A una semana del anuncio del Gobierno de Javier Milei de ponerle un cepo al aumento “libre” de las cuotas de las prepagas, a las que se les ordenó retrotraer el costo a lo que cobraban en diciembre y a recalcular las facturas ajustándolas por inflación, entre los afiliados se intensifica la incertidumbre. También la ansiedad de saber cuánto “menos” pagarán a partir de ahora, tras cuatro meses de aumentos consecutivos.

Apenas hay precisiones sobre desde cuándo llegarán esas facturas “recalculadas”, y ninguna respecto a cuánto será la posible “rebaja” o “congelamiento” del costo para la gran mayoría que desde diciembre pagó 140% más por tener cobertura.

Desde el sector de la medicina privada sólo algunas de las 23 compañías afectadas por la decisión dieron detalles a Clarín de ese flamante “ajuste retroactivo”, y desde el Gobierno tampoco explicaron qué pasará si alguna, alegando la crisis de desfinanciamiento del sistema de salud, demora ese recálculo o incluso se pone creativa con el modo de hacerlo.

Desde Osde, empresa que cobra a mes vencido, cuando el resto lo hace por adelantado, dicen a este diario que ya “la factura de abril va a ser con el monto recalculado”.

A sus afiliados, entonces, en los próximos siete días les llegará un total que será resultado de esta ecuación: “El valor de la cuota de diciembre, más el IPC (es el índice de precios al consumidor) de enero, febrero, marzo y abril”.

Las dudas se sostienen en que a diferencia de esa prepaga, el resto, como explica una fuente del sector, “ya cobró la factura de abril con los montos como estaban, desregulados. Ni idea de cómo van a hacer para devolver si es que lo tienen que hacer”.

Autoridades de un importante hospital privado que tiene su propia cobertura de salud dicen a Clarín que reciben constantemente la misma pregunta por parte de sus afiliados y que por eso prefieren mantener la cautela: “Están nuestros abogados trabajando. Sería muy irresponsable salir a decir algo ahora”.

Medicus, que dio más datos, también dejó algunas respuestas abiertas. “En el transcurso de esta semana se estará enviando una comunicación a los clientes en donde se informa que el aumento enviado (anunciado) el mes pasado, no tiene vigencia”, detallan a Clarín. Esto se traduce en que no se quita el aumento del mes pasado, sino que no se va a aumentar lo que se iba a aumentar a partir de mayo.

“Esta es la decisión para mayo y el resto sigue en revisión. Con respecto a la ‘devolución’, aún no se sabe si en el caso de Medicus se tiene que realizar y en el caso que corresponda, no está definido aún la forma de hacerlo”, avisan.

En medio de estas indefiniciones, según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, la Superintendencia de Servicios de Salud avanza en la Justicia con la medida cautelar que ordenó el cepo a las cuotas de las prepagas por considerarlas “un abuso de las empresas”.

Esa autoridad asegura que lejos de ser una vuelta atrás en la libertad de mercado en la medicina prepaga (que se sintió desde diciembre, cuando por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/24 permitieron que las coberturas cobren “a gusto” por el servicio, sin pedir autorización a la Superintendencia) el nuevo límite busca “resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas”.

Y que el nuevo freno se debe a que las cosas no funcionaron tan libremente como esperaban: existió “abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas”.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas de medicina privada estalló el miércoles 17 de abril. Siguieno un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que entendió que hubo una cartelización de las empresas, se tomó la decisión de poner un freno.

El Secretario de Industria y Comercio dictó una medida de tutela anticipada que obligaba al principio a 7 prepagas, hoy son 23, que representaban el 75% de los afiliados, a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud de diciembre de 2023 ajustados por IPC.

A la par se dio inició una causa en la Justicia Federal. Un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga: OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Sancor, entre otras que tienen el 91,19% de los clientes de la salud privada.

En ese marco, la Superintendencia de Servicios de Salud reclamó una medida cautelar para que “con carácter de urgente” dejen sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas” y que un eventual incremento sólo se permita según un índice que establezca el tribunal.

La cautelar de la Superintendencia incluía un documento anexo donde se esbozaba una propuesta sobre cómo sería la devolución del dinero. A modo de sugerencia, que dependería de la disposición de la Justicia.

El anexo, que no fue difundido por la Superintendencia, había sido explicado por fuentes del Gobierno a Clarín. Aclararon que la diferencia entre el IPC de estos meses y lo que estuvieron cobrando las prepagas prácticamente llega al 70% (que se cobró, entonces, un 70% más de lo que deberían haber cobrado). La propuesta fue una devolución «en cómodas cuotas».

Nada se sabe de si esa sugerencia estará cerca de la realidad.

Desde Medifé tampoco dan definiciones, lo único claro es que acatarán la medida: “Estamos ajustando nuestros procesos para realizar la facturación según la resolución”.