A quince meses de las elecciones, Javier Milei acaba de abrir la campaña oficialista con un compacto de consignas. El paquete de proyectos encabezado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el DNU sobre política migratoria -con el pretexto de enfrentar una “campaña antiargentina”- describen el ensayo inicial: vuelta al dañado discurso “anticasta” y un toque de nacionalismo a explotar sin miramientos. Un conjunto que, a la vez, reproduce el intento de ganar los primeros renglones de la agenda política, más allá de internas, con la necesidad de salir del empantanamiento en el Congreso y de correr el foco de la economía.

No es poco, como está a la vista, lo que proyecta como prueba para el oficialismo. De entrada, expone lo lejos que quedaron las especulaciones que se hacían trascender desde el propio Gobierno sobre un posible cambio de humor social. Se especulaba con una mezcla de hechos ajenos y propios, es decir, el Mundial y el reacomodamiento de gestión, después de la salida de Manuel Adorni y el reemplazo por Diego Santilli. El Presidente acaba de dejar un mensaje también en este terreno: ratificó su gesto hacia el caído funcionario y lo hizo en los umbrales del reinicio de la actividad judicial, que podría reponer el tema.

Es probable que el Gobierno haya advertido el desvanecimiento de la referida idea sobre el clima postmundialista, acompañado por una serie de datos económicos al menos preocupantes -actividad general, consumo- apenas pasada la difusión del índice inflacionario a la baja en junio. Puede que no se haya tratado de pasos alineados de manera planificada, pero resultó evidente el hilván electoral que unió el DNU mencionado y la cadena nacional sobre el proyecto para el Banco Central.

En el inicio de la semana, Milei había producido una fuerte carga de descalificaciones contra Lula da Silva que sacudió la relación diplomática con Brasil. Ese pico de tensión se fue atenuando, aunque tuvo una estribación para la narrativa local. El Presidente ya había empezado a escribir otro capítulo, con la peor letra dejada por el Mundial, la de la “campaña” externa contra el país. Dijo que Brasil era uno de los principales motores de esa movida internacional -en rigor, lamentables declaraciones de algunas figuras del espectáculo y expresiones en algunos medios y redes- y, como a la pasada, incluyó en la misma línea a México, que le respondió con prudencia pero de manera expresa.

El hilo fue retomado sin demora. El Gobierno dispuso un DNU para modificar la ley de Migraciones: medidas apuntadas a extranjeros que expresen mensajes de odio contra argentinos o directamente contra el país. Podría impedir ingresos o decidir expulsiones. Por supuesto, antes que debatir sobre la puerta que podría abrir un texto de esta naturaleza -impreciso-, los cuestionamientos hicieron centro en el dictado de un decreto de esta naturaleza sin que existan condiciones excepcionales que lo justifiquen. Tema para el Congreso y posiblemente para la Justicia. Tal vez lo que haya interesado es el título en los medios.

Se verá cómo sigue y si hay debate o si la norma queda al costado del camino por algún recurso judicial. De todas maneras, es un elemento asociado a lo que dentro del oficialismo suelen mencionar como “batalla cultural” y que, de hecho, asoma como una pincelada de inicio de campaña para el plan reeleccionista. Más preciso resultó el mensaje presidencial sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo se entusiasma con las chances de la iniciativa en el Congreso. Antes, más allá de ese trámite y de las consideraciones de fondo sobre el texto, Milei se encargó de retomar el discurso de batalla política.

El Presidente estuvo acompañado por el equipo económico y político: Luis Caputo, Santiago Bausili, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, entre otros. Y más allá de la postal esperable, buscó darle de entrada un sentido fundacional al proyecto, algo que no es novedoso en el oficialismo ni resulta original en política.

Dijo que las reformas impulsadas por el Gobierno son las “más importantes de los últimos 91 años”. De hecho, tomó el tiempo transcurrido desde la creación del Banco Central, pero le dio un giro más amplio. Forzó un común denominador para casi un siglo, que incluye gobiernos democráticos y dictaduras, gestiones conservadoras, populistas de diferente sello, progresistas, regresivas. Milei busca mostrarse también así como algo nuevo, que da vuelta la historia. Lo dicho: pretensión fundacional.

Atado a ese giro, retomó el discurso “anticasta”, dañado en más de dos años de gestión por diferentes razones y no sólo por el caso Adorni. Milei dijo entre otras cosas que el proyecto sobre el Banco Central “viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política”. Lo repitió en otros párrafos de su mensaje, hablando de estafa o robo, siempre como juego del poder político.

El Presidente trató de colocarse así como ajeno a “la” política y refundador nacional. Hubo, además, un tercer elemento que completó el tono de campaña: la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner. Apuntó contra Mercedes Marcó del Pont y dijo que junto a CFK le “robaron” al Banco Central unos 10.000 millones de dólares. Se supone que aludió al endeudamiento. Y resultó claro que no buscaba discutir enfoques, sino sumar una pincelada de campaña.

El proyecto en cuestión ya fue enviado a Diputados. Se suma unos días después de haber sido girada la segunda entrega de Inocencia Fiscal, un complemento especialmente reclamado por Economía. El Senado no recibió nuevas iniciativas. Tiene bastante con su acumulado: inviolabilidad de la propiedad privada, reforma electoral, recorte de subsidios al gas en zonas frías, RIGI II, etiquetado frontal, entre otras.

La primera y repetida prueba será la semana que viene con propiedad privada. Lleva varios fracasos del oficialismo y no está claro aún si tiene número, en especial para el punto de la venta de tierras a personas o empresas extranjeras. Existen reparos de algunos dialoguistas como la UCR. Y nadie desconoce la crítica particularmente dura de la Iglesia Católica, por intermedio de la Pastoral Social.

El Gobierno necesita revertir el cuadro de demoras y hasta de freno a sus proyectos. Durante meses, ese estancamiento fue atribuido a las tensiones y malestar generados por el caso Adorni. El tema, al menos en ese plano, no cuenta ahora. Las negociaciones consideradas cruciales, con gobernadores y espacios aliados, mezclan cada vez más recursos y planes electorales. El paso del tiempo pudo haber modificado aquel paño de juego, pero suma cartas costosas.

No ayudan las internas, las del círculo más cercano a Olivos y las del Congreso. La serie suma en estas horas el áspero cruce entre Santilli y Victoria Villarruel. Más allá de las aclaraciones hechas desde el oficialismo -hubo apuro por transmitir que no se trata de algo planificado, y definitivo-, suma el ingrediente institucional a la cocina libertaria. No es normal que un jefe de Gabinete le sugiera que renuncie a la vicepresidenta.

En el Gobierno nadie salió a repetir o bancar ayer el pedido de renuncia que le hizo públicamente Diego Santilli a Victoria Villarruel, pero puertas adentro todos coincidían en que dijo lo que muchos piensan y no se animaban a decir en voz alta.

El jefe de Gabinete pidió que la vicepresidenta “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con Javier Milei. Y la frase terminó corriendo el eje de la agenda oficial en un día que el Gobierno había diseñado para hablar de otra cosa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, anunciada por el propio Presidente en cadena nacional, y los anuncios de inversiones de Pampa Energía.

La conversación, en cambio, terminó centrada sobre Villarruel, quizá la principal enemiga política de Milei hoy.

El conflicto con la vice viene de larga data, y no hay marcha atrás desde hace varios capítulos. Pero ayer, con las palabras de Santilli, escaló a un nivel inusual, que no se había planeado.

En Gobierno dicen que el ministro coordinador se mandó solo y que nadie le había pedido ni había autorizado que planteara la renuncia de la vicepresidenta. De hecho —remarcan— si hubiese sido una decisión política, la habrían intentado aplicar mucho antes. “No fue algo planeado, lo dijo porque se lo preguntaron“, reconocieron en Balcarce 50, donde no van a insistir con el planteo o llevarlo a la acción, pero tampoco van a desautorizar a Santilli.

De hecho, deslizaron, el recientemente nombrado jefe de ministros tiene el respaldo tácito de Javier y Karina Milei en esta cruzada. “Ella (por Villarruel) es anti democrática diciendo que el Presidente está loco”, sostuvieron en el entorno del jefe de Estado.

“Diego está en su rol de defender al Presidente y Villarruel salió a dudar de su salud mental”, lo justificaron en la Jefatura de Gabinete. “Lo antidemocrático es que la vicepresidenta conspire contra la investidura presidencial. Si hay alguien que no puede hablar de lo democrático es ella… menos con los personajes que la rodean”, agregaron.

En el Gobierno reconocen que la frase de Santilli no estaba en ningún libreto y que la narrativa estaba planeada en torno a instalar la reforma del Banco Central como el primer capítulo de la campaña 2027.

El desvío de agenda fue para varios funcionarios el verdadero costo de las declaraciones de Santilli. Que, si bien expresó un consenso implícito dentro del oficialismo, puesto en palabras de un funcionario de su peso generó una imagen negativa en torno al respeto a la institucionalidad. El histórico problema de Milei es que, como él, Villarruel fue electa por mandato popular. Por lo que la gravedad de pedirle la renuncia equivale a la de pedirle que renuncie al Presidente.

Además, el exabrupto de Santilli le dio a la vicepresidenta algo que hasta ahora no tenía: la marca de víctima. Con Villarruel ya posicionada como una referente opositora para la Casa Rosada de cara a 2027, la posibilidad de que apareciera como blanco de un pedido de renuncia le regaló, sin que nadie lo planificara, el rol de damnificada frente a un Poder Ejecutivo que la ataca. Un lugar que, hasta el jueves, no tenía.

La respuesta de Villarruel llegó horas más tarde, sin mencionar a Santilli por su nombre pero con destinatario inequívoco. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió en X. Y agregó: “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”. El posteo confirmó, en los hechos, el diagnóstico que circulaba puertas adentro del Gobierno horas antes: lejos de retroceder, Villarruel usó el mismo lenguaje que Milei suele reservar para sus adversarios —“casta”, “parásitos”— para devolverle la acusación a quien se la había hecho, y volvió a instalarse en el lugar de la que responde a un ataque, no la que lo provoca.

Con el respaldo de la cúpula, lejos de bajar el tono, ya entrada la noche del viernes Santilli redobló la apuesta. Repitió su frase de la mañana y agregó: “Que arme su partido y compita”.

En la “Santineta”, donde ya no ocultan el entusiasmo por la candidatura bonaerense en 2027, algunos temen que su jefe se ensucie en el barro de la política libertaria y lamentan que tenga que desperfilarse hacia las formas poco sutiles de La Libertad Avanza.

Santilli ya había tenido un aparente gesto de rechazo con Villarruel, que quedó capturado en video en el acto el 9 de julio en Tucumán, durante la vigilia, donde pareció evitar saludarla adrede. En su entorno lo exculparon y aseguraron que no lo había hecho adrede. “Él no haría una cosa así, no es su estilo”, aseguraron.

Esta vez, no hay dudas de que Santilli arremetió con artillería pesada contra la vicepresidenta a conciencia. De hecho, sus declaraciones contrastaron con los habituales cuidados a la hora de referirse a PRO o con la orden que bajó a su equipo de que eviten a toda costa meterse en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo.

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El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de leyes para desregular y suprimir leyes relacionadas a la actividad económica y productiva.

Desde que asumió como ministro de Desregularización, Federico Sturzenegger ha tenido en la mira la eliminación de los diferentes institutos de promoción. Así fue que el gobierno de Javier Milei avanzó sobre una amplia cantidad de institutos y organismos vinculados a esta actividad mediante el DNU 70/23, la Ley Bases y decretos. Y ahora va por más con el argumento de reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en sectores como la energía, la cultura y el agro.

En el nuevo megaproyecto que prepara el ministro al que Milei apodó “el coloso” y que llegaría al Congreso de la Nación, el funcionario vuelve a apuntar a los institutos de promoción y desarrollo entendiendo que los mismos atentan contra la liberalización del mercado económico local. El problema que va a enfrentar es que en este caso impacta en institutos que operan en provincias gobernadas por aliados a la Casa Rosada, lo que podría complicar que esos gobernadores que hasta ahora dieron los votos de sus diputados y senadores acompañen en este caso.

En esta nueva edición de los megaproyectos —algo que desde el Congreso supuestamente rechazan tratar pero que el oficialismo tiene como estrategia parlamentaria desde que asumió— incorpora ahora la derogación de la Ley 26.020, Régimen de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP); la Ley 23.149 que creó mecanismos de promoción y control vinculados a la actividad vitivinícola; la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada mediante aportes obligatorios del sector. La derogación implica además la liquidación de la corporación.

También deroga parte de la Ley 25.507, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), eliminando parte del sistema de financiamiento obligatorio del instituto, incluyendo los artículos 16 y 17.

La derogación implica, además, la liquidación de la corporación, medida que marca un antes y un después en la organización interna del sector.

Estas medidas que se esperan ingresen junto a un paquete que incluye la eliminación de otras normas —como la Ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera y la Ley 23.316, de Doblaje— en un megaproyecto de 349 artículos, se suman a otras medidas tomadas en los últimos dos años.

En total, entre julio de 2024 y julio de 2025 el gobierno disolvió, fusionó o reformuló 101 organismos públicos, según el propio Ministerio de Desregulación. La cifra no incluye las medidas tomadas antes de ese período ni las previstas en el anteproyecto de desregulación enviado al Congreso en 2026.

Hasta ahora, el Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), Régimen de promoción industrial (Ley 21.608); Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales; Programas de promoción PyME (incluyendo agencias regionales de desarrollo productivo, programas de certificación de calidad, apoyo tecnológico y exportación); Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven y los Regímenes de promoción sectorial agropecuaria — derogados los de ganadería ovina, llamas, gusano de seda, actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas, búfalos de agua y producción algodonera.

Hasta el momento, se suman numerosas instituciones que fueron eliminadas, fusionadas o reformuladas en el marco de la política de desregulación.

A este grupo se le suma otro que fue desfinanciado o que se le eliminó la capacidad de mediar entre los diferentes sectores, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Yerba Mate, entre otros.