Horas antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

Las medidas de prueba solicitadas por la PIA abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en la Argentina, como también el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la firma Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero, y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.

El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha, en cambio, para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.

La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una “cosa juzgada”. El asesor Santiago Caputo -valedor de Vázquez en el oficialismo- cuestionó con argumentos similares la información adelantada por este domingo.

Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.

En ese sentido, la PIA requirió que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana, y se libren oficios al Colegio de Escribanos para que entregue copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias. Entre ellos Eduardo Daniel González —quien intervino en la compra del triplex de Juana Manso— y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.

La Procuraduría también requirió que se pida información a, entre otros, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) —para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarlo—, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño —para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrés—, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.

En el plano internacional, el fiscal Rodríguez también solicitó librar exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, en busca de extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí.

En la misma senda, la Procuraduría requirió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, a fin de obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre otros motivos, porque Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.

Por último, también pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Vázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.

Manuel Adorni llegó esta mañana al Congreso cerca de las 11 en medio de un fuerte operativo de seguridad. Los principales accesos fueron cerrados y el ingreso al recinto de la Cámara de Diputados quedó bloqueado, custodiado por personal de Casa Militar, la fuerza que protege al Presidente y a su Gabinete.

Según pudo saber de fuentes parlamentarias, el ministro coordinador aprovechó la visita para ensayar su exposición inicial, con el recinto prácticamente vacío.

En ese marco, el funcionario se reunió con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, en el despacho del primer piso del Palacio Legislativo. Menem es el encargado de montar la escenografía en la que se presentará Adorni.

El miércoles, cuando se realice el informe de gestión con la presencia de Javier Milei, Karina Milei (secretaria General) y la plana mayor del gabinete, Casa Militar trabajará en conjunto con el personal de seguridad de la Cámara para garantizar el operativo.

Si bien el informe de gestión ante Diputados es un procedimiento habitual que establece la Constitución Nacional, esta edición llega en un momento especialmente delicado para Adorni. La Justicia lo investiga por la adquisición de dos propiedades desde que asumió el cargo y por viajes realizados con su mujer y sus hijos.

Con ese trasfondo, la sesión del miércoles se perfila como una interpelación política de hecho, con el crecimiento patrimonial del funcionario como eje central.

Los referentes de los principales bloques opositores también se prepararon: se reunieron de forma virtual para coordinar los lineamientos de sus preguntas.

Contarán con 240 minutos para interrogar al jefe de Gabinete, distribuidos según el peso de cada bloque: los espacios más pequeños preguntarán primero y menos; los más grandes, al final y con más tiempo.

La oposición trabaja para evitar repeticiones, no caer en provocaciones del bloque oficialista y, sobre todo, sostener la sesión hasta el final. El temor es que Adorni alegue sentirse ofendido para retirarse antes de tiempo y esquivar así las preguntas más incómodas.

La preocupación opositora no se limita al contenido de la sesión. Dos presentaciones ante Martín Menem -una del bloque Coalición Cívica y otra del diputado Esteban Paulon– piden que se restrinja el ingreso de militantes y personas ajenas al informe a los palcos del recinto.

Buscan evitar que el oficialismo apele a “aplaudidores” ante el discurso inicial de Adorni, que sería de al menos una hora.

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de Coalición Cívica, solicitaron además que la transmisión oficial se realice con imparcialidad y pluralidad -en alusión a los sesgos observados en la última apertura de sesiones ordinarias- y que se garantice a los periodistas acreditados el espacio que históricamente les corresponde.

Por su parte, Paulón advirtió que la presencia anunciada de los Milei en los palcos constituye en sí misma una anomalía institucional, y recordó los incidentes ocurridos durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cuando ese espacio fue escenario de gritos e interrupciones.

Ambas presentaciones confluyen en el mismo pedido: que Martín Menem no autorice el ingreso de militantes de ningún partido político.