POLITICA
El Gobierno acelera un acuerdo para financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia antes de las elecciones en Estados Unidos
El Gobierno no consigue aún financiamiento para la Base Naval Integrada de Ushuaia y busca cerrar un esquema de apoyo antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos. En la Casa Rosada reconocen que la negociación “no está avanzada”, pero quieren acelerarla porque entienden que la voluntad política de Washington podría cambiar si el Partido Republicano pierde control parlamentario.
«Según nuestras proyecciones, una de las cámaras pierde seguro”, expresan en Nación. La frase apunta al cálculo político que hacen en Balcarce 50: el alineamiento con Donald Trump abre una ventana de oportunidad para avanzar en cooperación militar, logística y estratégica, pero esa ventana podría achicarse si el resultado electoral modifica el margen de maniobra de la Casa Blanca.
El proyecto en discusión es la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, la logística antártica y el control de una zona sensible por su cercanía con Malvinas. La iniciativa está bajo la órbita de Defensa y combina intervención de la Armada con planificación conjunta por su rol logístico y antártico. Requiere un financiamiento que hoy no está garantizado.
En el Ejecutivo buscan un acuerdo técnico con Estados Unidos, bajo una lógica similar a la que se aplicó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano en la Hidrovía. La idea no es presentar una base estadounidense en territorio argentino, sino explorar un mecanismo de asistencia, cooperación técnica y eventualmente financiamiento o apoyo operativo para acelerar la construcción.
La Casa Rosada ya venía trabajando esa hipótesis desde el inicio de la gestión. En informes oficiales, Defensa ratificó que la Base Naval Integrada sigue siendo prioritaria, pero reconoció que la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera. También sostuvo que cualquier cooperación futura con otros países deberá encuadrarse en los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes.
La obra tiene además un trasfondo geopolítico. En Balcarce 50 entienden que Ushuaia puede funcionar como un punto logístico clave para la proyección antártica y para competir con otros puertos de acceso al continente blanco, como Punta Arenas, Hobart y el puerto que el Reino Unido desarrolla en Malvinas. Por eso, el Gobierno busca que el apoyo de Washington refuerce la posición argentina en la región.
El interés estadounidense aparece vinculado también a la disputa más amplia con China. En despachos oficiales sostienen que Washington mira con atención la presencia china en infraestructura estratégica latinoamericana y que Tierra del Fuego forma parte de ese mapa por su ubicación, su proyección hacia la Antártida y su cercanía al Atlántico Sur.
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El Gobierno viene firmando en paralelo distintos convenios militares y de seguridad con la administración Trump. Entre ellos, la participación en el Escudo de las Américas, el acuerdo marítimo con apoyo del Comando Sur, la donación de cámaras y equipamiento para patrullaje, los ejercicios conjuntos y las cartas de intención para cooperación logística y acceso a plataformas de drones y sistemas antidrones.
En Defensa destacan también los ejercicios navales combinados con fuerzas estadounidenses y la visita de Milei al portaaviones USS Nimitz como señales de la nueva etapa de cooperación bilateral. La Casa Rosada busca mostrar que el vínculo con Washington no se limita a la agenda económica, sino que incluye seguridad, defensa, logística y alineamiento geopolítico.
La relación con Estados Unidos también se expresó en el Consejo de la Paz, la iniciativa impulsada por Trump que Milei respaldó en Washington. Aunque el Gobierno no prevé enviar su ratificación al Congreso en el corto plazo, en Balcarce 50 la ubican como parte del mismo esquema de alineamiento internacional con la Casa Blanca.
El objetivo ahora es convertir esa sintonía política en un instrumento concreto para Ushuaia. En el Ejecutivo admiten que no hay todavía un financiamiento cerrado ni un acuerdo técnico firmado para la base, pero sostienen que la negociación debe acelerarse antes de que el calendario electoral estadounidense complique los márgenes políticos de la administración Trump.
La discusión es sensible porque cualquier esquema que implique presencia, asistencia o actividad militar extranjera en territorio argentino puede abrir cuestionamientos parlamentarios y diplomáticos. En el Gobierno intentan separar el proyecto de la idea de una base extranjera y remarcan que se trata de infraestructura argentina, bajo control argentino y orientada a fortalecer capacidades propias.
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Aun así, en la Casa Rosada saben que el tema puede generar ruido por Malvinas, por la relación con Chile y por el alineamiento con Estados Unidos. Por eso, el formato que imaginan es técnico y gradual, con cooperación específica y sin una presentación política que obligue a abrir una discusión legislativa de alto costo en el corto plazo.
En paralelo, en Balcarce 50 trabajan para que Milei vuelva a viajar a Estados Unidos durante el segundo semestre. El Presidente no participará de las celebraciones del 4 de julio en Washington, pero en el Gobierno buscan otro formato de encuentro con Trump, posiblemente en un evento conservador o en una actividad vinculada al universo republicano.
La apuesta oficial es usar ese nuevo viaje para sostener el vínculo político con Washington y empujar los expedientes estratégicos pendientes. Entre ellos aparece la base de Ushuaia, que para el Gobierno combina tres objetivos: presencia soberana en el Atlántico Sur, proyección antártica y profundización de la alianza militar con Estados Unidos.
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POLITICA
La Corte Suprema frenó la contradenuncia de Cristina Kirchner a Federico Sturzenegger por el caso del “dólar futuro”
La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner en su rol de querellante para investigar al expresidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por supuestas irregularidades en la compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.
La denuncia contra Sturzenegger había sido motorizada por un grupo de legisladores kirchneristas cuando Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria en 2016 por el juez Claudio Bonadio por el caso del “dólar futuro” en contra del kirchnerismo.
En ese expediente, tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof, entonces ministro de Economía y actual gobernador, y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, fueron sobreseídos, en una decisión que la Corte ya dejó firme el 5 de diciembre de 2024.
En la contradenuncia que apuntó al macrismo, el kirchnerismo denunció a Sturzenegger por “defraudación a la administración pública” por haber pagado los contratos de dólar a futuro con los precios de la devaluación y a Bonadio por haber favorecido la comisión de ese presunto delito y haber citado a declaración indagatoria a Cristina Kirchner.
Según los denunciantes, las medidas habrían “modificado las condiciones en que estos habían sido celebrados, en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.
El entonces juez federal Sergio Torres sobreseyó a Sturzenegger, al sostener que su actividad en cuanto a la ejecución de los contratos a futuro se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo [precedieron], tanto en su cargo como en el directorio de aquella sede crediticia”.
Cristina Kirchner, aceptada como querellante por la Cámara Federal, apeló al afirmar que Torres no había investigado debidamente. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión.
La querella recurrió, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal también rechazó la presentación del abogado Carlos Beraldi. Fue así como la expresidenta llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, que hoy fue rechazado.
En el fallo de este jueves, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró el recurso inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.
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POLITICA
El dictamen de Inocencia Fiscal II quedó listo y el Senado podrá tratarlo junto con la reforma del Banco Central
Tras horas de incertidumbre, el senador radical Flavio Fama (Catamarca) estampó este mediodía la firma que faltaba, tras un plenario realizado ayer en la Cámara alta, y el proyecto del Gobierno de Inocencia Fiscal II quedó con dictamen de mayoría y listo para ser sancionado, en caso de ir al recinto, a partir del jueves próximo, tras cumplirse los siete días reglamentarios.
En medio de un clima de desconfianza en ascenso entre el oficialismo libertario y dialoguistas, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron horas atrás en busca de un despacho que quedó frenado por Fama, que dio quorum en el convite y luego se retiró del debate.
De esta manera, la iniciativa en cuestión podría ser sancionada en los próximos días -de haber consenso para ir al recinto- junto a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros asuntos. El objetivo principal del texto es ampliar el régimen vigente a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA.
Con el proyecto –aprobado ya por Diputados-, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida. Otro de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones la ARCA impugna una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo solo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.
En tanto, en el articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre la ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.
Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Durante el debate en la Cámara baja, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.
Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual la ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal. Ayer expusieron, en el plenario de las dos comisiones, el contador especializado en derecho tributario Martín Caranta y el abogado especializado en derecho tributario Juan Martín Jovanovich.
POLITICA
La causa de las vacunas: Hugo Sigman fue indagado, entregó un escrito y se negó a contestar preguntas
Luego de que su llamado sea reprogramado en tres oportunidades, el empresario Hugo Sigman fue indagado hoy, de manera virtual, por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga una presunta maniobra para favorecer determinados intereses en la compra de vacunas durante la pandemia del coronavirus.
El empresario, acusado de haber sido beneficiado por un supuesto plan del Gobierno de Alberto Fernández, no contestó preguntas del juez ni del fiscal y su defensa consistió en declarar oralmente por alrededor de una hora y entregar un escrito, con el que negó que sus empresas hayan sido beneficiadas por decisión del Gobierno y pidió su sobreseimiento.
En el centro de la acusación del fiscal Carlos Stornelli se encuentra la negativa del Gobierno a cerrar un acuerdo con la firma Pfizer, en agosto de 2020, supuestamente para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina. Entre estos socios locales, se encuentran dos empresas de Sigman.
Sigman considera que la demora inicial en la compra de las vacunas estuvo vinculada a las condiciones jurídicas que habría exigido la propia Pfizer.
A su vez, sostiene que las empresas suyas que intervinieron luego en el proceso, Mabxience y Elea Phoenix, no tuvieron un rol comercial sino técnico y que los pagos no estuvieron atados a decisiones del Estado argentino.
Respecto a la primera, sostiene que fue contratada por AstraZeneca en calidad de proveedor industrial, para fabricar en Garín el principio activo de la vacuna contra el Covid.
En relación a Elea Phoenix, asegura que fue contratada para participar técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinopharm. Según un comunicado que compartieron desde su entorno, Elea cobró un honorario previamente determinado por esa tarea y no intervino en las negociaciones con el Estado.
Además, sostiene que Pfizer, Elea Phoenix y Sinergium Biotech trabajan juntos desde 2011 en la producción local de la vacuna Prevenar 13, y que esa relación continuó después de la pandemia, incluso con un proyecto de 2024 para fabricar Prevenar 20.
Su abogado defensor en esta causa es el exministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.
La indagatoria de Sigman, prevista primero para mayo, luego para junio y más tarde para comienzos de este mes, fue virtual, por pedido de su defensa, puesto que el empresario vive en España y tiene 83 años.
Es la última ronda de 15 indagatorias ordenada por el fiscal Stornelli. Lijo deberá ahora resolver la situación procesal de todos ellos, entre quienes se encuentran el infectólogo Pedro Kahn y la exministra de Salud, Carla Vizzoti.
La exfuncionaria no respondió preguntas y presentó un escrito de más de 100 páginas con el que negó irregularidades y sostuvo que su intervención durante 2020 estaba concentrada en cuestiones sanitarias, técnicas y epidemiológicas y no en la negociación comercial de los contratos.
Ginés González García también formó parte del caso, pero falleció en 2024.
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