La decisión judicial de que las prepagas empiecen a cobrar los aumentos de las cuotas según el Indice de Precios al Consumidor (IPC) generó a partir de mayo confusión y también desilusión de muchos afiliados que no vieron reflejado el anuncio en sus facturas.

El primer anuncio fue el 17 de abril, cuando la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, sacó una resolución que ordenaba a las siete prepagas más grandes del país retrotraer sus precios a diciembre y ajustarlos por inflación. A la vez, la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia daba curso a una investigación por «cartelización».

Luego, el 2 de mayo, Comercio aclaró cómo debía ser la fórmula de ajuste de las prepagas para cobrar la cuota de mayo y un día después el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo de Juan Rafael Stinco, ratificó dicho cálculo en el amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Con la diferencia de que allí ya estaban incluidas 23 prepagas. Ahora sumaron otras 14.

Clarín recibió durante los últimos días inquietudes sobre este tema, en los que la gente se queja porque para ellos todo por el momento parece haber seguido igual que antes de que el Gobierno iniciara su avanzada contra las prepagas.

Ante la consulta, las empresas explicaron que hasta el momento sólo han recibido el ajuste correspondiente los afiliados directos. De modo que los clientes corporativos (que tienen la prepaga por la empresa en la que trabajan) y los desregulados (que triangulan los fondos con una obra social) resta que sean alcanzados por la medida.

Según datos oficiales, de los aproximadamente 6 millones de clientes que tiene la medicina privada, sólo 2 millones han contratado una empresa de medicina privada de manera directa. Es decir, 3 de cada diez. Eso no significa que la rebaja en cuestión no vaya a llegar también al grupo mayoritario.

La explicación de algunas prepagas consultadas es que para la cuota a pagar en mayo (que se envió a fines de abril o los primeros días del mes en curso) todavía no habían podido realizar la adaptación de los importes a las nuevas reglas porque una parte clave del saldo a pagar tiene que ver con el aporte de los trabajadores.

Según el argumento de las empresas, ese importe lo ven reflejado con dos meses de demora. “Una vez que podemos saber cuánto fue el aporte del afiliado sacamos la diferencia de lo que debe pagar”, explicaron en una de las prepagas más grandes del país. Es probable que para la próxima cuota la situación se empiece a regularizar.

Mientras esa puesta al día debería ocurrir, menos probable es que para la cuota de junio se llegue a definir el tema de la devolución de lo cobrado de más (por encima del IPC) entre los meses de diciembre y abril, dado que la audiencia judicial para terminar de definir ese punto recién ocurrirá en una semana, el próximo lunes 27 de mayo.

Por otro lado, entre los afiliados apareció otra inquietud recurrente en los últimos días, según se desprende de los mismos correos que llegaron a Clarín, y que tiene que ver con aquellos que no han quedado contemplados por las decisiones tomadas por la SSS, que en su amparo ha incluido hasta el momento a 37 prepagas.

Si bien esas empresas comprenden a más del 98 por ciento de los afiliados del país, los excluidos de esa lista se preguntan qué pasará con ellos. Es decir, si por el hecho de no estar su prepaga integrada a la cautelar, la empresa de salud de la que son clientes tendrá libertad de seguir con su política de precios sin la atadura del imperativo judicial.

Las empresas abarcadas por ahora en el paraguas del amparo oficial son: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

La nueva presentación de la SSS, el último viernes, sumó a la lista a International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, OSDEPYM, Fundación Médica de Mar del Plata, ENSALUD, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, COBENSIL, MEDIN S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo y Femedica.

El caso que contó un lector de Clarín es gráfico para explicar la situación de muchos: “Soy de Mar del Plata, tengo la Prepaga THEMA (Clínicas Marplatenses Unidas S.A.), que no figuran en el listado de 37 prepagas. Al no estar en esa lista no están obligadas a devolvernos lo cobrado de más si así la Justicia lo determinara. O sea que existen privilegios para los afiliados a ciertas prepagas y para el resto (que deben ser muchas en el pais) no hay posibilidad de acceder a este beneficio”.

Habría que agregar que las prepagas que no estuvieran incorporadas en la cautelar no sólo no se verían obligadas a devolver el excedente de lo cobrado, sino que formalmente tampoco quedarían comprendidas en el criterio de aumento de las cuotas por IPC. Aunque desde el Gobierno relativizaron esto último.

Clarín consultó a la SSS sobre la situación de estos afiliados todavía “huérfanos” y respondieron: “La idea es continuar analizando el tema y no se descarta volver a ampliar la lista de prepagas. De igual manera, si hay gente que queda afuera, por una cuestión lógica de oferta y demanda no le van a continuar cobrando lo mismo, ya que si una prepaga hiciera eso se le empezarían a ir todos los afiliados”.

Ahí entra nuevamente en juego la dudosa variable de “la libertad para irse a otra prepaga”, en función de que muchos afiliados adultos mayores no tienen esa posibilidad, ya que por la edad, potenciales enfermedades preexistentes, o ambos factores a la vez, nos serían aceptados.

Ese último es ni más ni menos que uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno cuando dio comienzo su cruzada contra las prepagas y las acusó de “cartelización”, presunto delito que ahora analizan endilgar a otras 13 empresas. Precisamente, la falta de libertad en el mercado de la salud sigue intacta, cautiverio en el que muchos pacientes aún reclaman por los cabos sin atar.