POLITICA
Senado: el Gobierno prioriza la ley de zonas frías y busca sancionarla antes de armar el Presupuesto 2027
El Senado se encuentra en una instancia de freno y demora de varios proyectos enviados por el Ejecutivo en los últimos meses, algo impensado a inicios del corriente año. Mientras libertarios buscan respuestas a este tapón -ya sin la excusa del indefendible Manuel Adorni en el Gabinete-, la Casa Rosada ubicó un objetivo de máxima prioridad antes de enviar -a mediados de septiembre- el Presupuesto 2027 al Congreso: sancionar lo más rápido posible las modificaciones -recorte de subsidios y suba de tarifas- de la ley de zona fría.
La iniciativa ni siquiera está dictaminada -y la época para analizarla es la peor- por lo que, de mínima, no se tratará hasta que finalice el receso invernal de las últimas dos semanas de julio. Para tener una idea del panorama vigente en la Cámara alta: recién el jueves 16, siempre y cuando haya número -en duda-, el oficialismo intentará aprobar la ley de propiedad privada -expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y cambios en manejo del fuego- tras un despacho firmado en mayo pasado, que ya sumó la delirante cifra de 13 borradores extra. La versión original fue desplumada.
El primer indicio de la urgencia de Balcarce 50, tras la cautelar reactivada a favor de las universidades y los insistentes reclamos de gobernadores por dilaciones en giros millonarios de fondos -rutas importantes en estado terminal-, fue el eje central de la primera cumbre que mantuvieron representantes de bancadas dialoguistas del Senado con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien apareció acompañado de los principales referentes del Ejecutivo en cuanto a energía.
Días atrás, la ley recibió un trompazo desde su propio espacio. El miércoles, tras la reunión de Labor Parlamentaria -donde se consensuó la potencial sesión del jueves 16-, la titular libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que la iniciativa “sigue fría”. La porteña no se privó de nada, ya que también objetó parte de las variantes para la reforma electoral -colectoras- que empuja la administración central. Es decir, ya no se trata sólo de un pliego judicial -témpera republicana- o un ex funcionario que llenó de lodo a Javier Milei. La gran pregunta es si la ex ministra hace sola su juego o si existe un tándem. Especulaciones, sobran.
Tras el convite con Santilli, Infobae consultó a tres despachos de peso y confirmaron que los diálogos con Balcarce 50 continuaron su curso y que la prioridad es zona fría -“va a salir; quizá más justa, pero va a salir”, deslizaron desde uno de ellos-, más allá de que se empiece a quitar antes algo de peso a una mochila ya muy cargada de textos sin definición. Los aliados fueron claros con el oficialismo: el primer semestre era el período ideal para acelerar leyes. Al parecer, no los oyeron. O, como sospechan otros: los mensajes llegaron distorsionados. Por ese motivo es que proliferaron vías bilaterales de legisladores dialoguistas con el Ejecutivo.
¿Qué cuentas hace la administración central? En caso de tener a sus 21 soldados, añadiría a los tres del PRO y a un puñado de radicales. En la UCR son 10 y un poco menos de la mitad -por ahora- no acompañaría. A partir de eso ingresan los silvestres provinciales y los -de nuevo- peronistas que se fueron del interbloque K, tengan o no gobernadores como terminal. La incorporación de las zonas cálidas -subsidio a la energía eléctrica- en la Cámara baja y algunas promesas a la hora de implementar una hipotética norma ayudarían a cerrar el asunto. Más los fondos anunciados -el “bis” del “bis”- y una ley de gastos 2027 que permitan meses de calma. Claro está que, primero, deberá rubricarse un despacho en comisión.
La bandeja de temas -en modo tortura- incluye, a los tres mencionados, los de salud mental, etiquetado frontal, biocombustibles, Hojarasca -ya dictaminada y con chances para el 6 de agosto, en caso de sesionar-, Sociedades, y ludopatía. Habrá que esperar si aterriza lo relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central al Senado, como insinuó Bullrich.
Si Diputados continuase con el trámite de otros textos se llegaría casi a la docena en fila, algo objetivo y fuera de discusión. Un escenario complejo para los cuatro meses que restarán del período ordinario, que finaliza el último día de noviembre, excepto que el mismo se prorrogue o se convoque a extraordinarias. Sobre el último punto es donde, en diciembre y febrero pasados, la porteña se pudo lucir. Tras ello, cedió parte del monopolio que tenía sobre la Cámara alta y, ahora, desde el Ejecutivo intentan avanzar por su cuenta. No trajo grandes resultados durante la primera mitad de gestión libertaria. Y, sobre la reforma política, no hay un solo aliado que no quiera esperar al último trimestre del año para una decisión final.
POLITICA
El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia
El gobierno de Entre Ríos anunció que enviará una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar con los cambios en el Código Procesal Laboral y así reducir la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y generar mayor previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras.
El proyecto introduce cuatro modificaciones centrales al sistema de justicia laboral provincial. La primera es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados por concurso público. La clave del diseño es la remuneración: sus miembros cobrarán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no variarán según el porcentaje de incapacidad que determinen ni según el monto de una eventual indemnización. El objetivo es desacoplar el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.
El segundo cambio es la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme habilitaba evaluaciones dispares entre peritos, lo que generaba incertidumbre para todas las partes. Con la reforma, los profesionales deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, con el fin de unificar criterios y reducir las diferencias entre evaluaciones.
El tercer eje modifica la forma en que se calculan los honorarios periciales. En el sistema actual, esos honorarios se calculan en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad reconocido, lo que genera un incentivo directo para inflar los valores. La reforma establece que la retribución se determinará por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo fijado de antemano.
El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La modificación apunta a garantizar el acceso a una segunda instancia judicial sin suprimir las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento del fallo.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad en la provincia. Con la reforma, el gobierno entrerriano apunta a construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, con el propósito de reducir costos y generar mayor previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.
El contexto que motivó la iniciativa es concreto: según datos de la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, ese crecimiento llegó al 38%, la cifra más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país. La suba se produce pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen de manera sostenida, lo que indica que el aumento de demandas no responde a un incremento real de accidentes.
Ese fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, según un informe de la UART, los juicios por accidentes de trabajo alcanzaron 14.966 en agosto de 2026, un 11,3% más que un año antes. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para el cierre de 2026 supera los 138.000 juicios, lo que marcaría un nuevo récord histórico.
La entidad señaló que la brecha entre la evaluación de las Comisiones Médicas y lo que resuelve la Justicia alimenta el problema de fondo. “Aún cuando las Comisiones Médicas determinan que un caso ya fue cerrado y la persona atendida y recuperada sin incapacidad, al judicializarse, en la casi totalidad de los casos los peritos judiciales, luego avalados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Eso termina generando un incentivo muy fuerte a reclamar, incluso en casos ya resueltos por la vía administrativa”, señaló una fuente sectorial.
La UART viene reclamando la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias del país como medida estructural para revertir esa dinámica, y la reforma de Entre Ríos avanza precisamente en ese sentido.
Rogelio Frigerio
POLITICA
Tras los reparos de Jorge Macri a la reforma electoral de Milei, los libertarios piden eliminar las PASO en la Ciudad
A horas del inicio del tratamiento del Presupuesto 2027 para la ciudad de Buenos Aires, que presentó el miércoles pasado el jefe de gobierno, Jorge Macri, la filial porteña de La Libertad Avanza (LLA) supeditó su acompañamiento a una serie de propuestas propias, entre ellas la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) a nivel local.
El reclamo llegó apenas 72 horas después de que el alcalde dijera que prefiere discutir la reforma política nacional de Javier Milei –cuyo eje es la derogación de las primarias– con la mira en los comicios de 2031, y no para el año próximo: “Prefiero no discutir las reformas electorales para la elección que viene porque todo eso después parece muy teñido de lo que le conviene a tal o a cual. Sería bueno discutirlas para la que sigue”, afirmó el sábado en Radio Mitre.
Aprobar la iniciativa en el Congreso, o al menos lograr la suspensión de las PASO, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del año.
“El bloque de LLA en CABA condiciona a Jorge Macri con la aprobación del Presupuesto”, dice el comunicado difundido por el espacio que comanda Pilar Ramírez, jefa de la bancada y delegada de Karina Milei en la Ciudad, en el que destaca el pedido de eliminar las PASO porteñas.
Los libertarios protagonizaron además un spot en redes, en el que enumeraron sus objeciones al proyecto oficial y las medidas que impulsarán durante el debate, que comenzará mañana con la presentación del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo.
La bancada reflotó así un reclamo que había iniciado tiempo atrás y que luego mantuvo en segundo plano. Mientras, la reforma política de Milei permanece congelada en el Senado desde hace meses.
Ante la consulta de , desde LLA afirmaron que esta es la postura que siempre sostuvieron y que el spot no fue una reacción a las declaraciones del jefe de gobierno, aunque admitieron que lo que dijo los “sorprendió”.
En rigor, el bloque presentó el proyecto en la Legislatura el 22 de abril pasado, luego de que Milei anunciara la reforma política. Los libertarios porteños se mueven en espejo con Nación y trasladan a escala local las iniciativas de Milei.
Las declaraciones radiales de Jorge Macri llamaron la atención dado que durante la Argentina Week, celebrada la semana pasada en París, Francia, acompañó al gobierno nacional y ratificó su apoyo al rumbo económico del Presidente.
Asimismo, el jefe porteño se muestra abierto a un acuerdo electoral con LLA para buscar su reelección. El viaje, aunque sin acuerdos sellados, dejó la señal de una voluntad de Karina Milei de lograr entendimientos con los gobernadores. En la Ciudad, las negociaciones aún están “frías”, admiten ambas partes. Y los soldados de Milei en la Capital no relajan los cuestionamientos al alcalde.
Por su parte, una fuente de Pro subrayó que Jorge Macri no cuenta con diputados ni senadores propios en el Congreso. Desde LLA, sin embargo, apuntaron al vínculo que mantiene con Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro en Diputados, quien además lo acompañó en una gira reciente por Estados Unidos. “Es importante la información que tiene y su postura. Ritondo trabaja con él”, dijo un libertario.
Sobre el tema sobrevuela una especulación acerca del posicionamiento de Pro a nivel nacional, que por ahora no clarifica su postura sobre la eliminación de las PASO. El gobierno de la Ciudad no manifestó hasta ahora intención de derogar las primarias.
Horas después del video publicado por los libertarios, el gobierno de la Ciudad comunicó que “le entrega a la Nación la obra terminada de la cárcel de Marcos Paz, un paso fundamental para cerrar el penal de Villa Devoto”. El papa León XIV visitará el complejo penitenciario de Devoto el 11 de noviembre, durante su paso por la Argentina.
Baja de impuestos y recorte del gasto
Al margen de las PASO, el bloque también reclamó “una reducción de impuestos financiada con recortes en el gasto”. Entre las medidas propuestas figuran:
Pese a las críticas, los libertarios coinciden con las reducciones tributarias que ya propone el Ejecutivo porteño (para patentes, hoteles, restaurantes, librerías y pymes) y con las partidas destinadas a obras de infraestructura y a Seguridad. “No es un mal presupuesto. Pero podría ser mejor”, resumieron a días atrás.
“Nosotros siempre tenemos voluntad de acompañar y legislativamente trabajamos bien con el bloque del Pro, pero va a llevar tiempo ponernos de acuerdo porque vamos a ser muy rígidos: vamos a acompañar la baja de impuestos cuando esté acompañada de una baja de gasto que la haga sostenible”, sostuvo el legislador Nicolás Pakgojz el viernes pasado. Los libertarios votaron en contra del presupuesto porteño en 2024 y a favor en 2025.
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POLITICA
Marcha contra la Corte: sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros protestan por el fallo que libera la venta de tierras para extranjeros
La protesta contra la Corte Suprema de Justicia por su fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei comenzó frente al edificio del máximo tribunal, que está vallado en su frente sobre la calle Talcahuano, como así también sectores de la Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se monta un escenario y, sobre la plaza, se agrupan militantes con bombos y trompetas, junto a otros que sostienen carteles de repudio contra jueces y fiscales por causas que afectan a dirigentes kirchneristas, como Cristina Kirchner o Milagro Sala, y otros que tienen a cargo expedientes contra Javier y Karina Milei y Mauricio Macri.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, los partidos políticos que integran el Frente de Izquierda, el Polo Obrero, el Movimiento Derecho al Futuro (sello político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof), Patria Grande (espacio político de Juan Grabois), son algunas de las organizaciones presentes en la protesta, que interrumpe el tránsito sobre la calle Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle.
La protesta aún no es muy numerosa. Se acercan también los primeros dirigentes políticos de la oposición, como los peronistas Julia Strada y Hernán Letcher; el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, o el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.
Sobre el acoplado de un camión, se monta un escenario, en el que se instalaron banderas de ATE, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otra que reza “Marcha de la Bronca”. La CTA, en sus dos vertientes, fueron los organizadores de la protesta.
La protesta se convocó contra un fallo que la Corte suscribió el martes de la semana pasada, en el que consideró que el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no estaba legitimado para promover una demanda contra el decreto 70/2023, en cuyo artículo 54 se deroga la ley 26.737, de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”. Con esa definición, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejaron vigente la derogación de la norma que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros.
Se suma a la protesta el Frente de Lucha Piquetero, que previamente se manifestó en Desarrollo Social por los recortes que dispuso el Gobierno en el plan Volver al Trabajo.
Noticia en desarrollo
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