cristina Kirchner aguarda una resolución sobre la presentación que hizo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad.
El cristinismo trabaja con una hipótesis de máxima: obtener un pronunciamiento que le permita reclamar el restablecimiento de sus derechos políticos y discutir la inhabilitación que hoy le impide competir como candidata. Una decisión de ese alcance tendría impacto inmediato en la oposición y reforzaría su capacidad de intervención en el armado de 2027.
La hipótesis de mínima es una resolución favorable sobre las condiciones de cumplimiento de su prisión domiciliaria. Si las Naciones Unidas no modificaran su situación, la expresidenta llegaría a la discusión electoral con menos herramientas para disputar el control del armado. Los sectores que impulsan una renovación dentro del PJ ganarían margen en esa puja.
Milei quiere llegar a ese momento con la reforma electoral encaminada. Para lograrlo, necesita a los gobernadores.
El proyecto de Presupuesto que ingresará este martes abre la otra mesa central de negociación. Allí se discutirán ingresos, gastos, obras, transferencias y prioridades nacionales para 2027. Los mandatarios provinciales deberán administrar sus distritos durante ese año y, en varios casos, enfrentar elecciones locales o preservar la continuidad de sus espacios.
El vínculo entre ambas discusiones es directo. La Casa Rosada necesita legisladores alineados con los gobiernos provinciales para aprobar sus proyectos. Los gobernadores reclaman previsibilidad sobre los recursos nacionales y buscan conocer cuál será la estrategia de La Libertad Avanza en sus territorios.

Los gobernadores definen la llave de los votos en el Congreso
Raúl Jalil ya hizo un movimiento que el Gobierno leyó con atención. El gobernador de Catamarca resolvió unificar las elecciones provinciales con las nacionales. Su provincia aporta votos relevantes en ambas cámaras y mantiene desde el inicio de la gestión libertaria una relación pragmática con la administración nacional.
Jalil justificó su decisión con un argumento similar al que utiliza el Gobierno contra la multiplicación de elecciones: “Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales”. El mensaje le aporta a la Casa Rosada un respaldo político y fiscal, además de exhibir disposición a coordinar el calendario electoral.
En Salta, la negociación tiene otra dinámica. Gustavo Sáenz conserva una relación fluida con el Gobierno y podría aportar votos a una mayoría parlamentaria. El escenario local está atravesado por el crecimiento de María Emilia Orozco y las discusiones de La Libertad Avanza sobre su armado provincial.
La posición de la Casa Rosada en Salta puede resultar determinante para un entendimiento con Sáenz. El gobernador seguirá de cerca si Milei y Karina Milei impulsan una candidatura que compita de forma directa por el poder provincial o si diseñan una fórmula que preserve el desarrollo libertario sin romper el vínculo de cooperación con la Nación.
En Tucumán, Osvaldo Jaldo construyó desde 2023 una relación de colaboración con Milei y aportó votos en momentos importantes para el oficialismo. Ahora enfrenta el desafío de Juan Manzur, exgobernador, exjefe de Gabinete y senador nacional, que busca recuperar protagonismo territorial y conserva vínculos con los sectores más duros del peronismo.
Manzur convirtió la cercanía entre Jaldo y la Casa Rosada en un argumento de campaña. “Milei acá tiene dos candidatos. Uno es Jaldo, que es de Milei, y el otro es Catalán”, afirmó. Luego cuestionó al segundo postulante y planteó públicamente su intención de conocer los planes libertarios para la provincia.
La confrontación deja a Jaldo ante una negociación de doble dimensión. Debe preservar su relación con el Gobierno nacional y administrar el costo interno que esa cercanía puede tener dentro del peronismo tucumano.
Misiones atraviesa un reordenamiento propio. Hugo Passalacqua disputa el control político provincial con Carlos Rovira y logró colocar bajo su conducción a diputados y senadores nacionales. Su reciente encuentro con Axel Kicillof mostró que mantiene abiertos distintos canales mientras define el vínculo que tendrá con Milei.
En paralelo, circula la posibilidad de que Rovira respalde al diputado Diego Hartfield como candidato. Esa hipótesis suma una variable para el Gobierno: la competencia provincial puede incidir en la construcción de apoyos nacionales.
Los cuatro gobernadores radicales integran otro núcleo decisivo: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Sus legisladores pueden inclinar votaciones ajustadas y cada provincia llegará a la negociación con reclamos específicos.
Karina Milei, Santilli, Bullrich, Martín Menem y “Lule” Menem deberán traducir esa diversidad de intereses en votos. La Argentina Week de París puede ser una instancia relevante para esa tarea.
Entre fines de septiembre y comienzos de octubre, Milei viajará a Francia con funcionarios, empresarios y más de diez gobernadores. La agenda incluirá reuniones vinculadas con inversiones, energía, minería, comercio y tecnología. Para entonces, el Presupuesto ya estará en el Congreso, la reforma electoral habrá comenzado su trámite en el Senado y los gobernadores conocerán las primeras definiciones de las cuentas públicas.
Las jornadas compartidas en París ofrecerán espacio para conversaciones entre Milei, Karina Milei y mandatarios provinciales con bancas clave. Luego la negociación volverá a Buenos Aires y se extenderá durante octubre, entre el tratamiento parlamentario del Presupuesto, el avance de la reforma electoral y la expectativa por la presentación de Cristina Kirchner ante las Naciones Unidas.
Noviembre tendrá una interrupción excepcional. El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y permanecerá hasta el miércoles 11. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba, con la participación de las principales áreas del Gobierno. Los preparativos y la visita absorberán más de una semana de actividad política.

Después quedarán la segunda mitad de noviembre y diciembre para transformar los entendimientos en dictámenes, votos y leyes. La Cámara Nacional Electoral ya fijó una advertencia: cualquier modificación sustancial de las reglas para 2027 debe aprobarse con anticipación suficiente y antes del inicio del año electoral.
Milei tiene tres escenarios posibles. El más favorable combina la aprobación del Presupuesto y la eliminación definitiva de las PASO. El camino con mayor viabilidad, según las conversaciones con aliados, reúne el Presupuesto y una nueva suspensión de las primarias. El resultado adverso sería llegar al cierre de diciembre con ambos debates abiertos, las PASO vigentes y sin un acuerdo integral con los gobernadores.
El conteo empieza este martes. Presupuesto y reforma electoral abrirán al mismo tiempo la etapa de negociaciones; París concentrará una primera ronda de conversaciones con los mandatarios provinciales; octubre definirá el ritmo legislativo y noviembre reducirá los días disponibles. El Gobierno tendrá poco más de cien días para ordenar las condiciones políticas de 2027 antes de ingresar de lleno en la campaña presidencial.
Europe,Religion / Belief,VATICAN
POLITICA
Milei vs. Milei

Los expertos en marketing político, que proveen a los gobiernos y candidatos de instrumentos técnicos para mantenerse en el candelero y comunicarse con la opinión pública, sostienen que no hay momento que no esté atravesado por las campañas electorales. Más aún cuando se está en el poder. Todo el tiempo la política está en campaña. Siempre el dirigente político está pensando en la última razón de ser de su oficio: conseguir votos.
Cuando se está en el gobierno, la campaña se hace a través de la gestión. Es muy difícil para un oficialismo generar una imagen de sí mismo o comunicar algo distinto a lo que expresan sus medidas. Menos aún cuando se trata de política económica. Por eso el presidente Javier Milei, sabiamente, al ser consultado por la disputa política alega ser su propio rival. Debe competir contra su propia administración y sus propias dificultades.
El Presidente pudo mostrar la semana pasada un éxito relativo para la Argentina: alcanzar una inflación de 1,7% en un mes. Si bien a escala internacional este número sería visto como un escándalo, para lo que es la tradición reciente de nuestro país en materia económica, alcanzar esta cifra es motivo de celebración. Aún cuando ese 1,7% desmiente los pronósticos del propio Milei.
Para el núcleo del poder, bajar la inflación sigue siendo el único objetivo, lo cual también puede ser leído como una estrategia de campaña. Los expertos en esta materia suelen recomendar algo difícil de practicar: jamás desviarse del objetivo explícito con el que empezó una política.
El logro es, asimismo, un drama para Milei. La baja de la inflación se produce dentro de una lógica económica y con un programa que genera recesión, que no despierta a los sectores que tienen mayor impacto popular. Al mismo tiempo que el Indec mostraba un descenso de la inflación para el mes de agosto, consignaba que la industria y la construcción cayeron un 5% y un 4,6% respectivamente. Se trata de dos sectores muy ligados al empleo, al dinamismo general de la economía y a la percepción de si un modelo funciona o no.
El empeoramiento de ciertos indicadores tiene un nexo político: hace pensar a una gran parte del electorado sobre la posibilidad de un reflujo “populista” hacia posiciones económicas distintas de las de este Gobierno. Un trabajo de Mora Jozami para Casa Tres, que se pregunta “¿El kirchnerismo está terminado?”, logra graficar la nueva tendencia. En enero de 2026, el 48% de los encuestados creía que no. Siete meses después, esa cifra trepó al 55%. En el mismo sentido, quienes opinaban por la positiva pasaron de representar el 41% de la muestra a caer al 32%.
No se trata de una impresión que responda a un rejuvenecimiento de ese movimiento, a nuevas propuestas por parte de sus líderes o a una renovación de sus dirigentes. Las fluctuaciones en el pensamiento de la gente están ligadas a la suposición de que el clima aletargado en la construcción, industria y comercio le dan un argumento al kirchnerismo para pensar en un regreso.
En la realidad actual tanto del peronismo como del kirchnerismo, estas cifras se vuelven, sin embargo, dudosas. No hay un panorama claro. Su principal líder, Cristina Kirchner, no puede ser candidata. En consecuencia, tampoco puede disciplinar la interna al amenazar con presentarse. Además, le apareció una disidencia donde menos pensaba que le iba a aparecer: en Axel Kicillof, con quien no tiene diferencias importantes en materia ideológica. Y esa disidencia ocurre en la principal plataforma territorial de poder del kirchnerismo, que es el conurbano bonaerense. Allí se libra la batalla.
Esas disidencias alimentan las fantasías de Sergio Massa, que registra pésimos números en las encuestas. Pero él pretende, de todas maneras, ofrecerse a la expresidenta como quien puede zurcir la unidad del movimiento y dar garantías a ella de volver al poder. Para ciertos dirigentes peronistas, la pugna con Kicillof resultó en un milagro: que la expresidenta piense en depositar cierta confianza en Massa, alguien que siempre ha sido poco confiable para ella. Esta es la realidad actual de un movimiento que intenta renovarse en distintos lugares del país como la Capital Federal, por medio de Juan Manuel Olmos, en la provincia de Buenos Aires con Victoria Tolosa Paz, y en Entre Ríos, mediante Guillermo Mitchell, pero que todavía no logra consolidar un candidato.
Este panorama se despliega en un contexto internacional que, desde el punto de vista económico, es adverso para el Gobierno. Existe una incertidumbre en los mercados del mundo que no cesa, y que tiene como principal agente a Donald Trump. La falta de certezas se inspira en un conflicto de Medio Oriente sin solución a la vista. La globalización del enfrentamiento se produce a través del encarecimiento del precio de los combustibles, produciendo en Estados Unidos números de inflación inconvenientes y anticipando una suba de la tasa de interés. Sin ir más lejos, la tasa del bono de 10 años del Tesoro de EE.UU. llegó al 5%.
Este panorama incierto es motivo de preocupación tanto para Milei como para el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, debido a que la Argentina no solo tiene vencimientos importantes en el año electoral. Además, en el equipo económico crece la idea de emitir un bono para vender en el mercado internacional, algo que ocurriría por primera vez en muchos años. Sin embargo, en el clima mundial actual, emitir dicho bono para financiar al Tesoro argentino con dólares se torna complicado justamente por la suba de la tasa de interés. Milei es especialmente sensible a no pagar más de lo que él cree razonable.
La política comercial, económica y bélica de Trump complican a un Milei que considera al presidente de los Estados Unidos como un gran aliado personal. Se desprende aquí una segunda cara de cómo le está jugando el mundo al líder de La Libertad Avanza. Se ha configurado alrededor de la situación en Medio Oriente un tipo de alineamiento internacional que hace que algunas potencias como el Reino Unido, Canadá o Francia se enfrenten cada vez más con Israel. La semana pasada estuvo dominada por condenas del Reino Unido por la ocupación de colonos israelíes sobre la región de Cisjordania, reclamada como propia por Palestina. La derecha israelí ofreció respuesta a Londres con un argumento que toca una fibra sensible de la Argentina: el Reino Unido no tiene derecho a hablar sobre ocupación de territorios cuando están ocupando Malvinas. Estas declaraciones derivaron en un debate parlamentario y permitieron a Milei dar cuenta de que tenía en Israel y Benjamin Netanyahu otro aliado en la materia. La discusión intencional en torno a la soberanía de Malvinas permite al Gobierno también recomponer el vínculo con una opinión pública que, por razones económicas, lo miraba cada vez con mayor antipatía.
De acuerdo con un estudio, el impacto de la cadena nacional por Malvinas en las redes sociales, llevado a cabo por Natalia Arruguete, se realizaron al menos 453.839 publicaciones en Twitter (X) al respecto. El 83% de quienes intervinieron en el debate en las redes creen que es un reclamo importante. Por último, el 40,6% sostiene que el posicionamiento de Milei en esta temática mejora su imagen. Arruguete suele seguir de cerca la discusión en las redes. Ella enseña esa disciplina en el CIAS, del jesuita Rodrigo Zarazaga. El CIAS, que es un instituto de capacitación para el liderazgo, está inscribiendo a los alumnos a partir del viernes.
La “malvinización” fue aprovechada por el oficialismo como una posibilidad para recuperar el consenso social, operación impulsada por el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo.
Hoy el Gobierno apunta a recalibrar. Existió cierto atolondramiento con la causa, que hizo que algunos funcionarios dijeran que todo aquel que haga negocios con los kelpers sería sancionado e impedido de hacer negocios con la Argentina, sobre todo en el rubro petrolero. Existe un proyecto que viene desarrollándose desde hace años bajo el nombre de Sea Lion, desplegado en aguas argentinas, que extrae petróleo por medio de licencias otorgadas por el gobierno griego.
El Gobierno denuncia aquella actividad como ilegal, adelanta demandas penales y promete castigos. A medida que se fue avanzando en esta agresiva estrategia, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a prestarle especial atención. Se estableció entonces un filtro razonable sobre las denuncias, teniendo en cuenta los bancos que están detrás tanto de Sea Lion, Navitas y Rockhopper, algunos de los cuales cuentan con negocios en el país y que financian proyectos.
Entre las demandadas iba a estar la empresa Bluewater, nada menos que la encargada de poner el barco que va a permitir la extracción y almacenamiento del petróleo que se extrae en aguas alrededor del Malvinas. Al mismo tiempo, es la compañía encargada de hacer las boyas donde se sostendrá el oleoducto del que se sacará petróleo en Vaca Muerta. Por ende, aquella denuncia se detuvo hasta el próximo aviso. No es una novedad que, en el negocio petrolero, no son tantos los actores, y todo están conectados en distinta medida.
Es lógico, porque en el negocio petrolero no son tantos los actores y están todos más o menos conectados. Es muy probable que una empresa como Bluewater, que realiza extracciones de petróleo en aguas profundas -como en Malvinas- tenga una gran conexión con Vaca Muerta que es una gran formación que atrae a todo el mundo.
Las empresas que comercian petróleo en todo el mundo son solo cuatro, que si no operan en la Argentina, lo van a hacer en un futuro. Entonces, empezó una moderación en esta embestida o arrebato que obliga a ver hasta dónde la cuestión Malvinas, con toda la legitimidad que tiene, no complica propósitos más inmediatos del Gobierno que tienen que ver con la minería, la financiación de proyectos productivos y Vaca Muerta. Esto llevó a la intervención de Luis Caputo, que se convirtió en una especie de controlador de las denuncias que se hacen desde la Procuración del Tesoro, que lleva adelante Sebastián Amerio.
Ahora, todo el episodio de Malvinas sirvió para que se reactive la interna dentro del Gobierno. Es decir, Santiago Caputo aprovechó para pedir más presupuesto en la SIDE y Defensa, que maneja él. Se trata de disputas de poder que del otro lado tienen a Karina Milei y a los Menem. Hay gestos interesantes del “Mago” que son una especie de bandera que planta en esta guerra interna, que ya no es general en el Gobierno, sino que se reproduce en cada repartición. La conducción del PAMI empezó a reportar a los Menem y Caputo fue en persona a la asunción de la jefa de la administración, Verónica Pérez, como mostrando que quien tiene el manejo es suya. Es un mensaje para todos, prestadores, laboratorios, droguerías: “La cosa pasa por aquí”.
Es interesante por algo que no llama la atención pero debería hacerlo: Caputo no es funcionario pero maneja presupuestos incalculables dentro del Estado. Tiene un contrato de prestación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia, casualmente con su rival la señorita Milei, y no le debe rendir cuentas a nadie. Algo similar a lo del PAMI pasó en la Aduana, donde se acaba de designar a un funcionario estratégico: la administración del courier de Ezeiza. El funcionario es Carlos Mechetti. Si hay contrabando, pasa por ahí. En 2010, su padre, también Carlos Mechetti, terminó preso por contrabando ejerciendo el mismo cargo que su hijo. Por supuesto, esto no dice nada respecto del actual funcionario. Caputo, por su parte, apareció en Ezeiza para la designación.
La presencia del poder de Caputo en la Aduana tuvo una consecuencia muy interesante: el juez Pablo Yadarola fue ascendido a camarista y, antes de dejar el juzgado, cerró la causa que se suponía que investigaba la llegada del avión de Leonardo Scatturice con Laura Belén Arrieta y varias valijas que no fueron pasadas por la Aduana. Allí se investiga qué pasó con Silvana Abalsamo, funcionaria de la Aduana que, por un llamado telefónico, recibió esa mañana la orden de no revisar las valijas.
El juez argumentó que no podía investigar porque la empresa Telecom -en la que se realizaron los llamados- se equivocó al mandar la información. Según dijo el juez, en lugar de enviar datos sobre los llamados que recibió Abalsamo el 25 de marzo de 2025, fueron mandados los de 2026. Telecom asegura que no cometió ese error, sino que se equivocaron desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). ¿Fue un error o fue una jugada para que no se investigue nada? Curiosamente, al frente de esa repartición estaba Juan Rodríguez Ponte, que ahora es juez federal puesto por el Gobierno en Lomas de Zamora. ¿Hubo un premio por el “error”? Son grandes interrogantes.
En medio de estas anomalías aparece el cese de operaciones de Flybondi, una empresa que compra Scatturice y que no puede volar. Ahora, Oca-la otra empresa que compró apenas llegó este Gobierno- presta servicios de rampa en Ezeiza.
Scatturice y su avión aparecieron esta semana en una nota muy interesante de Hugo Alconada Mon y Damián Nabot en : “Los tentáculos de Scatturice, un oscuro abogado y la influencia de De Paul se filtraron en la pelea entre Tini Stoessel y sus padres”. En un video que publicó la propia cantante se la ve viajando en la aeronave del empresario a París para comprar su vestido de novia.
La relación entre todos ellos se da porque todos viven en Miami, pero también aparece un personaje interesante: Alejandro “Turco” Calián, mano derecha e izquierda de De Paul, que es investigado por las SIRAS -donde supuestamente se cobraban coimas-, y el rulo con el dólar oficial. Aparentemente, Calián hizo fortunas intermediando esos movimientos de dinero. Le allanaron oficinas que no sabemos si son de él porque sus amigos dicen que no tiene nada a su nombre, ni el DNI.
Lo cierto es que Calián se acercó a Scatturice para ver si podían hacer negocios en la Aduana. Estuvo preso hace seis años por contrabando de motos. El razonamiento de Calián es lógico: si a Scatturice le dejaron pasar el avión con las valijas de Arrieta sin revisar nada, y la Justicia no lo investiga, es la persona indicada para hacer negocios en la Aduana. Hay un ambiente de deterioro. ¿Se rompió el vínculo del “Mago” por Leonardo.
Dentro de este contexto, la novedad de estos días es que se acaban de cerrar las listas para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura y empieza la renovación de autoridades. Es importantísimo porque ahí se eligen a los jueces. Hay una lista peronista -armada por Juan Manuel Olmos-, otra hecha por Daniel Angelici, otra por el radicalismo, y, por primera vez, una de La Libertad Avanza, realizada por Karina Milei con Luis Palomino para mostrar que su partido quiere tener su propia voz.
Otra novedad de la justicia es que finalmente -en un país en que ninguna causa termina en nada- terminó preso el exgobernador peronista de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la opinión pública. Lo que es el destino: terminó tras las rejas en la Unidad Penal N°9, de Gualeguaychú. La había inaugurado Urribarri en noviembre de 2011.
inflación,Hugo Alconada Mon y Damián Nabot,Carlos Pagni,Javier Milei,Actualidad política,LN+,,Conforme a
SOCIEDAD2 días agoEntre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
ECONOMIA1 día agoMás allá de la música, el nuevo negocio de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
POLITICA2 días agoTrump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla


















