La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó este miércoles el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos contra la selección francesa de fútbol, a la que calificó como un “equipo africano flojo de modales” durante el partido ante Paraguay por los octavos de final del Mundial.

Los impulsores de la medida sostuvieron que los dichos de Casado configuraban “conducta impropia” y “mal desempeño” de sus funciones, en los términos del artículo 109 de la Carta Magna mendocina.

Sin embargo, el oficialismo que responde al gobernador Alfredo Cornejo no acompañó la iniciativa y logró su rechazo en la Cámara Baja.

La polémica se originó tras la publicación de Casado en la red X, donde escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. El mensaje generó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en la declaración de la vicegobernadora como “persona no grata” por parte del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.

En respuesta, el gobernador Cornejo envió una carta al diplomático en la que dejó en claro que las expresiones de Casado “no reflejan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo argumentó que el pedido no reunía los requisitos constitucionales para avanzar hacia un juicio político y que las expresiones cuestionadas tenían carácter personal. Los impulsores, en cambio, sostuvieron que los dichos afectaban la imagen institucional de la provincia y podían perjudicar las relaciones con Francia y la Unión Europea.

La defensa de Hebe Casado tras la polémica

Luego de las críticas, la vicegobernadora mendocina defendió sus dichos y aseguró que su comentario se enmarcaba en el “folklore futbolero”.

“El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto”, sostuvo en declaraciones a medios mendocinos.

Casado también reclamó que le expliquen “dónde hubo discriminación” en su mensaje y cuestionó que se interpretara la referencia a África como un insulto.

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“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, afirmó durante una entrevista radial.

La dirigente agregó que, a su entender, quienes consideran ofensiva la expresión son quienes tienen una mirada discriminatoria sobre África.

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Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.

Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.

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El intendente de Castelli, Francisco Echarren (Fuerza Patria), presentó en el Concejo Deliberante de ese distrito bonaerense un proyecto que busca sancionar la primera carta orgánica municipal, con el objetivo de lograr autonomía en decisiones locales y evitar la burocracia provincial. La iniciativa busca otorgar mayor poder al municipio en materia sanitaria, tributaria y de seguridad, entre otros puntos, y también definir un régimen electoral propio para el distrito, punto que abre especulaciones sobre la posibilidad de que se establezca la reelección indefinida, prohibida para los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el jefe comunal subraya que no busca reelegirse y sostiene que los mandatos consecutivos deben estar limitados.

Con fecha del 8 de julio, Echarren envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza “sobre la necesidad de sancionar la Primera Carta Orgánica Municipal del Municipio de Castelli”. En los considerandos de la iniciativa, se señala que “en la reforma constitucional de 1994 se estableció, en su artículo 123, la autonomía municipal, que ‘cada provincia dicta su propia Constitución lo dispuesto por el artículo 5º [de la Constitución Nacional] asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero’”, pero que, “no obstante ello”, la Constitución bonaerense “no ha reconocido en su texto la autonomía municipal de los 135 municipios”.

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Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.

Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.

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El Gobierno compartió este miércoles en las redes oficiales de la Casa Rosada un video de la firma que se hizo esta mañana con la provincia de Santa Fe para el traspaso del manejo de la ruta nacional A012. En una movida poco usual hasta ahora para la gestión libertaria, el compilado incluyó declaraciones de la secretaria general, Karina Milei, que así toma cada vez más protagonismo y poder en la gestión de su hermano Javier Milei.

La funcionaria aseveró en la grabación institucional que el gobierno nacional está comprometido con la ayuda a las provincias.

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Una vez terminado el mundial, la agenda de la oposición en las calles se reinició este miércoles con una protesta de los jubilados contra el Gobierno, que la CGT acompañó como parte de un plan de acciones sectorizadas. En la protesta confluyeron las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los estatales porteños de ATE, agrupaciones de izquierda y emisarios del gobernador Axel Kicillof.

El eje principal de la movilización fue el reclamo por una mejora en los haberes de los adultos mayores. Desde julio, el haber mínimo pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Con el bono extraordinario de $70.000 —que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso mínimo alcanza los $481.989, un monto que fue calificado como una “miseria” durante la protesta.

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El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un nuevo acuerdo salarial entre los choferes de la UTA y las cámaras empresarias para los meses de julio, agosto y septiembre.

El acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1° de julio; de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

En la mañana de este miércoles, arribó al país el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach. Designado en mayo pasado por el papa León XIV, una de las primeras misiones del flamante jefe diplomático de la Santa Sede será la organización de la visita del pontífice a nuestro país, que se estima podría realizarse en noviembre, aunque aún no existe una confirmación del Vaticano.

En su llegada a la Argentina, el nuncio apostólico fue recibido por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. También estuvo presente el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, a quien el canciller Pablo Quirno le encomendó darle la bienvenida.

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“Vamos a profundizar nuestro plan de lucha”. “Vamos a seguir peleando para que no les saquen a los 900 mil compañeros de la economía popular el programa Volver al Trabajo, el salario social complementario que es una conquista que se logró en el 2016 y que la justicia le dio el visto bueno al gobierno para que lo puedan bajar”. “No vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.

Las tres frases corresponden a Johana Duarte, secretaria gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. Los dirigentes protagonizaron junto a piqueteros, agrupaciones de izquierda, sindicatos, líderes de las dos CTA y de la CGT, una multitudinaria marcha junto a los jubilados que, como todos los miércoles, se manifestaron frente al Congreso de la Nación. También se realizaron 100 cortes de rutas, accesos y puentes en todo el país. En algunos casos, como en el Puente Pueyrredón se registraron escenas de violencia entre las fuerzas de seguridad federales y los manifestantes que calificaron el acción de “represión”. Integrantes de la Policía Federal y Prefectura intentaron evitar la quema de neumáticos y la interrupción del tránsito, hechos que de todos modos ocurrieron. La alta concentración de manifestantes evitó que los uniformados impusieran de manera efectiva el protocolo antipiquetes, al menos por varias horas. “La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, publicó la UTEP en sus redes sociales.

La de ayer fue una muestra de unidad entre diversos espacios sociales y políticos, que van desde la izquierda encabezada por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; la fracción del Partido Comunista Revolucionario, encarnado en la Corriente Clasista y Combativa, liderada por el ex diputado Juan carlos Alderete, hasta espacios que se referencian con el peronismo como el Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico y Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, el Subsecretario de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Andrés “Cuervo” Larroque, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La demostración de fuerza del martes fue el anticipo de las próximas medidas que ya decidieron tomar contra la administración de Javier Milei.

El catalizador de las “medidas de lucha” que darán en las calles fue la desarticulación del Programa Volver al Trabajo, a través del cual 930.000 beneficiarios cobraban $78.000 mensuales. La medida, tal como explicó Esteban Castro al comienzo de esta crónica, fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa continuador del Potenciar Trabajo, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Ayer, minutos después de que la Policía Federal avanzó sobre manifestantes que cortaban el Puente Pueyrredón, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, cargó contra la Casa Rosada por “poner en riesgo la paz social” en el país y alertó: “Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador”.

Ante las cámaras de TV, el dirigente pidió disculpas por la interrupción del tráfico durante la protesta, que tuvo sus réplicas en otros puntos del país, como Mar del Plata, pero remarcó que las organizaciones sociales seguirán “en las calles para defender a los trabajadores”. “Este reclamo empalma también con los jubilados, que tienen que elegir entre comprar un medicamento o comida”, agregó.

Lo que viene

La próxima movilización de los espacios que representan a los trabajadores informales (UTEP) y formales (sindicatos, gremios y centrales obreras) está prevista para el 7 de agosto. Será una peregrinación (se estima multitudinaria), en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016 y en la que se reclamaba, al igual que ahora “Tierra, Techo y Trabajo”, una de las consignas que supo acuñar el papa Francisco.

Los movimientos sociales no estarán solos en la peregrinación del 7 de agosto. La CGT junto a las dos CTA (como lo hicieron ayer en apoyo a los jubilados) ya anunciaron su participación. Será el segundo paso de un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que se prolongará con una Marcha Federal y un paro general en una fecha que la principal central obrera del país aún no definió.

En diálogo con Infobae, Johana Duarte recordó: “Estuvimos acompañando los 100 cortes en todo el país porque la situación social en el territorio es insostenible y la quita del cobro del programa Volver al Trabajo solo va a profundizar esta crisis, por eso vamos a profundizar nuestro plan de lucha de cara al 7 de agosto que será una enorme demostración de unidad denunciando las políticas criminales de este gobierno nacional que nos lleva a crisis terminal”.

En igual sentido, se expresó Silvia Saravia, la dirigente de Libres del Sur: “La decisión de la justicia de hacer lugar a la apelación del gobierno deja vía libre al Gobierno para que deje de pagar los 78 mil pesos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de personas. El impacto en las familias va a ser muy duro, porque tienen un nivel de endeudamiento muy grande, y a esto hay que sumarle el recorte en la entrega de medicamentos. Todo esto hace más profunda la precariedad de la situación que atraviesan. El aumento de la garrafa, el aumento del transporte, los servicios, los alquileres”.

La referente social también opinó: “El presidente Javier Milei le quita impuestos a los yates y aviones de lujo y a la par elimina la ayuda a las personas que más lo necesitan. Es un gobierno muy injusto y cruel” y advirtió “no vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.