El Gobierno planea una profunda reforma de la justicia federal y nacional que, en uno de sus capítulos más ambiciosos, incluye cambios en la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de elegir y remover a los jueces. Entre las modificaciones en carpeta aparece la idea de sacar a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura, además de reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos de jueces, abogados, académicos y políticos.

Así lo dijeron a altas fuentes del Gobierno que señalaron que el plan es más amplio y ambicioso, pues contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y pasar de 13 a 9 a los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte Suprema de Justicia.

Para avanzar en la reforma, en el Ministerio de Justicia evalúan una compensación para los gobernadores, de manera de sumar sus votos en el Congreso. Esto exige la desaparición de los cargos de camaristas que están vacantes en la justicia laboral, y en la justicia criminal, incluida la Cámara Nacional de Casación.

La desaparición de todos estos cargos, ya sea de Casación o de los tribunales nacionales, implicará que se ahorre una masa importante de dinero del presupuesto judicial que se traspasaría al control de las provincias a cambio de su apoyo para estas reformas, según admitieron fuentes del Gobierno.

De todas formas, los gobernadores quieren más: no se conforman con estos fondos derivados de lo que se ahorre por los cargos de camaristas y pretenden que se les reconozcan los fondos que se ahorrará con el traspaso de toda la justicia nacional a la Ciudad.

Si se considera que el presupuesto de la Justicia nacional ordinaria con asiento en Buenos Aires se lleva 633.120 millones de pesos, que es aproximadamente el 29,6% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación, se entiende lo apetecible del botín para las provincias.

Aun cuando se dé la transferencia a la Ciudad de la Justicia nacional, con presupuesto, quedarían fondos para las provincias, analizan en el Gobierno.

Este número es, obviamente, el corazón de la discusión post fallo Levinas: los $633.000 millones anuales son lo que está en juego en el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, y explican por qué la pelea por quién paga es igual de intensa que la lucha por quién se queda con la competencia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, lo dijo en el plenario del Consejo: “El traspaso es cuestión de los poderes políticos, es decir, de que la decisión es de quién pone el dinero”.

Todo este plan se activará cuando se presenten los proyectos de ley que se están trabajando todavía a nivel de asesores en el seno del Poder Ejecutivo.

Las implicancias políticas de estos cambios están a la vista: la Corte perdería la injerencia que tuvo hasta ahora en las decisiones administrativas, disciplinarias y de designación de jueces. Es decir, el presidente de la Corte dejará de levantar la mano y votar en cuestiones de dónde se gasta la plata, qué jueces merecen ser removidos o castigados y cuáles son los candidatos a magistrados.

La reducción de la justicia nacional permitirá disminuir el número del estamento de jueces y se prevé reducir también el número del resto de consejeros de la política (diputados y senadores), la academia y la abogacía.

El Consejo de la Magistratura es un órgano político de designación y remoción de jueces creado por la reforma constitucional de 1994. Está integrado por jueces, abogados, diputados, senadores y académicos con un representante del Poder Ejecutivo.

En su ley original tenía 20 integrantes y era presidido por el presidente de la Corte. En el kirchnerismo, en 2006, se cambió la ley y se llevó a 13 integrantes, pero con un desbalance entre los estamentos, con mayor dominio de la política.

El Colegio de Abogados de la Ciudad planteó en una demanda en 2006 que esa ley era inconstitucional. Quince años más tarde, el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080 de 2006.

La Corte sostuvo que esa ley había roto el “equilibrio” entre los estamentos que exige el artículo 114 de la Constitución, sobredimensionando el peso del sector político.

Como remedio, la Corte no anuló todo lo actuado por el Consejo durante los 15 años de vigencia de la ley 26.080, sino que ordenó volver a la integración de 20 miembros, con las reformas de la ley 24.939 (la versión previa a 2006): más jueces, más abogados y más representantes del ámbito académico y científico, en relación con los representantes políticos.

Le dio al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva ley que respetara ese equilibrio constitucional. Vencido el plazo sin que el Congreso legislara, dispuso que regiría automáticamente la composición de 20 miembros de la ley anterior.

También estableció que, hasta tanto se completara esa nueva integración, el presidente de la Corte Suprema, entonces Carlos Rosenkrantz, presidiría el Consejo de la Magistratura, algo que no ocurría desde la reforma de 2006 y que generó fuerte controversia política.

Ahora es el Gobierno el que cumple el mandato de la Corte buscando cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, pero con el mandato constitucional de respetar el equilibrio entre los estamentos.

En paralelo, ya circula otro proyecto de ley para cambiar la integración de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal debajo de la Corte. Hoy tiene cuatro vacantes y se acaba de renovar por cinco años más la gestión de Carlos Mahiques, el camarista hijo del ministro de Justicia.

La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la reunión que mantuvieron los jueces de Casación con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.

Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.

Con el nuevo proyecto de ley se quedarían estos 9 camaristas y no se completarían las vacantes, que ya están concursadas. En las ternas finalistas de este concurso están Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal; el juez José Michilini y el fiscal Leonel Gómez Barbella.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación que integrarían el tribunal recortado son: Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques, Ángela Ledesma (al menos hasta fin de año, ya que cumple 75 años), Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Daniel Petrone.

Con la nueva integración se acabarían las subrogancias, donde todos o casi todos intervienen en causas de todas las salas, con lo que disminuyen sus márgenes de decisión más allá de su tribunal.

La otra parte de las reformas se relaciona con los juzgados federales de Comodoro Py 2002. Son 12 desde que Carlos Menem reformó la justicia federal para ascender a los que lo investigaban y nombrar nuevos jueces.

Hoy de los 12 juzgados hay cuatro vacantes. El concurso más avanzado es el que busca cubrir el juzgado federal 12, vacante desde 2019. Era de Sergio Torres, que dejó el cargo para ser nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, propuesto por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

La idea del gobierno es avanzar solo con este concurso, donde Diego Arce, secretario del juez Ariel Lijo, está en primer lugar en el orden de mérito.

El juez federal Daniel Rafecas, del juzgado federal 3, sigue con la intención de dejar su cargo para ir a la Cámara Nacional de Casación Penal y “concluir su carrera como camarista” tras 20 años como juez de instrucción.

En este plan, si avanza el concurso de Rafecas, el Gobierno podría ocupar el juzgado 12 y dejar vacante el 3 y prescindir de cuatro juzgados federales de primera instancia.

Los jueces federales que quedarían son María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini y quien ocupe el juzgado 12.

Estos cambios se suman a las modificaciones realizadas en la Cámara Federal con la salida de Martín Irurzun y la designación de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi.

Estos dos últimos esperan el 12 de agosto tener su audiencia en el Senado, que el cuerpo les dé acuerdo y estar ambos sentados en sus nuevas oficinas a fin de ese mes.

El primer paso es designar como subrogante a uno de ellos en la Sala II de la Cámara Federal, cuestión de que puedan opinar en todas las causas que caigan en el tribunal, clave para analizar los casos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios.

Hoy los camaristas son Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, a los que se sumarían Yadarola, en lugar de Leopoldo Bruglia, y Bertuzzi, con nuevo acuerdo.

Y el escenario de la nueva justicia federal se completa con la cobertura de las vacantes de los tribunales orales federales de Comodoro Py 2002, a cargo de los juicios de corrupción. De los ocho tribunales orales Federales hoy hay siete sin un titular. A saber: en el tribunal oral federal 6 no hay jueces y en el 5 y en el 2 hay una vacante y dos vacantes en el 4.

“[A la política] me la paso por los huevos. No me importa. Te digo la verdad, ni me importa el presidente que tenemos hoy en día. Yo mientras tenga mi casa, tenga mi familia, y tenga fuerza para salir todos los días con un carro y poder traer plata a mi casa, yo estoy bien. No dependo del presidente, de la política, de nadie, dependo de mí mismo. Ellos no hacen ninguna función en mí, ni nada”. La frase de Matías, de 19 años, del barrio Mitre, en San Miguel, retrata esa sensación expandida que se vive en el conurbano de que la política no les sirve para cambiar sus vidas, pero sobre todas las cosas, de que no hay nadie que los vaya a ayudar, salvo ellos mismos con su propio esfuerzo. El Estado benefactor no existe más. Malas noticias para la narrativa tradicional del peronismo.

Pero al mismo tiempo tampoco Javier Milei emerge como el tributario del individualismo que profesan. Los jóvenes pobres se reflejan sólo en ellos mismos; Milei es una circunstancia. No se percibe siquiera un ánimo revolucionario; el 2001 también les queda lejos. Transmiten más bien desencanto y descreimiento; un sálvese quien pueda resignado, en el que se diluye cualquier noción de solución comunitaria. Prevalece el cuentapropismo emocional.

“Milei a mí no me da nada, yo soy el que transpiro mi camiseta, lucho por mi futuro porque nadie va a luchar por mí. Yo me tengo a mí mismo” (Gio, de 23 años, del barrio papa Francisco, Quilmes). “Yo necesito, más que nada, ponerme de acuerdo conmigo mismo para poder dar mi máximo esfuerzo. Porque yo no puedo esperar nada de un político. Ni mucho menos puedo esperar de mi familia o de unos amigos. Sino de mí, solo me tengo a mí mismo (Thiago, 21 años, bario San Ambrosio, en San Miguel). “Yo no confío en nadie, yo confío en mí misma, yo de los demás no espero nada” (Emilia, 20 años, San Ambrosio). “Mi padrastro cobra un plan, mi vieja cobró un plan desde que nací, ¿y yo tuve un buena vida? No. Tuve una vida de mierda (Juan, 24 años, Ciudad Oculta, Villa Lugano).

Los testimonios son parte del crudo retrato de la realidad deteriorada de los jóvenes de barrios populares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, que fueron relevados en una amplísima encuesta presencial realizada por el CIAS a 964 jóvenes de 16 a 24 años, entre mayo y junio pasados. El trabajo del jesuita Rodrigo Zarazaga, junto con Gonzalo Elizondo y Luis Schiumerini, es una radiografía tremendamente profunda del grupo social que más está soportando el peso del ajuste y de la falta de reactivación económica, ya que dentro de los sectores más desfavorecidos, los jóvenes se llevan la peor parte en términos de ingresos y oportunidades laborales.

El diagnóstico de los sub-25 de las villas sobre la economía fue muy negativo en todos los indicadores medidos. El 75% percibió que en los últimos 12 meses la situación empeoró; el 60% declaró que en lo que va del año en su hogar tuvo que reducir consumos o gastos, y el 40% identificó en particular un recorte en alimentos. En el infinito de la pobreza, el derrame no llega, Añelo no existe y Uber no es una alternativa.

Como consecuencia de estas restricciones, la solución más difundida viene siendo el endeudamiento, en fuerte aumento. El 57% de los jóvenes relevados declaró que en su hogar debieron pedir plata prestada o tomar un crédito para enfrentar gastos cotidianos. Previsiblemente, la modalidad predominante es el endeudamiento por canales “informales” (68% con familiares o amigos, 39% con prestamistas del barrio).

En definitiva, más de la mitad de los jóvenes de los barrios populares está viviendo una realidad que se volvió mucho más acuciante, pero a la vez sedimentada en décadas de desprotección y deterioro. Representan la tercera generación de familias que han vivido carencias estructurales, por lo que toda referencia a un sistema formal, ya sea laboral, impositivo o previsional, no forma parte de su universo conceptual. Sus abuelos se cayeron del sistema, sus padres nunca pertenecieron a él, y ellos han perdido la capacidad de imaginar un retorno a ese pasado utópico.

Naturalmente, es una situación que germinó a lo largo de los años y refleja en gran medida el fracaso del peronismo para poder dar una respuesta estructural a las derivaciones del estallido de principios del siglo. Pero también es cierto que la situación se agravó en los últimos años por dos razones básicas. La primera, el freno de la actividad económica, que impacta con más fuerza sobre el cordón industrial del conurbano y decanta en todo el sistema informal que se mueve alrededor, desde el consumo hasta las changas.

La segunda, está relacionada con el redireccionamiento de la ayuda social que dispuso el Gobierno, que fijó como prioridad los beneficios para la niñez, a través de los aumentos de la AUH y del plan Alimentar. Pero como contrapartida, el sector de los jóvenes se vio afectado por la reducción de otros programas, como el de becas Progresar o el de cooperativas Potenciar Trabajo. Según un estudio del CIAS sobre el primer año de gestión libertario, que fue cuando se produjo el cambio radical en la política asistencial, la ayuda a los jóvenes se redujo un 39,8%, mientras que los fondos para los niños aumentaron un 13,8% en términos reales.

La foto de los jóvenes de las villas no está aislada del contexto general. Un trabajo de la consultora Empiria, que dirige Hernán Lacunza, expuso que los sub-29 son el sector etario más afectado por la retracción del mercado laboral y el corrimiento cada vez más masivo hacia la informalidad y el cuentapropismo. En un informe de junio marcó que los jóvenes varones fueron el grupo más afectado, con una caída del empleo del 8% interanual, mientras que las jóvenes mujeres retrocedieron 4%.

Daniel Schteingart, destacado sociólogo de Fundar, explica que siempre los jóvenes son los más afectados en contextos de retroceso laboral. Sin embargo, señala algunos cambios que se han producido en los últimos años en dos planos. Por un lado, en la composición sectorial, porque la mayoría de los puestos laborales que consiguen pasaron de la industria, el transporte y el servicio doméstico, a sectores como servicios personales (estética en muchos casos), software y gastronomía. Y por el otro, porque en un mercado laboral que tiende en líneas generales hacia la informalidad y el cuentapropismo, naturalmente a los jóvenes se les aleja cada vez más la posibilidad de aspirar a un trabajo formal.

Dentro de estas dinámicas, Schteingart detectó un fenómeno muy interesante. Valida que la economía de plataformas (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc.) ha servido como amortiguador del desempleo en los últimos años, aunque preponderantemente para los varones. Pero al mismo tiempo aporta otra dimensión que tiene como protagonistas a las mujeres, al decir que lo que más viene creciendo es el cuentapropismo femenino, “una revolución silenciosa” que pasó de explicar sólo el 34% del empleo no asalariado en 2012, al 42% en la actualidad, “y subiendo”.

Atribuye este crecimiento al deterioro de los ingresos familiares, pero especialmente a la caída de la tasa de natalidad, que “libera tiempos de las mujeres del cuidado para el estudio/trabajo”. Esta nueva horneada de cuentapropistas se dedica en un 40% al comercio, principalmente de alimentos y ropa (“mujeres feriantes, comerciantes y, cada vez más, que venden desde su casa por Internet”); y un 14% trabaja en “servicios comunitarios y personales”, sobre todo en peluquerías y tratamientos de belleza.

Las mutaciones de la sociedad argentina son cada vez más aceleradas y determinantes, y a la política le está costando seguirle el ritmo. Buena parte del debate público gira sobre categorías que ya no existen, y deja vacantes las representaciones emergentes. Si hubiera un candidato que lograra que lo voten los informales y los cuentapropistas sería presidente.

Quo vadis, chabón

El trabajo del CIAS sobre jóvenes de barrios populares aporta un segundo nivel de información vinculado con identificaciones políticas, más allá del rechazo de base a la dirigencia en general que se percibe en las respuestas. El 66% dijo que en 2023 votó a Sergio Massa y el 26% a Milei. Cuando se les pregunta a quién votaría ahora, con proyección de indecisos daría 67% al peronismo y 25% a La Libertad Avanza. Es decir que el panorama no se modificó en términos generales. Incluso las preferencias por el oficialismo se amplían un poco en el universo de quienes votarán por primera vez el año próximo. Un milagro para el Gobierno si se contempla la pésima valoración de la situación económica de esos mismos jóvenes.

Pero más allá del mapa global, hay datos que merecen una profundización. Por ejemplo, Milei logra retener el 58% de quienes lo eligieron en 2023, pero de los votos que se le escurren sólo el 16% va al peronismo, mientras que un 20% se distribuye entre el “no sabe”, el voto en blanco y el “no iría a votar”. Es una tendencia que se ve también en otros grupos sociales: el desencantado con el Gobierno no se muda masivamente a otra filiación política, sino que se desliza hacia un valle de desencanto sin representación. El peronismo conserva más votantes de 2023 (76%), pero igual se le escurre uno de cada cuatro (24%), también sin destino claro.

En el caso de Milei, existe una correlación alta entre el nivel de retención de votos y el impacto que produjo en los jóvenes el torniquete económico: el 53% que vive en hogares que ajustaron volverían a votarlo, contra un 64% en los casos que no sufrieron restricciones. Como en todos los sectores, también entre los jóvenes de las villas el voto libertario es esencialmente masculino (63% del total, contra 37% femenino).

Una lectura amplia indicaría que en todos los casos los resultados podrían haber sido mucho más adversos para Milei. Hay jóvenes que admiten haber tenido que reducir sus compras, incluso en comida, e igualmente reconocen que votarían por LLA. Como si operara un piso invisible que evita el desplome definitivo del Gobierno. Un límite frágil que podría perforarse en cualquier momento, pero que por ahora actúa como sostén de las expectativas oficialistas.

Estarían incidiendo dos movimientos complementarios en esa extraña resiliencia social. El primero, surge de las dificultades del peronismo por volver a reconectar con su tradicional base popular. Hay una lógica de representación, simbolizada en punteros y dirigentes territoriales, que hoy está quebrada. Incluso los movimientos sociales cosechan un 86% de rechazo en las villas del AMBA.

Además, la promesa peronista de la justicia social, el salario digno y el Estado presente quedó desvencijada. Para un joven del conurbano son consignas vacías; no le remiten a nada conocido. Sin duda, el peronismo sigue siendo la fuerza política más identificable en esa geografía, pero cada vez más como un significante vacío. Un dato lo refrenda: el peronismo aparece muy detrás de LLA cuando se correlacionan preferencias electorales con utilización de redes sociales, el principal punto de conexión entre los habitantes de los barrios populares con el mundo externo.

El segundo movimiento, mucho más subterráneo, residiría en la imperceptible valoración de la “estabilidad” como un bien a preservar, sea lo que ese término represente para cada uno. Para unos, es la baja de la inflación; para otros, un dólar calmo (si sobrevive a las contribuciones de Adrián Ravier); para algunos, cierta sensación de gobernabilidad. Todo muy acotado y poco ambicioso, pero realista. La sociedad, y en particular los sectores más vulnerables, rechazan el caos, el desorden y la imprevisibilidad. Fue una de las razones de fondo de la llamativa victoria violeta del año pasado. El desgaste social que provocó el cambio de 2023 derivó en una tendencia inercial a la continuidad.

Pero el Gobierno se equivocaría si pensara que esa dinámica perdurará para siempre. Y allí reside el principal riesgo electoral para Milei. En la Casa Rosada habita una confianza ligera en que la vacancia de una representación alternativa al proyecto libertario les garantizará una victoria. Pero esa es la foto del presente. Parece una subestimación del contexto si no se interpreta que en el fondo también reside un descontento económico generalizado, que podría encontrar un propietario en cualquier momento.

En la oscuridad de las privaciones y las penurias conurbanas, sólo un haz de luz parece capaz de perforar la indiferencia y el desencanto popular. “Cuando era más chico, como me gustaba el fútbol, obviamente mi ídolo era Messi. Yo veía en él que era una persona que jamás se rendía, pase lo que pase. Aunque lo criticaba mucha gente, el chabón era como que no le importaba y seguía; quería su copa el chabón. ¿Cuántos mundiales perdimos con Messi? El chabón se levantaba y seguía dándole hasta que lo consiguió. Y eso yo lo tomaba como ejemplo: si quiero conseguir algo, tengo que darle y darle hasta que lo consiga”. Franco, un joven de Fuerte Apache de 21 años, parece haber sabido interpretar los mensajes del destino.