El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó ayer ante la Cámara Federal que se reabra la investigación por presunto espionaje contra periodistas, sindicalistas, activistas, académicos y organizaciones sociales durante la presidencia de Mauricio Macri y que se cite a indagatoria al entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y a la entonces subdirectora, Silvia Majdalani.

El CELS, querellante en la causa, solicitó además que la Cámara revoque los sobreseimientos del entonces responsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, y del entonces director de Eventos Especiales de la AFI, Carlos Tonelli Banfi, y que aparte de la investigación al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El planteo ante los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola se produjo pocos días después de que Llorens y Bertuzzi confirmaran los sobreseimientos de Mauricio Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por presunto espionaje ilegal. En ese expediente consideraron inválida una prueba digital por deficiencias en la cadena de custodia de los discos rígidos.

La causa que ahora busca reabrir el CELS se concentra en 403 fichas elaboradas por la AFI durante los operativos de seguridad de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y de la cumbre del G20 de 2018.

Los documentos fueron hallados en enero de 2020, tras la asunción de Alberto Fernández, por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Estaban en tres sobres guardados en el “Área Restringida” de la Dirección Operacional de Contrainteligencia e incluían perfiles e informes sobre las posturas políticas e ideológicas de múltiples personas.

“Podemos inferir que es kirchnerista”, “manifiesta una postura cercana al gobierno”, “devoción por el catolicismo” y “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno” fueron algunos de los encuadres consignados en esas fichas, según expuso el CELS ante los camaristas.

Los documentos incluían datos sobre opinión política, adhesiones partidarias, militancia social, actividad sindical y creencias religiosas. Para la querella, esos registros muestran que la AFI no se limitó a reunir información para evaluar riesgos de seguridad durante las cumbres, sino que realizó un “fichaje ideológico”.

Martínez de Giorgi había sobreseído a principios de septiembre a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi sin haberlos citado antes a indagatoria. Consideró que las tareas realizadas por la AFI estaban justificadas por razones de seguridad nacional derivadas de la magnitud de ambos eventos internacionales.

Para el CELS, esa decisión fue “prematura” y el juez hizo una valoración irrazonable de los hechos y de la prueba. Según la querella, no existe en el expediente ninguna prueba concreta de que las personas fichadas representaran un riesgo para la OMC o el G20.

Uno de los argumentos de Martínez de Giorgi fue que parte de la información había sido obtenida de fuentes abiertas, como las redes sociales. El CELS cuestionó ese razonamiento y recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe obtener o almacenar información y producir inteligencia sobre personas en función, entre otros motivos, de sus opiniones políticas.

Métodos

La organización también cuestionó otros métodos utilizados para reunir información. Según expuso, hubo datos obtenidos mediante intercambios con organismos estatales, como Migraciones. En el caso de una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen, la AFI consignó que la información provenía de “fuentes propias”, lo que para el CELS podría indicar la existencia de informantes infiltrados en un encuentro interno de un partido político legalmente constituido.

Otro argumento de Martínez de Giorgi para sobreseer a los imputados fue que la mayoría de las fichas recibió un “color verde” durante el proceso de evaluación. Según el juez, eso indicaría que la posición política de las personas relevadas no habría determinado finalmente si podían acreditarse para los eventos. El CELS replicó que la ley prohíbe la recopilación y sistematización de esa información, más allá de que haya influido o no en la acreditación.

El CELS recordó además que la AFI negó poseer datos y haber participado del proceso de acreditación para la conferencia de la OMC cuando personas a las que se les negó el ingreso presentaron hábeas data para conocer qué información tenía el Estado sobre ellas. Una de ellas fue el académico Francisco Cantamutto. La AFI respondió no tener información sobre él, pero en una de las fichas se lo describía como integrante de “un grupo de economistas de izquierda kirchnerista”.

Arribas, Majdalani y los demás imputados, sin embargo, jamás fueron indagados, aun cuando en 2021 la fiscal federal Paloma Ochoa había considerado que existía un grado de sospecha suficiente para citarlos, pedido al que había adherido el CELS. Martínez de Giorgi no concretó esas indagatorias y, por el contrario, los sobreseyó. Según la querella, al dictar los sobreseimientos seguían pendientes pedidos de indagatoria que el juez omitió en su resolución.

El fiscal Franco Picardi apeló esos sobreseimientos, al igual que el CELS. Argumentó que existían indicios suficientes para disponer las indagatorias y consideró que las actividades de la AFI para seleccionar y perfilar a las personas estaban vedadas por la Ley Nacional de Inteligencia.

Ahora serán Llorens, Bertuzzi y Yadarola quienes deberán decidir si confirman el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si, como reclamó el CELS, revocan los sobreseimientos y permiten que la investigación continúe. La organización pidió además que, en ese caso, la causa quede en manos de otro juez, por considerar que existe un “temor fundado” de que Martínez de Giorgi esté condicionado por la posición que ya fijó sin haber interrogado a los imputados.