El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, a través de dos publicaciones hechas este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, se abonará por única vez junto con los haberes del mes de agosto y alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.

Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente, instrumentan la misma decisión, pero a través de dos actos administrativos separados, uno por cada ministerio con jurisdicción sobre las fuerzas alcanzadas.

El primero de los textos comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El texto oficial fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los ingresos del personal a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

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En tanto, el segundo de los decretos corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional y abarca un universo más amplio de fuerzas. De acuerdo con lo detallado en el documento oficial, el beneficio alcanza al personal con estado militar de gendarme y a los alumnos en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

También a los efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del mismo ministerio.

El decreto 696/2026 comparte el mismo fundamento que el anterior. El Gobierno señaló que la medida apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En ambos casos, la suma fija tiene las mismas características: un monto fijo de $50.000 por persona, de percepción única, remunerativa y no bonificable. La condición de remunerativa implica que el monto se computa a los efectos del cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que la condición de no bonificable significa que no sirve de base para el cálculo de otros suplementos o adicionales que se liquidan como porcentaje del salario.

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la medida. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será atendido con los créditos asignados a cada jurisdicción en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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La suma fija de $50.000 que el Gobierno dispuso para agosto se suma a una serie de medidas salariales que el Ministerio de Defensa viene instrumentando desde mediados de año para el personal uniformado.

En junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, Milei había creado un suplemento por título académico para los integrantes de las Fuerzas Armadas, con porcentajes de entre el 10 % y el 25 % del haber mensual bruto según el nivel de formación acreditada —tecnicatura, grado universitario o posgrado—. Ese beneficio es permanente y se actualiza junto con cada recomposición salarial general.

A fines de julio, el Gobierno avanzó en la reglamentación de ese suplemento con un nuevo decreto que amplió el universo de beneficiarios e incorporó a todos los militares que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.

La norma también estableció que, en caso de contar con más de un título, solo se reconocerá el de mayor graduación, y que el beneficio comenzará a computarse a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias ante la autoridad que cada fuerza determine.

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El Gobierno nacional enfrenta el primer gran conflicto derivado de una de las desregulaciones impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Apenas entró en vigencia el decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje con el objetivo de reducir los costos portuarios y aumentar la competencia, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado, en un inédito boicot destinado a impedir la aplicación de la nueva normativa.

La Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación, al advertir que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

La decisión del sector amenaza con trasladar el conflicto a uno de los engranajes centrales del comercio exterior argentino. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país.

Qué cambia el Decreto 690

El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia que plantea el Gobierno para reducir el denominado “costo argentino”, mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión oficial, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.

La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, establece un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

La norma también elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad cuando existan situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar la reforma. Según el ministro, el sistema vigente había creado barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduciendo la competencia y elevando los costos logísticos que afronta el comercio exterior.

El funcionario también explicó que la reforma amplía las dimensiones de los buques a partir de las cuales resulta obligatorio contratar un práctico, crea áreas en las que ya no será necesaria esa asistencia y elimina la obligación de cambiar de profesional durante un mismo trayecto, una segmentación que, según sostuvo, había sido creada por la propia regulación y terminaba encareciendo la operatoria.

Sin embargo, la entrada en vigencia del decreto provocó una respuesta inmediata de los profesionales alcanzados por la medida.

Boicot por tiempo indeterminado

Según pudo saber Infobae de fuentes del sector privado directamente afectadas por la nueva reglamentación, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país acordaron dejar de prestar servicios profesionales a bordo de cualquier buque argentino o extranjero que requiera su asistencia desde este domingo y por tiempo indeterminado, hasta que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del Decreto 690/2026.

Las mismas fuentes sostienen que la nueva normativa modifica aspectos que consideran esenciales para la seguridad de la navegación. Entre otras objeciones, cuestionan la ampliación de las exenciones al uso obligatorio de prácticos, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros puedan acreditar mediante una declaración jurada el conocimiento de la zona para navegar sin ese asesoramiento profesional y los cambios introducidos en las condiciones para el embarque y desembarque de los prácticos.

También anticiparon que preparan una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al entender que la nueva regulación pone en riesgo la seguridad de la navegación.

Mientras tanto, el conflicto comenzó a mostrar sus primeras consecuencias sobre la actividad portuaria.

Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, una de las maniobras que debió ser suspendida involucró al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). De acuerdo con esas versiones, la embarcación decidió permanecer fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de una serie de operaciones previstas para el tendido de infraestructura submarina.

Intimaciones de Prefectura

En las intimaciones distribuidas durante las últimas horas, la Prefectura Naval recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación y exigió a cada profesional poner inmediatamente sus servicios a disposición, “sin condicionamiento alguno”, para cumplir las funciones para las cuales se encuentra habilitado.

El documento señala además que la autoridad marítima promoverá de oficio las denuncias penales e instruirá los sumarios administrativos correspondientes frente a cualquier incumplimiento. También asegura que se encuentran plenamente garantizadas las condiciones de seguridad para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos.

La intimación advierte que toda acción u omisión destinada a interrumpir el servicio público podría encuadrarse en los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte previstos en el Código Penal. En particular, cita el artículo 190, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave.

La disputa abre un nuevo frente para la estrategia desreguladora del Gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la reforma permitirá bajar costos logísticos, aumentar la competencia y hacer más eficiente el comercio exterior, los profesionales alcanzados por la medida respondieron con un boicot operativo que busca impedir su aplicación y que ya comenzó a repercutir sobre la actividad de los puertos argentinos.

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Tras el clásico receso invernal que suele regalarse el Congreso, el Senado retomará su actividad con una agenda abultada: habrá dos jornadas de audiencias para analizar pliegos judiciales; el oficialismo intentará avanzar -cautela dialoguista- con el Súper RIGI para grandes inversiones, un texto ya aprobado por Diputados; y el jueves se reanudará la sesión que quedó con cuarto intermedio en la que se definirá la ley de propiedad privada, una iniciativa ya muy manoseada y con al menos 16 borradores extra, pese a contar con un dictamen de mayoría firmado en mayo pasado.

El puntapié lo dará la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Desde las 14 de mañana expondrán 12 postulantes a ocupar sitiales en diversos puntos del país, algo que interesa a legisladores aliados que se mostraban preocupados por las dilaciones en relación con este tema. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares. Al día siguiente habrá otra reunión, aunque desde las 11.

Para la tarde de dicha jornada -14.30-, la comisión de Industria revisará un proyecto de la filoradical Edith Terenzi (Chubut) que forzaría la obligatoriedad de comercios del rubro gastronómico a incluir cartas adaptadas con pictogramas. No obstante, el plato fuerte será media hora más tarde, cuando un plenario comience la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente, mientras que la segunda es presidida por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

Desde La Libertad Avanza (LLA), que regentea la porteña Patricia Bullrich, deslizaron la idea de empujar un despacho exprés, algo arriesgado si se tomaran en cuentas las dificultades que tuvo el oficialismo por apurar leyes sin un acuerdo sellado de manera previa. Que en Diputados haya captado 130 votos es una señal, por haber sido más ajustado de lo esperable. Nadie lo adopta, por ahora, como un espejo.

Entre mañana y el miércoles ocurrirán, con seguridad, encuentros informales entre libertarios y dialoguistas para ver si la ley de propiedad privada llega blindada de cara al jueves, con oficinas y asesores ya hartos de las volteretas de junio y julio. De hecho, la última cumbre conocida fue la que mantuvo Bullrich con el ministro de Desregulación -e impulsor de la norma-, Federico Sturzenegger.

Al término de la reunión, la senadora dijo que había entendimientos sobre el borrador 15. No fue así, debido a que ahí mismo empezó a asomar la versión 16. De hecho, se estiman más modificaciones en las próximas 72 horas, lo que alimenta la postura opositora en contra sobre la iniciativa. En particular, sobre la venta de tierras a extranjeros, que tiene en una misma baldosa al kirchnerismo, a la izquierda y a la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, entre otras caras visibles. El mercado mira de cerca el desenlace.

El pequeño sueño de personajes menores fue que a la compañera de fórmula del primer mandatario en 2023 le tocara intervenir en un potencial empate. Quedará para otra ocasión: la Casa Rosada confirmó anoche que Javier Milei partirá el miércoles hacia Colombia. Por ende, comandará el encuentro el oficialista puntano Bartolomé Abdala, ya que Villarruel suplantará al Presidente en el Ejecutivo hasta su retorno a la Argentina.

Entre mañana y el miércoles, LLA tendrá que decidir si juega a todo o nada con el proyecto, restándole importancia a la marcha que habrá ese día fuera del Congreso. Lo que se presume es que, para la temática en cuestión, lo del jueves tiene aroma a última chance. Ya casi nadie quiere continuar con el asunto. En caso de tener que bajar la persiana -y lo que ello implicaría- el oficialismo buscará, al menos, mostrar avances en otros campos. Y si lo llegara a aprobar, sacará un conejo de la galera que luego deberá pasar el filtro de la Cámara baja y dejar atrás la pronunciada mala praxis legislativa de las recientes semanas.

Un ítem no menor: fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. Hasta se sacó al Congreso del medio. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Una vez que se saldó eso, surgieron dudas menores entre quienes habían demandado cambios. Seguido a ello, entre los senadores libertarios y funcionarios de Milei aparecieron divergencias. Por eso es que la discusión se encuentra enjabonada y no hay lugar firme de dónde agarrarse. Un escenario no recomendable. Restan 72 horas para que se reanude la sesión.