El Gobierno completará el giro que insinuó días atrás respecto a la Ley de Tierras y el DNU 70. Según confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocará a una mega sesión para el 21 de octubre que incluirá, entre otros temas, la derogación del artículo 152 que permitía la venta sin límites de tierra argentina a extranjeros para dejar vigente el tope del 15% que dispuso la norma del kirchnerismo. Así, la Casa Rosada cede ante un tema sensible, pero también desactiva la sesión que la oposición tenía planeada para el 15 de octubre, que podía resultar incómoda.

Los otros temas que incluirá en la sesión serán un nuevo proyecto sobre discapacidad, uno de morosidad -incluirá educación financiera- y quieren que se debata también la cuestión Malvinas. “La sesión más larga de la historia. 22 horas mínimo”, dijo, exultante, un alto miembro libertario.

El oficialismo convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Allí los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.

La estrategia apunta a ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.

El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.

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La Corte Suprema le dio un salvavidas político al Gobierno al restablecer, de manera provisoria, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión llegó cuando el oficialismo enfrentaba la posibilidad de que sus aliados habituales acompañaran a la oposición en el Congreso para recuperar esos límites.

El problema para la Casa Rosada estaba en el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Con esa disposición, quedaron eliminadas las restricciones específicas que la norma establecía para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

Ese aspecto de la política libertaria no convencía al PRO, a la Unión Cívica Radical y a otros sectores que suelen votar con el Gobierno. Los aliados estaban dispuestos a dar quórum en la sesión convocada por la oposición para la semana próxima, con el objetivo de avanzar contra la derogación y restablecer límites a esas operaciones.

La amenaza había obligado al oficialismo a preparar una respuesta. La estrategia consistía en avanzar con una norma que recuperara ciertas restricciones y permitiera acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, estaba dispuesto a ceder para evitar que esa diferencia terminara en una nueva derrota parlamentaria.

Ahora, la Corte le simplificó el trabajo. Con una medida cautelar interina, suspendió los efectos del artículo que derogaba la ley y repuso sus restricciones. La resolución tiene carácter provisional: no constituye una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación.

Sin embargo, su efecto político es inmediato. El Gobierno encuentra una salida para una discusión que amenazaba con dividirlo de sus aliados y facilitarle a la oposición los votos necesarios para avanzar en el recinto.

Una salida para concentrarse en la eliminación de las PASO

La prioridad de la Casa Rosada es evitar quedar trabada en este tipo de controversias. La compra de tierras por extranjeros era uno de esos frentes; la discapacidad es otro asunto en el que el oficialismo también está dispuesto a hacer concesiones.

El objetivo central del Gobierno es avanzar con la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso, necesita ordenar su relación con los aliados y reducir las discusiones que consumen su margen de negociación parlamentaria.

En ese escenario, el fallo descomprime el conflicto por las tierras. La restitución provisoria de las restricciones atiende el punto que preocupaba a los dialoguistas y reduce la presión sobre el oficialismo para ofrecer una solución legislativa inmediata.

Los votos de la Corte y la lectura política sobre Mahiques

La decisión se tomó por cuatro votos contra uno. La mayoría estuvo integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El expediente fue enviado al juzgado federal de Bariloche para que continúe su trámite.

Según pudo saber TN, Rosenkrantz diferenció la situación de la asociación ambiental demandante de la del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), pero consideró que la Corte no estaba habilitada para disponer una cautelar, aunque fuera transitoria. Su posición era remitir la causa a Bariloche sin establecer una protección mientras se tramitaba el reclamo. En la práctica, esa alternativa habría mantenido operativa la derogación de la Ley de Tierras.