Tras una sucesión de fallidos intentos por desprenderse de la compañía estatal, y caída la posibilidad de que la firma pase a manos de proveedores de la OTAN, el Gobierno nacional movió las piezas y se prepara para reactivar Fabricaciones Militares. En esa línea se informó que la empresa volvió a encender su horno de forja y retomará la producción de municiones para blindados y tanques de guerra, una actividad que cayó en una merma pronunciada a partir de la década del 90. También se prevé la producción de munición para morteros, componentes y piezas para vehículos artillados e, incluso, equipamiento para los cuerpos de policía que operan en el país.

De acuerdo a fuentes oficiales, se reabrirán líneas para fabricar munición de 105 mms. destinada a los tanques TAM y también material para los SK-105 Kurassier. En paralelo, la estatal retomará la producción de partes y componentes que formen parte del plan de modernización del parque blindado argentino, tarea que requirió personal y capacidades técnicas.

En meses recientes, de acuerdo a trascendidos, la compañía entregó alrededor de seis millones de proyectiles de infantería al Ejército y convocó a las direcciones de I+D de las Fuerzas para relevar necesidades actuales.

Ahora también se indicó que está previsto lanzar un concurso público internacional para atraer socios industriales y conformar acuerdos que permitan escalar la producción y actualizar procesos.

Mientras la demanda global de munición presiona industrias extranjeras, afirman plataformas especializadas como Defensa.com, las plantas locales quedaron muchas veces en silencio.

«Fabricaciones Militares conserva líneas y personal especializado, aunque su gestión fue errática. La nueva administración pretende reagrupar capacidades técnicas y buscar mercados, recuperando el rol de proveedor estratégico para el país y la región», se indicó al respecto.

Fuentes en la cordobesa Río Tercero, una de las plantas emblemáticas de la estatal y donde tuviese lugar la fatídica explosión de noviembre de 1995, señalan que «en los últimos dos años se estuvo reacondicionando la planta de forja al igual que una prensa de gran tamaño y un horno, que dejarían a la planta en condiciones de volver a producir envueltas (carcasas) de municiones».

«Siempre se dijo que si en la fábrica militar se volvían a producir proyectiles, la carga no se iba a realizar en esta ciudad», añadieron.

La vuelta de Fabricaciones Militares llega tras un ajuste feroz

El retorno de Fabricaciones Militares como un actor de peso en la defensa llega a escasos meses de que La Libertad Avanza (LLA) desactivara las labores en la fábrica de explosivos de Jáchal, en la provincia de San Juan, y preparara medidas similares para las instalaciones en Villa María, Córdoba.

A la par, el Gobierno efectuó la subasta de vehículos, contenedores y equipo previo acuerdo con el Banco Ciudad.

El cierre definitivo de Jáchal y la opción de una medida similar para Villa María mantuvo en vilo a los 1.200 empleados de la estatal, que continuó operando sin mayores cambios sus instalaciones en Río Tercero (Córdoba), Azul (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe).

A principios de 2025, el oficialismo efectuó una subasta de insumos, materiales y utilitarios de Fabricaciones Militares por una suma de base superior a los 605 millones de pesos.

Se cayó el interés de la OTAN

En los últimos dos años, Fabricaciones Militares también supo estar en el radar de la OTAN, siempre a partir de su capacidad para producir municiones y explosivos a gran escala.

En 2024, dos compañías enviaron sendas delegaciones para averiguar condiciones por la estatal: CGS Defence, de República Checa aunque también participada por inversores estadounidenses, y la española Hispania Group.

En ese momento, desde el entorno de la empresa nacional se afirmó que ambas compañías evaluaban reorientar la producción de Fabricaciones Militares a los fines de abastecer con material bélico a Ucrania y sus aliados contra Rusia.

En julio de 2024, funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos recorrieron las instalaciones de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba.

Aunque la posibilidad de un desembarco norteamericano no pasó de esa visita, se supo que el interés de los funcionarios del Departamento de Estado se concentró en la planta de metalmecánica instalada dentro de la fábrica. En los años más recientes, esa área fue redireccionada hacia la producción de trenes y vagones.

La disputa por la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ingresó en una fase de máxima tensión. En las últimas horas, Nicolás Pino, actual presidente de la entidad, anunció su candidatura para un nuevo mandato, lo que generó un fuerte rechazo de su principal adversario interno, Marcos Pereda, actual vicepresidente y aspirante opositor de cara a las elecciones previstas para septiembre. La controversia se intensificó tras las declaraciones públicas de Pereda, quien acusó a Pino de desconocer los límites fijados en el estatuto y de vulnerar los acuerdos internos.

El escenario electoral en la SRA se encuentra marcado por profundas diferencias. El lanzamiento de la campaña de Nicolás Pino para alcanzar la reelección coincidió con un contexto de alta tensión interna dentro de la organización. El anuncio, realizado días atrás, puso en evidencia la existencia de disputas previas y marcó el inicio formal de una campaña que, según fuentes de la propia entidad, será una de las más controvertidas de los últimos años.

El principal punto de conflicto radica en la interpretación de las modificaciones estatutarias recientes. Marcos Pereda, en su rol de vicepresidente y competidor directo, recordó que “desde que Nicolás Pino asumió como presidente de la SRA hubo varias modificaciones al estatuto. La última estableció el límite de 3 mandatos consecutivos.” Según el dirigente, ese plazo “se cumplió”, por lo que la postulación de Pino para un “4to mandato” implica, para Pereda, una estafa a los socios. La denuncia expone la preocupación de un sector de la dirigencia por el respeto a las reglas y la transparencia institucional.

La reacción de Pereda se expresó a través de sus redes sociales, donde detalló: “Aunque la dibuje, los socios sabemos que ese plazo se cumplió. Al anunciar su postulación para un 4to mandato, termina por configurar la estafa a los socios que veníamos advirtiendo.” La declaración, ampliamente difundida, desató una ola de comentarios y multiplicó la atención sobre el proceso electoral en la SRA. El dirigente agregó: “Nadie debe creerse dueño de ninguna institución. Nadie debe violentar los acuerdos ni romper las reglas.” En esa línea, enfatizó que “Pino acordó con los socios el tope de 3 mandatos. Se olvidó de avisarles que eso corre para todos menos para él. Es la burla más flagrante.”

El tono de la disputa escaló cuando Pereda interpeló de manera directa a Pino, sugiriendo: “Ahora que sos candidato, vas a abrir tus redes sociales a los comentarios? Es un ejercicio democrático que te aconsejo.” El mensaje apuntó a la necesidad de generar espacios de debate abiertos y transparentes, en un contexto donde la conducción de la organización enfrenta cuestionamientos sobre su apego a los mecanismos democráticos internos. Pereda concluyó su intervención recordando: “No te olvides de que en el campo respetamos la palabra.”

El trasfondo de la controversia involucra no solo una diferencia personal sino una discusión acerca del futuro de la SRA y la vigencia de sus normas de gobierno. La decisión de Nicolás Pino de buscar un nuevo mandato desafía el entendimiento de un sector de los socios sobre los límites establecidos. El estatuto, según el relato de Pereda, establece que ningún presidente puede permanecer más de tres períodos consecutivos al frente de la institución. Este punto se transformó en el eje de la campaña opositora, que acusa al oficialismo de intentar perpetuarse en el poder y de desoír los compromisos asumidos.

La SRA, una de las entidades más influyentes del sector agropecuario argentino, atravesó en los últimos años diversas adaptaciones en sus normas internas. Las modificaciones al estatuto respondieron, según sus impulsores, a la necesidad de modernizar la organización y garantizar una alternancia ordenada en la conducción. La polémica en torno al límite de mandatos reavivó el debate sobre la representatividad y el respeto a la institucionalidad dentro del organismo.

El calendario electoral de la SRA marca el mes de septiembre como la fecha clave para la definición de la nueva conducción. En ese marco, la campaña de Marcos Pereda se posiciona como la principal alternativa al actual oficialismo. Su discurso se centra en la defensa de los principios estatutarios y en la denuncia de prácticas que, según su visión, atentan contra la legitimidad del proceso. El dirigente busca capitalizar el descontento de una parte de los socios y proyecta una imagen de renovación frente a la continuidad que propone Pino.

Hasta el momento, la actual conducción de la SRA no emitió una respuesta pública detallada a las acusaciones de Pereda. El clima interno se mantiene enrarecido y crece la expectativa por el desarrollo de la campaña en las próximas semanas. Los socios de la entidad, atentos al desenlace, observan con preocupación la escalada de la disputa y el impacto que pueda tener sobre la cohesión y el prestigio institucional de la SRA.

La pugna por la presidencia de una de las principales entidades del agro argentino se desarrolla bajo la mirada de un sector productivo que enfrenta desafíos económicos y políticos. La elección de septiembre no solo definirá el nombre del próximo presidente sino también el rumbo de la organización en una etapa caracterizada por la búsqueda de consensos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad.

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios públicos. Las subas rigen desde junio y contemplan subsidios invernales focalizados

29/05/2026 – 10:27hs

La Secretaría de Energía aprobó los nuevos esquemas de tarifas de los servicios públicos que regirán a partir del 1 de junio, y el impacto en la factura media a nivel país registrará un incremento del 2,81% para el servicio de gas natural por redes.

Por su parte, la energía eléctrica presentará un ajuste promedio del 1,50%, una medida que afectará exclusivamente a los usuarios de la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que las tarifas en las demás jurisdicciones nacionales se encuentran bajo la órbita de los entes reguladores de cada provincia.

La puesta en marcha de estas actualizaciones tarifarias quedó ratificada este viernes mediante la publicación de más de 50 resoluciones en el Boletín Oficial del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), el superorganismo creado bajo el amparo de la Ley Bases que unificó las funciones de los anteriores entes sectoriales.

La normativa expone la necesidad de dar continuidad a la corrección de los precios relativos de la economía impulsada por el Ministerio de Economía, en un contexto donde aún se mantiene vigente la emergencia del sector energético nacional extendida hasta julio de este año.

El invierno llega con el gas estacional mas caro

En el caso del gas natural, la serie de resoluciones que ajusta los cuadros tarifarios para las distribuidoras y transportistas de todo el país detalla que los incrementos mensuales combinan diferentes variables regulatorias de fondo.

El nuevo valor incorpora el traslado de una nueva cuota de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para los segmentos de transporte y distribución, un mecanismo estructurado originalmente en 31 aumentos mensuales y consecutivos. A este componente se suma la fórmula de actualización periódica no automática vinculada a la evolución de los índices de costos mayoristas y de consumo.

A pesar del sendero de recomposición, el Palacio de Hacienda optó por mantener los esquemas de contención para los sectores de menores recursos a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las resoluciones ministeriales ratificaron para el período invernal de junio la prórroga de la bonificación adicional del 25% sobre el consumo base para los usuarios residenciales vulnerables que se encuentren empadronados en este sistema.

Dicha reducción se calcula sobre el costo del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, manteniendo además los bloques de consumo máximo subsidiados.

Que pasará con las tarifas eléctricas del AMBA

Por el lado de la energía eléctrica, el aumento del 1,50% para el área metropolitana responde a pautas similares de indexación sobre las firmas de transporte y distribución técnica de media y alta tensión. Este ajuste afecta solamente a los usuarios de Edenor y Edesur que son las únicas jurisdicciones que se mantiene bajo régimen federal.

Los considerandos de la medida estipulan que para sostener la remuneración de las transportistas en términos reales se evaluaron los indicadores de inflación de abril aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la fórmula polinómica aplicada pesó un 67% el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que marcó un 5,16%, y un 33% el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se posicionó en un 2,58%.

La aplicación diferenciada de la suba eléctrica refleja la disparidad entre el área metropolitana y el resto de las provincias, cuyos gobiernos administran de forma autónoma el impacto de los costos de generación mayorista. Esto implica que los entes provinciales y las cooperativas locales definirán en sus propias ventanillas si replican de manera lineal este porcentaje o si convalidan márgenes superiores para cubrir sus propios costos de distribución interna.

Al decidir aumentos que se ubican por debajo o en línea con las proyecciones inflacionarias del mes anterior, la conducción económica intenta por un lado evitar el retraso históruco de los cuadros tarifarios y a la vez no alimentar una tensión adicional en los índices generales de precios en una época del año donde el consumo residencial de gas y luz estacional tiende a elevarse de forma natural por las bajas temperaturas.

La extensión del subsidio al gas durante junio