El consejo directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) dispuso el estado de alerta y movilización en rechazo a las políticas de tercerización y despidos en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El conflicto estalló al tiempo que renunció el titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Lamboglia, en medio de «una fuerte interna que cuestiona la capacidad de control del organismo», indicaron fuentes de la actividad.

El secretario General del gremio, Guillermo Mangone, repudió «las cesantías injustificadas que se están llevando a cabo en todo el país«, señaló y subrayó que estas medidas resultan «particularmente graves porque se adoptan en un contexto de bonanza económica para las empresas del sector, que atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros».

Cómo la tercerización amenaza la seguridad del servicio de gas

Según explicó la Federación del Gas, «en lugar de invertir en recursos humanos y capacitación, las ganancias son utilizadas para profundizar procesos de reducción de personal propio», remarcando que «la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas».

Mangone advirtió que esta práctica «no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que también genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo» y relató que «en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a empresas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial».

En este marco, manifestó su preocupación por lo que consideró una «pasividad de los organismos de control» frente a estas situaciones, apuntando que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

La FETINGRA avisó que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria «pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones» y exigió:

• El cese inmediato de los despidos injustificados
• La preservación de los puestos de trabajo
• El respeto por los derechos laborales adquiridos

La pelea interna que hizo explotar al regulador del gas

En la actividad, la renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE -organismo encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país- fue sorpresiva y algunas versiones se refieren a las constantes peleas palaciegas libertarias. A menos de un mes de asumir dejó el cargo en manos de su segundo, Vicente Serra.

Trascendió que el desencadenante de la salida de Lamboglia fue producto de una fuerte interna dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Las diferencias entre los funcionarios comenzaron con las renovaciones de contratos. Lamboglia proponía no realizarlos hasta que el ENRGE estuviera en funciones, pero Nachón desconoció esa solicitud y días después renovó por 6 meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio, al tiempo que impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.

También había discrepancias sobre las nuevas oficinas del ENRGE, ubicadas en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.

La semana pasada, el directorio convocó a una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que desató el enojo de Lamboglia, quien argumentó que la constante tensión estaba afectando su estado de salud por su condición de diabético.

La gestión de la TV Pública en tiempos libertarios tiene distintas etapas. La idea inicial era realizar una reestructuración, comenzando con la venta del edificio ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2977, donde funciona «Canal 7», un predio apetecido por las constructoras más importantes del país, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el plan se fue diluyendo y la emisora entró en un espiral de bajo rating y contratos con productoras independientes que fueron objetados desde distintos espacios. El escándalo más importante se registró a través del periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya productora Imhouse tenía seis contratos de coproducción con RTA (cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional).

Frente a estos datos y otros movimientos de los funcionarios, el personal de la TV Pública viene denunciando un proceso de «cuasi privatización» de la pantalla, acompañado por «un fuerte deterioro edilicio, precarización laboral y tecnológica, además de un congelamiento salarial que ya lleva casi dos años sin actualización«.

¿Se verá la Copa del Mundo? Medidas del gobierno

Este jueves, los gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del sector convocaron a una conferencia de prensa para las 13.30 en la puerta del canal, que será acompañada por un cese de actividades por dos horas (de 13 a 15), protesta que se viene repitiendo desde hace más de una semana, al tiempo que se aprobó un plan de lucha que comenzará el lunes próximo, con paros de 3 horas por día.

Las medidas de fuerza afectarán la transmisión del Mundial de Fútbol, una apuesta del gobierno no solo por la masificación del evento y su llegada a todo el país a través de Canal 7, sino porque entienden que descomprime la mirada tanto en lo político y, en menor medida, en lo económico.

Lo que parecía un bálsamo para la Casa Rosada puede tener un efecto boomerang, aunque el ministerio de Capital Humano tiene bajo la manga la reciente Ley de Modernización Laboral para aplicarla ante cualquier profundización del conflicto que atente contra la transmisión de los partidos, principalmente de la Selección Argentina, entendiendo que se trata de un «servicio esencial», amén de poder dictar la conciliación obligatoria.

Denuncian traspaso a los privados y congelamiento salarial

Las organizaciones gremiales que agrupan al personal de la TV Pública son el Sindicato de la Televisión (SATSAID), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública (APJ). Se estima que participarán de la conferencia el secretario de Prensa y Difusión del SATSAID, Dario Aguilar; el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi; y los representantes gremiales de SALCo, Fernando Costa; y de APJ, Gustavo Carnevale, junto a las Comisiones Internas, los trabajadores y las trabajadoras de la señal estatal y empleados de la ex Télam y de Contenidos Públicos.

Los dirigentes detallarán el «crítico escenario» que atraviesan los medios públicos, al tiempo que rechazaron la decisión de la intervención de RTA de ceder a productoras privadas gran parte de las transmisiones de la Copa del Mundo. En ese punto, señalaron: «Por primera vez en la historia las transmisiones de los partidos estarán en manos privadas, mientras que la TV Pública solo retransmitirá los encuentros de la Selección Argentina, una semifinal y la final del torneo».

Asimismo, subrayaron que detrás de esta decisión «existe un esquema que favorece negocios privados vinculados a la pauta publicitaria y los contenidos especiales generados alrededor del Mundial, mientras el canal estatal pierde protagonismo y capacidad de producción propia».

En cuanto a la situación laboral, los sindicatos aseguraron: «Estamos sufriendo un congelamiento salarial desde hace casi dos años, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y precarización» y destacaron que «el Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años».

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.

Según Analytica, en el año hasta mayo, el BCRA compró USD 9.756 millones (y USD 273 millones más los primeros tres días de junio). En ese mismo lapso, el Tesoro, considerando las emisiones en el mercado local, la adquisición de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y las compras al BCRA, utilizó en total USD 3.866 millones para el pago de vencimientos. En consecuencia, la acumulación de dólares hasta mayo, si se descuenta los pagos del BOPREAL (USD 1.267 millones) es de 4.623 millones de dólares. Pero si se suma el repo con bancos por USD 3.000 millones en enero, alcanza USD 7.623 millones de dólares.

El resultado no se observa de manera directa en las reservas internacionales brutas del BCRA, que aumentaron de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.414 millones este miércoles 3 de junio, impulsadas por variaciones en las cotizaciones de los activos que integran el balance de la entidad, como el oro, los encajes y los yuanes, así como el pago de deuda del gobierno nacional y las provincias, entre otros movimientos.

La consultora Analytica explicó que al inicio del programa la compra de reservas por parte del BCRA no se traducía en una acumulación efectiva, debido a que el Tesoro utilizaba esos dólares para afrontar vencimientos. Pero esto cambió desde que comenzaron a emitirse los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitieron al Ministerio de Economía utilizar esos dólares para pagar vencimientos y reducir la presión sobre las compras del BCRA, acelerando así la acumulación. Prueba de ello es que en mayo, el Central compró USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones, con una diferencia mínima entre ambos montos.

En el equipo económico esperan que esta situación cambie en el segundo semestre y que el BCRA puede acumular las compras de reservas. “A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”, sostuvo Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria, durante su participación el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La clave para ello suceda serán los mecanismos de financiamiento. En julio, el Gobierno tiene que enfrentar el pago por USD 4.300 millones con bonistas, por lo que se espera que se comuniquen las garantías con organismos internacionales y que, con los nuevos prestamos con bancos, se evite el uso de las reservas del Central. Sobre todo de cara a la meta de acumulación de reservas que fijó el Gobierno con el FMI por USD 8.000 millones a diciembre de 2026.

El último acuerdo con el organismo internacional distingue entre la meta de compra de reservas y la meta de acumulación. Para 2026, el equipo económico acordó con el organismo internacional comprar USD 10.000 millones en un escenario base y USD 17.000 millones en uno optimista. A comienzos de junio, BCRA cumplió con la meta de compras, pero sólo computan las reservas netas acumuladas para el cumplimiento del objetivo anual. La meta de reservas netas quedó fijada en USD 8.000 millones para diciembre de 2026.

Del lado de la oferta, el BCRA no tendrá problemas para continuar con las compras. Por parte del campo se espera que se aporten USD 36.000 millones mientras que aún hay giros pendientes de obligaciones negociables que colocaron las empresas y las provincias. De acuerdo con la última exposición de Werning ante inversores en Washington, a mediados de abril quedaban pendientes giros por 3.200 millones de dólares. Además, durante mayo se observó una aceleración en las colocaciones de obligaciones negociables.

La interacción entre las compras del BCRA, las operaciones del Tesoro y el marco regulatorio del acuerdo con el FMI estableció un escenario en el que la acumulación de reservas adquiere centralidad en la agenda económica. Las cifras hasta principios de junio evidenciaron que el cumplimiento de la meta de compras no asegura el logro de la meta de acumulación, dada la estructura de pagos y fuentes de financiamiento que intervienen en el proceso.

La declaración de Werning y los informes de las consultoras privadas coincidieron en que la atención del mercado gira en torno a la dinámica de acumulación efectiva, la evolución de las reservas netas y la capacidad del BCRA para sostener el proceso en la segunda mitad del año, en un contexto de pagos externos y condicionamientos del acuerdo con el FMI.