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POLITICA

El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja

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El enfrentamiento entre Javier Milei y el sindicalismo transcurre hoy en los tribunales, en una tensa pulseada por la vigencia de la reforma laboral. La Corte Suprema de Justicia podría dirimir la pelea y emitir una acordada en línea con lo que sus miembros habrían evaluado en privado: no objetarían la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga. Esa es la versión que circula entre magistrados del fuero laboral, gremialistas y empresarios consultados por . De intervenir la Corte con este posicionamiento, sería un triunfo para Milei frente a lo que alguna vez llamó “la casta sindical”.

Detrás de esta puja con la CGT, surge un curioso doble juego del Gobierno con Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso e influyente de los últimos 25 años. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el jefe camionero aceptó paritarias por debajo de la inflación e incluso por tramos temporales más largos, como lo es el acuerdo salarial vigente, que es semestral (de marzo a agosto) y contempla un aumento de 10,1% para ese período. Tampoco hubo cuestionamientos por la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, que desplazó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, de las negociaciones y es él quien define si los acuerdos se homologan o no.

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Con 82 años, Moyano atraviesa un momento difícil y por primera vez en sus cuatro décadas al frente del Sindicato de Camioneros surgen focos de insurgencia que amenazan su liderazgo. Su mandato al frente del gremio finaliza en 2027, lo que acelera las especulaciones sobre sus posibles herederos. La revelación de sobre una serie de transferencias millonarias desde el gremio y la obra social a fideicomisos vinculados a su esposa agitó todavía más la interna. Hace dos semanas hubo un pedido de documentación contable por parte de la Justicia que alteró los nervios. Moyano y su esposa, Liliana Esther Zulet, que administra el holding de empresas que orbitan alrededor del gremio, siguen por ahora en silencio, aunque activos. Dispusieron una serie de despidos en el área de tesorería y un bloqueo del sistema informático interno, según contaron fuentes sindicales. No hubo comunicado oficial desde el gremio ni tampoco respondieron a la consulta de .

Hugo Moyan y su esposa Liliana Zulet con su hijo Jerónimo, el secretario privado de su padre y dirigente de la Federación de CamionerosRedes

Desde las cuentas que el sindicato y la obra social de Camioneros tienen registradas en el Banco Provincia, se transfirieron $900 millones en 12 días a tres fideicomisos que estarían vinculados a Zulet y dos hijos que tiene de otro matrimonio. Se conocieron ahora nuevos giros entre el 12 y el 28 de enero de 2026. El monto de las transferencias durante ese período llegaría casi a los $1100 millones, según revelaron a fuentes del gremio al tanto de las finanzas. Las transferencias habrían sido a los fideicomisos Khasis y Thoth y el destino de los fondos serían las empresas Aconra y Dixey, del rubro de la construcción y textil, respectivamente. En los directorios de estas compañías, que tienen como cliente exclusivo al Sindicato de Camioneros, están Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa de Moyano.

Nadie del Gobierno ni de la Justicia reaccionó frente a las sospechas de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato y de la obra social. Tampoco los opositores a Moyano se animaron a ir a los tribunales a intentar reactivar una vieja causa sobre supuesta administración fraudulenta.

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La crisis de la obra social (Oschoca) no se detiene a pesar del auxilio empresario, que abona un plus de $25.000 mensual por afiliado. La prestadora médica arrastra un rojo financiero que rondarías los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Esta semana recortó servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos, según comentaron fuentes sindicales. Oschoca es administrada por la empresa Iarai, también propiedad de Zulet y sus hijos.

Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.

A partir de una publicación de , Ocaña volvió a la carga, pero esta vez con una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que supervisa a todas las obras sociales del país y que depende del Ministerio de Salud. Le pidió a Claudio Adrián Stivelman, titular de la SSS, intervenir la prestadora médica de camioneros y denunció que Moyano y su esposa la administra como “un bien propio sin rendir cuentas”. Pese a esta presentación, la SSS no tiene previsto avanzar sobre la obra social de los camioneros, según supo de fuentes oficiales.

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El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por él mismo, a través de su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. Si se detecta una presunta evasión o sobrefacturación, la causa podría pasar a la Justicia federal, según especularon fuentes judiciales y gremiales con conocimiento de la investigación. Hay por ahora siete imputados: tres exempleados del hotel, dos proveedores y dos dirigentes que eran de confianza de Moyano y que fueron echados: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el Tesorero, Paulo Héctor Villegas.

El hotel 15 de Diciembre, del Sindicato de los Camioneros, en Mar del Plata, es foco de una investigación por un presunto fraude millonario Mauro V. Rizzi

Del expediente que tiene a su cargo el fiscal Carlos David Bruna, y al que tuvo acceso , surgen algunas curiosidades que podrían volvérsele en contra a Moyano. Una es que las facturas y los cheques del hotel marplatense eran auditados en la sede del gremio en Buenos Aires. Otra es que se habría detectado que una de las empresas proveedoras de artículos de limpieza que habría cobrado sobreprecios sería de una abogada que representa al gremio en otros litigios. Es decir, alguien de confianza del líder sindical.

Para Moyano la causa judicial por el presunto fraude en Mar del Plata se volvió un dolor de cabeza. Teme que se le vuelva en contra porque podría dejar al descubierto irregularidades que involucren a su círculo íntimo. Hace aproximadamente un mes habían comenzado a circular versiones sobre supuestos contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof en caso de necesitar alguna gestión política en el Poder Judicial o en los organismos de control impositivo. La versión cobró más fuerza tras la revelación de en la que se informó sobre el desplazamiento de seis funcionarios de la seccional Mar del Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que habían denunciado presiones desde sus jefes de Buenos Aires para no aportar documentación a la investigación judicial vinculada a los negocios del hotel sindical. Uno de los funcionarios de ARCA desplazados se llama Manuel Rodríguez. Fue uno de los que asistió a la Fiscalía Federal de Mar del Plata para radicar una denuncia contra la cúpula del organismo recaudador. Curiosamente, el fiscal Bruna, a cargo de la investigación del fraude en el hotel marplatense, rechazó esta semana la citación a declarar como testigo de Rodríguez, solicitada por el abogado Maximiliano Orsini, defensor de tres de los siete imputados. Bruna tiene el expediente desde agosto de 2025 y la pericia contable que ordenó recién podría estar lista dentro de 90 días, según cálculos judiciales.

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El vínculo de Moyano con la gestión libertaria es a partir de unos pocos funcionarios. No conoce personalmente a Milei ni tampoco tiene trato. Su hijo Hugo Antonio, que es diputado nacional e integra el equipo legal del gremio, es el nexo con el secretario de Trabajo por los temas salariales o laborales. El otro puente es con Mario Lugones, aunque solo por asuntos vinculados a la obra social. También quedó abierto un canal con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el que negoció históricamente los contratos por la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires.

El 10 de abril de 2024 fue la primera visita de Hugo Moyano a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios de Milei; ese día tejió una relación con Santiago CaputoCaptura de Video

Pero tal vez al vínculo más fuerte lo tejió recientemente. En la primera visita oficial de la CGT a la Casa Rosada, en abril de 2024, Moyano se sumó a la comitiva a pesar de no ser parte del consejo directivo. Ese día la tropa sindical fue recibida por Guillermo Francos, pero con quien el camionero conectó de inmediato fue con Santiago Caputo. Fue el asesor presidencial el que a los pocos días de aquel primer apretón de manos destrabó un conflicto con la paritaria de los camioneros. Desde entonces quedaron en contacto, a veces también a través de Jerónimo, el menor de los Moyano que oficia de secretario de privado de su padre. Una de las áreas en las que Caputo conserva incidencia es casualmente en la ARCA, el organismo que intentó auxiliar a Moyano con la causa judicial que lo tiene en vilo.




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García Cuerva pidió terminar con las “cuevas de corrupción” y llamó a construir una patria “honesta”

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, centró parte de su homilía durante el Tedeum por el Día de la Independencia en un cuestionamiento a la corrupción y a las divisiones sociales. Frente al presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y otras autoridades, advirtió que existen “cuevas de corrupción” donde “los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, y sostuvo que la honestidad y la transparencia deben trascender a los gobiernos de turno.

“Una vez más, el mensaje que compartiré quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la Patria”, expresó al comienzo de la ceremonia en la Catedral Metropolitana. También aclaró que era consciente de que “puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.

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A partir de la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva sostuvo que la sociedad argentina también transita “caminos peligrosos”. “El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, enumeró.

En ese contexto, incorporó una referencia directa a la corrupción. “Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, afirmó.

Luego aclaró que su planteo no estaba dirigido a una administración en particular. “Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre”, sostuvo.

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Más adelante, el arzobispo volvió sobre la parábola del Buen Samaritano para afirmar que la ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad requiere organización y compromiso colectivo. “Pidamos también a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, expresó.

En ese tramo de la homilía defendió la inversión destinada a las personas con discapacidad. “Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”, afirmó.

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Como ejemplo, mencionó a los centros de discapacidad. “Cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito; pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión”, señaló.

También sostuvo que esos espacios requieren “profesionales y asistentes entregados y comprometidos” que acompañen a cada beneficiario “por caridad, pero también por justicia”. En ese punto citó al papa León XIV para afirmar que “la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”.

En otro tramo del mensaje, García Cuerva pidió “independizarnos de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren” y mencionó entre ellos a “los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados y las personas con discapacidad”. “Hoy queremos hacer presentes sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres”, dijo.

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El arzobispo también llamó a realizar “un gran examen de conciencia colectivo” y planteó: “No miremos al costado buscando culpables eternos”. Luego preguntó: “¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?”. En ese marco, sostuvo que “las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable”.

Sobre el final de la homilía convocó a “construir puentes donde algunos quieren levantar muros” y afirmó que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

Como cierre, apeló al fútbol para hablar de unidad. Recordó el espíritu colectivo que despierta la Selección argentina y citó un mensaje de Lionel Messi: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… Lo logramos”.

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POLITICA

La Justicia avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa contra Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal avanzó con nuevas medidas de prueba en la investigación contra el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito y de haber omitido información patrimonial en sus declaraciones juradas.

El juez federal Daniel Rafecas dispuso una serie de diligencias para profundizar el análisis de la evolución patrimonial del legislador antes de resolver si hace lugar al pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán.

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Entre las medidas ordenadas figura un requerimiento al Banco Provincia para obtener el detalle de los pagos realizados entre 2024 y 2026 vinculados con la cancelación de un crédito hipotecario por $60 millones. La intención es reconstruir el origen de los fondos utilizados y verificar si guardan relación con los ingresos declarados por el legislador.

Francisco Adorni. (Foto: X/@franciscoadorni)

Además, el magistrado solicitó a la Legislatura bonaerense que remita la última declaración jurada presentada por Adorni en su condición de diputado provincial. También libró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires para obtener información sobre la titularidad, valuación y forma de incorporación al patrimonio de dos inmuebles bajo análisis.

Leé también: Senado: LLA acordó sesionar la semana que viene para aprobar la ley de propiedad privada y 30 pliegos judiciales

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Otro de los puntos que busca esclarecer la Justicia está relacionado con una herencia incorporada por Adorni en una rectificación de su declaración jurada. Según la investigación, el legislador declaró $21 millones provenientes de una sucesión después de que la causa judicial ya estuviera en trámite.

En ese marco, Rafecas ordenó nuevos cruces de información para determinar si esos fondos efectivamente tuvieron ese origen y si la información incorporada posteriormente coincide con la documentación disponible.

Para el fiscal Marijuán, existen elementos que permiten sospechar que el diputado habría omitido deliberadamente bienes y cuentas bancarias al confeccionar sus declaraciones juradas. En su dictamen, además, remarcó que Adorni es perito contador y que anteriormente se desempeñó en el Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que tenía conocimiento sobre la obligación y la forma correcta de presentar esa documentación patrimonial.

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La investigación también analiza diferencias entre los bienes declarados por Francisco Adorni tras el fallecimiento de su padre y la información patrimonial presentada por su hermano, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, ya que los montos consignados en ambos casos no serían coincidentes.

En paralelo, la Cámara Federal resolvió concentrar en los tribunales de Comodoro Py otra investigación que involucra al diputado libertario. Ese expediente está vinculado con presuntas irregularidades en un préstamo por $40.000 millones relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Con las nuevas medidas ordenadas por Rafecas, la Justicia busca reunir más elementos para definir los próximos pasos procesales en una causa que todavía se encuentra en etapa de investigación.

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Francisco Adorni, enriquecimiento ilicito, investigacion

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POLITICA

Elecciones 2027: qué son las listas colectoras que impulsa el Gobierno y por qué generan críticas

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El Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Javier Milei. En reemplazo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.

Se trata de un mecanismo utilizado por el peronismo y el radicalismo en elecciones de décadas pasadas, antes de la implementación de las primarias obligatorias. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.

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Ahora bien, la discusión genera controversia porque cosecha múltiples críticas de sectores de la oposición y de especialistas.

Cómo funcionan las listas colectoras

Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura para una elección ejecutiva. Así, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de un mismo candidato, como el caso de Javier Milei, sin compartir una única lista legislativa.

En la práctica, las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos en una categoría (senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes o concejales) y adhieren a una misma lista para una categoría superior (presidente o gobernador). Esto implica que una candidatura ejecutiva puede estar acompañada por varias boletas distintas, cada una con listas legislativas de diferentes partidos.

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Las listas colectoras de 2007 y de 2011 del Frente para la Victoria

La intención de este sistema es obtener lograr dos efectos políticos muy concreto:

  • Efecto arrastre: Permite que un candidato relevante en la “punta” de la boleta sume votos de distintas listas que provienen de candidaturas menores.
  • Función coordinadora: facilita la negociación entre facciones en una interna política y la supervivencia de partidos o grupos minoritarios, haciéndoles partícipes del “arrastre”, sin obligarlos a alianzas formales.

Un caso reciente muy conocido fue el de las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta y, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador adhirieron a su candidatura presidencial con sellos partidarios diferentes: Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro. El primero resultó elegido gobernador.

Lo cierto es que fue una práctica transversal en los partidos políticos. Lo han utilizado desde el PJ, a la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), la Coalición Cívica (CC) y terceras fuerzas o grupos minoritarios provinciales.

Listas colectoras en la categoría de Diputados en la Coalición Cívica de 2007

Los cambios propuestos y las críticas

Durante varios años, las colectoras se ampararon en un “vacío legal” del Código Electoral Nacional (CNE), que no las permitía ni las prohibía de manera explícita.

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En 2011, con la sanción de la ley de reforma política que creó las PASO, el decreto reglamentario del gobierno de Fernández de Kirchner oficializó la posibilidad de acuerdos de adhesión de boletas entre agrupaciones políticas no integrantes de una misma alianza. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujo sustantivamente la adopción de este tipo de estrategias.

Ahora bien, el problema principal que surge desde lo técnico es que las colectoras fueron inventadas en contextos de elecciones simultáneas, bajo el sistema de boleta partidaria con listas “sábanas” horizontales, que dificultan la individualización del voto por categorías. Funcionaba para ese viejo sistema. Con la Boleta Única, este inconveniente no queda resuelto.

El Gobierno prepara un

Las listas colectoras suelen ser vistas como una mala práctica electoral: deterioran la equidad y la transparencia e introducen confusión en el votante. Con el sistema de boleta sábana, que aún sigue vigente para cargos locales en algunos distritos (como la provincia de Buenos Aires), favorecen a los aparatos partidarios que logran el control de la oferta de boletas.

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En 2019, el gobierno de Mauricio Macri prohibió su uso mediante un decreto. Desde entonces, su implementación requiere un nuevo marco legal, ya que el sistema electoral argentino cambió en 2025 con la adopción de la Boleta Única de Papel, que reemplazó la boleta partidaria tradicional.

La nueva propuesta que baraja el oficialismo funcionaría del siguiente modo: Javier Milei encabezaría la boleta, seguido por la lista oficial compuesta por dirigentes de su núcleo y aliados recientes. Además, se incorporarían hasta dos listas adicionales de “adhesión”, que podrían ser conformadas por partidos como PRO o UCR, o por cualquier fuerza que decida respaldar al oficialismo. Esta limitación responde a cuestiones de espacio en la BUP.

Un elector en Argentina observa el padrón electoral (Luis ROBAYO / AFP)

Según fuentes del Gobierno, esta alternativa permitiría que los gobernadores provinciales respalden la suspensión de las PASO y presenten listas propias, sin necesidad de subordinarse plenamente a la Casa Rosada. A cambio de este apoyo, el Ejecutivo aceptaría no presentar candidatos a gobernador en distritos donde existan acuerdos con fuerzas aliadas.

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Lo cierto es que no existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la BUP con colectoras.

Sin embargo, pese a las críticas, desde La Libertad Avanza evalúan una suerte de rebranding para incorporarlas a la reforma política. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar los estigmas del pasado reciente.

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