Luego de la media sanción que logró el Gobierno de Javier Milei a la modificación del régimen de zonas frías, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó con dureza a la iniciativa. Además, pidió al Senado que no acompañe el proyecto.

Kicillof consideró que es “un gran error” porque “va a traer consecuencias de todo tipo” en la sociedad. “Es muy tremendo, muy terrible que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional. Esto pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”, advirtió.

“Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes”, manifestó el mandatario provincial durante una actividad en Florencio Varela.

Según expresó, “hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, por lo que anticipó que podrían iniciarse acciones legales ante la Justicia. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, reclamó.

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Kicillof advirtió que el rumbo elegido por el presidente Javier Milei va a contramano del mundo. “En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán tomaron medidas. Todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidad y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías”, lamentó.

“Yo pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no”, señaló. El Gobernador retomó las palabras del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien admitió que ya no hay margen para seguir generando superávit mediante la contracción del gasto público.

“Lo escuchaba al ministro Caputo decir que ya no se puede ajustar más. Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, alertó.

“Hay problemas no sólo de remedios, de acceso a cuestiones básicas sino que estamos empezando a ver que producto de la desocupación y de la caída de los salarios la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos y por supuesto bonaerenses”, finalizó.

Axel Kicillof, Gobierno, ajuste

El Gobierno quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada por el Congreso en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos. Bloques oficialistas y aliados ya presentaron un proyecto para eliminar la norma, mientras que el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva iniciativa para adecuar el sistema argentino a estándares del Mercosur.

La ley vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El oficialismo busca reemplazarla por un nuevo esquema, aunque primero intentará derogar la normativa actual, orientada a promover una alimentación más saludable.

El objetivo es que la Argentina adopte un reglamento técnico regional unificado para armonizar el etiquetado nutricional frontal entre los países del Mercosur.

El proyecto lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), aunque forma parte del paquete de medidas que prepara el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según sostienen los legisladores, la actual Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos. “A más de cuatro años de su implementación, ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión”, señalaron.

También cuestionaron el perfil nutricional adoptado al sancionarse la norma. Explicaron que la ley utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes —como gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto—, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento.

“A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley”, argumentaron.

La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal. En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que la norma “constituye un obstáculo al comercio y a la inversión”.

Los diputados remarcaron que, aunque cada país del Mercosur tiene actualmente su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. Según argumentan, esto evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar, con mayores costos operativos que finalmente impactan en el precio para el consumidor.

“La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, señalaron.

Y agregaron: “Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza”.

Comparación con otros países

El oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos para el etiquetado frontal, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor porque se basa en valores concretos y no en su relación con las calorías totales.

En cambio, argumentan que el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría tanto la capacidad de las empresas para reformular productos más saludables como la posibilidad de los consumidores de elegir mejores opciones.

Como ejemplo mencionan el caso de los edulcorantes: cualquier producto que los contenga y cumpla función endulzante debe llevar la advertencia “contiene edulcorantes”, independientemente de la cantidad presente. “Esto significa que un producto con 1 gramo recibe el mismo tratamiento que otro con 20 gramos”, sostienen.

Qué establece la actual Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

La norma, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados cuando superan límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños.

La ley también impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases. Tampoco pueden ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares.

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