La Argentina rechazó hoy que el Reino Unido califique como un intento de “socavar” derechos su decisión de recurrir al arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y defendió el uso de los mecanismos legales previstos en el tratado para proteger sus derechos soberanos sobre los recursos naturales en disputa en torno a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, difundido este jueves, la Cancillería respondió a las críticas del gobierno británico sobre la legitimidad del proceso arbitral impulsado por Buenos Aires, en el marco del conflicto por el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Malvinas, descontento que la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran le trasladó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, este miércoles.

Según el gobierno argentino, someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, y remarcó la importancia de que los países comprometidos con el estado de derecho resuelvan sus diferencias “no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes aceptaron libremente”.

Ambos países son Estados partes en la CONVEMAR. Al ratificarla -recordó la Cancillería- ambos asumieron las obligaciones establecidas en la Parte XV de la Convención, que regula los mecanismos de solución de controversias. Bajo esa norma, cuando las preferencias de foro de las partes no coinciden —Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con sede en Hamburgo y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia— el caso se dirige, por defecto, a un tribunal arbitral de cinco miembros conforme al Anexo VII del tratado.

En sus redes sociales, Kumaran caracterizó el recurso argentino como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”. La Cancillería rechazó esa descripción de plano: “Nada más alejado de la realidad”, se sostuvo en el texto.

El foco de la disputa es el proyecto Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum planean desarrollar a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte, con reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y producción prevista para 2028.

El eje del comunicado fue una inversión del argumento británico. Si Londres sostiene que sus actividades hidrocarburíferas en el área se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convemar”, entonces un tribunal internacional es precisamente el ámbito para demostrarlo, razonó la Cancillería. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, señaló el texto. La Argentina, agregó, “ha puesto su caso en manos de jueces independientes, tal como la Convención faculta a hacerlo”.

El procedimiento judicial fue anunciado por Milei el pasado 28 de septiembre. El canciller Pablo Quirno notificó formalmente a Londres ese mismo día, y la Argentina otorgó al Reino Unido dos semanas para detener las actividades vinculadas a Sea Lion; de no hacerlo, Buenos Aires solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo.

Más allá de la disputa, Quirno aclaró que el objetivo del arbitraje es acotado: frenar la extracción unilateral de hidrocarburos en el área, no resolver la disputa de soberanía territorial. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó el canciller.

El comunicado también cuestionó la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos para fundamentar sus posiciones. Argentina señaló que las Naciones Unidas no han aplicado ese principio a los actuales habitantes de las islas en el contexto de la disputa de soberanía, y que el propio ordenamiento jurídico argentino reconoce el compromiso de respetar el modo de vida de los isleños, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En materia de antecedentes normativos, el texto citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, que instó a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones para encontrar una solución pacífica, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras ese proceso permanezca abierto. “La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo”, sostuvo la Cancillería.

El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, dio detalles del operativo que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV, que estará en el país del 8 al 11 de noviembre.

Piñeiro adelantó que habrá cuatro anillos de seguridad y un despliegue de 10.000 personas. El funcionario destacó la coordinación con las fuerzas de Nación y Provincia.

Entre las actividades del Papa en la Ciudad estarán la misa que dará el 9 del próximo mes en el “Monumento de los Españoles” en Palermo, la celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, y dos días después la visita a la penitenciaría federal en Villa Devoto.

El secretario de Seguridad porteño destacó que trabajan “fuertemente en la planificación” del operativo por la llegada de León XIV, que definió como “un evento de suma importancia, masivo”: “Coordinamos fuertemente con Nación las actividades que tienen que ver en CABA”.

El funcionario mencionó: “El 9 de noviembre tendremos la misa en el Monumento de los Españoles como cabecera. La avenida Libertador estará afectada por la presencia de un millón de personas, aproximadamente. El lugar, igualmente, está preparado para recibir todavía más gente”.

Piñeiro dijo que ese mismo día, además estará “el evento de la juventud, en el mismo lugar”, en el que esperan “mucha afluencia de gente, público familiar”. Destacó que tienen que brindar “la capacidad, la planificación y el trabajo operativo para que todo funcione correctamente, que las personas puedan llegar a los lugares desde distintos puntos del país, del continente”.

El exministro de Economía y líder del Frente Renovador Sergio Massa expresó su apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva con un mensaje publicado en X, donde incluyó las banderas de Brasil y Argentina junto a un corazón rojo. La señal del exministro de Economía argentino se da en la jornada de la primera vuelta de las elecciones generales brasileñas.

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato, que sería el último según anticipó durante la campaña. El presidente compite con la fórmula del Partido de los Trabajadores (PT) junto a Geraldo Alckmin, en una elección que también renueva gobernaciones, bancadas legislativas y parte del Senado.

El respaldo se inscribe en una relación que Massa y Lula sostienen desde hace años. En julio de 2023, cuando era ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Massa mantuvo un encuentro informal con el mandatario brasileño durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Ciudad de Iguazú. En ese momento, ambos analizaron alternativas de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para empresas vinculadas a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

La expresión de apoyo también llega luego de que el Frente Renovador, espacio que conduce Massa, cuestionara la confrontación entre el gobierno de Javier Milei y Lula. En julio, el massismo sostuvo que la escalada diplomática podía perjudicar la producción, el empleo, las pequeñas y medianas empresas y el comercio con Brasil, al que definió como el principal socio comercial de Argentina. El planteo se produjo después de que el Gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires tras declaraciones de Milei contra Lula.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar

La elección se celebra este domingo 4 de octubre, con los centros de votación abiertos hasta las 17, según la hora de Brasilia. De acuerdo con la cobertura de Infobae, más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar en los comicios, que cuentan con 13 candidaturas presidenciales validadas por la Justicia Electoral.

El principal adversario de Lula es el candidato Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La disputa concentra la atención de la elección presidencial, aunque la jornada también define autoridades estaduales y legislativas.

Para imponerse sin una segunda instancia, una fórmula presidencial debe reunir más del 50% de los votos válidos, sin contar los sufragios nulos ni en blanco. Si ningún candidato alcanza ese umbral, Brasil realizará un balotaje el 25 de octubre.

Los sondeos difundidos durante los últimos días mostraron una carrera ajustada. Una medición de Quaest ubicó a Lula con 46% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 45%, mientras que otros relevamientos también proyectaban una definición en segunda vuelta.

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