Elisa Carrió volvió a protagonizar este martes una excepción en la política. Fue la única dirigente que habló de Andrés Vázquez, el poderoso jefe de la DGI (Dirección General Impositiva), que compró departamentos en los Estados Unidos por valor de 2 millones de dólares sin declararlo en la Oficina Anticorrupción, según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada el lunes en LA NACION. Nadie sabe si lo hizo ante la AFIP, que es el organismo superior en el que está la DGI, porque existe el secreto fiscal. Secreto que los poderosos violan con frecuencia, pero que a ellos los ampara siempre. Vázquez es uno de esos personajes ocultos del Estado con más poder que un ministro, porque él reúne el conocimiento de la vida de los argentinos (por las declaraciones de bienes, de gastos y de ingresos ante la DGI de cada ciudadano) y cuenta, además, con excelentes nexos en los servicios de inteligencia, de acuerdo con el testimonio de varios funcionarios judiciales. La descripción de Carrió es exacta: “Es un hombre pesado, pesado. Un hombre que arma causas judiciales contra periodistas y políticos. Está listo para la persecución”. De las condiciones de Vázquez surge, en efecto, que puede ser un funcionario útil para la persecución política de los adversarios o los críticos de quienes están en el poder. De hecho, él fue uno de los responsables directos del allanamiento a la sede del diario Clarín, en 2009, perpetrado por 200 personas, cuando Cristina Kirchner había descerrajado la guerra contra el campo y contra ese holding periodístico. En ese año, Vázquez trabajaba en la AFIP en la Dirección Sur Metropolitana. El silencio del kirchnerismo tiene su explicación (no su justificación) porque le deben inmensos favores a Vázquez cuando era el kirchnerismo el que perseguía.

Un viejo protagonista de la vida política suele decir que la persecución (o la posibilidad de cometerla) es una tentación en la que caen casi todos los que acceden al poder. Es justo intercalar el adverbio “casi” porque no todos los gobiernos cayeron en esa tentación; solo sucede que el recuerdo más reciente es el del kirchnerismo en los tiempos en que gobernaron los dos integrantes del matrimonio Kirchner. También el menemismo derrapó en esa fascinación por sembrar cierto temor entre los que lo cuestionaban. Un tuitero vinculado al Presidente, o simpatizante de él (@ASB2509), acaba de amenazar a la vicepresidenta con dar a conocer “dos carpetazos” contra ella. Victoria Villarruel lo desafío a que difundiera los “dos carpetazos” para denunciarlo ante la Justicia. “Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y sobre mi familia”, tuiteó, a su vez, la vicepresidenta, descartando que los servicios de inteligencia le pisan los talones.

“Carpetazo” es una palabra infame que pertenece a la jerga de esos servicios. Milei, que cambió muchas cosas en la política, debería cambiar también la forma de estar seguro de su poder, y debería también modificar el trabajo de los servicios de inteligencia. No es posible que la SIDE siga gastando fondos reservados para hacer política interna al servicio del gobierno de turno o para perseguir y aterrorizar.

A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este martes que el Gobierno no hará nada contra Vázquez porque tiene un sobreseimiento de la Justicia. LA NACION nunca desconoció el sobreseimiento que firmó el juez federal Ariel Lijo y que benefició a Vázquez en una vieja causa por cuentas en el exterior; lo que reveló la investigación de Alconada Mon es que el funcionario compró tres departamentos en Miami que no declaró ante la Oficina Anticorrupción, como obliga la Ley de Ética Pública. Esas propiedades en los Estados Unidos por un valor millonario en dólares no figuraban en la causa de Lijo. Vazquez las adquirió con posterioridad a los años que abarcó aquella investigación.

Adorni afirmó ayer también, en un claro enfrentamiento con la verdad que los dos bancos del exterior en el que Vázquez depositó dólares le informaron al juez Lijo que no existía cuentas a nombre del alto funcionario de la agencia impositiva. No es cierto. La resolución de Lijo señala claramente todo lo contrario: “Sigue presente la dificultad de determinar la existencia de estas cuentas por falta de cooperación internacional. Como ya se dijo, este juzgado intentó en varias oportunidades obtener información de Luxemburgo y Curazao, sin tener un resultado positivo”, afirmó el juez en su resolución de sobreseimiento. Y agregó: “Al respecto se invocaron distintos fundamentos para no responder a los exhortos enviados (a esos países). Entonces, concluye, nos encontramos en un estadio realmente imposible de superar desde hace tiempo”. Esto es: no hubo información de los bancos que desvinculara a Vázquez de cuentas suyas en el exterior. Lo que no hubo fueron respuestas de esas entidades financieras a los exhortos del juez, que no es, desde ya, lo mismo. En síntesis, el sobreseimiento que benefició a Vázquez en 2022 no comprende a las conclusiones de la investigación de Alconada Mon. ¿Es culpa de Adorni? Probablemente, no. Desde la tarde del lunes, poco después de publicada la investigación en LA NACION, Vázquez hizo trascender que existían documentos de los bancos que aseguraban que él no tenía cuentas en esas entidades financieras del exterior. Pero nunca le mostró a nadie tales documentos; eran solo afirmaciones verbales suyas, las mismas que debió decírselas al Presidente o a su jefe inmediato, el ministro de Economía, Luis Caputo. Adorni informó, entonces, lo que Vázquez le dijo al Gobierno en abierta contradicción con la verdad. “Los famosos departamentos (en Estados Unidos) son una cuestión de la Justicia”, se despegó el vocero. ¿Es el mismo gobierno que echó a una funcionaria del Ministerio de Capital Humano porque compró una cafetera cara? Podrá decirse que la funcionaria estaba usando recursos del Estado, y que solo Dios sabe de dónde sacó Vázquez semejante cantidad de dinero para depositarlo en el exterior o para hacer inversiones también fuera del país. Una respuesta: Vázquez es funcionario del Estado desde hace 35 años y sus salarios, por más altos que sean, no justifican ni los departamentos en Estados Unidos ni las supuestas cuentas de dólares en bancos del exterior.

Sea como fuere, el radicalismo que preside Martín Lousteau no opinó sobre el caso Vázquez. Ni una palabra. Nada. Pro también prefirió el silencio. “Los nuestros están callados porque, quizás, temen que le respondan con el caso de Ritondo”, deslizó a manera de explicación un importante dirigente de Pro. El silencio del radicalismo no tiene ni siquiera esa pobre explicación. ¿Indiferencia? ¿Temor? Quién los sabe. Por eso, Carrió fue la excepción. La política debería comprender que el temor político es un oxímoron dentro de un sistema democrático, y que cuando se actúa o se decide por miedo se está sembrando un precedente que terminará cubriendo a todos.

Sobresale al fin y al cabo la idea de que una impunidad muy amplia beneficia a los funcionarios de la política y también a los de la Justicia, impunidad que sigue beneficiando solo a la “casta”, intacta e intocable. La fiscal muy comprometida con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima Paloma Ochoa acaba de desestimar en un trámite exprés la denuncia contra el fiscal Ramiro González por enriquecimiento ilícito. La denuncia la hizo un abogado después de que se conocieron las imágenes de la megafiesta de Ramiro González para celebrar sus 60 años. Las imágenes son incompatibles con la obligación de cuidar el decoro y la respetabilidad de parte de los funcionarios públicos, sobre todo de los de la Justicia. Sin el impulso de la fiscal, el juez Sebastián Casanello decidió archivar la causa. Punto final para la festichola de Ramiro González. Solo un fiscal muy poderoso como él pudo lograr tanto en tan poco tiempo.

Ramiro González es, además, fiscal electoral con jurisdicción en todo el país. Un rango que no comparte con ningún otro colega. El fiestón del fiscal y la benévola decisión de su colega Paloma Ochoa, que no pidió ninguna prueba antes de desestimar la acusación, fueron severamente cuestionados por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio protestó también porque “ni el procurador general (jefe de los fiscales) ni la Asociación de Fiscales han emitido una opinión” sobre la obscena fiesta que protagonizó Ramiro González en un boliche de la Costanera. La reacción corporativa es innegable cuando se miran bien tales acontecimientos. El fiscal lleva sobre sus espaldas graves denuncias familiares sobre violencia de género, que motivó incluso que durante un tiempo tuviera prohibido acercarse a sus hijas. Una de sus hijas, ya mayor de edad, trató de hacer una denuncia sobre su padre ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, pero el caso fue desestimado en el acto. Esa oficina fue una creación de la exjueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, dependencia que estuvo a cargo de ella mientras integró el máximo tribunal del país. No se sabe ahora quién se hizo responsable de esa Oficina desde la jubilación de Highton de Nolasco. Sea Andrés Vázquez o sea Ramiro González, la justicia nunca llega al mundo que habitan los que tienen el poder verdadero.