La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.

La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.

El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.

“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos” advirtió Trebino.

En ese sentido, en Villa la Angostura, la construcción de una ruta nacional se vio afectada por la instalación de una conflictiva comunidad mapuche, que incluso –años atrás– se adjudicó la vandalización de las máquinas viales que utilizaban para su ejecución. Vecinos de la localidad turística aseguran que “la comunidad Paicil Antriao se instaló en la traza de la ruta, cuando se enteró por dónde iba a pasar el recorrido. A partir de ahí dice que estuvo toda la vida y reclama resarcimientos económicos, lotes y otros beneficios inmobiliarios y económicos”.

En la misma provincia existen nuevos conflictos territoriales con mapuches, a partir de la expansión de Vaca Muerta. En ese caso, el director ejecutivo planteó que “hay oportunismo, extorsión, especulación inmobiliaria y económica. Lo que no hay es preexistencia ancestral”.

Los cruces entre empresas que brindan servicios petroleros son constantes y regularmente comunidades evitan el paso de camiones, afectando así la producción hidrocarburífera.

La situación es similar entre Río Negro, Chubut y Neuquén, aunque es en esta última provincia donde los conflictos reciben el peor tratamiento. El gobierno provincial desafía a la Justicia e incluso, poco antes de concretar un allanamiento, convoca a quienes deberían ser expulsados de territorios usurpados para garantizar su permanencia en predios ajenos.

Trebino aseguró que desde la asunción del gobierno de Javier Milei “hubo un cambio actitudinal positivo, aunque los conflictos no cesaron, sino que recrudecieron y surgieron nuevas situaciones”.

En Río Negro no se registraron nuevos casos, en territorio provincial, mientras que dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi aún existen secuelas de la usurpación masiva de Villa Mascardi.

Los predios públicos y privados usurpados en el paraje, que está a 35 kilómetros de Bariloche, fueron desalojados en octubre de 2022 aunque aún Parques Nacionales no puede recuperar el control de las tierras.

Incluso, denunció Trebino, aún se erige la estructura de madera que instaló la comunidad Lafkwn Winkul Mapu durante la usurpación de tierras fiscales, la cual se conserva por decisión de la Justicia Federal.

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“¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com. Este viernes 17 se realizará el juicio en su contra. Enfrentará una pena de entre 2 y 6 años.

Macri arribó por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a la capital de la provincia Paraná. El contexto era poco favorable. Había caída de reservas internacionales, el riesgo país trepaba a 900 puntos, la inflación interanual acumulaba una suba del 54,4 % y el peso se había devaluado un 10 % desde marzo.

En ese contexto llegaría a las primarias de agosto acompañado de Miguel Ángel Pichetto como vice en la fórmula. Enfrente estarían quienes luego ganarían los comicios, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.

El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.

Troncoso es una mujer joven. Su padre era miembro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). El comentario que formuló quedó encuadrado en los lineamientos que había fijado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tolerancia cero.

A raíz del episodio de un muchacho que posteó en Twitter una foto con balas y el nombre del presidente, la actual senadora había manifestado: “La política del Gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.

“Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados”, sentenció en la oportunidad.

Cómo continuó el caso

Cuando el expediente llegó a Paraná, pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.

La defensa apeló la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.

Las fojas se fueron sumando con informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones testimoniales, informes de antecedentes penales e incluso un socio ambiental de Troncoso.

La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.

Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.

Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. El fiscal José Ignacio Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation. Será analizado a las 11 hs del viernes. Si hay acuerdo, se dispondrán medidas alternativas. De lo contrario, comenzará el juicio.

Los antecedentes marcan que la Justicia Federal no condenó a quienes realizaron amenazas a través de redes sociales contra Macri. En abril de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi absolvió a un grupo de tuiteros. El magistrado consideró que los posteos fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”.

Además, evaluó que formaron parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional”. En esa línea, sopesó que se hicieron “sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.

Un avión, camionetas 4×4, autos de alta gama, motos de distintas cilindradas y hasta el mobiliario completo de un bar formaron parte de la quinta subasta de bienes decomisados al delito que el gobierno de Santa Fe realizó este jueves en Rosario.

El catálogo incluyó 150 lotes con una amplia variedad de activos incautados en causas judiciales, desde vehículos de uso cotidiano hasta unidades de lujo y objetos de uso comercial. La convocatoria reunió a más de 5.400 personas que participaron del remate tras completar un proceso de inscripción online.

Entre los bienes más llamativos se destacó un avión, que se convirtió en el lote más caro de la jornada al venderse por $70.000.000. La aeronave había sido incluida en el catálogo sin kilometraje informado y formó parte de los activos de mayor valor exhibidos durante la subasta.

En el listado también aparecieron vehículos de alta gama, como una camioneta Toyota SW4, que fue adjudicada por $59.000.000. A su vez, se ofrecieron modelos de marcas como Audi, Mercedes Benz y Toyota, junto a pickups y utilitarios de distintas gamas y años.

El catálogo incluyó desde unidades recientes hasta vehículos con alto kilometraje o sin llave, una condición que se repitió en varios de los lotes. Entre las opciones disponibles hubo camionetas, autos compactos y sedanes, con precios base que variaron según el estado y las características de cada unidad.

Las motos ocuparon una parte importante del remate, con decenas de lotes de marcas como Honda, Yamaha, Bajaj y KTM. Se ofrecieron modelos de baja y media cilindrada, en muchos casos sin llave y con distintos niveles de uso. En el otro extremo de la escala, uno de los lotes más económicos fue una Zanella 50cc, que se vendió por $570.000.

Además de los vehículos, la subasta incluyó objetos y equipamiento provenientes de actividades comerciales. Entre ellos se destacó un lote con mobiliario completo de un bar, que incluía sillones, mesas, banquetas, heladeras, hornos, aires acondicionados, vajilla y equipos de sonido, entre otros elementos.

El remate se desarrolló en el Salón Metropolitano de Rosario, donde los interesados pudieron observar previamente los bienes exhibidos. La jornada concentró una amplia concurrencia de participantes que llegaron desde distintos puntos del país.

La subasta estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados o decomisados en causas penales o contravencionales en la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la actividad y sostuvo que el objetivo es “quitarles los bienes a los delincuentes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones”.

Durante su intervención, también se refirió al impacto de estas políticas en la provincia. “A Rosario, desde muchos puntos del país y del mundo, se la miraba con piedad, y hoy se la observa con respeto porque pudimos demostrar que el delito y la violencia bajaron”, afirmó.

Además, destacó el funcionamiento del Estado en este tipo de iniciativas. “Cuando el Estado quiere, el Estado puede”, señaló.

Según datos oficiales, la jornada permitió recaudar $1.564.070.000 a partir de la venta de los distintos lotes, que incluyeron bienes de características y valores diversos.

Durante la jornada, también se destacó la participación de estudiantes de escuelas técnicas de Santa Fe y Rosario, quienes colaboraron brindando información a los asistentes sobre los lotes disponibles. Según se indicó, el objetivo fue vincular a instituciones educativas con el proceso de recuperación de bienes incautados.

El monto de esta quinta edición se suma a los resultados acumulados de las subastas anteriores, que en conjunto se acercan a los $4.000 millones recaudados por la provincia desde la implementación del sistema.

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