Tras el decretazo del presidente Javier Milei, en las prepagas y obras sociales se transitan horas de tensión, a la espera de las reglamentaciones que asienten detalles faltantes, aunque ya hay algunas certezas entre manos. La primera, que si las cosas fluyen como el nuevo Gobierno espera (sin trabas en el Congreso ni la esperable lluvia de recursos judiciales) los aumentos de la medicina prepaga oscilarán entre el 40% y el 50%. Además, que si este cachetazo se concreta, todo el tablero de usuarios del sistema de salud se verá reconfigurado.

Quien haya seguido la campaña de La Libertad Avanza no puede sorprenderse con las nuevas medidas. Como ahora estipula el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 (“Bases para la recontrucción de la economía Argentina”), hace tiempo se sabía que las cuotas de las prepagas dejarían de estar reguladas por el Gobierno.

Una noticia menos esperable fue la modificación en la ley de Obras Sociales (el ahora famoso inciso “i”) por la que las prepagas pasaron a quedar afectadas, o sea, incluidas en esa normativa. De esto se deriva un punto fuerte: así como hoy uno puede derivar sus aportes (9% compuesto por un 3% que sale del sueldo propio y un 6% que pone el empleador) a cualquiera de las casi 300 obras sociales que existen, también podrá derivar sus aportes, si así lo desea, directamente a una empresa de medicina prepaga. Eso sí, sin la obligación de “triangular” pasando por una obra social de convenio con la compañía en cuestión.

¿Esto abultará la cifra actual de 6 millones de afiliados a la medicina privada? Posiblemente, no. Y quizás ocurra lo contrario.

Si los cambios planteados en el decreto no se impugnan, en el final de esta historia, una parte de la clase media que desde 2003 había podido contratar una prepaga, hoy, con el poder adquisitivo en un tobogán, posiblemente se desafilie, tendencia ya visible en las bajas a planes más baratos.

Como en los ’90, cuando los socios de las prepagas eran menos de la mitad, se prevé un achicamiento del sector a un nicho pudiente de la población. Al revés, las obras sociales que sobrevivan a estos cambios (porque algunas solo «triangulan», derivando aportes a los privados) tenderían a un modelo expansivo, que compense la oferta, tal vez con propuestas de planes “superadores”, definió una fuente muy relevante del mundo de las prepagas.

Es decir, planes que ofrezcan prestaciones superadoras, en comparación al “básico”, como ciertos sanatorios y otras coberturas específicas, si el socio suma un plus.

Ninguna fuente de la salud, esté o no directamente vinculada al nuevo Gobierno, se sentía cómoda hablando de todo esto con nombre propio. Consideraban «prematuro» o «verde» todo el asunto. Tres personas estrechamente ligadas a la mesa de negociación del sector charlaron off the record con Clarín.

Lo del ajuste del 40% a 50% fue comunicado en los términos de un indispensable “sinceramiento” o una “recomposición” de las cuotas. Y lo confirmó -en diálogo con Ernesto Tenembuam (Radio con Vos)-, el propio Claudio Beloccopitt, director de Swiss Medical y de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea a 16 cámaras, federaciones y asociaciones de prepagas, sanatorios y otros prestadores, unas 1.500 instituciones.

Ahora bien, ¿ese aumento se pondría en marcha cuándo?

El Gobierno tiene diez días para enviar el kilométrico DNU a la comisión bicameral del Congreso (cuya composición, con ocho senadores y ocho diputados, se tironeaba este jueves), entorno en el que se deberá confirmar o no la validez del texto. Es decir, determinar su adecuación al formato de “necesidad y urgencia”.

Si se juzga válido, el DNU pasará por el Congreso, donde podría quedarse sin tratamiento ad aeternum o, en cambio, ser rechazado, manifestación que exige la unanimidad de ambas cámaras. No hay plazo para esa pronunciación y, en realidad, esta nota se escribe porque desde este mismo jueves (y mientras no sea considerado “no válido” por la bicameral o rechazado por el Congreso) el decreto está vigente.

Así, las entidades de medicina prepaga podrían modificar las cuotas próximamente, con el plazo de aviso mínimo previo usual. Ninguna fuente consultada por Clarín confirmó que eso vaya a ocurrir de inmediato. Tampoco se descarta. “Tenemos que hablar, hacer cuentas”, señalaba una de esas personas.

Otra persona, un referente de una entidad de peso en el sector que estimó que habrá “mucha actividad impugnatoria en la Justicia”, compartió una mirada socialmente equilibrada. Tal vez, sensible: “Tenemos que estudiarlo bien. Lo que nos queda por delante es cómo actualizar la cartera de aumentos, pero el problema es cómo van a hacer para afrontarlo nuestros socios”.

Comentó que “hay preocupación”, y explicó: “Hay gente que está hace mucho; nosotros los cuidamos. Hay un claro problema de ingresos y nosotros tenemos un claro problema de costos. El problema es cómo compaginar las dos cosas”.

En cuanto al atraso (acomodar para arriba los planes un 50% más), opinó que tendría sentido “prorratearlo, quizás un año”. Sin embargo, “de mínima, las cuotas deberían empezar a acompañar el índice de precios al consumidor. Es decir, aumentar mensualmente al ritmo de la inflación”.

Los cambios, entre sustituciones y derogaciones de artículos o incisos enteros en las leyes de Medicina Prepaga (26.682) y Obras Sociales (23.660), fueron elaborados por el economista Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, quien no tiene aún un rol formal asignado en el Gobierno, pero ejerce un lugar decisivo en la toma de decisiones.

Muchos de los cambios implementados son meras actualizaciones de rótulos que quedaron anticuados. Por ejemplo, las referencias, en la ley de Obras Sociales, a la ANSSAL, que hace rato se llama Superintendencia de Servicios de Salud.

También hay una tendencia (no solo simbólica) a la poda de mesas de trabajo o consejos consultivos intersectoriales, con el horizonte (se ve) de que el sector privado de la salud, más allá de los controles lógicos (que continuarán como hasta ahora) de parte de la “Súper”, tome sus propias decisiones sin necesidad de consensuarlas con nadie.

Una medida que representa un cambio importante es la intención de robustecer (“porque hablar de recomposición es demasiado”, admitía una fuente) el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), suerte de “pozo” que compulsivamente se retira de los aportes de los empleados a la seguridad social, y que se utiliza para afrontar el costo de los medicamentos y tratamientos de alto de costo.

Es más simple de lo que parece. Cualquiera que tenga una prepaga u obra social y haya tenido indicación de utilizar un medicamento o tratamiento de alto costo (también llamados “catastróficos”, ya que pueden arruinar por completo la economía de una familia) sabrá que ese dinero no sale de la entidad sino del FSR, pozo que, aseguran hace años en el entorno de la Superintendencia de Servicios de Salud, está completamente quebrado, dado el bajo promedio salarial y el número freezado de empleados activos en relación de dependencia.

Hasta ahora, el FSR se componía de un 20% de los aportes de cada empleado a la seguridad social. La novedad del decreto es que ese cálculo se hará sobre una base mayor, que incluirá también los adicionales que pagan quienes derivan sus aportes a las prepagas. Esto, aseguró una fuente cercana al Gobierno, promete «abultar» el FSR y agilizar las coberturas de ese tipo.

Claro que también promete otra cosa: en la medida en que las prepagas perciban montos menores en las cuotas (el 20% irá al FSR…), aumentarán las cuotas también para compensar esta diferencia.

¿Otras novedades del decretazo? Un empleado que arranque en un nuevo puesto de trabajo no tendrá que esperar un año para cambiar de obra social, como hasta ahora. Al mismo tiempo, si bien las obras sociales “intermediarias” podrán seguir ejerciendo ese rol sin cambios, “es probable que pierdan terreno, al menos en su capacidad de lobby”, plantearon dos de las fuentes consultadas.

En cuanto a los aumentos de las prepagas, la voz que se había mostrado «sensible» más arriba, se preguntaba retóricamente si las familias de clase media podrán afrontar, con el actual plan económico, las nuevas cuotas por venir.

Se respondió con la franqueza de quien habla solo: “La verdad, no confío… cualquiera que haya visto los planes de estabilización exitosos en el mundo, como el plan Austral de (Raúl) Alfonsín, el de Simon Peres, en Israel, o el de (Fernando Henrique) Cardoso, en Brasil, que congelaron los precios por alrededor de tres meses y dieron un fuerte aumento de salarios inicial, sabrá que a este plan económico le falta una política de ingresos. Porque, ¿qué se hace con estos precios y con estos salarios?”