Camioneros acordaron un aumento escalonado del 10,5% para el primer semestre de 2026 y mayo trae un nuevo ajuste sobre los salarios básicos

24/04/2026 – 09:52hs

El Sindicato de Camioneros alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias del transporte para actualizar los salarios de sus afiliados. La suba total del sueldo pactada es del 10,5%, distribuida en aumentos escalonados entre marzo y agosto, con un nuevo ajuste en mayo dentro del cronograma. Este acuerdo impacta directamente en el empleo, asegurando mejores condiciones para quienes desempeñan trabajo en el sector del transporte.

El convenio fue firmado con la FAETYL, la Catac y la Fadeeac, asegurando el consenso entre gremio y empleadores en el sector de transporte de cargas.

Cuánto gana un camionero en mayo 2026, tras el aumento

Conforme el acuerdo fechado el 13 de marzo, los incrementos salariales para el personal incluido en el CCT 40/89 se detallan a continuación:

• Marzo: 2%
• Abril: 1,8%
• Mayo: 1,7%
• Junio: 1,6%
• Julio: 1,5%
• Agosto: 1,5%

La paritaria incluye un monto no remunerativo de $53.000 que se pagó con los sueldos de marzo; de ese total, $49.471 se suman al salario básico desde abril, afectando a choferes de primera categoría y otras categorías en forma proporcional.

De esta manera, los sueldos básicos para algunas de las categorías más representativas en marzo quedan definidos así:

• Chofer de primera categoría: $984.338,23.
• Chofer de segunda categoría: $966.796,94.
• Chofer de tercera categoría: $949.237,91
• Encargado: $925.139,02
• Chofer de camión blindado (Caudales): $1.058.288,49
• Auxiliar operativo de primera: $1.352.649,37
• Auxiliar operativo de segunda: $933.991,45
• Chofer de grúa hasta 10 toneladas: $1.001.886,88
• Chofer de grúa más de 300 toneladas: $1.794.200,37
• Administrativo de Primera Categoría: $979.547,91
• Administrativo de Cuarta Categoría: $880.401,48

Beneficios adicionales para el sector

El convenio incluye incentivos para reforzar la asistencia laboral: un bono por presentismo y puntualidad de $60.000 mensuales comenzará a pagarse desde abril, dirigido a trabajadores de logística, clearing y carga postal.

Asimismo, se dispuso un aporte adicional a la obra social OSCHOCA, consistente en $25.000 por trabajador a cargo de las empresas, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud del gremio.

La paritaria contempla una revisión salarial en la primera quincena de junio de 2026. En la instancia de evaluación, gremio y empleadores determinarán si la evolución de la inflación exige cambios en los salarios. Ante posibles desfasajes, se establecerá un monto no remunerativo en sexto mes del año, incorporado después a la escala salarial de julio.

Fin a la tercerización y bono por el Mundial: el nuevo acuerdo de Camioneros y Coca-Cola

Tras dos meses de negociaciones, el Sindicato de Camioneros y Coca-Cola firmaron un acuerdo que beneficia a unos 1.500 trabajadores del sector de Aguas y Gaseosas, evitando medidas de fuerza.

• El convenio pone fin a la tercerización, incorporando directamente a choferes, ayudantes y mecánicos.
• Los trabajadores mantienen su antigüedad, asegurando derechos acumulados.
• Se contratará personal para el turno nocturno, donde predominaban tercerizados y condiciones precarias.
• Además, habrá un bono de $300.000 por el Mundial, destinado a quienes trabajen en promociones especiales con Lionel Messi.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó confianza en que a partir de abril comenzarán los mejores 18 meses de las últimas dos décadas para Argentina, aunque las dos variables que identifica como centrales para la remonetización (aumento de los depósitos en bancos) y el crédito al sector privado no evolucionan en esa dirección. Mientras el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) suma adhesiones y promueve el desembarco de capitales de largo plazo, los depósitos en dólares del sector privado desaceleraron el ritmo de crecimiento, a pesar de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta diferencia marca el pulso de la dinámica financiera en el inicio del segundo trimestre y, con ello, del nivel de consumo de la calle.

La exposición de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Washington, se centró en los factores cíclicos que inciden sobre la oferta de divisas. Sostuvo que las empresas retomaron la actividad, luego de un período de cautela, y avanzaron en la desarticulación de coberturas cambiarias y en la búsqueda de financiamiento para gastos de capital.

Werning afirmó ante inversores que la emisión de bonos en dólares se aceleró tras las elecciones, pero las ventas reales de divisas se mantuvieron por debajo, lo que aportó a la oferta de la divisas en el mercado.

Los datos oficiales revelaron que el financiamiento corporativo alcanzó USD 9.900 millones emitidos y USD 6.800 millones liquidados, mientras USD 3.200 millones quedaron pendientes, por lo que se traducen en una posible fuente para que el BCRA pueda seguir comprando reservas en lo que resta del año. Se sumarán a los USD 650 millones que colocó Chubut en la última semana en Nueva York con un bono a 10 años con tres de gracia, a una tasa de interés del 9,45% anual.

En línea con el mensaje de Caputo, Werning remarcó la inversión extranjera directa (IED), pero también la repatriación de capitales residentes, como las bases para la remonetización de la economía.

En un gráfico presentado en Washington por el vicepresidente del BCRA mostró que el stock de depósitos en moneda extranjera del sector privado llegó a USD 38.800 millones en abril de 2026. Aunque si se lo compara con el nivel que había en febrero último, cuando el ministro empezó a fomentar a los argentinos sacar los “dólares del colchón”, no hubo un incremento importante (estaban en USD 37.815 millones).

Según la consultora Analytica, en base a datos del BCRA, el crecimiento de los depósitos en dólares se desaceleró notoriamente desde diciembre de 2025. Las autoridades confiaron en la reactivación del crédito y mayor oferta de divisas para el mercado cambiario, pero los datos de los primeros meses de 2026 reflejan un panorama más contenido.

Las cifras de Analytica permiten observar el cambio de tendencia. El crecimiento mensual de los depósitos en dólares del sector privado, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, evidenció una desaceleración tras un período expansivo en el segundo semestre del año anterior. Pasaron de un aumento en diciembre de 2025 de USD 1.256 millones, a crecer en enero USD 979 millones; en febrero USD 425 millones y en marzo USD 151 millones.

La apuesta a las grandes inversiones

Vladimir Werning procuró convencer a los inversores de que las entradas de capital por IED asociadas a proyectos bajo el RIGI ya se canalizan hacia la economía. Aunque hasta ahora el flujo neto acumulado por estos proyectos totalizó USD 762 millones a marzo de 2026, con ingresos brutos de USD 1.205 millones.

Los fondos se dirigieron a sectores estratégicos como minería, energía renovable, oil & gas e infraestructura portuaria.

El informe del BCRA identificó entre los principales proyectos aprobados el desarrollo de LNG de Southern Energy (PAE / GOLAR / PAMPA / YPF / Wintersall Dea) en Río Negro, que concentró USD 15.200 millones, y “Los Azules” de McEwen Copper en San Juan, de USD 2.700 millones. También destacó la construcción del oleoducto “Vaca Muerta Oleoducto Sur” por VMOS (Joint venture) en Río Negro, con un presupuesto de USD 2.900 millones.

La lista de aprobaciones incluyó además iniciativas de YPF Luz en energía solar en Mendoza, Galan Lithium y Minas Argentinas en minería, PCR – Acindar en energía eólica en Buenos Aires y Rio Tinto en minería de litio y cobre, así como obras de infraestructura portuaria en Santa Fe. En total, los proyectos aprobados bajo el RIGI sumaron USD 27.200 millones, mientras el total de iniciativas en evaluación y aprobadas ascendió a USD 95.000 millones según los últimos registros.

Durante la última semana, el ministro Luis Caputo comunicó la presentación de dos proyectos más. El primero, a cargo de Pluspetrol, busca desarrollar el bloque Bajo del Choique en Vaca Muerta, con una inversión de USD 12.000 millones y una producción estimada de 100.000 barriles de petróleo diarios. El segundo corresponde a Pampa Energía, que propuso la construcción de la planta de fertilizantes más grande del continente en Bahía Blanca, por 2.400 millones.

Caputo asegura que aún quedan por conocerse muchos más anuncios. “Están subestimadas. ¡Ni se imaginan los que vienen!”, escribió el ministro en la red social X a una publicación de Federico Domínguez en donde aseguraba que este año la balanza comercial de energía y minería será de USD 13.000 millones, mientras que en 2031 alcanzaría a USD 75.000 millones.

Sin embargo, para los analistas, lo que complica los planes de remonetización que necesita el Gobierno para que se logren “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas de Argentina”, fue la caída del 2,6% de la actividad en febrero. Un dato que fue un golpe de realidad para el equipo económico sobre cómo está el pulso de la calle, la calle lejos de Vaca Muerta. Economistas más cercanos al oficialismo, como Ricardo Arriazu, alertaron sobre el peligro que es para el proyecto político el crecimiento del desempleo en el Gran Buenos Aires.

El impacto del plan económico sobre el gasto, el endeudamiento y el poder adquisitivo de los argentinos trae cambios en la percepción sobre el escenario general y la situación personal o familiar de cada uno. El último relevamiento de opinión pública de la consultora Zentrix muestra que el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por sobre el 75% de enero y el 84% de marzo. Un porcentaje similar de los encuestados debió modificar hábitos de consumo para sostener la economía del hogar.

De ese modo, explica el informe, “el ajuste dejó de ser una discusión abstracta sobre variables macroeconómicas para convertirse en una experiencia cotidiana de privación, donde una parte importante de la sociedad ya no está recortando excedentes, sino aspectos centrales de su vida diaria”.

Como es habitual, las percepciones sobre la economía personal difieren según el voto. En base al voto de 2025, el 70,1% de los votantes de La Libertad Avanza en 2025 consultados admitió que su salario no le gana a la inflación y solo el 24,4% indicó que sí. Entre los votantes opositores, el 98,1% respondió que su sueldo pierde frente al avance de los precios.

Existe un vínculo entre esos números y las acusaciones de corrupción que recaen sobre el oficialismo. “El problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia al ajuste, empieza ahora a invertirse y transformarse en un punto de vulnerabilidad», explicó Claudio Montiel, director de Zentrix. Si hay dudas sobre la honestidad del Gobierno (que pregona la moral como política de Estado), habrá más resistencia a aceptar el ajuste.

Desde la consultora advierten que cuando una baja nominal en la inflación no se traduce en una “mejora concreta del poder de compra”, la sociedad interpreta el discurso oficial como “algo distante de su realidad inmediata”. Esa vivencia cotidiana indica que la tendencia del “no llego a fin de mes” no se revierte: el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes.

El relevamiento precisa que la insatisfacción económica no se limita a la economía nacional: el pesimismo también predomina en la valoración de la economía personal y el deterioro se percibe como un proceso físico y diario en los hogares argentinos. Según Zentrix, más de 8 de cada 10 familias implementaron algún ajuste en sus gastos, una proporción considerable ya debió recortar incluso consumos esenciales para mantenerse.

El 81,6% de los encuestados declaró que, en los últimos seis meses, para sostener la economía de su hogar recurrió al recorte de salidas o consumos no esenciales (27,7%), de compras habituales (24,9%) e incluso de gastos básicos como alimentos, salud o servicios (28,8%). Solo el 17,8% afirmó no haber reducido gastos.

El estudio identifica que los cambios se manifiestan tanto en las estrategias defensivas de consumo como en nuevos hábitos diseñados para amortiguar el impacto inflacionario. Y que existe una ruptura entre estadística y percepción: un 70% de los encuestados cree que la variación de la inflación que informa el Indec no se refleja en su vida cotidiana (en enero, 56%).

Y no es una cuestión de desconfianza en las metodologías. “Lo que aparece es una crisis de validación social del dato público. Cuando la inflación oficial deja de coincidir con la sensación cotidiana de encarecimiento, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser político”, apuntó el reporte, que abarcó 1.600 casos a nivel nacional.

“El problema ya no es solo la inflación como variable técnica, sino la credibilidad del alivio económico prometido. Cuando una baja nominal no se traduce en mejora concreta del poder de compra, la sociedad empieza a leer el discurso económico oficial como algo distante de su realidad inmediata”, consignó Zentrix.

En ese plano, la consulta sobre cuáles son los principales desafíos para la Argentina tiene como respuestas prioritarias cuestiones económicas, comenzando por el desempleo (22,4%) y siguiendo por la inflación (16,6%), la corrupción (14,2%), el salario (13,3%) y el endeudamiento (13%).

“La conclusión de fondo es que la inflación erosiona ingresos y también erosiona confianza. Y cuando la mayoría siente que el salario pierde, que el mes se hace más largo y que la referencia oficial no expresa lo que efectivamente ocurre en la góndola, en los servicios o en el gasto cotidiano, lo que se debilita no es sólo la credibilidad del índice, sino también la capacidad del Gobierno para convertir ese índice en prueba social de mejora”, señaló Montiel.

En un plano más político, el estudio de Zentrix señala que la consigna “anti-casta”, clave en la narrativa libertaria, parece haber perdido capacidad para “seguir organizando la tolerancia social”. Dos tercios de los encuestados afirman que ese pacto se rompió y que “el gobierno terminó siendo parte de la casta”.

El reporte subrayó que ese dato es clave porque el discurso anti-casta había funcionado como “un mecanismo de compensación simbólica”: podía justificar costos, ajuste y malestar bajo la idea de que al menos se estaba limpiando el sistema. Cuando esa creencia se debilita, el sacrificio material pierde sentido.