La Fundación PENSAR, el think tank del PRO, publicó el informe de mayo que traza una línea divisoria entre los fundamentos macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y su impacto en el bolsillo de las familias argentinas. En línea con el posicionamiento político del partido, defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord como pilares del plan económico, aunque alerta que el ingreso disponible de los hogares cayó 5,4 % desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos.

El documento, titulado Sobreviviendo y fechado en mayo de 2026, fue elaborado por la fundación que preside la exdiputada María Eugenia Vidal, con datos de la consultora Poliarquía, la encuestadora Casa Tres, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El diagnóstico se aparta del discurso oficial: el Gobierno insiste en hablar de “récords históricos” de crecimiento del consumo privado.

El informe reconoce que el consumo privado agregado creció 7,9 % en 2025 —el nivel más alto desde que el INDEC inició la serie en 2004— y que, incluso en términos per cápita, se ubica entre los más altos de la historia reciente. Pero advierte que ese dato es engañoso: el rebote se concentra en bienes durables y turismo, con alzas del 60 % en turismo emisivo, 54 % en escrituras en la Provincia de Buenos Aires y 44 % en ventas de autos. Al mismo tiempo, los canales de consumo cotidiano registran caídas: indumentaria bajó 40 %, celulares 29 %, mayoristas 21 % y supermercados 9 %.

En el apartado sobre ingresos, se señala que el ingreso disponible —lo que queda en el hogar después de impuestos y gastos fijos como tarifas y expensas— cayó 2,1 % en febrero de 2026, su mayor descenso desde marzo de 2024, y acumula un deterioro continuo desde septiembre de 2025. Los gastos fijos pasaron de representar el 16 % del ingreso familiar a fines de 2023 al 24 % actual, con aumentos de electricidad y gas del 8,9 % y de expensas del 4,5 % solo en febrero.

La caída -advirte- no se distribuyó de forma pareja. Según el análisis por segmento, el ingreso disponible retrocedió 1,4 % en los hogares de mayores recursos, pero 5,8 % en los de menores ingresos. Los jubilados acumulan una pérdida del 24 % en términos reales desde el inicio de la gestión —30 % para quienes cobran la jubilación mínima— y el salario mínimo registró un deterioro del 39 %, su nivel más bajo en dos décadas.

El INDEC confirma una caída generalizada de los salarios registrados: el sector privado formal perdió 3,5 % y el sector público, 18,3 %. Desde el inicio de la gestión, un empleado estatal nacional perdió el equivalente a 10 salarios mensuales, según estimaciones del propio informe.

En relación al mercado laboral, se asegura que en dos años de gestión se crearon 113.000 puestos de trabajo netos, pero la apertura del dato revela que se perdieron 266.000 puestos registrados —privados y públicos— mientras que los puestos no asalariados o no registrados sumaron 379.000. En 2026, siete de los trece sectores económicos registraron caídas de empleo; la industria lideró las pérdidas con 73.000 puestos, seguida por el comercio y la construcción. El empleo privado retrocedió en 14 provincias.

Ese deterioro se refleja en la opinión pública: el 45 % de los argentinos declara tener miedo de perder su empleo, frente al 43 % que dice no tenerlo. El 64 % considera que evitar la pérdida de empleo es más urgente que bajar la inflación.

“Nuestros números muestran que en los últimos meses la cantidad de familias que acceden al consumo perdió dinamismo. También muestran que ese nivel sigue siendo más alto que antes de la llegada de este gobierno. Pero esa evolución ocurre en un contexto mucho más complejo que el de una simple recuperación o caída: se da en medio de un cambio de modelo económico, con una dinámica más favorable en el interior, donde las industrias ganadoras vinculadas a la exportación de recursos naturales se imponen, que en el AMBA, y atravesada además por una transformación profunda en los usos y costumbres de consumo. Entender la Argentina que viene exige mirar todo eso al mismo tiempo”, remarcó Alejandro Catterberg, titular de Poliarquía.

La defensa de los cimientos

Por otro lado, Pensar adopta en el documento una posición que distingue entre el malestar social y la solidez del esquema fiscal. “Los cimientos macroeconómicos del plan económico del gobierno aún siguen sólidos y tenemos que seguir defendiéndolos”, afirma el informe, y agrega que representan “una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el bienestar social”.

En el primer trimestre de 2026, el gobierno acumuló un superávit financiero de 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario de 0,5 %, con una caída del gasto primario del 5,7 %. El Sector Público Nacional registró superávit gemelos —primario y financiero— en 25 de los 27 meses de la gestión. Las exportaciones crecieron 30 % interanual en marzo y el superávit comercial del primer trimestre alcanzó USD 5.500 millones, frente a USD 1.100 millones del mismo período de 2025, impulsado por la producción petrolera, que subió 15,8 % interanual hasta los 874.000 barriles diarios. El Banco Central de la República Argentina superó el 70 % de la meta de reservas del FMI para 2026 tras acumular USD 7.155 millones.

La inflación, en tanto, repuntó a 3,4 % mensual en marzo de 2026, tras haber tocado un piso de 1,5 % en mayo de 2025. El informe atribuye la suba a factores transitorios y anticipa que “en los próximos meses retomará la dirección correcta”.

El humor social

Según la encuestadora Casa Tres, el 64 % de los argentinos tiene sentimientos negativos sobre el futuro del país, mientras que la esperanza cayó del 45 % en diciembre de 2025 al 31 % en abril de 2026. El 58 % cree que el país va por el camino equivocado y el 57 % sostiene que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos.

La inflación y el costo de vida desplazaron en marzo a los problemas institucionales como principal preocupación: los problemas macroeconómicos llegaron al 31 % y los de costo de vida al 27 %. El 55 % de los argentinos atribuye el deterioro económico a las políticas de Milei, mientras que el 38 % lo sigue adjudicando a la herencia del gobierno anterior —uno de los porcentajes más bajos desde el inicio de la gestión—.

El Indicador de Consumo Familiar (ICF) de la consultora Poliarquía, que mide conductas concretas de compra en electrodomésticos e indumentaria, cayó 10 % interanual en el primer trimestre de 2026 y retrocedió en tres de los últimos cuatro trimestres. El deterioro reciente se concentra en el Gran Buenos Aires, mientras que el interior del país exhibe una dinámica más favorable, con una brecha récord entre ambas regiones que, según el informe, también se traslada al mapa político.

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, le respondió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que la denuncia de los rectores por la falta de financiamiento de las casas de estudio “es falsa”.

“No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni. El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro: la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”, relató Yacobitti.

La respuesta del vicerrector se da a días que los directores de los seis hospitales de la UBA aseguraran que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026 y en la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Este viernes, Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa donde acusó a la política de “tratar de instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas”.

“Se cumplieron todas las obligaciones y se transfirió el presupuesto en gastos de funcionamiento para 2026 que contempla la función salud. Una sola universidad pretende apropiarse del presupuesto para todos los hospitales”, aseguró el jefe de Gabinete.

Para Yacobitti, la gestión de Javier Milei busca “confundir a la gente” para deslegitimar un reclamo. “Lo que está haciendo Adorni es confundir las partidas presupuestarias», señaló este sábado a radio Mitre.

Según planteó el vicerrector de la UBA, se trata de fondos especiales destinados a los hospitales que dependen de las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, Buenos Aires y La Rioja. “El Gobierno todavía no giró un solo peso”, insistió.

Y agregó: “El Gobierno no cree en el sistema público de educación. Son todas excusas. Estos $80.000 millones son menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades”.

La respuesta del Gobierno al reclamo de los hospitales de la UBA

A principios de semana, la UBA advirtió que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los planteos y aseguraron que las transferencias fueron realizadas.

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, indicó que la red sanitaria de la UBA está “atravesando una situación económica grave” debido a que en los últimos cuatro meses no recibió “ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario”.

Frente a este reclamo, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello afirmó en un comunicado que los planteos de los seis hospitales de la UBA “son falsos”.

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“El Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, afirmó Pettovello.

Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948″.

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su respaldo a la decisión del gobierno de Javier Milei de enviar al Senado los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, calificándola como una “primera y contundente respuesta” frente al problema estructural de vacantes en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Según el comunicado difundido este jueves por la AMFJN, la entidad resaltó la medida impulsada por el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, y subrayó que la persistencia de vacantes afecta el funcionamiento adecuado del servicio judicial en la Argentina. En las últimas semanas, el Gobierno remitió al Senado más de 100 pliegos para cubrir cargos en distintos fueros y jurisdicciones.

El pronunciamiento se conoció semanas después de que el Gobierno enviara al Senado más de 100 pliegos para cubrir vacantes estratégicas en distintos fueros judiciales del país, en una medida impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

Tal como informó Infobae, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara alta una amplia nómina de candidatos para ocupar juzgados y tribunales vacantes, luego de varios meses de revisión interna de expedientes y negociaciones políticas. Entre los cargos incluidos aparecieron posiciones sensibles en la Justicia federal, tribunales orales y juzgados nacionales de distintos puntos del país.

El reclamo por la cobertura de vacantes y el diálogo con el Gobierno

En el comunicado, la Asociación de Magistrados sostuvo que viene reclamando “desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos”.

La entidad advirtió además que “la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.

En ese marco, destacó especialmente la decisión del Gobierno nacional de avanzar con nuevos nombramientos. “Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad”, afirmó la AMFJN.

En distintos sectores judiciales venían creciendo las preocupaciones por el volumen de vacantes acumuladas en tribunales nacionales y federales. En muchos casos, los juzgados funcionan desde hace años con subrogancias o esquemas transitorios, situación que impacta directamente en los tiempos procesales y en la carga de trabajo de magistrados y funcionarios.

El respaldo institucional de la Asociación de Magistrados adquiere además relevancia política porque se produce en medio de las discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia federal y la necesidad de acelerar los mecanismos de designación de jueces.

En el comunicado, la entidad presidida por Andrés Basso expresó “su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación” y sostuvo que el mecanismo constitucional impulsado por el Ejecutivo “permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”.

La declaración institucional fue difundida luego de una reunión realizada la semana pasada en la sede de la Asociación de Magistrados, donde participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

Por parte de la AMFJN estuvieron presentes, además de Basso, la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa; la representante de los funcionarios, Maite Soprano; la secretaria general María Carolina Ocampo; el prosecretario general Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera Gabriela Iturbide; y la consejera María Jimena Monsalve.

De acuerdo con el comunicado de prensa, durante el encuentro “se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

Además, se analizó específicamente “la situación vinculada con la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, destacándose especialmente el reciente envío al Senado de la Nación de pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales”.

La cuestión de las vacantes judiciales se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda del Ministerio de Justicia durante los últimos meses. En el Gobierno sostienen que el volumen de cargos sin cubrir genera demoras procesales, dificultades administrativas y una creciente dependencia de mecanismos de subrogancia que, en algunos casos, se extienden durante años.

En ese contexto, la administración de Milei decidió acelerar la elaboración y remisión de pliegos al Senado, aunque el escenario parlamentario continúa atravesado por tensiones políticas. La aprobación definitiva de los candidatos requerirá acuerdos entre el oficialismo y distintos bloques opositores en la Cámara alta.