POLITICA
Sur Finanzas: el juez Armella indagó a los ex directivos de Banfield por lavado de activos
El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El juez federal Luis Armella tomó declaración indagatoria al ex presidente del Club Atlético Banfield, Eduardo Juan Spinosa, a su hermano Federico José Spinosa —quien fue secretario del club— y al ex vicepresidente 1° Oscar Fabián Tucker, y recibió los escritos de descargo de los tres imputados, quienes rechazaron de manera categórica todas las acusaciones en la causa N° FLP 29.107/2025.
Días antes declaró Vallejo quien también negó las acusaciones que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos.
La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte mediante la cual, se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes, se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.
La causa también incluyó indagatorias a los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y una segunda declaración de Vallejo como imputado.
La defensa de Eduardo y Federico Spinosa
Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.
En el escrito, presentado junto a sus abogados Diego María Olmedo y Hernán Guaita, Spinosa opuso un argumento central: la acusación no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la acusación fiscal no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales.
El escrito que concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).
Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.
El descargo judicial –Federico Spinosa incorporó en su defensa uno similar- sostiene que fue presentado públicamente como un mecanismo de salvataje institucional para ordenar los recursos del club en un contexto económico complejo, y no como una estructura para canalizar fondos de manera opaca. Entre los derechos cedidos al patrimonio fiduciario figuraban expresamente los ingresos por cuotas sociales, publicidad, esponsoreo, venta de entradas, televisación y transferencias de jugadores.
Respecto de los dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group SA —por USD 500.000 cada uno, el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, con intereses del 3% y 4% mensual respectivamente—, la defensa señala que ambos contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva —Actas N° 5819 y N° 5826—, fueron instrumentados formalmente y ejecutados con transferencias bancarias efectivas. Un dato que la defensa considera decisivo: la nueva conducción del club renegoció la deuda con Sur Finanzas, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la idea de una maniobra defraudatoria. Lo mismo aplica al patrocinio: la gestión de Mariotto firmó un nuevo contrato con Sur Finanzas. Para la defensa esto desacreditaría la hipótesis de que se trató de una cobertura ficticia diseñada por la gestión anterior.
La defensa de Tucker
Tucker está vinculado a la institución deportiva hace 27 años. Según le relató a la Justicia, se involucró en la vida del club “colaborando desde la oposición a la gestión de Carlos Portell, ocupando el cargo de revisor de cuentas». “Luego fui Intendente de la sede y el Microestadio y responsable del área de Relaciones Públicas del Club (siempre desde la oposición). Todas las funciones que cumplí en el club fueron ad honorem. En el año 2012, la lista que integraba ganó las elecciones, resultando presidente Eduardo Spinosa. Allí ocupé el cargo de vicepresidente 2°, finalizando mi mandato a los dos años y medio de haber asumido por haber renunciado al mismo (año 2014). Renuncié también a la agrupación que integraba. No fui dirigente ni participé de la vida política del club desde el año 2014 hasta el año 2018. Con la conducción de Lucía Barbuto, a fines de 2018, ocupé el cargo de vicepresidente 1° como socio independiente. Finalizado el mandato de Lucía Barbuto, (los mandatos son por tres años), asume Eduardo Spinosa como presidente en el año 2021 y yo asumo como vicepresidente 1°, finalizando el mandato en octubre del 2024, cuando gana las elecciones el actual presidente del club, Matías Mariotto“, relató.
La fiscalía sostiene que, desde ese cargo, “garantizó la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente”.
Tucker rechazó la fuerte acusación en su propio escrito -al que accedió Infobae– y precisó que sus atribuciones estatutarias se limitaban a reemplazar al presidente en caso de ausencia y a participar con voz y voto en la Comisión Directiva. “Nunca manejé dinero del club ni puse dinero propio en el club”, afirmó, y aclaró que en sus dos mandatos dentro del fideicomiso y de Banfileños SA fue únicamente “director suplente”, función sin injerencia en la administración de esas entidades.
Sus abogados, Miguel Ángel Arce Aggeo y Marcos Tosato, señalaron ante el juez Armella una inconsistencia en la teoría fiscal: Tucker es acusado de integrar una asociación ilícita y de lavado de activos, pero no de las maniobras de fraude que se le atribuyen al resto de los imputados. “Es cuanto menos tremendamente extraño que, tratándose de una asociación para cometer delitos en un ámbito determinado, Oscar Tucker haya participado en esa asociación para cometer delitos, también en el lavado de activo, pero no en las maniobras de fraude que se le atribuyen a los restantes imputados”, afirma el escrito.
Sobre su relación con Ariel Vallejo, Tucker fue categórico: lo conoce por ser el dueño de Sur Finanzas y sponsor del club, pero nunca tuvo su contacto ni intercambió llamadas con él.
La defensa solicitó al tribunal que se analicen los teléfonos secuestrados para verificar la ausencia de comunicaciones entre ambos. Tucker trabaja en el Banco Supervielle desde hace más de 35 años, sus vehículos son de gama media y no posee cuentas en el exterior ni bienes suntuarios.
La acusación fiscal: una red que usó al fútbol para reciclar capitales
La fiscalía reconstruyó la operatoria con una cronología precisa. Los vínculos entre el holding de Vallejo y el Club Atlético Banfield se remontan a diciembre de 2021, con un contrato de esponsoreo con Sur Finanzas Group SA por $4.583.333 más IVA mensuales, al que siguió otro con Roma Inversiones SA por $12.000.000 más IVA en febrero de 2022. En ambos casos, los pagos debían acreditarse en las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
La empresa “PagoTic”, encargada del cobro de cuotas sociales, informó que en febrero de 2019 Federico Spinosa, como secretario, y Barbuto, como presidenta, solicitaron que esas recaudaciones se acreditaran también en las cuentas del fideicomiso. Ese desvío de ingresos ordinarios se mantuvo activo hasta el 15 de agosto de 2023. La acusación señala además que la maniobra culminó con la concesión del estadio a través de Minella Stadium SA, vinculada al entorno de los Spinosa.
Para la fiscalía, el Club Atlético Banfield constituyó el ejemplo paradigmático de un modus operandi más amplio: el holding diseñó una estrategia de penetración en el fútbol profesional que aprovechaba el estado de necesidad financiera de los clubes para instalarlos como vehículos de reciclaje de activos. El caso fue caratulado “Tucker, Óscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”, en referencia al artículo del Código Penal que tipifica el lavado de activos.
Una misma línea argumental
Los tres escritos de descargo comparten un eje argumental común. Tanto los Spinosa como Tucker sostienen que la acusación convirtió en materia penal operaciones que fueron reales, formalmente instrumentadas, aprobadas por los órganos institucionales del club y exteriorizadas en los balances. La defensa de los Spinosa recordó que el derecho penal no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos.
Las defensas solicitaron extensas baterías de prueba. Spinosa acompañó al escrito más de 25 anexos documentales —contratos, actas de Comisión Directiva, actas de asambleas, certificaciones notariales y estados contables— y pidió una pericia contable integral.
Tucker solicitó informes al club, al Banco Supervielle y a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones. La causa queda ahora en manos del juez Luis Armella, quien deberá resolver si dispone el procesamiento de los imputados o hace lugar a los pedidos de sobreseimiento.
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El avance de la causa, que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de 90 pacientes, mantiene bajo la lupa a los principales organismos de control del Estado. El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak espera la presentación de un dictamen clave por parte de la fiscal María Laura Roteta: el impulso de la acción penal contra funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), después de la feria judicial, esto es a partir del 31 de julio.
La investigación ya tiene 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, uno de sus hermanos y su madre. En esta segunda etapa de la pesquisa el foco está puesto en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Los organismos habrían incurrido en omisiones y demoras que permitieron la circulación de medicamentos fuera de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.
Durante el período investigado, el INAME estuvo dirigido por Gabriela Mantecón Fumado, quien fue apartada preventivamente del cargo el 21 de agosto de 2025. La medida siguió a la detención de García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y estuvo motivada por las demoras en tomar decisiones frente a los desvíos de calidad detectados en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Hasta enero de este año, la ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. Pese a que en su renuncia alegó que se trataba de razones personales, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.
El expediente judicial expone deficiencias graves en los controles estatales. La Fiscalía, en un dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, calificó como “insuficiente” la información aportada por la ANMAT y advirtió sobre la ineficacia de sus acciones regulatorias durante la producción y distribución del anestésico contaminado. En esa línea, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo, colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible”.
Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscal Roteta en el dictamen anterior fue la falta de acción de la ANMAT tras recibir el reporte de un brote de contaminación bacteriana. “La información recabada y comunicada por el juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”, sostuvo la fiscal. Además, solicitó notificar a los funcionarios sobre las consecuencias penales asociadas al incumplimiento de las órdenes judiciales de retiro de productos.
La causa judicial documenta que fue el propio juzgado y no la autoridad de control, quien realizó el retiro de las partidas de fentanilo adulterado en hospitales, clínicas y droguerías de todo el país.
El juez Kreplak incluyó en su resolución de procesamiento de los 13 imputados una serie de hallazgos que dan cuenta de la falta de seguimientos posteriores por parte de la ANMAT y el INAME para verificar la subsanación de irregularidades detectadas en los laboratorios, como la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados y ausencia de documentación técnica.
Irregularidades detectadas por ANMAT e INAME desde 2018
Como ya informó este medio, en el expediente judicial revela que las inspecciones y controles oficiales documentaron desde 2018 los siguientes puntos críticos y demoras:
- Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
- Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
- En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
- 14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
- 25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
- 19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
- 7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, pero posteriormente fueron liberados comercialmente.
- 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control, comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
- 5 de diciembre de 2024: fecha del acta de inspección que ordenaba la inhabilitación del laboratorio; el documento fue cargado en el sistema recién el 3 de enero de 2025 y firmado por la titular del INAME el 10 de febrero de 2025.
- 18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
- 6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, ordenando el recupero de las unidades.
Entre 2018 y 2025 los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se accionara sobre las plantas de producción:
- Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
- Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por ANMAT.
- Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
- Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
- Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.
Entre las observaciones registradas en la causa, se destaca que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección. Sin embargo, “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la inhibición de actividades productivas dictada recién con la disposición 3158/2025 tras las primeras muertes notificadas. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata y la Fiscalía que impulsa la pesquisa por la mayor masacre sanitaria del país avanzan sobre posibles responsables por acción u omisión mientras la segunda instancia judicial resuelve las apelaciones de los 13 procesados.
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En una apuesta de riesgo que incluso derivó en un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el oficialismo en el Senado intentará aprobar este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que pretende levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras impuestas por la ley 26.737 sancionada en 2011.
Bullrich (Capital) se muestra confiada en que tendrá el quórum que le permitirá habilitar la sesión, que está convocada para las 12, y las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, aún los capítulos más controvertidos, y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.
La jefa del bloque libertario rechazó suspender la sesión por la celebración de la clasificación a la final del Mundial de Fútbol del seleccionado argentino como habría pedido Villarruel, según el intercambio de mensajes entre ambas dirigentes y la reconstrucción que pudo hacer .
El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.
La apuesta de Bullrich no es sencilla si se toma en cuenta que se esperan varias ausencias como consecuencia del inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, período que es usado como una suerte de receso extraoficial en el Congreso.
Además, se suma otra cuestión que provoca incertidumbre. Desde que se firmó su dictamen, hace más de dos meses, el texto sufrió tantos cambios que ya se han redactado 15 nuevas versiones del despacho. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.
Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum. Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.
Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.
La polémica ha llevado al extremo de que varios dirigentes han renunciado al espacio en rechazo a la postura del líder de Encuentro Misionero, el exgobernador peronista Carlos Rovira, de apoyar al gobierno libertario con los votos de los diputados y senadores que le responden.
El telón de fondo es la guerra política abierta que vive Misiones: la fractura del oficialista Frente Renovador de la Concordia, alianza local creada por Rovira que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.
De un lado quedó el gobernador, Hugo Passalaqua, avalado por un grupo importante de intendentes que le dieron vida al Movimiento por lo que Viene. Del otro, el fundador de la renovación, que pegó un portazo, fundó Encuentro Misionero y se quedó, por el momento, con los legisladores nacionales. El motivo de la rebelión contra Rovira es la pulseada en torno a un proyecto de ley que impediría la reelección indefinida de los jefes comunales.
El voto de Arce y Rojas Decut es clave para el Gobierno y Bullrich lo sabe. Si llegase a perder esos apoyos tendría que analizar con mucho cuidado si le conviene abrir el recinto este jueves. Si decide no hacerlo, sería la tercera vez que fracasa una sesión prevista para debatir el proyecto de propiedad privada. Si ocurre, se fortalecería la sentencia de un senador oficialista, que tras el segundo intento fallido exclamó “¡Esa ley es yeta!”.
El proyecto
La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.
También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.
En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
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POLITICA
Como en todas las casas, la redacción de TN vivió con euforia el triunfo de Argentina y el pase a la semifinal del Mundial
La épica remontada de Argentina contra Inglaterra en el Mundial dejó postales de festejos alrededor del mundo y la redacción de TN no podía ser la excepción. El agónico gol de Lautaro Martínez se gritó de manera colectiva en lo que fue un gran desahogo.
La Selección de Scaloni logró el pase a la final y va en búsqueda del bicampeonato. El partido comenzó esquivo para la Argentina, con pocas situaciones de gol en un primer tiempo muy parejo que terminó empatado.
Al inicio del complemento se dio el primer gol del partido y que parecía que Inglaterra se encaminaba a la victoria. Pero este equipo sabe de épicas y no rendirse.
Desde que se encontró en desventaja fue a buscar el empate, que lo consiguió recién a los 85 minutos. Pero había tiempo para más: a los 92 llegó el gol ganador de Lautaro Martínez, que desató el desahogo final.
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Lionel Scaloni brindó una conferencia donde aseguró: “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”. Sobre el valor que tiene el plantel albiceleste, dijo: “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”.
El DT se abrazó con Lionel Messi cuando terminó el compromiso en Atlanta y el plantel se enfoca en la final que disputará este domingo ante España en Nueva Jersey, instancia que disputará por ocasión consecutiva en la Copa del Mundo.
Los festejos en el obelisco
Con banderas de Argentina desplegadas, cánticos y palabras de agradecimiento para los jugadores, los fanáticos llegan al centro porteño.
“Te amo Messi, gracias”, le dijo a TN un fanático visiblemente emocionado.
Para garantizar la seguridad, se movilizaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.
Por la gran aglomeración de gente, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.
Tras comenzar perdiendo, el equipo de Lionel Scaloni se metió en la gran final, donde enfrentará a España el próximo el domingo en Nueva York, a las 16.
seleccion, Argentina, Inglaterra
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