POLITICA
Blindaje económico y reforma política: Milei quiere avanzar con un paquete de leyes para apuntalar su reelección
La Casa Rosada ya ordenó la agenda legislativa de la segunda mitad del año alrededor de una prioridad: llegar a las elecciones de 2027 sin sobresaltos económicos que puedan poner en riesgo la continuidad del proyecto libertario. Con ese objetivo, el oficialismo prepara un paquete de reformas económicas destinado a reforzar la estabilidad financiera y, en paralelo, acelera una modificación de las reglas electorales que considera clave para la disputa presidencial.
La estrategia comenzó a delinearse el jueves durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Según informó , ese encuentro pasará a realizarse semanalmente para monitorear el avance de las principales iniciativas del Gobierno y coordinar la agenda parlamentaria de cara al tramo final del año.
En ese esquema conviven dos prioridades. La primera apunta al frente económico. El Gobierno prepara el envío de tres proyectos: una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal para ampliar el ingreso de dólares al circuito formal, la denominada ley de shutdown, que limitaría la ejecución del gasto cuando se agoten las partidas presupuestarias, y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia y prohibir el financiamiento monetario del Tesoro. A ese paquete se sumarían modificaciones al mercado de capitales, al régimen de seguros y a las reglas fiscales.
Se trata de un conjunto de iniciativas que busca consolidar las condiciones macroeconómicas con las que el oficialismo pretende llegar a la próxima campaña. Milei ya anticipó que todas las reformas estarán “interrelacionadas” y formarán parte de un mismo esquema económico.
Sobre la ley de Inocencia Fiscal, el Presidente adelantó que llegará al Congreso una nueva versión “para volverla universal y más previsible”. Según informó , uno de los cambios centrales será la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio previstos en el proyecto original para adherir al régimen. La modificación ampliará el universo de contribuyentes que podrán formalizar ahorros no declarados e incorporarlos al sistema financiero sin penalidades.
También confirmó el envío de la ley de shutdown. “Cuando te agotás el presupuesto no podés gastar más y se apaga el Estado”, explicó durante su último diálogo con Alejandro Fantino en el streaming oficialista Neura. En rigor, esto no es lo que ocurre en Estados Unidos. Allí, un shutdown o “cierre del Gobierno” se da cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto que son necesarias para mantener en funcionamiento a las agencias federales. En esos casos, la falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta lograr un nuevo acuerdo legislativo.
El tercer eje será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto redefinirá el rol de la autoridad monetaria, volverá a ubicar como objetivo fundamental la preservación del valor de la moneda y prohibirá expresamente tanto la emisión sin respaldo como el financiamiento del Tesoro. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de qué se financia al fisco”, sostuvo Milei.
El segundo frente de la estrategia es político-electoral. El oficialismo buscará eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) -o, en todo caso, volver a suspenderlas- y avanzar con un sistema de colectoras que permita que distintas listas de categorías inferiores adhieran a una misma candidatura presidencial sin necesidad de integrar una alianza electoral. La apuesta es ampliar el respaldo de Milei a partir de la adhesión de listas de gobernadores aliados que “colectarán” votos para la categoría presidencial. A cambio, el oficialismo se comprometería a diluir su competencia en esos territorios.
Pero la reforma también tiene una motivación económica. Una elección primaria competitiva puede transformarse en un factor de volatilidad financiera antes de la elección general. El antecedente es el de agosto de 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en las PASO fue seguida por una fuerte reacción de los mercados: el dólar oficial saltó cerca de un 23% en una sola jornada.
Los desdoblamientos provinciales también se quieren evitar. La elección bonaerense, que se celebró anticipada en 2025, tuvo un efecto nocivo que terminó con el salvataje financiero de Estados Unidos justo antes de la elección nacional. “La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoya unánimemente a la Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, dijo en ese momento el secretario del Tesoro americano, Scot Bessent.
En la Casa Rosada buscan evitar que una instancia electoral previa vuelva a convertirse en un disparador de incertidumbre sobre el rumbo económico.
En el oficialismo asumen que buena parte de sus posibilidades de retener el poder dependerá de llegar a la campaña con una economía estable. La agenda que preparan para el Congreso responde a esa premisa. Combina cambios en las reglas electorales con un paquete institucional y económico que apuesta a mitigar las oscilaciones y preservar el principal activo que Milei exhibe desde que asumió: la estabilidad macroeconómica.
LA NACION,@LuisCaputoAR,@fedesturze,pic.twitter.com/meEwDvBWtm,July 7, 2026,LA NACION,shutdown,un sistema de colectoras,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Más poder. Karina Milei ordena el Congreso para 2027 con dirigentes propios y control sobre los bloques,,“Dólares del colchón”. A tres semanas del vencimiento, el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias espera una ley clave,,La propuesta de Milei. Las incógnitas y oportunidades alrededor de las sociedades administradas por IA
POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
Claudio Tapia, AFA, ceamse
POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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