El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El juez federal Luis Armella tomó declaración indagatoria al ex presidente del Club Atlético Banfield, Eduardo Juan Spinosa, a su hermano Federico José Spinosa —quien fue secretario del club— y al ex vicepresidente 1° Oscar Fabián Tucker, y recibió los escritos de descargo de los tres imputados, quienes rechazaron de manera categórica todas las acusaciones en la causa N° FLP 29.107/2025.

Días antes declaró Vallejo quien también negó las acusaciones que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos.

La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte mediante la cual, se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes, se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

La causa también incluyó indagatorias a los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y una segunda declaración de Vallejo como imputado.

La defensa de Eduardo y Federico Spinosa

Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.

En el escrito, presentado junto a sus abogados Diego María Olmedo y Hernán Guaita, Spinosa opuso un argumento central: la acusación no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la acusación fiscal no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales.

El escrito que concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.

El descargo judicial –Federico Spinosa incorporó en su defensa uno similar- sostiene que fue presentado públicamente como un mecanismo de salvataje institucional para ordenar los recursos del club en un contexto económico complejo, y no como una estructura para canalizar fondos de manera opaca. Entre los derechos cedidos al patrimonio fiduciario figuraban expresamente los ingresos por cuotas sociales, publicidad, esponsoreo, venta de entradas, televisación y transferencias de jugadores.

Respecto de los dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group SA —por USD 500.000 cada uno, el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, con intereses del 3% y 4% mensual respectivamente—, la defensa señala que ambos contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva —Actas N° 5819 y N° 5826—, fueron instrumentados formalmente y ejecutados con transferencias bancarias efectivas. Un dato que la defensa considera decisivo: la nueva conducción del club renegoció la deuda con Sur Finanzas, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la idea de una maniobra defraudatoria. Lo mismo aplica al patrocinio: la gestión de Mariotto firmó un nuevo contrato con Sur Finanzas. Para la defensa esto desacreditaría la hipótesis de que se trató de una cobertura ficticia diseñada por la gestión anterior.

La defensa de Tucker

Tucker está vinculado a la institución deportiva hace 27 años. Según le relató a la Justicia, se involucró en la vida del club “colaborando desde la oposición a la gestión de Carlos Portell, ocupando el cargo de revisor de cuentas». “Luego fui Intendente de la sede y el Microestadio y responsable del área de Relaciones Públicas del Club (siempre desde la oposición). Todas las funciones que cumplí en el club fueron ad honorem. En el año 2012, la lista que integraba ganó las elecciones, resultando presidente Eduardo Spinosa. Allí ocupé el cargo de vicepresidente 2°, finalizando mi mandato a los dos años y medio de haber asumido por haber renunciado al mismo (año 2014). Renuncié también a la agrupación que integraba. No fui dirigente ni participé de la vida política del club desde el año 2014 hasta el año 2018. Con la conducción de Lucía Barbuto, a fines de 2018, ocupé el cargo de vicepresidente 1° como socio independiente. Finalizado el mandato de Lucía Barbuto, (los mandatos son por tres años), asume Eduardo Spinosa como presidente en el año 2021 y yo asumo como vicepresidente 1°, finalizando el mandato en octubre del 2024, cuando gana las elecciones el actual presidente del club, Matías Mariotto“, relató.

La fiscalía sostiene que, desde ese cargo, “garantizó la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente”.

Tucker rechazó la fuerte acusación en su propio escrito -al que accedió Infobae– y precisó que sus atribuciones estatutarias se limitaban a reemplazar al presidente en caso de ausencia y a participar con voz y voto en la Comisión Directiva. “Nunca manejé dinero del club ni puse dinero propio en el club”, afirmó, y aclaró que en sus dos mandatos dentro del fideicomiso y de Banfileños SA fue únicamente “director suplente”, función sin injerencia en la administración de esas entidades.

Sus abogados, Miguel Ángel Arce Aggeo y Marcos Tosato, señalaron ante el juez Armella una inconsistencia en la teoría fiscal: Tucker es acusado de integrar una asociación ilícita y de lavado de activos, pero no de las maniobras de fraude que se le atribuyen al resto de los imputados. “Es cuanto menos tremendamente extraño que, tratándose de una asociación para cometer delitos en un ámbito determinado, Oscar Tucker haya participado en esa asociación para cometer delitos, también en el lavado de activo, pero no en las maniobras de fraude que se le atribuyen a los restantes imputados”, afirma el escrito.

Sobre su relación con Ariel Vallejo, Tucker fue categórico: lo conoce por ser el dueño de Sur Finanzas y sponsor del club, pero nunca tuvo su contacto ni intercambió llamadas con él.

La defensa solicitó al tribunal que se analicen los teléfonos secuestrados para verificar la ausencia de comunicaciones entre ambos. Tucker trabaja en el Banco Supervielle desde hace más de 35 años, sus vehículos son de gama media y no posee cuentas en el exterior ni bienes suntuarios.

La acusación fiscal: una red que usó al fútbol para reciclar capitales

La fiscalía reconstruyó la operatoria con una cronología precisa. Los vínculos entre el holding de Vallejo y el Club Atlético Banfield se remontan a diciembre de 2021, con un contrato de esponsoreo con Sur Finanzas Group SA por $4.583.333 más IVA mensuales, al que siguió otro con Roma Inversiones SA por $12.000.000 más IVA en febrero de 2022. En ambos casos, los pagos debían acreditarse en las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

La empresa “PagoTic”, encargada del cobro de cuotas sociales, informó que en febrero de 2019 Federico Spinosa, como secretario, y Barbuto, como presidenta, solicitaron que esas recaudaciones se acreditaran también en las cuentas del fideicomiso. Ese desvío de ingresos ordinarios se mantuvo activo hasta el 15 de agosto de 2023. La acusación señala además que la maniobra culminó con la concesión del estadio a través de Minella Stadium SA, vinculada al entorno de los Spinosa.

Para la fiscalía, el Club Atlético Banfield constituyó el ejemplo paradigmático de un modus operandi más amplio: el holding diseñó una estrategia de penetración en el fútbol profesional que aprovechaba el estado de necesidad financiera de los clubes para instalarlos como vehículos de reciclaje de activos. El caso fue caratulado “Tucker, Óscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”, en referencia al artículo del Código Penal que tipifica el lavado de activos.

Una misma línea argumental

Los tres escritos de descargo comparten un eje argumental común. Tanto los Spinosa como Tucker sostienen que la acusación convirtió en materia penal operaciones que fueron reales, formalmente instrumentadas, aprobadas por los órganos institucionales del club y exteriorizadas en los balances. La defensa de los Spinosa recordó que el derecho penal no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos.

Las defensas solicitaron extensas baterías de prueba. Spinosa acompañó al escrito más de 25 anexos documentales —contratos, actas de Comisión Directiva, actas de asambleas, certificaciones notariales y estados contables— y pidió una pericia contable integral.

Tucker solicitó informes al club, al Banco Supervielle y a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones. La causa queda ahora en manos del juez Luis Armella, quien deberá resolver si dispone el procesamiento de los imputados o hace lugar a los pedidos de sobreseimiento.

Sur Finanzas,AFA,lavado de dinero,investigación,finanzas,Argentina,fútbol,policía,corrupción,directivos