La crisis que golpea a todo el sector lechero nacional tiene en Lácteos Verónica a uno de sus casos más dramáticos. En paralelo a lo que ocurre con SanCor, en estado de quiebra y ya cotizada para su venta, el rojo de La Serenísima y la reducción del negocio local que implementó Saputo, la firma santafesina acumula más de un semestre de parálisis y en ese lapso interrumpió prácticamente por completo el pago de los salarios.

Al mismo tiempo, la compañía propiedad de la familia Espiñeira sigue acumulando más de 3.800 cheques rechazados por falta de fondos. Recientemente, los empleados de Lácteos Verónica se movilizaron frente a los Tribunales de Rafaela para reclamar el pago de sueldos adeudados y exigir una intervención más rápida de la Justicia ante la crisis que afecta a la firma. Varios operarios debieron reinventarse como remiseros, albañiles e incluso panaderos para poder tener algún tipo de ingreso mientras se define el destino de la lechera.

Durante la concentración en Rafaela, los trabajadores entregaron un petitorio a la Justicia Penal solicitando que se aceleren las investigaciones y se determinen las responsabilidades de los dueños de la compañía, a quienes acusan de haber vaciado la empresa y abandonado sus obligaciones laborales.

«Estamos reclamando cobrar lo que nos corresponde y que la Justicia actúe de una vez por todas», expresaron los manifestantes. En paralelo a ese pedido, distintos empleados de la firma expusieron, también, que debieron dedicarse a otras actividades para tener algún tipo de ingresos en sus respectivos hogares.

Lácteos Verónica: deuda salarial de seis meses

«Estamos reclamando cobrar lo adeudado, ya son seis meses sin percibir un peso. Queremos que la Justicia haga su trabajo de una vez por todas», expresó José, uno de los delegados de Suardi.

Precisamente, en esa localidad de Santa Fe alrededor de 88 empleados presentaron un reclamo colectivo contra Lácteos Verónica ante el Juzgado Laboral de San Cristóbal.

«Lo que queremos es la continuidad laboral, que la planta siga funcionando. Es una localidad chica y el parate golpea muy duro. No hay circulación de dinero ni oportunidades para reinventarse», declaró Gabriel a medios locales, quien afirmó que ahora intenta mantener la economía familiar a base de changas.

En línea con esto, otro testimonio dio cuenta de las dificultades económicas que atraviesa el personal de la lechera. «Más de 35 años trabajando para esa empresa… Cuántos años para que hoy en día esté así, vendiendo panes para poder sobrevivir. Qué injusticia. Qué rápido llega la Justicia para algunos y qué lenta para otros. Seis meses de incertidumbre, seis meses de abandono total», expresó una empleada de Lácteos Verónica.

El parate de la compañía también mantiene en estado de tensión al gremio ATILRA, que acumula malestar contra los Espiñeira a partir del recorte de los aportes al sindicato.

Por el lado de los trabajadores de la empresa, los movilizados en Rafaela reclamaron medidas cautelares firmes, como inhibiciones de bienes y embargos sobre la empresa y su patrimonio, además de una articulación entre distintas jurisdicciones y poderes del Estado.

«Nos están llevando al extremo de tomar medidas que no queremos. Si no nos escuchan, vamos a terminar bloqueando los tambos«, advirtieron sendos representantes de los empleados de Lácteos Verónica.

Dicha decisión afectaría los establecimientos que la familia Espiñeira en inmediaciones de Totoras, siempre en Santa Fe. De acuerdo al portal Aire Agro, dichas instalaciones poseen una producción diaria estimada en 30.000 litros que los dueños de Lácteos Verónica estarían redireccionando a otras lecheras de Santa Fe.

Lácteos Verónica y una deuda multimillonaria

Por estos días, Lácteos Verónica acumula seis meses sin pagar de forma completa los haberes de sus 700 empleados. Al mismo tiempo, sus trabajadores afirman que la firma cortó los aportes patronales y jubilatorios, y que ya no disponen de obra social.

Por el lado de los proveedores, la situación también es dramática: cerca de 150 productores de leche de la provincia de Santa Fe se unieron recientemente para reclamar el pago de mercadería entregada y nunca abonada.

Se estima que sólo con ese grupo de tamberos la deuda que mantiene Lácteos Verónica se ubica en torno a los 60 millones de dólares.

En cuanto a la situación de la deuda bancaria de la compañía, iProfesional constató recientemente en el registro del Banco Central (BCRA) que la empresa acumula 3.863 cheques emitidos sin fondos y una deuda en ese ítem que supera los 13.900 millones de pesos.

Además, Lácteos Verónica debe miles y miles de pesos a entidades de crédito como Catalinas, Credibel y Trend Capital. También posee deudas con los bancos Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro, entre otros.

Un superávit comercial histórico permitió al Gobierno ampliar la capacidad de compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), impulsado no solo por la mejora exportadora sino también por una marcada caída de las importaciones.

La dinámica del comercio exterior argentino en los primeros meses de 2026 se caracteriza por un doble fenómeno: mientras las ventas externas alcanzan niveles récord y el resultado fiscal supera expectativas, el descenso del flujo importador por una actividad económica zigzagueante y anticipos de compras el año anterior actuó como un factor clave para la acumulación de reservas.

Al analizar la composición de este superávit, surge que la desaceleración de las compras al exterior proviene principalmente de los sectores más golpeados por la baja demanda interna, sobre todo industria y construcción. Estos segmentos vieron restringida su capacidad de importar bienes de capital y productos intermedios, lo que reduce su participación en la demanda de dólares dentro del MLC. Como consecuencia, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró acceder a más divisas y alcanzar la meta anual de compras de USD 10.000 millones gracias a esa menor competencia por billetes verdes en el mercado formal.

Esta situación encuentra explicación en las oscilaciones de la actividad económica. La alternancia entre meses de expansión y contracción limita la recuperación sostenida de la producción y condiciona la compra de insumos y equipos del exterior. Sectores que históricamente lideraban la demanda de divisas, como la industria, hoy se mantienen en terreno neutro y ajustan su demanda de dólares a la baja.

Otro elemento relevante es el sobrestockeo de insumos y bienes realizado por muchas compañías antes de las elecciones de medio término de octubre de 2025. Ese exceso en los inventarios ayuda a explicar por qué las importaciones mantienen una curva descendente en los primeros meses de 2026, más allá del contexto de lentitud productiva.

Según el análisis de Invecq Consulting, “las importaciones volvieron a caer (7% i.a.) por menores volúmenes (13,6% i.a.), ya que los precios subieron 7,6% i.a” en mayo. El retroceso de las cantidades importadas fue generalizado en todos los meses de 2026, con un acumulado de 10,8%. Se destacaron las bajas en Combustibles y lubricantes (38,8% i.a.), Piezas y accesorios para bienes de capital (31,1% i.a.), Bienes de capital (13,7%) y Bienes intermedios (3,1 por ciento).

La consultora que dirige Esteban Domercq destacó: “Todos los bienes vinculados a la actividad económica retrocedieron -a excepción de energía, que se explica por el cambio estructural de Argentina”. Además, la firma resalta: “Esta caída generalizada responde a que la actividad sigue alternando meses de expansión con otros de contracción, sin lograr afianzar un crecimiento sostenido”.

En marzo, el nivel de actividad se ubicó apenas 0,4% por encima del de febrero de 2025, excluyendo intermediación financiera e impuestos netos de subsidios. Los primeros indicadores de abril y mayo anticiparon un mayor enfriamiento.

“Ese 0,4% esconde una notable heterogeneidad sectorial; el caso más relevante para la dinámica externa es el de la Industria, el sector más demandante de divisas (en promedio, explicó el 55% de las importaciones totales entre 2021 y 2025), que sigue recesivo: en lo que va del año cae 2,3% versus el mismo período de 2025, año que había cerrado 9,9% por debajo del nivel de 2022”, destacó Invecq.

LCG coincidió en que “las importaciones continuaron estancadas, en línea con una actividad que no despega”. Frente a abril, cayeron 2,5% mensual desestacionalizado y se ubicaron en alrededor de 6.000 millones de dólares. El retroceso anual fue del 7%, explicado exclusivamente por cantidades (14% i.a.), mientras que los precios aumentaron. “Excepto bienes intermedios, que aumentaron únicamente por precios (10% i.a.), todos los rubros mostraron bajas interanuales”, mostró el informe. Sobresalió la baja de piezas y accesorios para bienes de capital (27% i.a.; disminuyó en USD 374 millones a/a).

La perspectiva de LCG para los próximos meses sugirió que “sin una actividad que reactive, es esperable que [las importaciones] se sostengan en niveles similares a los observados recientemente”. Además, advirtió que la baja del precio internacional del petróleo y del oro podría reducir el dinamismo exportador en el segundo semestre.

El análisis de Equilibra Consultores aportó que la baja importadora en mayo “vino por menores cantidades (13,6% i.a.), mientras que los precios subieron 7,6% i.a.”. Aquellas vinculadas a la producción cayeron por séptimo mes consecutivo (16% i.a.) y las de consumo también retrocedieron (3,1% i.a.), lo que reforzó la visión de una demanda interna estancada.

Equilibra subrayó que “el abultado superávit del intercambio de bienes acumulado en los primeros 5 meses del año apuntala la calma cambiaria: no es casualidad que su monto sea levemente superior a la compra de divisas cercana a USD 10.000 millones por parte del BCRA en ese período”. El motivo de ese superávit fue una fuerte expansión de las exportaciones primarias y un significativo retroceso de las importaciones asociado al enfriamiento de la actividad no extractiva.

En la misma línea, un reporte de Max Capital describió que “las importaciones parecen haberse estabilizado en niveles inferiores a los observados antes de las elecciones, posiblemente reflejando una actividad doméstica más débil”. Dentro de las importaciones, los volúmenes de bienes de capital cayeron 12,1% interanual, mientras que los volúmenes de bienes de consumo disminuyeron 1,3% i.a. “La relativa fortaleza de las importaciones de bienes de consumo continúa respaldando la visión de un tipo de cambio apreciado y también responde a la reducción de barreras no arancelarias”, agregó la firma.

Un análisis de BTG Pactual aportó una hipótesis relevante: “Un exceso de inventarios es una de las teorías que se escuchan con frecuencia, lo que sugiere que la debilidad importadora está ligada a un menor dinamismo en sectores clave como manufacturas, comercio y construcción”. El documento sostuvo que si la actividad económica se recupera, las importaciones también deberían repuntar, lo que pondría presión sobre la cuenta corriente en el segundo semestre.

Desde un enfoque político-económico, la consultora Cepec interpretó que “los datos representan un fuerte respaldo para la estrategia oficial basada en la generación de superávit externo y acumulación de divisas genuinas”.

No obstante, la entidad advirtió que “también muestran una economía con menor demanda interna, ya que la caída de las importaciones estuvo explicada principalmente por menores compras de bienes de capital, vehículos y piezas para la producción”. Cepec afirmó: “Esto sugiere que el extraordinario saldo comercial responde tanto al dinamismo exportador como a una actividad económica que todavía muestra señales de moderación”.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) realizó una denuncia contra la cadena de supermercados Makro, de Cencosud, que estaría presionando a trabajadores para que firmen la adhesión al «banco de horas» incluido en la reforma laboral.

El sindicato denunció que la empresa «convoca de manera individual a empleados profesionales y jerárquicos para que suscriban un acuerdo que reemplaza el pago de horas extraordinarias por compensaciones futuras».

Ante esta la situación, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización. Ahora evalúa qué medidas tomar para defender los derechos laborales del sector.

«Lo que Cencosud-Makro presenta como una herramienta de modernización no es más que un nuevo intento de trasladar sobre los trabajadores el costo de su propia organización operativa«, denunciaron desde la conducción sindical.

iProfesional se contactó con la empresa para conocer su versión, pero no hicieron comentarios al respecto.

Empleados de Comercio contra el banco de horas de la reforma laboral

Según el comunicado, el sindicato recibió reportes de empleados que están siendo convocados uno por uno. Según la denuncia, «los trabajadores sufren presiones y persecuciones para que presten conformidad a un acuerdo que solo beneficia a la compañía». El mecanismo genera incertidumbre sobre cómo se liquidarán correctamente las horas trabajadas.

La APPyJC señaló que «ningún empleado puede ser obligado a firmar modificaciones en sus condiciones laborales».

La historia entre el sindicato y Cencosud-Makro arrastra conflictos previos. El gremio ya había denunciado anteriormente jornadas laborales superiores a las 48 horas semanales permitidas por ley.

Esa situación fue constatada por organismos laborales. Derivó en sanciones para la empresa. En los últimos meses, el sindicato también mantuvo reclamos vinculados al pago de horas extras y condiciones del personal jerárquico.

«Advertimos que ningún trabajador debe ser obligado, intimidado ni condicionado para suscribir acuerdos que impliquen modificaciones en sus condiciones laborales», expresó la conducción sindical.

En su comunicado, la APPyJC exigió el cese inmediato de toda práctica de hostigamiento, persecución o presión destinada a imponer el sistema de banco de horas.

«La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio permanecerá en estado de alerta y movilización«, advirtieron. El sindicato evalúa todas las acciones gremiales y legales necesarias para defender los derechos.

Qué es el banco de horas de la reforma laboral

El banco de horas funciona como un sistema de acumulación de tiempo trabajado. Permite que las horas realizadas por encima de la jornada habitual se compensen después con tiempo libre, reducción de jornada o francos.

Hasta la reforma laboral, las horas extras se pagaban con recargo del 50% en días hábiles. Los sábados después de las 13, domingos y feriados llevaban un recargo del 100%.

Con el nuevo sistema, esas horas pueden convertirse en crédito de tiempo. Eso sí: ambas partes deben acordar utilizar este mecanismo de forma voluntaria y por escrito.

Un ejemplo concreto aclara el panorama. Si un trabajador realiza dos horas extra durante una jornada de alta demanda, esas horas quedan registradas en un «banco». Más adelante puede utilizarlas como descanso compensatorio.

La reforma no elimina las horas extras tradicionales. El pago con recargo sigue existiendo, pero deja de ser la única alternativa disponible para empleadores y trabajadores.

Cómo cambió el sistema con la reforma laboral

El nuevo artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo modificó el esquema planteado inicialmente en el Decreto 70/2023. El cambio es sustancial en cuanto a quién puede acordar este sistema.

Antes, los sistemas de compensación de horas debían surgir obligatoriamente de convenios colectivos. Ahora la ley permite acuerdos individuales y voluntarios entre empleador y trabajador.

La condición: que se formalicen por escrito. Sin ese requisito, el acuerdo no tiene validez legal.

La norma exige establecer límites claros de acumulación de horas, implementar un sistema fehaciente de control y registro, y garantizar que ambas partes puedan verificar las horas trabajadas y las disponibles para compensación.

Los descansos mínimos legales deben respetarse. Las 12 horas entre jornadas son intocables, independientemente del sistema que se aplique.

La negociación con representación sindical sigue siendo posible. Pero ya no es el único camino habilitado para implementar el banco de horas.

Cómo funcionará el banco de horas en la práctica

El sistema apunta especialmente a actividades con picos de producción o temporadas de mayor demanda. Comercio, turismo, logística y servicios con variaciones estacionales son los sectores objetivo.

En períodos de alta actividad, los trabajadores pueden acumular horas extraordinarias. Luego, en momentos de menor carga laboral, esas horas se compensan con jornadas reducidas o días libres pagos.

La lógica detrás del esquema busca reemplazar parte del costo inmediato de las horas extras. Lo convierte en una administración flexible del tiempo de trabajo.

Para las empresas, esto implica pasar de un modelo de pago directo a un sistema de gestión de saldos de tiempo. Cada hora adicional debe registrarse correctamente para que luego pueda compensarse sin generar conflictos.

La reforma también exige que el control de asistencia y de horas acumuladas sea preciso y trazable. Un registro inconsistente podría derivar en reclamos judiciales.

En caso de irregularidades, el empleador quedaría obligado a pagar esas horas como extras tradicionales. Con todos los recargos correspondientes.

Qué pasa con las horas extra tradicionales

Las horas extra continúan vigentes dentro de la legislación laboral argentina. La diferencia radica en que ahora existe una alternativa al pago inmediato con recargo.

Si no existe acuerdo escrito para implementar un banco de horas, las horas extraordinarias deben seguir liquidándose de la forma tradicional. Los porcentajes de recargo no cambiaron.

El nuevo esquema busca dar mayor flexibilidad a empresas con actividad variable durante el año. Industrias estacionales, comercio mayorista, servicios con demanda fluctuante son los principales interesados.

En esos casos, el empleador puede requerir más horas de trabajo en determinados períodos. Después las compensa con menos carga horaria o francos pagos durante épocas de menor actividad.

Sin embargo, la reforma establece que la compensación debe surgir de un acuerdo voluntario y documentado. Además, el sistema debe contar con registros claros. El objetivo es evitar conflictos sobre las horas efectivamente trabajadas y las pendientes de compensación. La transparencia del registro se vuelve clave para que el sistema funcione sin generar litigios laborales.