Laura Schiuma, funcionaria de la Casa Rosada, no solo confirmó que en agosto pasado le prestó su tarjeta de crédito al entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, que compró con esa Mastercard un monitor para videojuegos. Agregó que también quedó registrado un intento de adquirir con su tarjeta un Smart TV y otros objetos, pero que esas compras fueron rechazadas.

Así lo relató ayer Schiuma en la fiscalía de Gerardo Pollicita. Hoy se conocieron más detalles de esa declaración. La funcionaria explicó cómo fue el pedido que le hizo Adorni, y habló de la relación de amistad, de 16 años, que tenía con él.

Según la testigo, el entonces vocero le pidió su tarjeta Mastercard para hacer una compra de unos 2,2 millones de pesos, pero no le contó qué iba a adquirir ni cuál sería el destino de esa compra. Ella le dio los datos de la tarjeta y él hizo la operación. Schiuma no precisó si él anotó los números o le sacó una foto al plástico. Dijo que fue la única vez que esto pasó y que no guarda en su teléfono ningún mensaje alusivo a esta operación.

Schiuma añadió que, cuando llegó el resumen de los gastos de su Mastercard, Adorni le reintegró personalmente el importe en efectivo.

La funcionaria, que hoy es directora general de Actividades Presidenciales, contó que entró a la administración pública por una convocatoria personal de Adorni, que le dijo que necesitaba “gente de confianza”, informó a una fuente al tanto de la declaración judicial. Se habían conocido trabajando en una agencia comercializadora de planes de ahorro vinculados con el Plan Rombo-Renault, según Schiuma. Ella relató que, por entonces, Adorni era la “mano derecha” del dueño.

Los investigadores creen que el exfuncionario le pidió la tarjeta porque buscaba no aparecer como titular de los gastos. Al momento de las compras, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos. El monitor gamer costó $2.184.999,05. Y con el mismo sistema -con tarjetas de otro funcionario- el mismo mes Adorni compró dos proyectores que le costaron $1.831.795 cada uno.

El monitor gamer fue adquirido el 19 de agosto pasado. Quedó registrado en Mercado Libre como pagado con la tarjeta cuya titular es Schiuma. El cargo completo de ella es de directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Shiuma había sido ascendida en 2024, siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

La Justicia investiga otra operación similar. La adquisición de dos proyectores para videojuegos. Esos aparatos aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes, cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.

Los proyectores, según las constancias, son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV.

En cuanto al monitor que adquirió Schiuma, es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox.

La Justicia tiene constancias, además, de otra compra que Adorni hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes. El 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis pagó en efectivo $8.183.383 pesos en un local de sommiers y ropa blanca.

La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su residencia de fin de semana.

La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del jefe de Gabinete. El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni.

En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según supo de fuentes del caso. Los audios que se conocieron en las últimas horas dan cuenta de que Adorni decía haber coordinado también otras declaraciones de testigos en la causa.

En una comunicación que reconoce el explosivo impacto de las redes sociales y las nuevas formas de expresión por vías digitales, el Ejército ordenó por escrito al personal militar ajustar las conductas personales en esos formatos a un “uso responsable”, mediante el cumplimiento de determinados criterios, que incluyen prohibiciones.

La directiva, contenida en el anexo de una comunicación institucional, prohíbe al personal del Ejército publicar en las redes sociales o plataformas “planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas sobre temas vinculados con la Institución”. Las autoridades de la fuerza determinaron, así, que “toda inquietud deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias establecidas”.

La finalidad, explicaron a fuentes de la fuerza que conduce el teniente general Oscar Santiago Zarich, es “orientar a todo el personal del Ejército sobre el uso responsable de las redes sociales en el ámbito personal, estableciendo los principios, límites y responsabilidades que rigen -como militar- su conducta en el entorno digital”.

No queda claro en qué medida esta disposición alcanza al ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien mantiene su condición de militar en actividad, aunque en licencia por su función política.

En la disposición se impide al personal “difundir imágenes, videos o información que expongan instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas, gráficos u otros elementos que puedan comprometer la seguridad física de los cuarteles o vulnerar las medidas de seguridad de contrainteligencia”.

Las medidas alcanzan a la “información reservada, clasificada o de circulación restringida, con independencia del nivel de privacidad configurado en la plataforma”.

Los oficiales, suboficiales y soldados tampoco podrán realizar publicaciones que reflejen “conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, particularmente cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la fuerza”, según la instrucción impartida en un comunicado de cuatro carillas, que lleva la firma del secretario general del Ejército, general de brigada Roberto Martín Baroni.

El uso de las redes

En el Ejército explicaron a que la instrucción no responde a ningún caso en particular, sino que se fundamenta en “el fenómeno actual del uso de las redes” y que desde 2009 el Ejército viene insistiendo en criterios similares. “Apuntan al cuidado de la imagen institucional y de la imagen personal de cada uno”, ejemplificaron.

Y afirmaron que las “conductas prohibidas” son las que se refieren principalmente a cuestiones de seguridad, cuidado de la imagen institucional en temas sensibles y mantenimiento de la disciplina”.

Entre las diez conductas expresamente prohibidas al personal del Ejército se encuentra la de “efectuar manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario que comprometan la neutralidad institucional de la Fuerza, ya sea en comentarios, posteos, historias o estados».

Los militares deberán abstenerse, además, dice la resolución, de “compartir o amplificar contenidos de terceros que incurran en alguna de las conductas descriptas en los incisos precedentes, cuando dicha acción pueda vincular al personal con dichos contenidos”.

Otras conductas prohibidas son “hacer declaraciones, entrevistas, contenidos o posteos en la condición de militares sin autorización; arrogarse la representación del Ejército o de algún sector de la fuerza; lucrar o realizar actividades comerciales en redes sociales exhibiendo la condición de militar por medio del uso del uniforme”.

En el mismo sentido, se impide a los miembros del Ejército “compartir con medios de prensa material obtenido en la ejecución de su propia función, en forma subrepticia o no, sin haber sido autorizado para hacerlo”. Esa autorización debe ser dada por la “cadena de comando”.

Las órdenes dispuestas señalan que “ante la detección de publicaciones de terceros que pudieran afectar la imagen institucional o comprometer la seguridad, el personal informará la situación a su superior inmediato a la brevedad» y que “no se efectuarán acciones reactivas individuales sin instrucción expresa de la cadena de comando”.

Entre los conceptos rectores que fundamentan la medida se indica que “las redes sociales constituyen un espacio de interacción social de alta relevancia, caracterizado por su amplio alcance y capacidad de difusión”.

El Ejército sostiene que cualquier publicación sin el debido cuidado puede afectar de distintas formas a la institución y expresa que “todo el personal deberá adecuar su conducta en redes sociales para no afectar la imagen, la integridad y el prestigio de la institución con su accionar individual en el entorno virtual”.

Las disposiciones alcanzan a todo el personal militar y al personal civil. “Todo integrante de la fuerza es responsable de preservar el prestigio y la imagen institucional, así como la seguridad del elemento en el cual revista, buscando no afectar las mismas con su accionar individual”, es la explicación.

Se argumenta que el personal del Ejército deberá guiar su comportamiento digital principios de responsabilidad, seguridad y conciencia del alcance digital. En ese sentido, se advierte que “cualquier publicación puede difundirse fuera de contexto, viralizarse o ser reproducida por medios de comunicación”. Finalmente, se advierte al personal que “lo que se publica en el entorno digital tiene carácter permanente y alcance potencialmente ilimitado”.