El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), por los casos de inseguridad en el distrito, según pudo confirmar de fuentes municipales.

Los concejales le solicitaron al jefe comunal que se presente en el recinto para que “brinde un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.

El proyecto, impulsado por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO y la UCR, establece que, según el artículo 108 inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ghi o quien el jefe comunal “corresponda” deberá brindar al Concejo Deliberante un “informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.

Además fija que, una vez sancionado el proyecto, “el intendente o quien él disponga deberá presentarse en forma pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dentro de un plazo de cinco días hábiles”.

Qué pasó

Este jueves un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.

Los delincuentes habían llegado al lugar a bordo de un camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.

Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que a bordo de su Peugeot 208 lleva a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a efectuar disparos.

La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio. Por la tarde hubo protestas de vecinos en el distrito.

Los fundamentos

En el proyecto, que fue aprobado en el recinto sobre tablas, los bloques de la oposición plantearon que “es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos del distrito con respecto a la inseguridad”.

“Desde los distintos bloques políticos de la oposición hemos presentado en forma reiterada proyectos, pedidos y memorandos vinculados con la prevención y la seguridad en el distrito, solicitando medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.

Según aclararon, “estas iniciativas tuvieron como objetivo aportar herramientas concretas de prevención, ante una problemática que constituye una de las principales preocupaciones de los vecinos de Morón”.

También señalaron que “persisten interrogantes respecto de la denominada ‘Policía Municipal de Morón’”, dado, que advirtieron, “la propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo constituye un programa municipal de carácter civil y administrativo y que carece de estado policial”.

“Es decir, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto. Llamamos a trabajar en conjunto desde todos los bloques políticos para no tener que lamentar más pérdidas humanas y que los delitos en el municipio disminuyan”.

Ley Orgánica de Municipalidades

El inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe comunal deberá “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes”.

Y agrega que “el Intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave”.

Qué hace falta para la destitución de un intendente

El capítulo X de esa ley, titulado Sanciones y Procedimientos, establece que en su artículo 247 que el intendente “cuando incurra en transgresiones será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”.

“Imputándose al intendente la comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho, cuando recaiga sentencia condenatoria firme”, dice el artículo 248.

Y agrega que, en ese caso, se “procederá a la suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 249”.

“El sobreseimiento provisorio o definitivo, o la absolución, restituirán automáticamente al Intendente al pleno ejercicio de su cargo. No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un delito de acción privada”, aclara la ley.

El artículo 249, a su vez, define que “corresponderá” al Concejo Deliberante juzgar al intendente en los siguientes casos:

Para eso designará una Comisión Investigadora “integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros”.

Esa comisión “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos; y “tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días”.

Quién es

Con origen en el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, Ghi había ocupado el municipio de manera interina en 2009 y hasta 2011 completó el mandato de su referente y antecesor.

En 2011 ganó las elecciones y llevó adelante su primera gestión hasta 2015. En 2019 volvió a tomar las riendas del municipio al imponerse en los comicios y obtuvo la reelección en 2023. Hoy milita en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador Axel Kicillof.

Con la firma de Pablo Bertuzzi, que juró la semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal anuló parte de los allanamientos y embargos ordenados en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, exsocio de Martín Menem, por parte de Osprera, la obra social de los peones rurales.

La decisión pone en duda el futuro de la investigación justo en un momento de definiciones: Aguirre y el resto de los imputados fueron indagados hace un mes y esperaban que se defina su situación procesal.

Aguirre, un médico de profesión, había creado la empresa HTECH en abril de 2024 junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años. Cuatro meses después, Aguirre comenzó a asesorar a la primera interventora de Osprera, Virginia Montero, que admitió que se conocían de la actividad profesional y que lo convocó como un “experto en informática”. Pese a ese vínculo, Montero recomendó la contratación de HTECH por escrito en octubre de ese año.

En la causa se probó que tanto Aguirre como Montero se reunieron con Eduardo “Lule” Menem en la Casa Rosada. Los registros oficiales ratifican que esa reunión ocurrió el 5 de julio del año. “Por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, asistí a una reunión informal en la Casa Rosada, que entendí como una instancia institucional previa a la formalización de mi designación y destinada a que las autoridades nacionales conocieran a quien asumiría la intervención de Osprera, dijo Montero en su indagatoria.

A partir de su desembarco en Osprera, la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43. El último pago data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, Aguirre justificó las transferencias millonarias y negó haberse involucrado en la elección de su firma, aunque él mismo era asesor de la interventora.

En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresaTR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos.

También declararon los dos interventores de Osprera y los socios de Aguirre por lo que la causa estaba en instancia de definiciones.

En ese contexto, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de Bertuzzi, Roberto Boico y Eduardo Farah, decidió anular el allanamiento en el domicilio de Montero, la primera interventora de Osprera, el secuestro de su teléfono y todas las pruebas que se extrajeron del mismo.

“Tengo a la vista suficientes razones para proponer al acuerdo la nulidad de órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación 1 y de lo obrado en su consecuencia por la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó con exclusión de la intervención de las defensas”, sostuvo Farah, que fue acompañado por Bertuzzi.

En otra resolución, la Sala II decidió este jueves dejar sin efecto los embargos ordenados por el juez Casanello sobre el patrimonio de todos los imputados.