POLITICA
Discapacidad: Menem y Santilli buscan aprovechar la crisis para que Economía avale el acuerdo con los aliados
Entre los acuerdos políticos y la ortodoxia económica, esta semana volvió a imponerse la segunda. La presentación del Presupuesto 2027 dejó al descubierto una contradicción dentro del Gobierno: el texto enviado por el Poder Ejecutivo avanzó en sentido contrario a la negociación que el oficialismo venía sosteniendo con sus aliados en el Congreso para encontrar una salida al conflicto por discapacidad.
Ante el riesgo de otra derrota parlamentaria, Martín Menem buscó contener a propios y aliados y trazó una estrategia junto con Diego Santilli: aprovechar el cortocircuito que provocó el Presupuesto para convencer al equipo económico de aceptar el proyecto alternativo que los diputados libertarios venían negociando con sus socios.
La crisis abrió así una discusión dentro del Gobierno. De un lado quedaron Menem y Santilli, que necesitan reconstruir los acuerdos políticos en el Congreso. Del otro, las posiciones que terminaron reflejadas en el Presupuesto: la defensa del equilibrio fiscal de Luis Caputo y los cambios en el sector impulsados desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
La discusión tendrá dos escalas la semana próxima. El lunes llegará a la reunión de Gabinete y el martes, a la mesa política. Menem y Santilli buscarán allí que el temblor de esta semana juegue a su favor: que Economía avale las concesiones necesarias para sostener el acuerdo con los aliados y evitar que el tema de la discapacidad vuelva a reunir en el recinto una mayoría adversa al Gobierno.
El principal reclamo tanto de Pro, la UCR y otros bloques provinciales es que se garantice el cumplimiento del artículo 13 de la ley de discapacidad, que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. Los aliados también piden garantías de que las prestaciones para las personas con discapacidad no se verán afectadas.
“Si ustedes no pagan, no vengan a pedirnos a nosotros que nos inmolemos”, lanzó un referente de los bloques amigos.
Pese a las diferencias, coincidieron en seguir trabajando sobre un proyecto “superador”: una salida que permita abandonar el esquema de emergencia, pero que antes atienda los reclamos que dieron origen a la ley vigente.
Poco más de 24 horas después llegó el Presupuesto y dinamitó lo conversado.
Laura Rodríguez Machado, una de las principales referentes libertarias en la negociación del nuevo texto, tuvo que aclarar públicamente durante el debate en comisión que el proyecto de presupuesto sería revisado.
Rodríguez Machado es una exPro aliada a Patricia Bullrich, que también expresó su desconcierto este jueves. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo en Radio Rivadavia.
Recomponer con los aliados
Pese al cortocircuito, en Diputados decidieron mantener abierta la negociación. El oficialismo aseguró a los bloques aliados que confían en que el equipo económico terminará aceptando las modificaciones que se acuerden en el Congreso.
Los antecedentes pesan. Desde el año pasado, el Gobierno atravesó siete votaciones adversas en el Congreso vinculadas con discapacidad -incluida la insistencia frente a un veto presidencial-, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En ese recorrido también fue perdiendo respaldos entre sus aliados parlamentarios.
El último revés ocurrió en diciembre, cuando Diputados rechazó un capítulo completo del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Es la escena que Menem y Santilli quieren evitar que se repita.
Presupuesto 2027,pic.twitter.com/pzhcixofz5,September 17, 2026,siete votaciones adversas,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Después se quejan cuando les digo que son mier… humanas”, apuntó el Presidente contra la prensa
El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. A ello se suman los reparos de constitucionalistas y la preocupación de entidades periodísticas.
En concreto, propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
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En medio de la polémica por el recorte en el área de Discapacidad, que se conoció luego de que se presentara el proyecto de presupuesto 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, volvió a mostrar diferencias con la Casa Rosada y endilgó responsabilidades al Ministerio de Economía de Luis Caputo por haber realizado modificaciones sin previo aviso. “A mí no me tomen por tonta”, dijo la senadora.
La espada libertaria en la Cámara alta reconoció que la eliminación de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad también la sorprendió a ella y confirmó que el tema no se habló en la mesa política del último martes.
“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo Bullrich el jueves por la mañana al ser consultada por el tema en Radio Rivadavia.
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El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.
En la votación en general dividió al recinto de manera transversal y terminó con 41 votos a favor y 25 en contra.
El propósito central de la normativa apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.
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POLITICA
La izquierda presentó un habeas corpus para “evitar detenciones arbitrarias” en una movilización que hará el sábado
Los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart y Celeste Fierro presentaron una acción de habeas corpus para “evitar detenciones arbitrarias” en la denominada “Marcha de la Bronca”, que el Frente de Izquierda impulsa y que se realizará este sábado por la tarde, en un recorrido desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, con consignas opositoras al gobierno de Javier Milei. Los organizadores buscan contrarrestar la posible aplicación del protocolo antipiquetes.
Bodart y Fierro −ambos exlegisladores porteños− sostuvieron en su presentación judicial que formalizan la solicitud de habeas corpus “en favor de todas las personas que participen o transiten por la manifestación denominada ‘Marcha de la Bronca’, prevista para el día 19 de septiembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de evitar detenciones arbitrarias y cualquier afectación a su integridad por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la aplicación del denominado ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’”.
Los dirigentes del MST consideraron que el protocolo antipiquetes habilita “la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa, calificando cualquier reunión o corte parcial de calles como un delito flagrante y permitiendo la detención arbitraria de manifestantes”. Argumentaron que “esta normativa vulnera derechos constitucionales fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad ambulatoria y el derecho de reunión pacífica”.
“Se solicita que se mandate a las fuerzas de seguridad cumplan su función acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, a los fines de garantizar el pleno ejercicio de manifestarse y peticionar ante las autoridades, salvaguardado la integridad física de quienes participan de las protestas. En particular, se ordene que el personal de las fuerzas de seguridad porte visiblemente su nombre, apellido y rango”, pidieron Bodart y Fierro en la presentación judicial, que aún no tiene juzgado a cargo designado.
Como antecedente, los integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad que firmaron la solicitud de habeas corpus señalaron que, en la manifestación contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el 6 de agosto, en la Plaza del Congreso, “las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la masiva protesta en un Congreso vallado y la aplicación de este protocolo derivó en detenciones masivas e ilegales y uso de la fuerza desproporcionado, dejando una gran cantidad de heridos por la fuerza de seguridad nacional y de la ciudad de Buenos Aires”. remarcaron que “existe riesgo cierto e inminente de que esta situación se repita”.
Al insistir sobre el antecedente de la manifestación del 6 de agosto, en la presentación se subrayó el pedido de que “se disponga la designación de veedores judiciales que supervisen el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo del 19 de septiembre de 2026″.
Según puntualizaron los dirigentes del MST en su requerimiento judicial, “el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, confirmó ante las consultas de distintos medios de comunicación que aplicará un dispositivo especial de control en la zona”.
“El derecho a la protesta es una manifestación esencial de la vida democrática y una herramienta legítima de participación ciudadana. Su criminalización, mediante la aplicación de un protocolo que habilita la represión indiscriminada y las detenciones arbitrarias, constituye una grave regresión en materia de derechos humanos. El Poder Judicial tiene el deber de actuar como garante de la Constitución Nacional y de velar por la supremacía del Estado de derecho”, concluyeron Bodart y Fierro.
El FIT-U impulsa una “autoconvocatoria” de unas 200 organizaciones a la “Marcha de la Bronca”, que tiene como consigna “En el camino de derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general”. La manifestación comenzará frente al Congreso, a las 15.30 y, una hora después, comenzará la marcha hacia Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo. Los organizadores esperan una concurrencia de “varias decenas de miles” y anuncian réplicas de la marcha central en distintas ciudades de todo el país.
Al confluir en Plaza de Mayo, la protesta culminará con la lectura de un documento crítico de la gestión Milei, a cargo de artistas, y el cierre musical con una versión de “La Marcha de la Bronca”, de Miguel Cantilo.
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Tensión en FATE: el gremio afirmó que la Justicia ordenó el desalojo y protesta frente a la planta
El conflicto en la fábrica de neumáticos FATE sumó un nuevo capítulo. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) afirmó que la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta y lleva a cabo una protesta para respaldar a los trabajadores.
A través de un comunicado, el gremio calificó la decisión judicial como “aberrante” y sostuvo que la empresa mantiene un lockout patronal, una acusación que forma parte del planteo sindical en el conflicto.
Ante ese escenario, el SUTNA realiza una concentración en los accesos a la planta. Además, anunció que este viernes, a las 10, realizará un abrazo simbólico y una conferencia de prensa frente a la fábrica.
En la puerta de la planta, Alejandro Crespo, secretario general del gremio, afirmó a TN: “Hay una gran cantidad de compañeros que están todos los días aquí. Hay una presencia permanente desde el 18 de febrero, cuando la empresa generó un lockout ofensivo, que en la Argentina está prohibido, y que fue realizado cuando los compañeros estaban de vacaciones; no estaban haciendo una medida fuerza”.
El dirigente explicó cómo avanza el conflicto en los interiores del establecimiento desde el día en el que se anunció su cierre: “Adentro de FATE se mantiene todo igual desde el 18 de febrero, se mantiene toda la fábrica con energía, tiene la guardia de seguridad dentro de la planta. Recordemos que esta es una huelga de la empresa, por lo tanto, adentro tiene a la gente de limpieza, a la gente de seguridad”.
“Los trabajadores estamos custodiando los bienes laborales, custodiamos el hecho de que la única productora de cubiertas del país siga funcionando. Estamos pidiendo volver a trabajar”, aseguró.
Respecto al depósito de las indemnizaciones, Crespo subrayó: “No pagó salarios por más que había conciliaciones obligatorias, una de capital humano y otra de la provincia de Buenos Aires. En ningún momento pagó los salarios ni las indemnizaciones, pero cuando la Justicia embargó la empresa para que les pague los salarios a los trabajadores porque eran ilícitos los despidos, ahí terminó depositando indemnizaciones, pero no son las correctas, son mucho menores”.
“FATE va a abrir, la discusión es cuándo va a abrir. Esto es un lockout y se hace para pedir algo”, explicó. “Somos los rehenes de una acción dura de Madanes Quintanilla para discutir el tema del proteccionismo”, agregó.
En el comunicado, el sindicato afirmó que el conflicto es seguido por distintos sectores del movimiento obrero y sostuvo que continuará con las medidas de protesta para rechazar el cierre de la planta, bajo la consigna “FATE no se cierra”.
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