POLITICA
“Sherpas del dinero negro”: cómo operan los “facilitadores profesionales” detrás del lavado y la corrupción
El funcionario que sabe de trampas suele salir impune. El que no sabe que no sabe, va preso. Y el que sabe que no sabe, acude a los “facilitadores profesionales”. Contadores, abogados, financistas, empresarios, escribanos y otros expertos en el opaco arte de ocultar el origen y los movimientos de fondos ilícitos. Son los “sherpas” de la corrupción, la evasión y el lavado de activos.
Algunos de esos “facilitadores profesionales” son conocidos e, incluso, han confesado sus crímenes. Como el financista Ernesto Clarens, clave para entender el trasiego de fortunas en efectivo durante el kirchnerismo. O el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares. O el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, que incluso articuló la cartelización del sector y el pago de sobornos. O el español Manuel Vázquez, quien le explicó a su socio en un correo electrónico que debían coordinar toda la operatoria paralela, de principio a fin, para beneficio del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de ellos: “Antes que nada quiero que tengas presente algo que creo que te he repetido en diferentes ocasiones: nuestro mandante y su séquito cercano son pueblerinos”, le aclaró, “y aunque no parezca creíble: no saben cómo hacer esto”.
En sentido estricto, “facilitadores profesionales” son aquellos que “ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros”, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sea con estructuras offshore, fideicomisos y testaferros o circuitos informales de transferencia de valor. Pero en sentido amplio, también abarca, por ejemplo, a los “cueveros” que ayudan a mover fortunas por el circuito negro.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene, incluso, tipologías específicas sobre este fenómeno —que denomina “professional money laundering”— y en sus evaluaciones mutuas más recientes ha señalado a la Argentina por la debilidad en la persecución de estos actores, pese a que la normativa local los alcanza: la Resolución UIF 156/2018 y sus actualizaciones imponen a contadores, escribanos y abogados la obligación de reportar operaciones sospechosas como “sujetos obligados”.
La Justicia investiga ahora, por ejemplo, si Orlando Rodolfo Mellino es un ejemplo de este tipo singular de “sherpas” o es solo un “pasamanos”. Jubilado de 75 años, recibió más de US$ 1 millón en activos digitales de Hayden Davis el 30 de enero de 2025, apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en X que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain junto a una “selfie” juntos. Y Mellino los transfirió a otras cuentas aún no identificadas.
Miguel Ángel Calvete es otro ejemplo, con otro perfil. Dentro y alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se movió con dos sombreros simultáneos, según dictaminó el fiscal federal Franco Picardi. Actuó “como articulador de las adjudicaciones y beneficiario directo de los retornos derivados de las contrataciones” y se encargó de explicarles a los funcionarios cómo era el circuito ilegal, además de entregarles sumas de dinero, como al entonces titular de la agencia –y abogado particular de Milei–, Diego Spagnuolo.
La mayoría de los “sherpas”, sin embargo, niega un malhacer. Remarcan que se limitan a proveer servicios y que si alguien cometió un delito, fueron sus clientes, no ellos. Lo argumentó Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que antes prestó servicios para clientes que terminaron condenados por narcotráfico. Y lo mismo argumentó otro escribano, Juan Bautista Derrasaga, cuya firma aparece en la creación de sociedades “pantalla” vinculadas al Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y los Panamá Papers, con analfabetos y desocupados como parte de la maniobra, según distintas investigaciones judiciales y periodísticas.
Ciertas empresas o bancos también prestan esa asistencia profesional. Como la filial en la Argentina del banco BNP Paribas, que montó una “cueva” en Alem y Córdoba para fugar del país dinero de sus clientes, según reconstruyó el juez Osvaldo Rappa. O HSBC, como expuso el filtrador o ”whistleblower” Hervé Falciani. O el gigante brasileño Odebrecht, que compró la filial en Antigua y Barbuda del banco Meinl Bank para sus tropelías y las de los sobornados. O el JP Morgan, según reveló el otrora ejecutivo de ese banco, Hernán Arbizu.
Otro “facilitador profesional” argentino que terminó contra las cuerdas en Estados Unidos fue el exCEO de Torneos, Alejandro Burzaco. “Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos, accionista directo en 2005 hasta 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen”, resumió ante una Corte federal de Nueva York, a fines de 2017.
Algunos profesionales tienen recorridos más turbulentos. La escribana Ana Cristina Palesa, por ejemplo, figura en la trama de Lázaro Báez y su familia, y antes apareció en otras causas criminales. Por ejemplo, “en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore”, según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión a un condenado en la megacausa “Carbón Blanco”, una de las mayores investigaciones por narcotráfico del país.
El juez federal Sebastián Casanello es uno de los magistrados que más ha intentado avanzar sobre estos “sherpas”, con suerte dispar. Además de procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, uno de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el lavado de cerca de US$ 1,5 millón a través de Uruguay, avanzó contra dos operadores financieros uruguayos, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, y los argentinos Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro.
Sin embargo, tanto en el caso de Palesa, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que el trabajo que realizaron “no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas”. En otras palabras, impusieron un estándar complejo: para condenar a un facilitador no bastaría con probar que estructuró una operación ilícita, sino que conocía el destino criminal de los fondos y actuó con dolo directo. Ese nudo gordiano -demostrar que sabían exactamente lo que hacían- es, en la práctica, el mayor escudo de los “sherpas”.
Ese fue el planteo exculpatorio del abogado de Derrasaga cuando lo consultó . “Derrasaga se dedica a armar esqueletos societarios de acuerdo al marco jurídico establecido por la ley para que las empresas puedan funcionar”, afirmó el letrado Adrián Rodríguez Díaz. Su cliente, remarcó, actuó “a requerimiento de personas que cuentan con el capital [para conformar una sociedad] y en base los requisitos legales para hacerlo”. Por ese motivo, adujo, el escribano pudo “perfectamente no saber quiénes son las personas que van a usar esas empresas y cómo van a usarlas”.
Ese argumento es habitual entre los “facilitadores profesionales” cuando sus nombres salen a la superficie. “Nosotros vendemos sociedades vírgenes, sin movimientos, como los fabricantes de autos. Después, qué hace cada uno con el auto, si matan a alguien o salen campeones de una carrera, no es responsabilidad nuestra”, argumentó otro contador uruguayo, Fernando Castagno Schickendantz, ante la consulta de , en 2012, en plena investigación del “caso Ciccone”.
La prestación de estos servicios, cabe aclarar, atraviesa distintos gobiernos y signos políticos. Puede atestiguarlo el estudio contable uruguayo de la familia Macri, Lussich Torrendel y Asociados, que junto al buffet panameño Mossack Fonseca participó en la creación y gestión de la sociedad offshore BF Corporation, que derivó en un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por el UBS Deutschland y analizado por la Fiscalía de Hamburgo. ¿Por qué? Porque requirieron el traspaso de fondos que no habrían sido debidamente justificados al banco suizo J Safra Sarasin y proceder “a destruir toda la documentación” vinculada a esa cuenta.
Sin embargo, no todos los “sherpas” profesionales salen indemnes. Por ejemplo, hubo dos ejecutivos del banco suizo Lombard Odier, Juan Alberto de Rasis y Martín Eraso, que terminaron condenados en la Argentina a 4 años y medio y 3 años de prisión, respectivamente, por su participación en “la conformación de la estructura societaria y bancaria en el extranjero y la expatriación del dinero a través de las financieras”, que le permitió a Báez y su familia blanquear al menos US$ 60 millones.
En ese gris legal -entre la prestación de un servicio y la participación en un delito- es donde los “facilitadores profesionales” encuentran, muchas veces, su mejor refugio. Y el camino opaco que ayudan a recorrer a sus clientes es, en definitiva, el que garantiza su propia impunidad.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Hallaron USD 2,4 millones y droga en la casa del expresidente de ARSAT que asumió con Alberto Fernández
Facundo Leal, expresidente de ARSAT y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido el miércoles durante un allanamiento en su departamento de Palermo. Los agentes encontraron cerca de 2.400.000 dólares en efectivo, casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y cocaína.
Además del dinero en dólares, se hallaron pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y chelines tanzanos, lo que abrió una línea de investigación propia sobre el origen y destino de divisas de al menos siete países almacenadas en un domicilio privado. También se secuestraron teléfonos, notebooks, pendrives y documentación considerada relevante.
La investigación no tenía como objetivo original a Leal ni al narcotráfico. La causa se inició por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT y cayó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli. A medida que avanzaron las medidas de prueba, se detectaron indicios de potencial corrupción en contratos de la empresa dentro de los teléfonos secuestrados.
Leal presidió ARSAT entre 2022 y junio de 2025 y luego fue designado por el gobierno de Milei al frente del ORSNA, cargo que ejerció hasta enero de este año. Al momento de su detención seguía figurando en la nómina de empleados de ARSAT como planta permanente. Renunció en enero junto al exsecretario de Transporte Luis Pierrini, presuntamente “invitados” a hacerlo por haber utilizado una aeronave del entorno del empresario Toviggino para viajar a Barcelona.
Tras la salida de Leal, el gobierno colocó en el ORSNA a Noelia Ruiz, parte del equipo más cercano del asesor presidencial Santiago Caputo. Pierrini era identificado en el sector como uno de los funcionarios más cercanos al empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi y también vinculado a Caputo, quien habría promovido a Leal dentro de la estructura de poder.
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Alberto Fernández,arsat,Facundo Leal,Pablo Toviggino
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El exrector del Nacional Buenos Aires reclamó una definición judicial por las tomas: “La Corte Suprema tiene que expresarse”
Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini tomaron ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía sobre el escenario estudiantil. En ese marco, reclamó una definición de la Corte Suprema.
“Siempre tuve una postura muy clara en contra de las tomas”, indicó Zorzoli. En detalle explicó los motivos: “La toma de un edificio público es una contravención” y “corren riesgos los propios pibes, que son menores de edad”. En esa misma línea, señaló que, si bien siempre le dijo a sus estudiantes que las tomas no deberían de ser la primera medida, hoy “me tengo que retractar”
“Siempre les decía (a los alumnos): ‘No puede ser que la toma sea la primera medida de reclamo, tiene que ser la última. Tiene que haber negociación, discusión’“, dijo y agregó que ”en este caso, la política por fuera del colegio ha hecho todo. El Congreso aprobó una vez, hubo veto, aprobaron otra vez, la justicia dijo que sí. Y la verdad es que yo ahora no les puedo decir a estos pibes: ‘No, es que tienen que negociar’”, apuntó.
Tajante, Zorzoli opinó: “la Corte Suprema tiene que expresarse y no es cierto que no tenga tiempos. Tiene tiempos políticos, una responsabilidad política y tiene que responder ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires. Es muy importante que la Corte se expida”, afirmó.
El reclamo por salarios docentes y la crisis de formación
Al abordar la crisis docente, Zorzoli aportó un dato sobre tiempos de formación: “Un docente hoy en la ciudad de Buenos Aires tarda en promedio siete años en recibirse y va a tener un sueldo bastante pobre”. En ese marco, describió un circuito de pérdida de recursos humanos: “Los pibes empiezan a dar clases y los mejores muchas veces se van a enseñar al sector privado”.
En este sentido ubicó el problema con mayor fuerza en áreas específicas: “No te voy a decir de Matemática, Física y Química porque estamos en una situación catastrófica en ciencias más duras”. Y apuntó a una diferencia salarial que, según dijo, golpea a los colegios preuniversitarios.
El exrector señaló que los docentes de esas instituciones “están cobrando menos que los profesores en las escuelas comunes de la ciudad” y cuantificó: “Un 30% menos”.
También comparó ese escenario con su etapa al frente del Nacional Buenos Aires. “Cuando yo era rector cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó.
El modelo del Colegio Nacional Buenos Aires y qué se puede replicar
Zorzoli describió elementos que, según su mirada, forman parte de la identidad institucional del colegio. Mencionó que existen “cosas que no se tocan”: el ingreso, las notas de calificación y materias como latín, que, dijo, se mantiene en pocos establecimientos.
Asimismo planteó una continuidad histórica del plan de estudios: “Tiene 160 años el colegio” y sostuvo que “en estos 40 años de democracia no cambió un ápice el plan de estudios”.
El exrector planteó que no existe un único modelo posible para todos. “La política educativa quiere instalar modelos únicos. Este es un problema”, dijo. Y agregó: “No debería haber esquemas únicos” porque “los pibes son diversos”.
El caso del Colegio Nacional de Escobar y la demanda de vacantes
Entre otras cosas, Zorzoli señaló que el modelo del Nacional Buenos Aires sí se aplicó fuera de la Ciudad de Buenos Aires. “Hace siete años lo replicamos en el Colegio Nacional de Escobar. Depende de la UBA”, afirmó, y lo describió como “el primer colegio que está por fuera de la ciudad de Buenos Aires”. Según Zorzoli, ese establecimiento tiene un cupo acotado: “Tiene 100 vacantes” y recibe una demanda mayor: “Se inscriben 500 pibes cada año”.
El formato, según precisó el exrector, “sirve” y “funciona”, aunque insistió en que debe convivir con otras alternativas educativas. “Tiene que haber variantes a esto”, concluyó.
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Caída de los nacimientos: la vicejefa de gobierno porteño se reunió con la ministra de natalidad de Italia
La vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, se reunió con Eugenia Roccella, ministra de Familia y Natalidad del gobierno de Giorgia Meloni, en el marco de un intercambio sobre políticas para revertir la caída de los nacimientos. Muzzio describió a la funcionaria italiana como “amable y férrea a la vez” y destacó su disposición a compartir su visión sobre un fenómeno que calificó como “de importancia planetaria”.
El encuentro deriva de la coincidencia del fenómeno de la baja natalidad en ambos países. Italia arrastra desde hace años un colapso de nacimientos que derivó en una estructura poblacional con más personas en edad avanzada que niños y jóvenes. Muzzio advirtió, en una publicación en su cuenta de Instagram, que la pirámide poblacional de Buenos Aires “va en esa dirección”, trazando un paralelo directo entre la crisis demográfica italiana y la situación local.
La Ciudad de Buenos Aires registra desde 2019 más muertes por año que nacimientos, una situación que Muzzio denominó “déficit vital”. Según proyecciones que la funcionaria difundió en sus redes sociales, para 2028 la inscripción en primer grado tendrá un 33% menos de niños respecto de los niveles actuales. De mantenerse la tendencia, advirtió, más de la mitad de los bancos de las escuelas permanecerán vacíos.
Roccella reconoció ante Muzzio una mirada “muy cautelosa” sobre las posibilidades de revertir el fenómeno en el corto y mediano plazo. La ministra sostuvo que los efectos culturales que se impusieron sobre la sociedad son difíciles de desandar, y señaló un “descrédito profundo” en torno a la maternidad y la formación de una familia. Entre los factores que identificó como causas del retroceso figuran la ideología de género, la subrogación de vientres —a la que definió como “una versión mercantilista de la maternidad”— y el cuestionamiento del matrimonio, las relaciones estables y el propósito vital de tener hijos. Muzzio expresó en su publicación una coincidencia explícita con esa lectura.
La vicejefa porteña también describió la amenaza demográfica en términos que van más allá de lo estadístico. En un artículo de opinión publicado el 24 de octubre de 2024, planteó que si la tendencia no se revierte, la sociedad podría derivar en lo que llamó un “gerontoceno”: una era dominada por el envejecimiento irreversible de la población, con menos capacidad creativa, menor dinamismo económico y una pérdida progresiva de vitalidad urbana.
El fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires ni de Italia. En aquella publicación, Muzzio citó el caso de Estados Unidos, donde en 2023 se alcanzó la tasa más baja de fertilidad de su historia, con la mayor proporción registrada de mujeres de entre 25 y 44 años que nunca tuvieron un hijo. Un estudio del Pew Research Center reveló que el 57% de los adultos menores de 50 años que consideran improbable formar una familia señalan la falta de interés como uno de los factores principales.
La funcionaria porteña también aportó un dato que ilustra el reordenamiento de las prioridades en los hogares urbanos: en Buenos Aires hay más mascotas que niños menores de 10 años. Si se suman perros y gatos, la cantidad de animales domésticos casi duplica a la de menores en esa franja etaria. The Economist publicó que en 2023 los estadounidenses destinaron más dinero al cuidado de sus mascotas que al de niños; en ese país, 85 millones de hogares tienen perros y solo 35 millones tienen niños.
Desde una perspectiva económica, Muzzio argumentó que la riqueza de una ciudad sin recursos naturales ni energía depende de la producción de bienes intangibles y servicios generados por lo que denominó “clase creativa”: científicos, arquitectos, artistas, ingenieros y financistas, entre otros. Con menos habitantes en edad productiva, el potencial de una ciudad se contrae. “Una ciudad con menos niños es un poco más triste y silenciosa”, escribió.
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