POLITICA
Ley de Discapacidad: la oposición busca frenar la eliminación de los incentivos fiscales de inclusión laboral
El Gobierno sigue avanzando en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. Por un lado, avanza en llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia y, por el otro, envió al Congreso un proyecto de ley sobre discapacidad que elimina buena parte de los derechos que tiene el colectivo.
Uno de los puntos que elimina el proyecto del oficialismo es el de los beneficios fiscales para las empresas que llevan adelante una política activa para la inclusión laboral.
Desde la oposición buscan recuperar la agenda social y en ese camino el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino presentó un proyecto de ley que busca transformar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, y propone que las empresas integren este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
La iniciativa, acompañada por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitida a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
El texto plantea que el sector privado adopte medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales, con la integración de la inclusión como un componente estratégico en sus políticas de sostenibilidad.
Según el documento del proyecto, la propuesta abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en la Argentina, con adaptaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad, con la articulación de incentivos y obligaciones para el sector privado.
Entre las acciones obligatorias para las empresas, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Además, el proyecto exige la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o que gestionen unidades productivas inclusivas, el apoyo a emprendimientos productivos asociados al sector y el desarrollo de programas comunitarios en las zonas de operación. El documento especifica que las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección igualitarios y protocolos de accesibilidad, así como medidas preventivas frente al acoso y la discriminación.
El texto del proyecto introduce un régimen de incentivos para las compañías que cumplan con los requisitos. Entre los beneficios se incluye la prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento productivo, reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para empleados con discapacidad y la obtención del sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.
El proyecto también garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), una demanda histórica de organizaciones del sector.
La propuesta crea un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, condición necesaria para acceder a los beneficios, y establece un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento, como la cantidad de personas empleadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas.
La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y dictar regulaciones complementarias.
Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa “busca transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, según consta en el proyecto de ley que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.
En sus primeros días como jefe de Gabinete, Diego Santilli inició negociaciones con gobernadores de distintas provincias para avanzar en el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el oficialismo en el Congreso.
Las conversaciones se concentran en reunir los apoyos legislativos necesarios para modificar el sistema de votación actual, con especial foco en conseguir la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Santilli fundamentó, durante una conversación con LN+, por qué el Gobierno quiere eliminar las PASO: “Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre US$250 y US$300 millones por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”.
Durante el primer tratamiento del proyecto, el oficialismo explicó que busca frenar la “distorsión de un sistema con 174 partidos políticos”, al duplicar las exigencias de territorialidad.
Para ello, exigiría la presencia en 10 provincias en lugar de 5 y aumentaría significativamente el piso de afiliados necesario (pasando, por ejemplo, de 4.000 a 10.000 en la provincia de Buenos Aires) e implementando la afiliación digital.
La negociación del jefe de Gabinete con los gobernadores
La propuesta, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en abril de este año, cosechó diferentes posturas entre los mandatarios provinciales del oficialismo y la “oposición dialoguista”.
Mientras el oficialismo busca eliminar en forma definitiva las primarias, un sector de los gobernadores se inclina por consensuar una suspensión de las PASO para el próximo año.
Desde el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reforzó esta alternativa al señalar que el espacio no contaría con los números suficientes para una derogación total.
El funcionario aclaró además que la iniciativa representa una reforma “enfocada en la sociedad y no en las estructuras partidarias”, e indicó que la discusión sobre la metodología podría incluir sugerencias de otros sectores, como el bloque de la Unión Cívica Radical.
Las posiciones de los jefes provinciales muestran diferencias: los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo(Mendoza) expresaron su apoyo al proyecto original de la Casa Rosada.
Por su parte, el cordobés Martín Llaryora no pone reparos a la eliminación debido a que el peronismo de su provincia rechaza ese mecanismo de votación.
En tanto, Maximiliamo Pullaro (Santa Fe) descartó avalar la eliminación nacional por encontrarse bajo el desarrollo de una reforma local que mantiene las primarias, aunque admitiría acompañar la opción de suspenderlas junto con los mandatarios de la región patagónica.
Entre los rechazos, el tucumano Osvaldo Jaldo calificó la medida como un esquema “diseñado a medida” de La Libertad Avanza, mientras que el catamarqueño Raúl Jalil pidió un análisis pormenorizado antes de decidir su acompañarla.
El debate legislativo coincide con un escenario de cautela por parte de las administraciones provinciales, condicionado por variables económicas y de recursos. Durante el primer semestre, la coparticipación federal sufrió una reducción real interanual de 2,8%.
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El juez en lo penal económico, Diego Amarante, pidió investigar la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata del magistrado que tiene a su cargo el expediente por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de la Asociación del Fútbol Argentino, en la que procesó tanto al Tesorero del organismo como a su presidente.
Amarante argumentó: “En este escenario, la concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”.
El expediente actualmente está cargo de la magistrada en lo penal económico, Verónica Straccia. En las últimas semanas, la Cámara en lo Penal Económico le sacó el caso al juez federal de Campana, Adrián González Charbay y ratificó que la investigación debía quedar radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.
Leé también: La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino por evasión de impuestos
Amarante es el magistrado que procesó a ambos dirigentes de la cúpula de la AFA en el expediente que investiga la retención de aportes y contribuciones previsionales por más de $19.000 millones. La medida fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.
El expediente detalla presuntas omisiones de depósito de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Ganancias y de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a distintos períodos comprendidos entre 2024 y 2025.
Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino
- En la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino se investigan a Luciano Nicolás Pantano y a su madre, Ana Conte, quienes figuran como dueños de Real Central S.R.L. Se trata de la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.
- En distintos allanamientos realizados en la propiedad encontraron 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. El predio cuesta unos US$20 millones, de acuerdo a una tasación.
- Según los investigadores ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA.
- La propiedad fue comprada en mayo de 2024 por Real Central S.R.L. La sociedad originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y, de acuerdo con la investigación, tenía escasa actividad y un capital social de $300.000. El 16 de mayo de ese año la firma cambió su denominación a Real Central S.R.L. y elevó su capital a $58 millones. Catorce días después concretó la compra del predio.
- Entre los primeros indicios reunidos en el expediente figura una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que, según el expediente, se abonaban gastos de la flota de autos encontrada en la propiedad.
Claudio Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Jorge Macri presentó BAX, un asistente de inteligencia artificial para agilizar la consulta de trámites y servicios
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó este jueves BAX, una plataforma de inteligencia artificial conversacional que reúne los principales servicios de la Ciudad de Buenos Aires en una única aplicación. La herramienta permite a los vecinos iniciar reclamos, sacar turnos médicos, consultar infracciones y acceder a documentación a través de texto o voz, en lenguaje natural.
“No es una aplicación más, es una nueva manera de vincularnos con la ciudad”, afirmó Macri durante la presentación en La Usina del Arte. El mandatario describió el objetivo central de la plataforma: reducir la cantidad de pasos que antes demandaba cualquier gestión digital ante el Estado porteño. Como ejemplo, señaló que reportar un auto mal estacionado requería ingresar a una web, identificarse, cargar contraseña, encontrar la categoría del reclamo y completar un formulario. Con BAX, el proceso se reduce a abrir la aplicación, sacar una foto del vehículo y enviarla.
La app opera tanto en modo texto como en modo voz. Durante la presentación, Macri realizó una demostración en vivo: al preguntarle dónde ver el próximo partido de la selección argentina, BAX respondió de forma oral que la transmisión sería en el Buenos Aires Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo, a las 17. Ante la consulta sobre renovación de licencia de conducir, el asistente entregó la respuesta en formato escrito.
“Lo que antes llevaba quince minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto”, subrayó el jefe de Gobierno. Entre los servicios disponibles figuran la gestión de turnos en salud, la orientación para trámites de licencias, la consulta de infracciones de tránsito, el acceso a documentación personal y la búsqueda de actividades culturales.
El lanzamiento se enmarca en el Plan de Inteligencia Artificial del gobierno porteño, que el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, presentó el miércoles ante la Legislatura. En ese informe semestral, Sánchez Zinny describió a BAX como “el principal hito” de la transformación digital en curso y precisó que la aplicación “reúne en un solo lugar los servicios, trámites, credenciales, alertas e información relevante para los vecinos, utilizando inteligencia artificial y lenguaje natural para simplificar su interacción con la Ciudad”.
El funcionario también adelantó que el gobierno trabaja en el primer sistema de atención automatizada por voz para la línea 147, la automatización del trámite de copia de planos y la incorporación de inteligencia artificial para la validación documental y la pre-resolución de multas. Todas estas iniciativas, explicó, se apoyan en la Plataforma de Inteligencia Artificial de la Ciudad, “que permitirá desplegar asistentes conversacionales, automatizar procesos y brindar servicios más ágiles y eficientes”.
Macri también señaló el componente de accesibilidad de la plataforma. “Una persona ciega o una persona mayor puede resolver un trámite, hacer una consulta sin depender de un hijo, un nieto o alguien que lo asista. Porque la innovación también es integración”, dijo. La interfaz conversacional apunta a reducir la brecha tecnológica para usuarios que no están familiarizados con los sistemas digitales tradicionales.
El jefe de Gobierno afirmó que Buenos Aires es “la primer ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”. La plataforma fue desarrollada en conjunto con empresas privadas del sector tecnológico. En el discurso ante la Legislatura, Sánchez Zinny situó el lanzamiento dentro de un proceso más amplio: “Buenos Aires es hoy una Ciudad menos burocrática y más inteligente, con 600 trámites simplificados, y una nueva forma de vincularse entre los porteños y el gobierno que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial”.
En esta línea, este año el Gobierno porteño propuso además la creación del Distrito IA, que deberá aprobar la Legislatura. El plan busca reconvertir el microcentro en un polo tecnológico regional y transformar los edificios vacíos en un ecosistema de innovación. A través de exenciones impositivas y créditos blandos del Banco Ciudad, atraerá a startups, universidades y centros de investigación.
Cómo usar BAX
“BAX, la IA de la Ciudad” se puede descargar en Google Play o App Store. Al descargarla, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales.
Texto o dictado por voz: en la pantalla principal está chat de IA: se puede pedir turnos, reclamar por un bache mandando una foto, o consultar cortes de tránsito usando lenguaje natural o notas de voz.
Documentos: en la pestaña “Documentos” figuran todas las credenciales unificadas; en la sección “Actividad” se pueden seguir los trámites en tiempo real y en “Accesos rápidos”, la agenda cultural o el estado del subte.
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